paradigmas

23 août, 2006

el estatuto epistemológico de la ciencia política – notas para una reflexión crítica

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PROLOGO

 

 

Preguntarse que es la Politica es tan complejo de responder como preguntarse que es la Ciencia Politica.
 

¿Es la Ciencia Politica una ciencia y porqué?   Analicemos en primer lugar el estatuto científico y epistemológico de esta disciplina y a continuación los campos o ámbitos del conocimiento que abarca su estudio.
 

Este esquema de clases tiene por objeto sintetizar -con fines pedagógicos- los conceptos básicos de los contenidos que se imparten en el aula en el marco de la carrera de Ciencias Políticas y que no los sustituyen.
 

Punta Arenas – Magallanes, diciembre de 2005.
 

 

LA PREHISTORIA DE LA CIENCIA POLITICA:

FILOSOFOS, HISTORIADORES Y JURISTAS EN LA ANTIGUEDAD

 

 

Aun cuando los inicios históricos de la Ciencia Politica han sido situados en las obras de Platon y Aristoteles en la Grecia antigua, en realidad, los fundamentos epistemologicos y conceptuales de la Ciencia Politica fueron puestos a partir de Maquiavelo y otros pensadores europeos en el siglo XV y XVI y a lo largo de tres siglos, hasta llegar al siglo XX en el que esta disciplina se independiza de la Filosofia, de la Historia, del Derecho y de la Administración, para devenir una ciencia social autonoma.
 

La reflexión sobre la política se inicia entonces en la Grecia Antigua y en Roma, a partir de dos fuentes distintas pero interconectadas: la Filosofía, la Historia y el Derecho.   Fueron los pensadores griegos los primeros que – a partir de la experiencia de la polis y de las confederaciones de ciudades griegas frente al peligro asiático y persa- que configuraron los primeros conceptos teóricos acerca de la Política: las nociones de democracia, de libertad, de justicia, de igualdad, de política, de Estado, surgen en esta primera etapa. 
 

Platón y Aristóteles son aquí los fundadores de grandes corrientes de pensamiento politológico, donde encontraremos una tendencia hacia el idealismo a partir de Platón, y una tendencia hacia al realismo en Aristóteles.
 

La Filosofía piensa la política, reflexiona sobre sus fundamentos conceptuales y éticos, mientras que la Historia describe y ordena los hechos del pasado y busca comprender su sentido, finalidad y trayectoria.  Por lo tanto, podemos afirmar que la primera forma de reflexión política en la historia de Occidente fue la reflexión filosófica y el conocimiento histórico.
 

En este período –estamos en la Antigüedad- la reflexión política aparece mezclada con la comprensión de la Historia y adquiere un carácter de pensamiento filosófico.   Historia y Filosofía son entonces las disciplinas a partir de las cuales va a surgir y se desarrollará la Ciencia Política.  Es una etapa, además, en la que hay reflexión política, es decir, hay un esfuerzo racional por “pensar la política” a partir de las realidades políticas presentes y pasadas, pero no existe todavía un esfuerzo de sistematización científica de las ideas y experiencias.
 

Los romanos aportaron una tercera forma de pensar la Política: el Derecho.   La enorme construcción jurídica realizada por Roma, desde los tiempos de la República y a través del Imperio, fue la forma cómo fue pensada y realizada la vida política en aquella época.   Marco Tulio Cicerón es aquí la figura principal.
 

En esta primera fase histórica entonces, la Política aparece sumergida al interior de la Filosofía, la Historia y el Derecho.
 

 

EL MOMENTO INICIAL DE LA POLÍTICA COMO CIENCIA:
EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO
 

 

Hasta aquí, pasado el Imperio Romano y desarrolladas las experiencias de los Estados feudales, todavía no podemos hablar de una Ciencia de la Política, sólo de formas de pensamiento político no sistematizadas.
 

Sin embargo, el esfuerzo de Nicolás Maquiavelo y otros pensadores del Renacimiento europeo, constituye el momento de formación de la Política como ciencia.  Es importante subrayar que la obra de Maquiavelo, siendo el resultado de su propia elaboración y reflexión, refleja también poderosas influencias humanistas que constituían el ambiente intelectual de la Italia del siglo XV.  Autores como Lorenzo Valla, Giovanni Pico della Mirandola, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Francesco Guichiardini y otros, pertenencientes a la tradición de humanistas, hicieron posible que Nicolás Maquiavelo construya su propia visión de la vida política.
 

Lo que realiza Maquiavelo intelectualmente es ordenar los datos históricos que tenía a su disposición, conforme a una hipótesis que tenía in-mente, conforme a una idea filosófica propia y preconcebida, una visión del hombre y de la política que tenía elaborada previamente, y aplicarlos a su realidad política e histórica: la de Florencia e Italia a fines del siglo XV y principios del XVI.
 

Por lo tanto, se puede afirmar con propiedad que Nicolás Maquiavelo es el fundador de la Ciencia Política moderna, por su tentativa de ordenamiento y sistematización de los datos políticos e históricos existentes, por su audacia intelectual de salir de los esquemas tradicionales de la Historia, la Filosofía y el Derecho y de otorgarle a la Política el carácter de una dimensión distinta y específica del conocimiento y de la realidad existente.  Maquiavelo separa a la Política de la religión, de la Teología, de la Filosofía antigua y medieval, de la Historia secular y religiosa, del Derecho y establece que la Política como campo de conocimientos específicos, se constituye en una disciplina diferente.
 

Otros autores como a lo largo de los siglos XVI y XVII, como Jean Bodin, Erasmo de Rotterdam, Tomás Luis de Vitoria, Martin Lutero, Johannes Althusius, Francisco Suarez, continuaron abordando la cuestión política desde la perspectiva filosófica, teológica e incluso jurídica, pero Maquiavelo ya había abierto la vía para constituir a la Política en una disciplina aparte. 
 

 

LAS GRANDES CONSTRUCCIONES INTELECTUALES DE LA POLITICA:

EL SIGLO XVII Y EL ABSOLUTISMO
 

 

El gran hecho político del siglo XVII es la implantación del absolutismo como forma de gobierno monárquico en toda Europa.  Y este absolutismo encontró a teóricos que desde el pensamiento político, argumentaron a favor o en contra de él. Epoca turbulenta de crisis políticas, de guerras, de depresiones económicas, de desórdenes religiosos, el siglo XVII ve aparecer el abolutismo en política y las elaboraciones políticas y teóricas de Grottius, de Thomas Hobbes, de Baruch Spinoza, de John Locke, del cardenal de  Richelieu, de Bossuet.
 

En este período se desarrolla una corriente de pensamiento asociada al derecho natural, en la que destacan Grotius y Samuel Pufendorf, y una tendencia realista en la que se destaca Thomas Hobbes, pero también Cardin Le Bret, Philippe de Bethune, Claude Joly, Bossuet y sobre todo el Cardenal de Richelieu.
 

Pero también otros autores desarrollarán una crítica política contra el absolutismo como Pascal, La Bruyere, Fenelón, Baruch Spinoza y el filósofo alemán Leibnitz, mientras en Inglaterra surgieron pensadores utopistas renovadores como Gerrard Winstanley, Harrington, John Milton y Algernon Sidney.  Pero el principal pensador inglés de este período es John Locke, que se orienta dentro del individualismo y el liberalismo, expresando los ideales políticos de la burguesía inglesa.
 

 

EL ILUMINISMO Y SUS ELABORACIONES POLITICAS:

EL SIGLO XVIII Y LA DECLINACION DEL ABSOLUTISMO
 

 

El siglo del iluminismo en la ciencia, en las artes, en la filosofía, se inicia en el plano del pensamiento político a través de Montesqiueu, quién busca a través de las leyes de cada país un orden inteligible e intenta fijar un modelo de gobierno moderado y de equilibrio de poderes.   Le seguirán otros pensadores como Gianbattista Vicco y Voltaire.   A su vez, Diderot y el formidable esfuerzo intelectual de la Enciclopedia, con Helvetius y d’Holbach, fijaron las bases del utilitarismo francés.
 

El liberalismo de John Locke, va a ser seguido por Jeremy Bentham, Adam Smith y David Hume.
 

El otro gran pensador del siglo XVIII es Jean Jacques Rousseau, cuyo Contrato Social abre la vía para reflexionar el Derecho desde la Política, fija el concepto de soberanía, propone la idea de un contrato social primigenio que da origen al Estado y propone los rasgos básicos del buen gobierno.
 

Emmanuel Kant y Condorcet ponen término al iluminismo del siglo XVIII y dejan sentadas las bases de los conceptos que darán sustento teórico a la Independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa.   A lo largo de este período, la ciencia política ha avanzado en dos sentidos: ha producido ya construcciones intelectuales jurídicas, históricas, filosóficas y políticas que tienden a analizar y comprender el acceso histórico de la burguesía al poder, pero al mismo tiempo, todavía no ha logrado separar a la Política del Derecho y de la Filosofía, el sueño y la propuesta moderna de Maquiavelo dos siglos antes.
 

 

LOS PENSADORES DE LA REVOLUCION:
EL SIGLO XVIII
 

 

Los pensadores de la Independencia Americana y de la Revolución Francesa, no pensaban todavía en términos de ciencia política sino en conceptos políticos para racionalizar los cambios que estaban produciendo.  De los Padres Fundadores de Estados Unidos, Hamilton, Jefferson o el propio Georges Washington, o de los jacobinos y girondinos de la Francia revolucionaria de 1789  y 1791, solo obtendremos ideas asociadas a sus propias experiencias de cambio social y político.
 

Pero en ambas revoluciones vemos configurarse las nociones modernas de república, de representación, de ciudadanía, de Estado de Derecho, de parlamento, de nación, de democracia representativa, que van a hacer historia en los dos siglos siguientes.
 

Dos pensadores filósofos se dedicarán a reflexionar la revolución: Emmanuel Kant y Hegel.  Ambos construyen verdaderas teorías del Estado y de la nación, que alimentaron las corrientes políticas que surgirán en el siglo siguiente.
 

 

EL SIGLO XIX:
LIBERALISMOS, NACIONALISMOS, SOCIALISMOS
 

 

El siglo XIX ve constituirse las tres corrientes de pensamiento político que van a dominar el propio siglo XIX y hasta el siglo XX.  El liberalismo se alimentó con las reflexiones de Benjamin Constant, Stuart Mills, Mireaux, y sobre todo Alexis de Tocqueville y Jules Michelet; y a fines de siglo tendrá a Herbert Spencer.
 

Los nacionalismos reflexionaron la nación desde el tradicionalismo y la búsqueda de la preeminencia de la nación propia sobre las demás naciones.
 

 

Los socialismos
 

 

Por su parte los socialismos comenzaron con Proudhon, Henri de Saint Simon y los utopistas ingleses con Robert Owen y franceses con Charles Fourier, Luis Augusto Blanqui y Louis Blanc, pasaron por los socialistas científicos Karl Marx y Federico Engels, fundadores del maxismo clásico, y llegaron hasta  los modernos socialismos europeos, alemanes, franceses, italianos, ingleses, chinos y latinoamericanos, orientados hacia teorías e hipótesis más estrechamente relacionadas con la propia evolución nacional de las luchas de liberación nacional y tentativas  de construcción del socialismo
 

El socialismo es al mismo tiempo, una teoría y una ideología política basada en el principio de que una sociedad debe existir de tal manera que el colectivo popular tenga el control del poder político, y por lo tanto, de los medios de producción. Sin embargo, en la práctica el significado de facto del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Aunque es un término político bastante cargado, permanece fuertemente vinculado con el establecimiento de una clase trabajadora organizada, creada ya sea mediante revolución o evolución social, con el propósito de construir una sociedad sin clases. También se ha enfocado últimamente a las reformas sociales de las democracias modernas. El concepto y término socialista se refieren a un grupo de ideologías, un sistema económico o un estado que existe o existió.
 

El estudio del socialismo propiamente dicho suele iniciarse a partir de de la Revolución Francesa en 1789, que supuso el derrocamiento de la clase feudal francesa y la ascensión al poder de la burguesía, y el período premarxista en la historia del socialismo, corresponde a los cien años aproximadamente (de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX en los que los principale países de Europa desarrollan el proceso de sustitución del feudalismo por el capitalismo como sistema económico, y en el que los estados feudales se unen para formar las modernas Naciones-Estado.
 

A raíz de la Revolución Francesa, aparece Gracchus Babeuf, el primer pensador socialista (aunque en su época esta palabra no se utilizaba todavía) que se pone a la cabeza de un movimiento llamado la Conspiración de los Iguales.
 

Inglaterra fue la cuna del socialismo utópico y reformador en la primera mitad del siglo XIX. Existen dos causas importantes que dan al socialismo utópico inglés su carácter peculiar: la revolución industrial con su cortejo de miserias para la naciente clase proletaria y el desarrollo de una nueva rama de la ciencia : la economía política. Recordemos entre los socialistas utópicos a Spencer (1730-1814), fundador del socialismo agrario, y a William Thompson, que consideró al trabajo fuente única de valor y por tanto, si el obrero crea el valor con su propio trabajo, a él debe corresponderle el producto íntegro de éste.   De mayor relieve es la figura de Robert Owen (1771-1858), que fue el primero en considerar al proletariado como clase independiente con intereses comunes.
 

En Francia en cambio, el utopismo tuvo un carácter más filosófico que en Inglaterra. Su primer representante fue el conde Saint Simón (1760-1825). Propuso la Federación de Estados Europeos, como instrumento político para evitar las guerras y asegurar la paz mundial.   Carlos Fourier, (1772-1837), concibió los falansterios-comunidades humanas regidas por normas colectivistas.   Inspirandose en los principios fourieristas, se constituyeron falansterios, siendo el más importante el fundado en Massachussetts U.S.A., en 1841.   Otro utopista francés fue Etienne Cabet (1778-1856), que durante su destierro en Inglaterra, en el año 1842, escribió Viaje a Icaria.
 

La teoría marxista se refiere a la sociedad que debe sustituir al capitalismo, y en algunos casos desarrollarse en comunismo. El Marxismo y comunismo son dos ramas muy específicas de socialismo. Las dos no representan al socialismo como un todo.
 

El socialismo libertario es una corriente del socialismo que busca que las personas decidan sobre sus vidas directamente, y en el caso del anarquismo propugna la abolición del Estado. Es la corriente con un trasfondo más individualista, de respeto y valoración al sujeto o individuo, y que considera a la libertad como el camino y el objetivo del socialismo.
 

En la teoría moderna del socialismo democrático, se aspira a llegar a una sociedad democrática que sea la columna vertebral de un estado de bienestar. La meta del socialismo libertario es construir una sociedad sin clases sociales, autogestionaria y descentralizada.
 

La palabra tiene sus orígenes en el XIX. Fue usado por primera vez , autoreferenciado, en el lenguaje inglés en 1827 para describir a los seguidores de Robert Owen. En Francia, fue nuevamente referenciado y utilizado en 1832 para referirse a los seguidores de las doctrinas de Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon y más tarde por Pierre Leroux y J. Regnaud en L’Encyclopédie nouvelle.
 

La palabra ha sido ampliamente usada, en distintos momentos y lugares, por diversos grupos en ocasiones enfrentados entre sí. Existen algunas grandes diferencias entre los grupos socialistas, aunque casi todos están de acuerdo de que están unidos por una historia en común que tiene sus raíces en el siglo XIX y el siglo XX, entre las luchas de los trabajadores industriales y agricultores, operando de acuerdo a los principios de solidaridad y vocación a una sociedad igualitaria, con una economía que pueda, desde sus puntos de vista, servir a la amplia población en vez de a unos cuantos.
 

De acuerdo con los autores marxistas (más notablemente Friedrich Engels), los modelos y las ideas socialistas serían rastreables los principios de la historia social humana, siendo una característica de la naturaleza humana y los modelos sociales humanos.   En la versión del marxismo-leninismo el socialismo es considerado como la fase previa al comunismo, por ello los procesos revolucionarios vividos por la URSS, Cuba y China se relacionan con esta doctrina, ya que, en el caso de la URSS nunca se logró alcanzar el comunismo, y en el caso de Cuba todavía se lucha para alcanzar ese objetivo.
 

 

Los nacionalismos
 

 

El nacionalismo es una doctrina o filosofía política que propugna como valores fundamentales el bienestar, la preservación de los rasgos identitarios, la independencia en todos los órdenes, y la gloria, de la nación propia.
 

El nacionalismo es un concepto de identidad experimentado colectivamente por miembros de un gobierno, nación, sociedad o territorio particular. Los nacionalistas se esfuerzan en crear o sustentar una nación basados en varias nociones de legitimación política. Muchas ideologías nacionalistas derivan su desarrollo de la teoría romántica de la « identidad cultural« , mientras que otros se basan en el argumento liberal de que la legitimidad política deriva del consenso de la población de una región.
 

El nacionalismo es un término frecuentemente malinterpretado, ya que su definición más general es vasta y ha sido polémica históricamente. A menudo, sus consecuencias más negativas (tensión étnica, guerra o conflictos políticos entre estados) son vistas como nacionalismo en sí mismas. Según varias definiciones, el nacionalismo no implica que una nación sea necesariamente superior a otra, sino que sostiene que ciertas naciones podrían encontrarse en mejor situación si se les permitiera gobernarse a sí mismas, alcanzando así su independencia política, económica y cultural.
 

Ciertos teóricos, como Benedict Anderson, han afirmado que las condiciones necesarias para el nacionalismo incluyen el desarrollo de la prensa y el capitalismo. Anderson también afirma que los conceptos de nación y nacionalismo son fenómenos construidos dentro de la sociedad, llamándolos comunidades imaginarias. Ernest Gellner añade al concepto: « el nacionalismo no es el despertar de las naciones hacia su conciencia propia: inventa naciones donde no las hay ».
 

El Estado Nación surgió en Europa con el tratado de Westfalia (1648). El nacionalismo continuó siendo un fenómeno elitista durante un par de siglos tras el tratado, pero fue durante el siglo XIX cuando se propagó ampliamente por toda Europa y ganó popularidad. Desde entonces, el nacionalismo ha dominado las políticas europeas y mundiales. Muchas de las políticas europeas del siglo XIX pueden ser vistas como luchas entre antiguos régimenes autocráticos y nuevos movimientos nacionalistas. En algunos casos el nacionalismo tomó una ideología liberal y contra la monarquía, mientras que en otros los movimientos nacionalistas fueron apoyados por regímenes monárquicos conservadores. Durante dicho siglo, los viejos estados plurinacionales (como el Imperio Austrohúngaro) comenzaron gradualmente a agrietarse, y varios estados localizados fueron absorbidos por entidades nacionales mayores, como Alemania, Bolivia e Italia.
 

A finales del siglo XIX las ideas nacionalistas habían comenzado a expandirse por toda Asia. En la India el nacionalismo incentivó el fin del dominio británico. En China el nacionalismo dio una justificación para el estado chino, que se encontraba enemistado con la idea de un imperio universal. En Japón el nacionalismo fue combinado con el excepcionalismo japonés.
 

La I Guerra Mundial marcó la destrucción definitiva de varios estados multinacionales de carácter imperial y colonialista (el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y, en cierta medida, el ruso). El Tratado de Versalles (1919= fue establecido como un intento por reconocer el principio de nacionalismo, ya que gran parte de Europa fue dividida en Naciones-Estado en un intento por mantener la paz. Sin embargo, muchos estados multinacionales e imperios sobrevivieron. El siglo XX fue también marcado por la lenta adopción del nacionalismo por todo el mundo con la destrucción de los imperios coloniales europeos, la Unión Soviética y varios otros estados multinacionales menores.
 

Simultáneamente, fuertes tendencias antinacionalistas han tenido lugar a lo largo del siglo XX, siendo en general destacables las manejadas por determinadas élites. La actual Unión Europea está actualmente transfiriendo poder del nivel nacional a entidades locales y continentales. Acuerdos de comercio, tales como NAFTA y GATT, y la creciente internacionalización de mercados de comercio debilitan también la soberanía de la Nación-Estado.
 

El nacionalismo cívico (también llamado nacionalismo civil) es la forma del nacionalismo según la que el estado deriva su legitimidad política de la participación activa de sus ciudadanos, la « voluntad del pueblo »; representación política. Un individuo en tal nación debe creer que las acciones del estado, en mayor o menor medida, reflejan su voluntad, incluso cuando ciertas acciones van en contra de sus propios principios. Jean-Jacques Rousseau, quien desarrollara esta teoría por primera vez, ideó el concepto de Voluntad General para explicar cómo podría funcionar esto. Rousseau anotó sus teorías en varios de sus escritos, particularmente en Sobre el Contrato Social (véase teorías de contrato social para un análisis en profundidad del desarrollo histórico de esta filosofía).
 

El nacionalismo cívico yace dentro de las tradiciones de racionalismo y liberalismo. Es la teoría tras las democracias constitucionales.
 

El nacionalismo étnico define la nación en términos de etnicidad, lo cual siempre incluye algunos elementos descendentes de las generaciones previas. También incluye ideas de una conexión cultural entre los miembros de la nación y sus antepasados, y frecuentemente un lenguaje común. La nacionalidad es hereditaria. El Estado deriva la legitimidad política de su estatus como hogar del grupo étnico, y de su función de protección del grupo nacional y la facilitación de una vida social y cultural para el grupo. Las ideas sobre etnicidad son muy antiguas, pero el nacionalismo étnico moderno está fuertemente influido por Johann Gottfried von Herder, quien promovió el concepto de Volk, y Johann Gottlieb Fichte.
 

El nacionalismo romántico (también llamado nacionalismo orgánico y nacionalismo identitario) es la forma de nacionalismo étnico según la cual el estado deriva su legitimidad política como consecuencia natural (orgánica) y expresión de la nación o la raza. Refleja los ideales del romanticismo y se opone al racionalismo. El nacionalismo romántico enfatiza una cultura étnica histórica que se conecta con el ideal romántico; el folklore se desarrolla como un concepto nacionalista romántico. Los hermanos Grimm se inspiraron en los escritos de Herder para crear una colección idealizada de historias étnicamente alemanas. El historiador Jules Michelet ejemplifica la concepción nacionalista romántica de la historiografía.
 

El nacionalismo de izquierdas suele defender el derecho de todas las naciones a la autodeterminación constituyendo una estructura políca que habría de beneficiar a las clases populares de esa nación. En ocasiones los nacionalistas de izquierdas se definen a la vez como internacionalistas.
 

El nacionalismo religioso es la forma de nacionalismo según la que el estado deriva su legitimidad política en consecuencia de una religión común. El sionismo es un ejemplo de esto, pero buena parte de las formas de nacionalismo étnico son también en gran medida formas de nacionalismo religioso. Por ejemplo, el nacionalismo irlandés es generalmente asociado al catolicismo; el nacionalismo indio se asocia con el hinduismo, etc. El nacionalismo religioso es generalmente visto como una forma de nacionalismo étnico.
 

En algunos casos, sin embargo, la componente religiosa es más una etiqueta que la verdadera motivación del nacionalismo de un grupo. Por ejemplo, aunque la mayoría de los líderes nacionalistas irlandeses del último siglo fueron católicos, durante el siglo XIX, y especialmente en el XVIII, muchos líderes nacionalistas fueron protestantes. Los nacionalistas irlandeses no luchan por distinciones teológicas, sino por una ideología que identifica a la isla de Irlanda con una visión particular de la cultura irlandesa, que para muchos nacionalistas incluye al catolicismo aunque no como elemento predominante. Para muchas naciones que se vieron obligadas a luchar contra las consecuencias del imperialismo de otra nación, el nacionalismo fue asociado a la búsqueda de un ideal de libertad.
 

El islam se opone fuertemente a todo tipo de nacionalismo, tribalismo, racismo u otra clasificación de la gente no basada en las creencias propias. Sin embargo, ciertos grupos islámicos pueden ser considerados racistas y nacionalistas (así, para algunos, no pueden considerarse verdaderos islámicos).
 

El fascismo es generalmente clasificado como nacionalismo étnico, habiendo sido el caso más extremo de esto el nacional socialismo de la Alemania Nazi.
 

 

El liberalismo
 

 

Se suele considerar su origen en el siglo XVII, en este caso a John Locke como el primer pensador liberal, siendo su segundo Tratado sobre el Gobierno Civil la obra seminal de esta ideología. David Hume y los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo continuaron esta línea de pensamiento, especialmente en lo que se refiere al librecambismo.
 

En cuanto a la política, la ideología liberal encuentra sus bases en Montesquieu y en los padres fundadores americanos; parte del hecho de que no hay personas ni sistemas perfectos, y por lo tanto, el Estado debe ser un conjunto de pesas y balanzas en el que se contrapesen los distintos poderes que ostenta sobre el individuo, para que ninguno pueda devenir en tiranía.
 

Por tanto, según la teoría liberal, el Estado debe seguir una filosofía de mínima intervención, o laissez faire (en francés, « dejar hacer »). Esta se sustenta de un lado en la convicción de que cada individuo buscará lo mejor para si mismo, y del otro en que las relaciones sociales surgidas de este modo tenderán a beneficiar a todos, siendo la labor del Estado corregir los casos en que esto último no se cumpla. Por su parte, los críticos del Liberalismo suelen insistir en que la segunda premisa pocas veces se cumple, ya que a menudo algunos individuos logran beneficiarse a costa del resto de la sociedad.
 

Liberalismo social y liberalismo económico
 

En las formulaciones del liberalismo, es frecuente que se admita la necesidad de algunas restricciones a la libertad individual, para salvaguardar los derechos fundamentales de otros individuos. Ahora bien, como no todo el mundo considera fundamentales los mismos derechos, dependiendo de cuál sea la jerarquía de derechos, unos pensadores o agentes están a favor de unas regulaciones y otros de otras. En general, se suele diferenciar entre liberalismo social y liberalismo económico, si bien esta distinción es poco nítida y arbitraria.
 

El liberalismo social defiende la no intromisión del estado o de los colectivos en la conducta privada de los ciudadanos y en sus relaciones sociales no-mercantiles, admitiendo grandes cotas de libertad de expresión y religiosa, los diferentes tipos de relaciones sexuales consentidas, el consumo de drogas, etc. Para sus detractores, falla al no tener en cuenta valores superiores a la voluntad humana, como los valores religiosos o tradicionales.
 

El liberalismo económico postula la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos (reduciendo los impuestos a su mínima expresión y eliminando cualquier regulación sobre comercio, producción, condiciones de trabajo, etc.), sacrificando toda protección a « débiles » (subsidios de desempleo, pensiones públicas, beneficencia pública) o « fuertes » (aranceles, subsidios a la producción, etc.). La impopularidad de reducir la protección de los más desfavorecidos lleva a los liberales a alegar que resulta perjudicial también para ellos, porque entorpece el crecimiento, y reduce las oportunidades de ascenso y el estímulo a los emprendedores. Los críticos, por el contrario, consideran que el Estado puede intervenir precisamente fomentando estos ámbitos en el seno de los grupos más desfavorecidos. El liberalismo económico tiende a ser identificado con el capitalismo, aunque este no tiene por qué ser necesariamente liberal, ni el liberalismo tiene por qué llevar a un sistema capitalista. Por ello muchas críticas al capitalismo son trasladadas falazmente al liberalismo.
 

En la discusión filosófica teórica actual, se suele dar el caso de que un pensador coincida a la vez con las posturas del liberalismo social y el liberalismo económico. En la práctica política, es raro que coincidan. En general, el intervencionismo económico y el liberalismo social son característicos de la socialdemocracia y el eurocomunismo mientras que el liberalismo económico y el control social son más característicos del llamado neoliberalismo económico, pero la práctica real de la política obliga a atender a muchas circunstancias, aparte de la propia ideología. Otras políticas, como el comunismo leninista (especialmente en la época de Stalin) y la autarquía franquista combinaban el intervencionismo económico con un rígido control social. También se dan casos de que un mismo grupo de presión pida unas medidas económicas liberales y otras intervencionistas. Por ejemplo, un sector industrial puede reclamar libre circulación de bienes y servicios dentro de un mercado, pero una fuerte protección frente a productores de fuera del país.
 

Una división menos famosa pero más rigurosa dentro del liberalismo es la que distingue entre el liberalismo predicado por Jeremías Bentham y el defendido por Wilfredo Pareto. Esta diferenciación surge de las distintas concepciones que estos autores tenían respecto al cálculo de un óptimo de satisfacción social.
 

En el cálculo económico se recurre con frecuencia a la teoría del Homo Oeconomicus, un ser perfectamente racional con tendencia a maximizar su satisfacción. Para simular este ser ficticio, se ideó el Gráfico Edgeworth-Pareto, que permitía conocer la decisión que tomaría un individuo con un sistema de preferencias dado (representado en Curvas de Indiferencia) y unas condiciones de mercado dadas.
 

Pero existe una gran controversia cuando el modelo de satisfacción ha de trasladarse a una determinada sociedad. Al deber elaborar un gráfico de satisfacción social, el modelo benthamiano y el paretiano chocan frontalmente.
 

Según Wilfredo Pareto, la satisfacción que goza una persona es absolutamente incomparable a la de otra. Para él, la satisfacción es una magnitud ordinal y personal. Esto supone que no se puede cuantificar ni relacionar con la de otros. Por lo tanto, sólo se puede realizar una gráfica de satifacción social con una distribución de la renta dada. No se podrían comparar de ninguna manera distribuciones diferentes. Por el contrario, en el modelo de Bentham los hombres son en esencia iguales, lo cual lleva a la comparabilidad de satisfacciones, y a la elaboración de una única gráfica de satisfacción social.
 

En el modelo paretiano, una sociedad alcanzaba la máxima satisfacción posible cuando ya no se le podía dar nada a nadie sin quitarle algo a otro. Por lo tanto, no existía ninguna distribución óptima de la renta. Un óptimo de satisfacción de una distribución absolutamente injusta sería a nivel social tan válido como uno de la más absoluta igualdad (siempre que estos se encontrasen dentro del criterio de Óptimo Paretiano).
 

Pero para igualitaristas como Bentham, no valía cualquier distribución de la renta. El que los humanos seamos en esencia iguales, la comparabilidad de las satisfacciones, llevaban necesariamente a un óptimo más afinado que el paretiano. Este nuevo óptimo, que es necesariamente uno de los casos de óptimo paretiano, surge como conclusión lógica necesaria de la llamada Ley de Rendimientos Decrecientes.
 

Estas dos concepciones radicalmente diferentes dividen al liberalismo entre dos corrientes: una igualitarista y progresista, abanderada por la teoría de Bentham, y otra que no solo tolera, sino que aplaude la desigualdad, de carácter profundamente conservador.
 

Entre los seguidores de Bentham destacan las tesis del Social-Liberalismo y del Keynesianismo, mientras que de Pareto surge la Escuela Austríaca, defensora del liberalismo autoritario y del anarco-capitalismo.
 

 

LA CIENCIA POLITICA EN EL SIGLO XX:
LA CONSTRUCCION DE LA CIENCIA
 

 

 

Aunque la Ciencia Política nace como disciplina en la segunda mitad del siglo XIX, pueden incluirse dentro de ella obras de autores clásicos como Aristóteles, Maquiavelo, Montesquieu o Toqueville, debido a que las mismas tienden a la formulación de tipologías, de generalizaciones, de teorías generales, de leyes relativas al análisis político, fundadas en el estudio de la historia, factual.
 

La Ciencia Politica en primer lugar es una ciencia social, es decir, su campo de estudio abarca la sociedad en su conjunto, aun cuando dentro del cuerpo social, esta disciplina se focaliza sobre cierto tipo de fenomenos y procesos.
 

A pesar de estos esfuerzos para conseguir una disciplina realista y concreta, basada en la objetividad y en la utilización de herramientas científicas, el tradicional estudio especulativo y normativo siguió siendo la nota común hasta mediados del siglo XX, momento en que el punto de vista científico empezó a dominar los análisis de la ciencia política. La experiencia de quienes retornaron a la docencia universitaria después de la II Guerra Mundial (1939-1945) tuvo profundas consecuencias sobre la totalidad de la disciplina. El trabajo en los organismos oficiales perfeccionó su capacidad al aplicar los métodos de las ciencias sociales, como las encuestas de opinión, análisis de contenidos, técnicas estadísticas y otras formas de obtener y analizar sistemáticamente datos políticos. Tras conocer de primera mano la realidad de la política, estos profesores volvieron a sus investigaciones y a sus clases deseosos de usar esas herramientas para averiguar quiénes poseen el poder político en la sociedad, cómo lo consiguen y para qué lo utilizan. Esta corriente de pensamiento fue llamada conductismo, porque sus defensores sostenían que la medición y la observación objetivas se debían aplicar a todas las conductas humanas tal y como se manifiestan en el mundo real.
 

Los adversarios del conductismo sostienen que no puede existir una verdadera ciencia política. Objetan, por ejemplo, que cualquier forma de experimentación en que todas las variables de una situación política estén controladas, no es ni ética, ni legal, ni posible con los seres humanos. A esta objeción, los conductistas responden que la pequeña cantidad de conocimiento obtenido de forma sistemática se irá sumando con el tiempo para dar lugar a una extensa serie de teorías que explicarán el comportamiento humano.
 

 

Desarrollos y autores recientes en la Ciencia Política
 

 

Ya a mediados de los años 50, la ciencia política estaba incorporando a sus estudios el concepto de “cultura política” de la mano de Gabriel Almond. En un célebre artículo (Comparative Political Systems, 1956), Almond decía que para analizar en clave comparada las estructuras y las funciones de los sitemas políticos, hacían falta nuevos conceptos como “cultura” o “subcultura” políticas, sabiendo que con ello el análisis pasaría de la descripción del funcionamiento de las instituciones a la explicación de la modalidad de los comportamientos de los individuos: cómo interpretan las reglas políticas, o qué valores o inclinaciones tienen hacia la política, para ver finalmente si estas orientaciones eran compatibles y funcionales respecto de una democracia competitiva moderna y estable frente a la velocidad de los cambios.
 

Con la colaboración de Sidney Verba emprendió una investigación en el Center of International Studies de la Universidad de Princeton entre 1958 y 1962, cuyos resultados darán lugar a la gran innovación de Almond: la aplicación del análisis funcional al estudio de la cultura política y del desarrollo, a través de un vastísimo trabajo empírico y comparado. En The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, publicado con Verba en 1963 —la primer versión castellana de este trabajo es La cultura cívica, Euroamérica, Madrid, 1970—. Esta obra es considerada el reflejo teórico y metodológico de la revolución conductista en ciencia política —su primer capítulo aparece en la famosa compilación española Diez textos básicos de ciencia política, Ariel, Barcelona, 1992— donde se define la “cultura política” como el conjunto de valores que determina la acción política de una nación. Partiendo su análisis de datos de opinión de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, México y Alemania, pretende teorizar inductivamente acerca de la estabilidad democrática de estos países en función de una tipología de la cultura política, según nivel y tipo de participación, parroquialismo y compromiso político que los individuos autoperciben respecto del sistema político al que pertenecen. Así, las encuestas que definirían la cultura política concernían tres aspectos: conocimiento y respeto de las reglas del sistema político, sentimiento personal sobre las estructuras y los titulares del poder, y juicios y opiniones sobre varios componentes del sistema político.
 

En 1980, el texto The Civic Culture Revisited  de G. Almond incluye revisiones a las características de la cultura política de los países originalmente estudiados, y comentarios a las críticas y polémicas que había suscitado la utilización del concepto, ya que la primera edición del libro se había convertido en un modelo del estudio comparado. Almond fue también uno de los creadores del enfoque teórico del “desarrollo político”, particularmente en el área de la política comparada. En Comparative Politics: A Developmental Approach, escrito junto a su asistente de 24 años de edad en la Universidad de Stanford, Bingham Powell, en 1966 —la primera versión castellana es Política comparada. Una concepción evolutiva, Paidós, Bs.As., 1970— se explicita la voluntad de dejar atrás el provincialismo, el descriptivismo y el formalismo de la ciencia política.
 

Con ese texto, Almond y Powell dotaron a la ciencia política de un verdadero “paradigma” estructural funcionalista. Su objetivo era organizar una red de conceptos analítico-empíricos, no sólo para afrontar con un fuerte poder descriptivo y explicativo el estudio de un sistema político singular, sino sobre todo para comparar entre diferentes clases de sistemas políticos. Se miden allí grados variables de desarrollo político entre diferentes tipos históricos de sociedades, combinando sus grados de diferenciación en sus estructuras y secularización de la cultura política, con la autonomía de los subsistemas sociales. De esta manera, las capacidades de un sistema político serán mayores si son más altas su diferenciación estructural y su secularización cultural. Así, por ejemplo, las bandas primitivas son el tipo de sociedad que registran menor grado de diferenciación estructural y secularización de la cultura política (por estos dos factores conforman sistemas primitivos) y menor autonomía de los subsistemas; los sistemas patrimoniales o feudales estarían en una condición intermedia; mientras que los sistemas políticos modernos (con altos grados de secularización y de diferenciación estructural entre sus componentes) varían entre sistemas totalitarios, autoritarios y democráticos, a medida que aumenta la cultura de participación política y la autonomía de los subsistemas. El funcionalismo sistémico suponía que la interdependencia entre las partes de un sistema hace que el cambio de las propiedades de un componente afecte a los demás elementos que integran el sistema.
 

De esta manera, si algunos sistemas políticos han desaparecido porque no han podido desarrollar capacidades de respuesta y adaptación a los cambios, es porque el grado de desarrollo político hace variar las distintas funciones del sistema. De allí que entonces, escribían los autores, examinando y clasificando los diferentes sistemas de acuerdo a esas variables de desarrollo político y niveles funcionales, se podrá explicar y predecir su desempeño. En la segunda edición, de 1978, los autores completan el modelo original focalizando centralmente la atención en los outcomes, es decir, en el rendimiento de las políticas públicas, o en otras palabras, los efectos y las consecuencias de los outputs. Estos estudios que buscaban una teoría unificada de la política a partir de la aplicación a los diferentes sistemas políticos nacionales de las mismas categorías teóricas utilizadas para el caso norteamericano, definieron el perfil del área comparativa para la gran mayoría de los politólogos, y particularmente de los latinoamericanos hasta que surgieron las teorizaciones sobre los regímenes autoritarios desarrollistas de mediados de los 60, y la teoría de la dependencia.
 

En realidad, aquel comparativismo trataba de explicar por qué algunos países no se desarrollaban, tanto política como económicamente. Esos trabajos encarnaban la versión politológica de la sociológica teoría de la modernización (que intentaba identificar a los actores del cambio en las capas medias o el empresariado dinámico) y de la teoría económica del desarrollo (que propugnaba para el Estado un papel activo en la economía). A pesar que esos estudios dotaron de un torrente de energía nunca antes visto en la ciencia política —entre los años 50 y 60 los miembros de la American Political Science Association llegan a 14 mil, y las facultades de ciencia política a 500—, a principios de los 70 sus tipologías fueron muy criticadas, entre otros factores, por incluir casos muy disímiles en una  misma categoría —como los casos de las democracias continentales europeas, o los totalitarismos, por ejemplo—, y por presuponer la validez objetiva del examen funcional también para casos no suficientemente analizados. Pero las críticas hacia el comparatismo ilimitado del que se acusaba a Almond sirvieron luego de advertencia para los más modernos estudios de área y de los modelos de democracia.
 

El último aporte de alcance mundial de G. Almond ha sido el artículo “Mesas separadas: escuelas y corrientes en las ciencias políticas” —en su libro Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las ciencias políticas, FCE, México D.F., 1999—, donde postuló que en los años ochenta no hay una mesa central en la que converjan las diferentes vertientes de la disciplina en el mundo, sino que el debate acerca de los temas de estudio o las teorías adecuadas a ellos se da entre diversas corrientes independientes entre sí, aunque todas ellas tienen un mismo y bien definido campo de estudio. “… La inmensa mayoría de los politólogos, ecléctico en cuanto a sus enfoques metodológicos, así como quienes se esfuerzan por controlar la orientación ideológica de la actividad profesional —nuestra «cafetería central»— no deberían conceder a ninguna de estas escuelas el privilegio de escribir la historia de la disciplina. La historia de la ciencia política no apunta hacia ninguna de esas apartadas mesas, sino más bien hacia la porción central del comedor, en donde sus ocupantes son partidarios de metodologías mixtas y aspiran a la objetividad” (53). Su último ensayo, “Foreign Policy and Theology in Ancient Israel” será publicado este año en Estados Unidos como parte de Strong Religions, una serie de libros en la que Almond ha colaborado en sus últimos años. Más allá de las diferencias que podamos tener con él, es indiscutible su valiosísimo aporte y defensa de la ciencia política, desde cualquier ángulo desde el que se lo estudie.
 

Existe toda una tradición sociológica y política que viene desde Platón y Aristóteles, pasa por Polibio, Cicerón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Montesquieu, Hume, Rousseau, Tocqueville, Comte, Marx, Pareto, Durkheim, Weber, y llega hasta Hans Morgenthau, Raymond Aron,  Robert Dahl, M. Lipset, Rokkan, Giovanni Sartori, Moore y Lijphart, que intentó, y continúa haciéndolo, relacionar las condiciones socioeconómicas con las constituciones políticas y las estructuras institucionales, y asociar estas características estructurales con tendencias políticas en tiempos de paz y guerra.
 

 

¿Realismo o idealismo en la Ciencia Política?
 

 

Existe una tendencia y una controversia intelectual, dentro de diferentes corrientes teóricas modernas de las relaciones internacionales y de la Ciencia Política – considerando que las Relaciones Internacionales como disciplina aun no tienen un siglo de vida- a hablar sobre las corrientes más antiguas, en forma crítica, confundiendo « cosmovisiones » con los marcos teóricos o el objeto central de la teoría.  Hans Morgenthau, padre del realismo moderno en la Ciencia Política y las relaciones internacionales, parece ser el eje central de estas críticas.
 

Para Raymond Aron -un sociológico-histórico-, Morgenthau no considera como central, la variable ideológica, más allá de que este último sí considera a la ideología como una variable, aunque el poder es su variable central.
 

Keohane y Nye lo critican, por ver al poder en términos de « estructura global » y no cómo ellos lo analizan, por « áreas temáticas »; no obstante reconocer, que « hay circunstancias en las que el poder opera como estructura global y otras, como áreas temáticas » (48). Por otra parte, para ellos la ideología no es una variable significativa, pero sí la guerra como instrumento de cambio (49). Le atribuyen, a su vez, una concentración del concepto de poder en lo militar, cuando la definición central de poder para Morgenthau es sobre el « poder político » al considerar que las relaciones « cotidianas » no se basan en la fuerza, sino en la « influencia », por lo que es posible que haya un poder político y un poder « material », sea éste económico o militar.
 

En general, las críticas de los teóricos, tienen que ver con perspectivas diferentes, con variables diferentes, o con variables que agregan y que otros no consideraron, o con metodologías diferentes (51). Pareciera no reconocerse que hay algún « fenómeno central » que llama la atención de los teóricos, alrededor del cual centran su concepción teórica: Morgenthau el poder, Aron, la influencia de la ideología y las características societales; Keohane y Nye el impacto producido por la OPEP en los ’70 y una forma atípica de operar el poder, procurando substituir al realismo con lo que ellos llaman « interdependencia compleja »; Morton Kaplan, una perspectiva « totalizadora » u « holistica » de la Política y las relaciones internacionales, bajo el concepto de « sistemas de acción ».
 

Existe una frecuente confusión respecto del significado del realismo. Particularmente porque se lo confunde con una teoría. El hecho de que autores como Hans Morgenthau hayan desarrollado una teoría realista, no significa que lo hayan hecho sobre el realismo. La teoría de Hans Morgenthau fue desarrollada sobre el poder, desde una cosmovisión realista.
 

Realismo e idealismo son cosmovisiones, no teorías. Platón fue idealista filosóficamente –mito de las cavernas-. Aristóteles fue realista, al igual que Machiavello y Hegel.
 

El idealismo, visto a través del mito de las cavernas de Platón, muestra que el conocimiento no es la resultante del « condicionamiento del objeto sobre el sujeto », sino a la inversa. Resulta de la representación –imagen- que tenemos de las cosas, más que de lo que las cosas son en sí. El realismo, por el contrario, considera que « el objeto condiciona al sujeto ». El realismo, más allá de la « idea » que tenga sobre cómo debe ser –perspectiva idealista- considera que la « realidad », tiene vida propia, tiene una « lógica » propia y debe ser descubierta, a los efectos de explicarse su comportamiento y saber cómo actuar sobre ella.
 

Los autores que apuntan a que el realismo es una perspectiva teórica se equivocan. Lo hacen aún más, toda vez que consideran que el realismo de autores como Morgenthau, se basa en el poder militar y en el conflicto armado. Keohane y Nye (52)-entre otros- desarrollaron toda su teoría bajo este criterio erróneo.
 

Basta leer atentamente « Política de Poder entre las Naciones: La Lucha por el Poder y por la Paz » de Hans Morgenthau, como para tener en claro que la definición de poder, no se basa en lo militar, sino que apunta a lo político, en términos de influencia psicológica, y hace una clara diferenciación entre poder como influencia –político- y poder material, que puede ser militar o económico.
 

Por otra parte, también resulta claro que su desarrollo teórico, es sobre el poder, bajo una perspectiva u óptica realista, que se desprende con total claridad del primero de los 6 principios, alrededor de los cuales elabora toda su teoría.
 

Realismo e idealismo, como cosmovisiones, han existido siempre y seguirán existiendo como un debate interminable al interior de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, ya que depende de la perspectiva que se adopte –desde dónde uno se pare para observar la realidad- para comprender, explicarse y operar sobre la realidad.
 

Los idealistas han sido los dominantes, ya que ha habido una gran influencia de su perspectiva. Las Relaciones Internacionales como Política Internacional, son algo moderno, reciente. Nace con el siglo XX, ya que, con anterioridad, las Relaciones Internacionales eran el « Derecho Internacional », visión jurídico-idealista. Recién con la finalización de la primera guerra mundial y el fracaso de la Sociedad de Naciones para mantener la paz, es que el realismo –en lo internacional- se fortaleció y planteó la necesidad de abandonar la postura de estar de « espaldas » a la realidad –deber ser- y considerarla como algo que tiene vida propia, lógica propia. Este es el origen del « realismo » de Morgenthau, y el objeto central de su planteo.
 

En el sistema internacional de la post primera guerra mundial, los principales líderes y gobernantes occidentales, seguían insistiendo en soluciones jurídico-idealistas: la Sociedad de Naciones, como instrumento capaz de lograr el ideal de « nunca más la guerra ». Además pretendían sostener un sistema internacional multipolar, cuyo eje de poder estuvo durante más de cien años centrado en Europa, cuando este sistema, estaba agotado y ya « no quería seguir viviendo ». El poder se había desplazado fuera de Europa, hacia Estados Unidos, Japón y Rusia, potencia europea que se transformaría en 1923 en la URSS.
 
El resultado de esta ceguera y a la vez « espejismo » de la configuración mundial, fue la crisis del 29/30 y la segunda guerra mundial, con intermedios como la invasión por parte de Italia a Etiopía, las de Japón a China en dos oportunidades, una de las cuales -1936- creó un nuevo Estado que llamó « Manchukuo » y que fue reconocido por la S. de N.; la invasión de la URSS a Finlandia en 1939; sin que el organismo internacional nada pudiera hacer para sancionar o para mantener el orden.
 

Este tremendo fracaso del idealismo-juridicista fortaleció la tesis de los realistas, que, reitero, siempre existieron, pero no tuvieron poder de convocatoria como para plantear su perspectiva. Morgenthau, considerado padre del realismo en relaciones internacionales, discípulo del presbítero alemán, Reinhold Niebhur, padre de la « Macht-Politik », advirtió a los « idealistas » sobre su error de vivir de « espaldas » con la realidad pensando exclusivamente en el « deber ser » sin importar el « ser » que la realidad misma tiene en la práctica.
 

A la visión « atomista » de la realidad por parte de autores, como Morgenthau, Raymond Aron y otros, sobrevino una perspectiva « totalizadora », que proponía observar a la realidad como un todo. Los idealistas también plantearon una visión totalizadora, y generaron la perspectiva sistémico-funcionalista frente a los sistémicos-estructurales que provienen del realismo y consideran al poder como una variable importante –la estructura es la configuración de poder vigente o emergente-.
 

Autores como Kenneth Waltz, o como Stephen Krasner, entre otros, son realistas, pero evolucionaron hacia perspectivas totalizadoras, al plantearse marcos teóricos sistémico-estructurales.
 

Lo significativo de la evolución del debate teórico y epistemológico, ha sido que no se ha frenado el conocimiento bajo esquemas de conjunciones desintegradoras y estancas, como « o », que plantean una visión u otra de manera excluyente, sino con conjunciones integradoras, como « y » que « sumaron » perspectivas teóricas y metodológicas, para mejorar el conocimiento y explicación de los hechos y fenómenos de la internacional.
 

El problema con las teorías de la Ciencia Político, es que muchos toman partido por una u otra, como si apuntalaran un punto de vista o una ideología, en vez de considerarlas como complementarias de una aproximación científica a la verdad. Una cosa es la concepción del decisor o el analista y otra es el debate teórico-epistemológico.
 

Por otra parte los teóricos, como los decisores, apuntan a una visión de la realidad orientada a la estabilidad y no al cambio. El cambio parece dar la sensación de inestabilidad, incluso quien lo provoca, de tener conductas « subversivas ». No obstante, los que están disconformes con el estado de cosas, o la inserción en la que se encuentran, procuran modificar su status, por lo que generan « desorden », en aras de obtener una mayor justicia a sus aspiraciones, en función de su capacidad de poder. No tienen conductas « statuquistas », sino reformistas.
 

Lo que les preocupa fundamentalmente a los teóricos y a los que toman decisiones siguiendo una concepción teórica, es el orden en términos de status quo, pero no un orden considerado como dinámico. La idea de orden, más allá de « estabilidad », no implica inmovilidad, perpetuación; sino movilidad y cambio entre parámetros.
 

Poder no es lo que dice Morgenthau o Keohane y Nye, o Krasner o Galtung, etc., sino un concepto « multívoco », donde los autores anteriores hicieron aportes significativos.
 

Sin embargo, las concepciones jurídico-idealistas, bajo el esquema actual sistémico-funcionalista, mantienen su poder de observar y operar sobre la realidad y, en vez de actuar como un complemento de la perspectiva realista o sistémico-estructural, mediante la que se podría observar que se « institucionaliza » lo que el poder alcanza en los hechos, se pretende mostrar que el orden es la resultante de una « convergencia de voluntades » dentro de un determinado marco institucional y normativo.
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 

 

Chatelet, F., Duhamel, O., Pisier, E.: HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES.  Paris, 1989.  PUF.
 

Historia de la Humanidad Larousse.  Madrid, 2004.
 

Pastor, M.: CIENCIA POLITICA.  Madrid, 1991.  McGraw-Hill.
 

Touchard; J.: HISTOIRE DES IDEES POLITIQUES. (2 vols.) Paris, 1988.  P.U.F.
 

13 août, 2006

la construcción social de la crítica: notas sobre el rol de los intelectuales y de la crítica frente al orden establecido

Classé sous ciencia política,epistemologías,reflexiones — paradygmes @ 5:43

la naturaleza del acto crítico 

 

La crítica es un acto de cuestionamiento, representa una representación simbólica y simbolizable de la puesta en tensión, de la problematización de lo existente, de lo pretendidamente existente, para sustituirlo por una lectura diferente. La crítica es una lectura, una lectura de la realidad que apoyada en el inconformismo de lo establecido, apunta a la construcción de una relectura, de una nueva reconstrucción del imaginario.Desde una perspectiva intelectual la crítica se constituye en una tentativa de redefinición de la verdad, de una verdad, a partir de un cuestionamiento de sus premisas, de sus bases conceptuales y empíricas, de una relectura de sus estructuras argumentales, a fin de presentar a la conciencia una nueva manera de ver los hechos, una nueva forma de interpretar los acontecim ientos que intenta escapar a los dogmas establecidos, que pretende « iluminar » otros aspectos de la realidad en cuestión.

Existe una relación dialéctica entre la verdad y la crítica. 

La crítica parte desde una verdad, para arribar -o intentar llegar- a otra verdad por el difícil camino de la reconstrucción y de la reinterpretación de los datos que la constituyen.  La crítica destructiva solo se remite al imaginario por la vía del desmontaje del argumento o la verdad ajena, mediante la descalificación del otro o de la forma argumental utilizada por el interlocutor.  La crítica constructiva recoge y desarma los elementos constitutivos de la verdad argumental en cuestión, va al fundamento de la verdad y no a sus formas exteriores,  y reformula una interpretación de los hechos, dando forma a ideas y fórmulas propositivas que tienden a presentar nuevas salidas a la salución del problema analizado.

La radicalidad de la crítica en el mundo social y en el orden político moderno, hace posible que pueda leerse la realidad escapando a los « discursos oficiales » y a los « discursos únicos » que abundan en ambas dimensiones de la vida contemporánea.  Critico porque la sociedad y la cultura tienen la posibilidad de  alimentarse de una visión distinta que devela, que desnuda las verdades aceptadas como absolutas e intocables.   Por eso la crítica es una posibilidad, una probabilidad que puede o no ser aceptada, que puede o no ser escuchada, pero el intelectual tendrá su conciencia tranquila una vez que haya formulado una visión distinta frente a una misma realidad o frente a otras realidades que los discursos oficiales pueden pretender ocultar, velar  o silenciar.

La crítica frente al orden político es la palabra diferente que elude aceptar en forma obsecuente lo ya establecido, para introducir una interrogación, una duda sustancial: ¿existe otra manera de ver los hechos?  ¿los hechos tal como nos son presentados, constituyen la única interpretación de la realidad?  ¿es posible ver la realidad desde otros puntos de vista?

El dogma se alimenta de verdades absolutas e intocables.

El discurso oficial se nutre de verdades consideradas como únicas o como las verdades políticamente correctas.

Por eso, la crítica -desde el punto de vista intelectual- puede constituirse social y políticamente en un gesto de transgresión frente a las verdades únicas y al orden establecido.

la construcción social de la verdad

En las condiciones de la sociedad moderna, los grupos,  las instituciones, las organizaciones construyen universos simbólicos a partir de los cuales explican su propia realidad y la realidad que los rodea.  Cada grupo humano se construye su propia verdad, su propia realidad, dando forma así a una construcción simbólica y social de la verdad, a partir de la cual los integrantes de ese grupo « leen » la realidad a la que pertenecen.

Los significados y los símbolos confieren así a la acción social y a la interacción social características distintivas.  Si aceptamos que la acción social es aquella en la que los individuos actúan teniendo en mente a los otros, a los demás, entonces sucede que al emprender una acción, los individuos tratan de medir su influencia en los demás actores implicados y por lo tanto en el curso de la acción social, en el curso de la interacción social los individuos comunican simbólicamente significados a otros individuos implicados en la interacción.  Por su parte,  los demás individuos de la escena social interpretan esos símbolos y esos significados y orientan sus respuestas en función de esa interpretación que se hacen de la situación.

Y esas interpretaciones siempre son únicas, porque cada grupo construye su propia visión del orden social que integra, porque proviene de un punto de vista, el propio.

La crítica es un acto de la razón.  Pero ¿se trata siempre de una razón despierta? ¿En el auténtico sentido de la palabra despierta, es decir, atenta, vigilante, crítica, obstinadamente crítica? ¿o de una razón somnolienta, adormecida, que en el momento de inventar, de crear, de imaginar, descarrila y crea, imagina efectivamente monstruos?   La crítica es obra de la razón, cuando devela lo que otros quieren ocultar, cuando reordena en la conciencia individual y colectiva los datos tal como han sido presentados, cuando desnuda lo que estaba vestido para que lo veamos en toda su integridad y en la totalidad de su realidad. 

De esta manera las visiones particulares se orientan en función de verdades generales, aceptadas, consensuadas.  Se produce una construcción social de la realidad, de la verdad, dando forma a verdades únicas, a verdades aceptadas socialmente como únicas e intocables.

La crítica es un acto de la razón en nombre de la libertad y de la responsabilidad.

La crítica social, intelectual y política apunta precisamente a desmontar teórica y argumentalmente esta maquinaria de construcción social de la verdad, poniendo el acento en los tópicos que han sido silenciados, en los aspectos que no han sido mostrados, en los hechos que no han sido abordados en profundidad.   Una crítica tibia y sumisa, una crítica obsecuente es el más seguro pasaporte a un mundo yermo y carente de miradas alternativas, incapaz de poner en entredicho las verdades establecidas que envilecen nuestra existencia y la vuelven gris y acotada.

11 août, 2006

elementos para una historia del realismo político

Classé sous ciencia política,epistemologías — paradygmes @ 4:34

La prehistoria de la Ciencia Politica:
Antigüedad clasica en Grecia y Roma
Los orígenes de la tradición intelectual del realismo en Occidente, podrían situarse en la filosofía clásica greco-latina con Tucídides, Aristóteles, Protágoras y Cicerón, quienes, entre otros, ponen las bases de esta escuela. 
Heródoto (siglo V AnE.), por ejemplo,  pone en evidencia que la ley es la única norma que gobierna a los hombres, que los seres humanos se gobiernan a sí mismos, y en particular subraya que los seres humanos no tienen otra motivación en la vida política,  que el interés y el temor.
Protágoras, por su parte, declara que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que resulta que la Ciudad, la polis (es decir, la organización política de la sociedad) es el producto de los actos de los hombres y que las leyes resultan de una convención acordada entre ellos.  Mientras tanto, Jenofonte e Isócrates (en el siglo IV AnE.), consideran que la desgracia de las ciudades griegas proviene de su división y proponen buscar una autoridad política superior que sea capaz de confederar las ciudades-Estados, con lo que pre-anuncian el dominio imperial de Filipo de Macedonia y de Alejandro el Grande.
Por su parte, Aristóteles (384-322 AnE.), alejándose de los utopistas y sofistas que parecían dominar su época, propone el ideal realista de la Ciudad, la que hace de la libertad de los ciudadanos la premisa fundamental de toda organización justa, entendiendo que la Ciudad es la unidad de una multiplicidad y que la Ley es la expresión política de un orden, teniendo en cuenta la situación de la Ciudad, de su historia y de la composición del cuerpo social.
La creación política de la República y del Imperio romano, a su vez, sustentada en una prolongada elaboración jurídica, proviene justamente del hecho que la cultura romana presenta la virtualidad de haber sabido actuar mediante un sentido constante de los hechos consumados, procurando radicar la idea y la Ley en las estructuras colectivas cada vez más impersonales e institucionalizadas.  En esta concepción, los enunciados jurídicos y la legitimación filosófica que les acompaña, funcionan como marco fundacional y de perpetuación de un orden, de manera que el Derecho, la República y el Imperio actúan en tanto factores constitutivos de un orden militar y administrativo establecidos por dos órganos de poder: el Pueblo y el Senado.
Una de las diferencias mayores que separan a la construcción imperial romana, respecto de los imperios asiáticos anteriores, es precisamente el rasgo de satrapía que caracteriza a éstos.  El gobernante es aquí un autócrata absoluto e incontrolable, mientras que Roma y su Imperio se ven a sí mismos, como orden político universal regido por la Ley, y por un poder que ha cristalizado históricamente en órganos establecidos, regulados y distintos.
A partir de la Ley de las Doce Tablas, el Derecho Romano reconoce la existencia de un orden del mundo ineluctable y racional, que considera la sumisión tranquila al destino como una virtud capital.  De este modo, los méritos  de las instituciones romanas –como se pone en evidencia con Cicerón (106-43 AnE) y la escuela estoica- consiste en haber sabido definir una comunidad regida por Roma bajo el imperio de la Ley y de un orden político estrictamente determinado, y de haber comprendido a  Roma y a su imperio como una Ciudad Universal, en la que la condición ciudadana se extendía cada vez más, creando así un primer esbozo de ordenamiento internacional y de cosmopolitismo.
Desde la perspectiva de Roma, como capital y centro de un poder único y sacralizado, el imperium es el medio por el cual la Ciudad realiza sus virtudes republicanas y propaga por el mundo las ventajas de una dominación revestida de civilización.  El gobernante o Emperador, deviene a la vez, detentor de la “potestas” y la “auctoritas”, mientras se erige en “imperator” y en “princeps”. 
En este ordenamiento político, con vocación internacional aún poco definida, el pragmatismo del ejercicio del poder y la dominación, mediante una combinación dosificada de fuerza militar, diversidad religiosa, ocupación territorial, reconocimiento jurídico e influencia cultural, producen como resultado histórico que, tanto en las provincias como en la capital imperial, las fuerzas materiales y simbólicas de unificación –o fuerzas centrípetas- siempre logran predominar sobre los  poderosos factores de dispersión y división –o fuerzas centrífugas.
En el imperio romano, como forma refinada de dominación política de un Estado sobre una diversidad creciente de  territorios, el poder imperial se caracteriza por la omnipotencia del dominio, por la sacralidad de que se rodean los símbolos y signos visibles del poder, y por la legitimidad subjetiva que sustenta a los gobernantes transformados en divinidades.  La pax romana que se instala en torno al Mediterráneo y en Europa central y sur por varios siglos, es más una época de fuerte dominación tranquila que una larga sucesión de guerras de conquista. 
Roma funda el jus gentium mediante la práctica de su dominación imperial.
El realismo romano (tan notorio en Polibio, como en Cicerón y en Séneca) consiste en un pragmatismo revestido de juridicidad y de un vigoroso sentido material del poder, lo que convierte al Imperio (floreciente o decadente) en la base política  sobre la que se levantaron los Estados de la Edad Media, de manera que la crisis de ésta estructura de dominación territorial, tuvo más bien el aspecto de una desconstrucción prolongada, lenta y casi imperceptible (aún a pesar de las invasiones orientales).
La prehistoria de la Ciencia Politica:
(Edad Media)
La tradición realista proveniente del imperio romano, dio paso en los inicios de la Edad Media, al predominio de las concepciones cristianas, que afirmaban –con Agustín de Hipona (354-430 NE), Gelasio y Gregorio el Grande (540-604 NE) el principio de las dos espadas o los dos poderes: temporal y espiritual, y de que entre ambos, es el poder divino el que detentaba la plenitudo potestatis o potestad suprema.
Esta concepción produce como resultado en la esfera internacional, que el Papado ejerce una suprema autoridad espiritual, a la que se subordinan los poderes temporales: reyes, príncipes y emperadores.  Pero mientras gran parte de la Edad Media estuvo atravesada por ésta contienda de competencias, al interior de los reinos y territorios resultantes de la desmembración del Imperio, una contínua práctica jurídica y administrativa fue consolidando la autonomía de un poder político, ejercido en nombre de otros principios: así surge el poder monárquico.
Hay que observar que al interior de la dispersión medieval de reinados, aparece la visión universalista de Marsilio de Padua (1275-1343 NE.) quién al pretender sostener las pretensiones del poder universal de un emperador europeo, reinicia la polémica contra la teocracia romana, desde una óptica tomista.  Pero, al mismo tiempo sustenta el principio de que la sociedad es un todo, que es anterior y trascendente a sus partes, lo que origina el universitas civium, una universalidad de ciudadanos regida por un pars principans es decir, por un Príncipe responsable de la gestión pública y la coerción.
Marsilio, al concebir y proponer la autonomía del cuerpo político respecto del poder religioso, prefigura el concepto político de la soberanía, es decir, el concepto moderno de Estado, con lo que –de paso- recusa teórica y jurídicamente la autoridad de los Papas.  Al mismo tiempo, la idea de universitas no se refiere solamente a la comunidad de los ciudadanos, sino a los grupos y Estados reunidos en torno a una función y a una misma regla, dando forma a cuerpos sociales que aspiran a ser reconocidos como sujetos de Derecho y como personas morales.
Sin embargo, al separar al hombre cada vez más solo, del poder cada vez más fuerte e impersonal del Estado, los pensadores medievales estaban abriendo las puertas del Humanismo y del Renacimiento.
El realismo político se alimentó inicialmente de la tradición humanista.  El Humanismo, como paradigma cultural, estético y filosófico se originó en el siglo XIV en Italia, pero a lo largo de dos siglos se extendió a toda Europa occidental, en gracias a la difusión provocada por la imprenta inventada por Gutenberg, como un ideal y un conjunto de maneras de ser, métodos y corrientes filosóficas cuyo énfasis central se dirige a valorar, enaltecer y comprender la realidad humana.
La visión humanista clásica de fines de la Edad Media, se estructura en torno a un clacicismo literario y estético, a un fuerte realismo y una visión esencialmente crítica de la realidad, a la emergencia del individuo y de la idea de la dignidad del ser humano y al desarrollo de ciertas virtudes activas.
El realismo que contiene el Humanismo clásico apunta a rechazar las creencias tradicionales, y buscar establecer al análisis objetivo de la experiencia observable como el modelo epistemológico del hombre curioso y ávido de saber.  A partir de esta búsqueda nacieron las ciencias modernas, no solo como disciplinas académicas, lo que implicaba una evolución cultural e institucional que desembocó en la formación de la institución universidad, sino sobre todo como instrumentos eficaces y prácticos para conocer la verdad y la realidad, lo que tendría efectos sobre el mundo político con la formación de los primeros Estados modernos.
Desde Francisco Petrarca (1304-1374) hasta Marsilio Ficino (1433-1499), autores tan influyentes como F. Guicciardini, C. Salutati, L.B. Alberti, G. Boccaccio, T. Tasso, B. Bruno, G. Budé, D. Erasmus, F. Rabelais y M. de Montaigne, desarrollaron una corriente de pensamiento cuyo realismo político y moral desembocaría más adelante en Maquiavelo y Bodin, postulando que el conocimiento de los hechos humanos debía ser similar al examen que Galileo hacía de los hechos físicos, es decir, que los hechos son fenómenos que deben ser descritos minuciosamente, antes de ser explicados, evaluados y comprendidos.
El humanismo clásico produce la primera ruptura con los paradigmas religiosos y morales predominantes en la edad feudal, incita al ser humano a pensar por sí mismo y sobre sí mismo, a creer en sus poderes y capacidades humanas reales como individuo y como parte de la sociedad y de la historia.  Se trata también de un realismo historicista que busca relativizar en la mente humana, las creencias sobrenaturales imperantes.
Los primeros fundamentos
de la Ciencia Politica:
el aporte del Renacimiento
Hay que avanzar hasta el Renacimiento italiano en el siglo XV, para encontrar algunos de los desarrollos intelectuales más significativos de la escuela de pensamiento realista, momento en el que N. Maquiavelo (1469-1527) estableció las primeras bases conceptuales de la Ciencia Política moderna.
El aporte de Maquiavelo al realismo en Política y en Estrategia y a la Ciencia Politica como disciplina, proviene de dos conceptos fundamentales: el primero, que la Política debe ser considerada como la actividad objetiva y constitutiva de la existencia colectiva; y el segundo, el concepto de la autonomía de la Política, respecto de las creencias, ideas y religiones, de manera que deben ser descartadas del cálculo gracias al cual se establece el poder y se mantiene el Estado.  
Propone Maquiavelo, que en la Política reina la voluntad de poder, y por eso sintetiza la noción primera de la Razón de Estado, la « raggion di Stato », posteriormente perfeccionada por Giovanni Bottero  (1544-1617).
El realismo de Maquiavelo proviene precisamente de la tajante y definitiva separación y autonomía de lo político frente a otras realidades sociales y culturales. (3)  Maquiavelo proclama la autonomia de la Politica con respecto a las demas formas de conocimiento y de practica humana, con lo que estaba sentando los primeros fundamentos de una disciplina social distinta de la Historia, de la Filosofia y del Derecho.
  Según el Florentino, la autonomía de la Política, como ciencia y como práctica social,  pone de relieve que  son los hombres quienes hacen su Historia. Hay que destacar que N. Maquiavelo formó parte de toda una tradición intelectual y de un ambiente cultural donde otros escritores como Leonardo Bruni, C. Salutati, F. Guicciardini (1483-1540), Alain Chartier o J. Fortescue, contribuyeron también a desarrollar una visión realista del quehacer político.
Hay que observar que el siglo XV es el escenario de cambios científicos y mentales de profunda amplitud en Occidente: se juntan Copérnico, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Maquiavelo, mientras los grandes navegantes y conquistadores, como F. Pizarro, J. Cabot, C. Colón y A. Vespucio, contribuyen a extender los horizontes físicos e intelectuales de su época con los grandes descubrimientos geográficos.
Esta fue la época histórica en que el astrolabio, la brújula y el cañón, hicieron posible  realizar la navegación oceánica y los grandes descubrimientos geográficos marítimos.
  
Al entrar en crisis la visión  feudal y teológica dominante, el realismo en la Política y en el poder, en la ciencia y en el conocimiento, se alimentó de una concepción moderna y humanista del mundo, centrada ahora en el ser humano y en el ejercicio pleno de la razón. En este período, se instala plenamente en la conciencia europea el racionalismo: se trata de la búsqueda voluntarista de la Razón como ideal, como actitud y como método. El humanismo ha devenido realista y el realismo ha devenido racional y racionalista.  Desde este punto de vista, la razón es –para el hombre renacentista- a la vez un ideal y un método, es decir, obedece y se manifiesta como el pensamiento crítico, mesurado y metódico, que siempre tiende a reducir a las dimensiones humanas y a los hechos objetivos, las ilusiones que forman su fantasía y su imaginación.
                                                                                                       
 Por lo tanto, el desarrollo más amplio de la tradición intelectual del realismo, se corresponde con la primera etapa de la historia de la Modernidad, desde principios del siglo XVI a fines del siglo XVIII.
A continuación, se incorporarán los aportes de Jean Bodin, con su teoría de la potencia soberana del Estado, como principio necesario y trascendente de la sociedad como organización política; de J. Althusius  que insiste sobre la unidad nacional que funda al Estado,  de H. Grottius con su tentativa de fundar la razón política sobre las bases de la ley natural y el Derecho, y finalmente, de S. Pufendorf  quién afirma la preeminencia del derecho, y el rol de la autoridad como  entidad legisladora. 
El jurista Jean Bodin (1529-1596) en particular, se esfuerza en afirmar la soberanía absoluta del Estado, a partir del concepto de que el poder del Estado se ejerce sobre ciudadanos o sujetos libres, y de que ésta potencia soberana es absoluta, una e indivisible y perpetua.  Para Bodin, el Estado es la sede de la soberanía y de la potencia soberana, punto focal del orden público, y sólo en él residen las  facultades de hacer la paz y la guerra, de dirigir la administración, de juzgar y de solicitar impuestos.
Desde la perspectiva internacional, el realismo político de Bodin reside en su visión del Estado como un actor soberano en el mundo, como el único órgano de poder que, junto con reunir el mando y la autoridad dentro de una sociedad, y encarnando dicha potencia soberana en instituciones empíricas, la representa en la escena internacional con una plenitud de potestad.
Ha quedado así abierta la perspectiva para el Estado contractual que propone H. Grotius.
Hugo Grotius (1583-1645) en su De jure Belli ac Pacis (1625), propone los principios y los elementos de un derecho universal que apunta a definir las reglas en función de las cuales se  deberían regir las relaciones entre Estados soberanos, tanto en la paz como en la guerra, de manera de proteger a los individuos implicados en tales conflictos.
Esta preocupación, lleva a Grotius a afirmar la universalidad del Derecho sobre la naturaleza del hombre, en su acepción más racional.  La sociedad política, para este jurista holandés, es un resultado objetivo de la sociabilidad humana, o sea, es una realización de las leyes de la naturaleza.  Esta sociedad política –interna e internacional- emana de una decisión voluntaria de sus integrantes (individuos o Estados soberanos), de manera de colocar la autoridad pública en una instancia soberana y perpetua cuya misión es asegurar la paz y la concordia.
En la visión de Grotius, el individuo es el centro de la organización estatal, y el Estado se sustenta en el consentimiento y la voluntad de la colectividad.  Grotius no es el creador del Derecho Internacional, pero su obra tiene la virtud de introducir la Razón en el derecho natural. Asi, el jurista holandés no fue un pacifista, sino un realista del pensamiento político, en tanto pretendía humanizar y legalizar la guerra, pero no suprimirla, y en cuanto sustenta el programa de un Estado universal, de una sociedad internacional conformada por todos los Estados, que mantengan las mejores y más armoniosas relaciones posibles entre sí.
El siglo XVII es una época de revolución intelectual y científica y Grotius forma parte de ésta poderosa corriente, cuando afirma que “el derecho deriva de la naturaleza, que es igualmente la madre de todos, y cuyo imperio se extiende sobre aquellos que dirigen las naciones…”, como aparece en su obra De mare liberum (1609).
 Por su parte T. Hobbes (1588- 1679) subrayó que el orden político se funda en un principio de autoridad y poder que se impone a la colectividad, el que reside en el Estado, y cuya soberanía es única e indivisible.  Para Hobbes, el ser humano es una individualidad corporal caracterizada fundamentalmente por su potencia: de aquí se deriva su visión del Estado y del poder.
Aquí nos encontramos en la transición entre el siglo XVI y el siglo XVII, un período en que numerosos autores cuestionan, desde el punto de vista de la Política, del Derecho y de la Filosofía, las concepciones idealistas y teológicas predominantes.  Hobbes escribe en su Leviatán: “…en una condición en la que los hombres no tienen más ley que sus apetitos personales, no puede haber norma general que establezca qué acciones son buenas y qué acciones son malas.  Pero dentro de un Estado, esa norma basada en el apetito individual de cada uno es ya falsa: no es el apetito de cada individuo sino la Ley, es decir, la voluntad y el apetito del Estado, lo que constituye la norma”. ([1]).
La soberanía del Estado es única, indivisible e ilimitada, según Hobbes. 
En el fondo de su visión, lo que pretende Hobbes es eliminar el estado natural de las relaciones políticas, en la que cada uno puede perjudicar o destruir a los demás, produciendo un choque caótico de voluntades e intereses, y reemplazarlo por una instancia superior cuya finalidad sea imponer un orden que junto con eliminar la violencia natural de los actores políticos, sea capaz de sustituir la guerra de todos contra todos, por la paz entre todos.
Tomando como punto de partida una concepción realista e individualista del ser humano, Hobbes afirma que la condición fundamental para que exista un orden político estable, es que la colectividad construya e institucionalice un principio de soberanía todopoderosa, y que consienta a obedecer a las leyes y a las decisiones que impondrá dicho poder, en cuanto encarnación de la soberanía.
El realismo dominante de T. Hobbes se prolonga en la experiencia de poder del cardenal de Richelieu (1585-1642) en el Estado absoluto francés, en el siglo XVII.
Richelieu inscribe la práctica del poder en la lógica de la Razón de Estado.  En la práctica de la Política de Richelieu más que en su retórica, los principios básicos son la permanencia y preservación del Estado, la continuidad y estabilidad de las instituciones, y la primacía del interés general representado y realizado en la práctica política por dicho poder estatal.
Como se analiza más adelante, la doctrina de la Razón de Estado encuentra sus raíces en los pensadores y hombres de Estado del Renacimiento, en un proceso que se asocia estrechamente con la formación y consolidación del Estado absolutista, la primera forma de Estado moderno históricamente conocida.
Los amplios cambios intelectuales incubados desde el Renacimiento, cristalizaron en la Epoca y la Filosofía de las Luces, verdadera revolución intelectual de la que se desprendieron novedosas proposiciones realistas.
El realismo de los iluministas viene sugerido desde Descartes (1596-1650), quién deduce y construye un modelo, un método y un instrumento dirigido al conocimiento demostrativo.  La razón cartesiana se dirige a establecer una ciencia eficaz, susceptible de ser aplicada en el mundo real, y el conocimiento teórico se dirige a conocer no sólo los cuerpos y las almas –tarea ya cumplida anteriormente por la filosofía escolástica y la teología-  sino además a construir ciencias e ingenierías capaces de permitir el gobierno de los seres humanos y la sociedades, de limitar las pasiones y ordenar el curso de la Historia.
En la poderosa vertiente cultural generada por el Iluminismo, el realismo político se manifiesta –entre otros elementos- en su especial valoración por el Derecho de Gentes, a través del cual se pretende regular las relaciones entre los Estados.  Estamos en pleno siglo XVIII.
 Asi, por ejemplo, Puffendorf influye en Diderot y D’Alambert para que éstos plasmen en la Enciclopedia (1751-1780) la lógica de la razón aplicada al quehacer político e internacional, y a toda la reflexión científica y filosófica.
La continuidad intelectual del realismo político con el período del Renacimiento y el Iluminismo, puede encontrarse   a través de los teóricos de la Nación- Estado en el siglo XVIII, asociados a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa.  Esta orientación contribuirá a una visión política realista, subrayando el lugar central del ciudadano (citoyen o citizen) y de la Nación,  en la construcción política y simbólica de un Estado soberano, unitario y territorialmente establecido y organizado, pero al mismo tiempo, desencadenará fuerzas sociales, políticas e ideológicas, cuyos efectos aún encontramos en el umbral del siglo XXI.
Por su parte,  las contribuciones de B. Spinoza (1632- 1677), de Ch. de Montesquieu (1689-1755), de G.W. Hegel (1770-1831), terminaron por despojar al pensamiento político de sus “lastres del pasado”.  B. Spinoza, por ejemplo, afirma que el mejor de los Estados es aquel que garantiza la seguridad y la paz, en un mundo en el que la fuerza coincide con el Derecho, es decir, donde la fuerza no es más que una manifestación de la Ley.
A través de B. Spinoza y R. Descartes, como se ha visto, el esfuerzo intelectual y teórico del realismo –aún en medio de un prolongado contrapunto con el idealismo- se entronca con el racionalismo emergente, y conducirá a los pensadores políticos a buscar construir una “política de la razón”, es decir, una política fundada en la racionalidad del ser humano como ser político.
Ch. de Montesquieu a su vez, propone que la investigación de las causas es la primera etapa que lleva al descubrimiento de las leyes que rigen la sociedad y la Política, de manera que el punto de partida de su método y de la novedad de éste, es suponer que la infinita diversidad de los seres humanos, puede ser comprendida mediante un orden inteligible. 
Su actitud científica realista se resume en su proposición de “describir lo que es, no lo que debe ser”.   Por esta vía, afirma que la Ciencia de la Política debe fundarse sobre la autonomía intelectual y moral de la Política, respecto de las demás actividades materiales e intelectuales.
Durante el siglo XVIII, C.A. Helvetius (1715-1771) señala un momento relevante en el desarrollo de una visión realista de los hechos y de la Política. 
Dentro de los filósofos iluministas, C.A. Helvetius (1715-1771) es quién mejor afirma la primacía del interés y del interés general como criterio central de lectura de la realidad y de la moral.  No solamente el interés preside todos nuestros juicios, sino que el realismo se extiende a la esfera moral, al afirmar que dicho interés (personal o general) es el único juicio de la probidad, del intelecto y del mérito, de manera que no son más que las acciones de los hombres, de donde el público puede juzgar su probidad. La libertad, a su vez, desde la óptica de Helvetius, es el ejercicio libre de las potencialidades del ser humano.  Para este filósofo, un hombre es justo, en la medida en que todas sus acciones tienden hacia el bien público, de modo tal que en cuanto a la probidad, es únicamente el interés público el que hay que considerar, como criterio para comprender la justicia, la verdad y la libertad, en cuanto valores cívicos.
Durante el siglo XIX, probablemente Metternich y O. von Bismarck, fueron la expresión  más acabada del realismo en Política, mientras K. von Clausewitz, siendo tributario de C. de Guibert y de una larga tradición occidental del pensamiento estratégico, propuso los fundamentos de una profunda y amplia visión estratégico- política, analizando los principios y las características objetivas del fenómeno bélico.    
El paradigma de la modernidad –que preside el desarrollo del mundo desde el siglo XVIII hasta hoy- supone que ésta representa un modo de civilización característico, que se opone a la tradición, es decir a todas las otras culturas anteriores, y que se centra en el individuo libre o autónomo, en la búsqueda del interés privado y la realización de la conciencia personal, así como en la incorporación creciente de la ciencia y de las técnicas con su racionalidad eficiente, a los procesos sociales, políticos y productivos.  Individuo y razón son así, los dos valores ideológicos, culturales y morales centrales de la modernidad.  En el mundo de la modernidad, lo realista reside en la búsqueda consciente y voluntarista de la racionalidad, en todos los fenómenos y procesos.
En ese período, el realismo se alimentó  además con el fortalecimiento metodológico y conceptual alcanzado por las principales Ciencias Sociales: Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia.   A. Comte y E. Durkheim, fueron los autores más relevantes.
Entre el siglo XIX y el siglo XX, período durante el cual las grandes convulsiones sociales anunciaban las grandes guerras que asolaron el mundo entre 1914  y 1939, dos fuerzas ideológicas adquirieron una connotación relevante en la escena política: el marxismo sustentado en el ideario socialista clásico, y el nacionalismo respaldado en la afirmación histórica del hecho nacional en Occidente.  Ambas doctrinas nacen en Occidente y se nutren, en términos más o menos significativos, de un realismo político que se afirma en la creciente adhesión social que encuentran en las sociedades donde se instalan como fuerzas emergentes.
El realismo implícito en el marxismo (especialmente en su vertiente clásica, a partir de las elaboraciones de C. Marx y F. Engels), proviene tanto de su crítica filosófica contra la alienación humana provocada por el sistema económico capitalista dominante, como de su tentativa intelectual de develar los mecanismos económicos y políticos de dominación creados por dicho sistema, y por una cierta categoría social instalada en el poder: la burguesía. 
El marxismo -desde una perspectiva teórica e intelectual- se nutrió de los principales avances de las Ciencias Sociales en el siglo XIX, especialmente de la Sociología, la Economía Política y la Historia.
Lo que el marxismo clásico contiene de realismo (y que proviene básicamente de la tradición intelectual del Iluminismo europeo), es su capacidad objetiva para identificar la existencia de diferencias profundas y estructurales entre las diferentes clases y segmentos de la sociedad, y su formidable potencialidad crítica, para develar las fuentes del poder en la sociedad moderna y sus múltiples formas de dominación y explotación, pero ese realismo queda relativizado, cuando el marxismo anuncia la crisis terminal del capitalismo y la llegada de una sociedad socialista y comunista, y cuando carece de conceptos que le permitan explicar el retorno del socialismo al capitalismo.
A su vez, el nacionalismo desde el siglo XIX hasta hoy, ha sido una fuerza impulsora de movimientos sociales e ideológicos, de la formación de partidos y fuerzas políticas,  de guerras civiles e internacionales. 
El nacionalismo convertido en fuerza política e intelectual, se apoya en el poderoso sustrato cultural formado por la identidad territorial y grupal constituída a lo largo de un período histórico, por una comunidad de individuos, grupos y familias, los que al alcanzar la condición nacional, la convierten en una creencia cohesionadora.  Naturalmente, que siempre es necesario distinguir el nacionalismo espontáneo de los pueblos, de los nacionalismos políticos reaccionarios  producidos por los ideólogos conservadores y racistas.
Cualquiera sea la tendencia ideológica que se apropie del hecho nacional, el fenómeno objetivo que debe considerarse políticamente, es que el hecho nacional y la creencia nacionalista constituyen todavía poderosos resortes políticos y sociales, aún en las condiciones de la sociedad de hoy, crecientemente  globalizada e interdependiente.
La constitucion de la Ciencia Politica
 en el siglo XX
La Política del siglo XX, puede ser comprendida y considerada como la política alienada, individualista e ideologizada que entra en crisis consigo misma y con la racionalidad  moderna.  La Política ha chocado con la Modernidad y con la Razón, en un siglo en el que el realismo ha llevado tanto por el camino de la prudencia y del equilibrio, como por la senda de la agresión y la violencia.
A su vez, la tradición realista se desarrolla durante el presente siglo  en dos direcciones intelectuales complementarias: por un lado, la racionalidad política del pragmatismo en los sistemas nacionales, y por el otro, las aplicaciones del realismo a la esfera de las Relaciones Internacionales, de la Estrategia y de la Polemología.
Tres fenómenos mayores marcan la evolución del realismo en el siglo XX: la lucha interminable de la democracia y el Estado de Derecho, como sistema de gobierno, frente a sus enemigos dictatoriales y autoritarios; la experiencia de las guerras mundiales y de las guerras ideológicas, con su corolario estratégico del hecho nuclear; y la problemática económica, política y cultural del desarrollo y el subdesarrollo.
Las dos Guerras Mundiales y el ciclo de la bipolaridad Este- Oeste (1945-1990), potenciaron la escuela realista con una visión objetiva, descarnada y fría de los múltiples juegos de fuerzas, intereses y manifestaciones de poder, que caracterizan a las relaciones entre los Estados.
La experiencia de las dos Guerras Mundiales puso de relieve dos fenómenos que influyeron sobre la evolución intelectual de la escuela realista de las Relaciones Internacionales. 
Uno de ellos, fue el logro una mayor conciencia en cuanto a la relatividad de los tratados y acuerdos internacionales, si ellos no están suficientemente respaldados por una adecuada estatura política y estratégica de los respectivos  Estados contratantes, lo que ha contribuído, en cierto modo, a otorgar un mayor realismo y pragmatismo a las decisiones y a las conductas de Estados y gobiernos.
La I Guerra Mundial y el conjunto de conflictos anteriores que desembocaron en ella (guerra ruso-japonesa de 1905, guerras balcánicas de 1912 y 1913), así como los numerosos esfuerzos de paz y de conciliación internacional (Conferencias de La Haya, Conferencias Navales, etc.), demostraron la necesidad de la existencia de una organización internacional amplia, que otorgue respaldo a la creciente  normativa jurídica que surgía de la voluntad e intereses de los Estados.
El fracaso de la Sociedad de las Naciones, para impedir los cada vez más frecuentes conflictos en Europa y otras regiones del mundo, en la década de los años 30, y para frenar las ambiciones imperialistas de algunas naciones europeas, demostró precisamente que el Derecho Internacional -en las condiciones de la sociedad moderna y tecnificada actual, dotada de armamentos de creciente sofisticación, letalidad y precisión- no puede tener mayor fuerza ni eficacia, que la que emana de la voluntad política explícita de los gobiernos y Estados que lo pactan y de la suficiente estatura política, diplomática y estratégica de esos mismos Estados, a fin de garantizar su cumplimiento.
El otro fenómeno, fue el logro de una mayor comprensión y conciencia universal, acerca de las posibilidades aterradoras de destrucción total, que la propia especie humana es capaz de inflingir a otros seres humanos, como consecuencia de determinadas ideologías políticas. 
De las dos mayores conflagraciones mundiales, y especialmente después de la II Guerra y de los Tribunales de Nuremberg y Tokio y otros procesos históricos, ha emanado gradualmente una conciencia humanitaria, que no solo apunta al fortalecimiento de los derechos de las personas, los grupos y las minorías ante el poder del Estado, sino también ha continuado en la tendencia a cristalizar tales derechos en normas del Derecho Internacional, susceptibles de ser aplicadas en cualquier lugar del mundo, dando forma –desde 1945 en adelante- a una suerte de extra-territorialidad moral y jurídica aún en vías de configurarse.
Este Derecho sin embargo, continúa requiriendo de una afirmación pragmática de la personalidad internacional de cada Estado soberano.
Entre los más destacados exponentes de la escuela realista, durante la segunda mitad del siglo XX, hay que mencionar a G. Bouthoul en el desarrollo de la Polemología, K. Friedrich y C.W. Deutsch en el campo teórico de la Ciencia Política, R. Aron y H. Morgenthau en la esfera de las Relaciones Internacionales, los que encontraron seguidores destacados en las décadas de los sesenta y los setenta, en autores como B. Brodie, N. Spykman, H. Kissinger, Z. Brzezinski, G. Kennan, A. Wohlstetter y H. Kahn,  entre otros. 
En particular, H. Kissinger y Z. Brzezinski desarrollaron en el plano teórico y práctico, una concepción realista de la disuasión, aplicada a las difíciles condiciones contemporáneas del hecho nuclear, al mismo tiempo que elaboraron y trataron de aplicar una visión del equilibrio político y estratégico y la estabilidad en la esfera internacional, incorporando un desarrollo específico de la teoría del dominó al complejo juego de fuerzas políticas y militares que allí tienen lugar, a través de un estudio pragmático de los intereses en conflicto en las relaciones entre las naciones-Estados.
Es necesario subrayar que H. Kissinger, G. Kennan, A. Wohlstetter y H. Kahn, sin embargo, a diferencia de los realistas teóricos de principios de siglo, tuvieron la virtualidad de llevar el pragmatismo doctrinal que sustentaban, a la esfera de la aplicación concreta en la realidad del ejercicio del poder en la esfera internacional.
  A decir verdad, en el siglo XX, el realismo político encuentra líneas muy estrechas de conexión intelectual con el realismo estratégico.
Revisemos algunas de sus líneas matrices de desarrollo.
Después de la II Guerra Mundial, el escenario internacional pareció dominado por las visiones estratégicas y políticas orientadas a la confrontación entre Oriente y Occidente. 
El hecho nuclear introdujo además, una creciente dosis de incertidumbre en los cálculos estratégicos de los actores internacionales.
Por el lado estadounidense y occidental, Winston Churchill, Truman y George Kennan inauguran el enfoque bipolar, a partir del concepto de que la superioridad estratégica (real o supuesta) de la Unión Soviética, constituía un dato inaceptable para la posición político-estratégica de Estados Unidos y de todo Occidente, y de dicha “brecha” debía ser cerrada.
Entre 1945 y 1953, la visión política de Estados Unidos es la del containment , basada en la lógica de que había que contener o parar la ofensiva de la URSS, en todo lugar donde ésta se manifieste.  Naturalmente, este enfoque presupone la existencia de arsenales estratégicos suficientemente dotados para poder servir a tal política.
El realismo americano de la primera post-guerra, se alimenta del deseo de mantener la superioridad de los intereses estadounidenses en el mundo, y de combatir al comunismo allí donde éste emerja y ponga en riesgo dichos intereses.
A su vez, la URSS construye en éste período, la estrategia de la fortaleza asediada.  J. Stalin define entonces que la URSS se encuentra crecientemente sometida a una estrategia occidental de amenaza que los rodea territorialmente.  El “muro de Berlín” y la “cortina de hierro” que acusa Churchill, convenía a ambas partes: los sovéticos lo utilizan como muro defensivo e impermeable y glacis de contención,  frente a las numerosas alianzas militares que EE.UU. tejió a su alrededor, y los occidentales lo utilizan como arma retórica, y como justificación del armamentismo.
La URSS formuló entonces una definición territorial de la potencia estratégica, y los EE.UU., generan una fórmula de contención ante todos los movimientos soviéticos en el exterior.  Cada uno percibe en los gestos, pasos, decisiones, acciones y omisiones del adversario, una estrategia de agresión que debe ser respondida.
En el período soviético, los pensadores políticos coinciden con los gobernantes, de manera que V.I. Lenin, fundador del Estado soviético fue el primero en formular una visión político-estratégica global.  Desde el punto de vista del realismo político marxista, el concepto leninista del imperialismo como última fase del capitalismo constituye el fundamento doctrinal sobre el cual su sucesor J. Stalin, elaboró la doctrina de la Unión Soviética como el primer y único Estado socialista, en función de la cual los pensadores militares trabajaron la noción de la fortaleza asediada por las fuerzas del capitalismo y el imperialismo.
A la muerte de Stalin, en 1953, se inicia un nuevo período de formulaciones político estratégicas.  N. Khroutchev en sus sucesivos Informes del Comité Central al Congreso del PC de la URSS, desarrolló la política de la coexistencia pacífica, la que pretendía combinar el potenciamiento de la capacidad militar y el armamentismo estratégico de su país, con la mantención de relaciones de coexistencia pacífica y competitiva con los Estados Unidos en todas las regiones del planeta.
Esta orientación reveló sus imperfecciones con la Crisis de los Misiles de 1962, la que le costó su salida del poder en 1963.
L.Breshnev, a medida que fue afirmando su hegemonía al interior del aparato de poder de la URSS, desarrolló la doctrina de la intervención  limitada, al mismo tiempo que fortaleció la capacidad estratégica intercontinental y marítima de su país.  La política estratégica de la URSS de Breshnev, a pesar de su fuerte realismo clausewitziano, comenzó a hacer crisis con la Primavera de Praga (1968) y la invasión de Afganistán (1979), en las que el propio edificio intelectual del marxismo-leninismo comenzó a perder su atractivo intelectual y su poder explicativo teórico y práctico.
El advenimiento de M. Gorbatchov (1985) significó la aparición de una política realista de glasnost (transparencia), de perestroika (apertura) y de desarme regulado y compartido con Estados Unidos, lo que constituyó en la práctica, un reconocimiento pragmático del atraso tecnológico de la URSS ante los EE.UU., y de la necesidad de democratizar el socialismo, lo que a su vez, se correspondía con la presión social que surgía en otras naciones de Europa Oriental (Polonia en particular).    El libro Perestroika de 1987, puede considerarse como la elaboración más acabada de la nueva visión política soviética representada por M. Gorbatchov, en la que postula un nuevo esquema de relaciones con Estados Unidos, basado en la cooperación, el desarme equilibrado y gradual de las fuerzas y el retiro de las respectivas tropas nacionales de territorios extranjeros.  Este enfoque –profundamente realista- no pudo impedir ni frenar las poderosas fuerzas internas y externas que condujeron a la implosión soviética.
Como se verá más adelante, el realismo político encontró su corolario en el pensamiento estratégico de manera que toda la idea de la disuasión clásica al llevar a un impasse militar, terminó por conducir  al término de la lógica de la bipolaridad en 1989 y 1990, abriéndose el actual período de transición e incertidumbre.
 

¿Cuál es la postura del realismo actual en la esfera internacional?
 

El realismo político del presente, especialmente en las Relaciones Internacionales, se nutre del reconocimiento de la coyuntura transitoria e impredecible que experimenta el mundo actual, de la identificación de causas cada vez más complejas y variadas en el orígen de los conflictos y las guerras, y de la necesidad de afirmar la Política Exterior del Estado en una identificación pragmática y objetiva del balance de poder y del juego de intereses que se manifiestan en su entorno internacional.
LA POLITICA DE LA RAZON DE ESTADO
Uno de los componentes conceptuales básicos del paradigma realista de la Política, se encuentra en la Política de la Razón de Estado.
La Ciencia Política moderna parece haber eludido un examen minucioso en torno a uno de los mecanismos políticos más importantes y decisivos para asegurar la permanencia y continuidad del Estado.
Consideraciones históricas
La doctrina de la Razón de Estado encuentra sus fundamentos históricos en las profundas mutaciones intelectuales y culturales que se manifiestan en el Renacimiento europeo en los siglos XV y XVI.
 

 

La Razón de Estado es una creación política –o un descubrimiento intelectual- propio del Renacimiento europeo.  En el clima  político y cultural inquieto de las ciudades italianas del siglo XV y XVI, autores humanistas como F. Guichiardinni, C. Salutati, Leonardo Bruni entre otros, influyeron para que N. Maquiavelo y G. Botero elaboraran una primera formulación  doctrinal, poniendo al desnudo la realidad del poder del Estado, y fijando los principios para que éste naciente aparato de poder y de gobierno, pudiera perpetuarse en el tiempo y trascender a sus funcionarios. Mientras Maquiavelo fue el primero en separar la Política de las religiones y teorías idealistas, Giovanni Botero comprendió que la Razón de Estado era la propia manera de funcionar del Estado.  Según la nueva doctrina, la Política es un arte pragmático y positivo, es una práctica racional que recoge y sintetiza en sus cálculos, los datos de la realidad concreta y de la experiencia.  Posteriormente, J. Bodin, T. Hobbes, así como las experiencias de gobierno del Cardenal de Richelieu y del propio M. Robespierre en el siglo XVIII, vinieron a confirmar sus alcances y límites.
 

La doctrina de la Razón de Estado es el punto de convergencia de la modernidad y del poder, del realismo en política y de la búsqueda de una racionalidad en los actos humanos. 
Elementos para una definición
 de la Razón de Estado
Más allá de la retórica o del silencio que rodea al tema de la Razón de Estado, todo Estado moderno está dotado de una doctrina inmanente cuya función fundamental consiste en justificar su existencia, de manera de otorgarle cohesión doctrinal a su funcionamiento como institución de instituciones.
La Razón de Estado podría entenderse, en un primer sentido, como el conjunto de las decisiones y actos políticos cuya legitimidad y legalidad son problemáticas, y mediante las cuales un Estado soberano asegura su realización, sin perjuicio de los recursos internos o externos que permitan garantizar tales prácticas.  Sin embargo, la Razón de Estado no se confunde pura y simplemente con una política de transgresión de las normas ético-jurídicas bajo los efectos de una afirmación de hecho del poder coercitivo del Estado.
Es necesario reconocer que la conservación de un Estado o el crecimiento de su poder y potencia, deben ser incorporadas durante una larga tradición política e intelectual, dentro del ámbito de los fines legítimos que se proponen los gobernantes y los funcionarios del Estado.  
En última instancia, es el interés del Estado en el sentido amplio del concepto,  el objetivo, la guía y la justificación de los gobernantes, cualquiera sea el régimen político donde aquel tenga lugar.
El interés del Estado, no necesariamente coincide con el interés de la Nación, y ambos tampoco pueden necesariamente asociarse con el interés general, aunque estas tres dimensiones tienden a ser confundidas, labor que resulta precisamente del funcionamiento o de los mecanismos de la razón de Estado.
La Razón de Estado es la doctrina inmanente de la maquinaria estatal, que se orienta a preservar y asegurar su estabilidad, su permanencia y su continuidad en el tiempo, por encima de las variaciones coyunturales, y que trasciende a los individuos que ejercen el poder.
Los mecanismos de la Razón de Estado
El gobierno y la política de la Razón de Estado son inseparables de la realización de un conjunto de actos y operaciones políticas, a través de las cuales el Estado o alguna de sus instituciones fundamentales intenta preservar la continuidad esencial de la “maquinaria estatal”.
Cuatro son los mecanismos principales a través de los cuales se manifiesta el principio de la razón de Estado, en las organizaciones estatales modernas, a saber:
a)         Las políticas de silenciamiento de la acción estatal o de sus decisiones.
b)        Las políticas comunicacionales sistemáticas, en cuanto son conducentes a establecer una verdad oficial.
c)        Las técnicas de golpe de Estado.
d)        Las políticas de seguridad del Estado.
Veamos cada uno de estos mecanismos.
Se definen como políticas de silenciamiento al conjunto de procedimientos políticos y burocrático-administrativos destinados a ocultar los mecanismos y el proceso de toma de decisiones de las autoridades e instituciones del Estado.
 

El Estado tiende espontáneamente a ocultar de la opinión pública y del escrutinio ciudadano, los procesos de toma de decisiones especialmente aquellos que se sitúan institucionalmente en las esferas superiores de las estructuras de poder.
Los ciudadanos en definitiva, aún cuando cuenten con la acción vigilante de la opinión pública, sólo conocen las decisiones cuando éstas han sido adoptadas y son comunicadas o ejecutadas por la burocracia.
 

Las políticas comunicacionales, son operaciones sistemáticas de orientación de la información y del flujo de las comunicaciones estatales, a fin de presentar bajo el mejor aspecto posible y presentable, una verdad oficial.
 

 

Forma parte de los mecanismos normales de ejercicio de la razón de Estado, el que la maquinaria estatal tienda a elaborar, procesar, difundir y defender una verdad oficial, la que se configura en un conjunto –más o menos coherente- de afirmaciones, puntos de vista, interpretaciones y percepciones acerca de la realidad.
La verdad oficial es la interpretación que el Estado y/o sus autoridades dan a los eventos de la vida política, social, económica y cultural de la sociedad; se trata ciertamente de un punto de vista, de un enfoque diferente e incluso de un enfoque ideológicamente sesgado y dirigido.
Pero, además se trata de un conjunto de técnicas de elaboración y manipulación de los hechos y de la información, de manera de producir un determinado efecto comunicacional y político.
 

 

La técnica del golpe de Estado constituye una operación político-militar de irrupción violenta y de copamiento de las fuentes físico-geográficas de poder y de las instituciones fundamentales del Estado, a fin de satisfacer determinados intereses políticos.
 

En cuanto operación político militar, todo golpe de Estado supone la intervención –más o menos planificada- de fuerzas armadas o militares, sean éstas regulares o irregulares.
Todo golpe de Estado supone, al mismo tiempo, el doble objetivo de paralizar el funcionamiento de la maquinaria decisional y burocrática de las instituciones fundamentales del Estado (en particular de los poderes ejecutivo y legislativo); y poner en marcha nuevas estructuras, autoridades y/o procesos políticos decisionales.  Desde ésta perspectiva procedimental, la operación del golpe supone siempre tres tiempos, a saber: un primer tiempo, de preparación y creación de clima; un segundo tiempo, de ejecución de la operación y  de instalación del nuevo poder; y un tercer tiempo, de consolidación del nuevo poder.
En una perspectiva política general, el golpe de Estado puede ser el punto de partida o el momento culminante de una crisis política o institucional prolongada, o de una coyuntura insurrecional.
 

Desde el punto de vista de los motivos y sus ejecutores, se distinguen el golpe de Estado como una operación en la que intervienen militares y políticos; y el golpe militar en cuanto operación en la que intervienen solamente militares.
Desde el punto de vista de su operatoria, se distingue el golpe de Estado propiamente tal, rompiendo la legalidad vigente, y el golpe blanco que consiste en la ocupación política y militar del poder, dentro de los límites de la legalidad.
Desde el punto de vista de sus consecuencias físicas y humanas, se distingue el golpe cruento que implica daños materiales y bajas en vidas humanas, y el golpe incruento en el que la operación de toma del poder resulta tan súbita que las bajas son mínimas o inexistentes.
 

Las políticas de seguridad del Estado consisten en orientaciones generales de acción, dirigidas a prevenir y preservar la integridad física y material de las instituciones y autoridades del Estado, frente a amenazas internas y externas.
De este modo, todas decisiones y actos de los funcionarios y autoridades que operan desde el Estado tienden a impregnarse de una justificación oculta y silenciosa, cuya finalidad es la realización objetiva, impersonal y sistemática de tres condiciones o requisitos, esenciales para asegurar el funcionamiento del Estado:
a)                    su estabilidad (poniéndolo a resguardo de cambios, de desequilibrios, crisis o quiebres institucionales, que puedan arriesgar su ordenamiento jurídico básico);
b)                   su permanencia (en cuanto conjunto de instituciones instaladas en un espacio físico, geográfico y político propio y jurisdiccional, y en las que las autoridades y  funcionarios son siempre transitorios); y
c)                   su continuidad (es decir, que se asegura su existencia en el tiempo, trascendiendo a los individuos  que operan en él).
 

Al revelar la existencia de la doctrina de la Razón de Estado, queda en evidencia que la política y el poder son realidades objetivas, profundamente humanas, marcadas por el sesgo del conflicto, por la disparidad básica e incluso la confrontación de ideas, de fuerzas y de intereses.
La política de la Razón de Estado, se manifiesta en todas aquellas decisiones y actos de la autoridad política, tendientes a preservar el interés superior de la Nación o del propio Estado, a asegurar por cualquier medio (especialmente por medios legales, pero sin descartar los medios no-legales o ilegales) la permanencia y unidad del Estado y de sus instituciones básicas, la estabilidad de dichas instituciones o su continuidad en el tiempo, así como su estatura política, diplomática y estratégica en el campo internacional.  Se trata en la práctica política, de medidas de carácter riguroso, no siempre populares ni del agrado de la opinión pública, y por ello, frecuentemente incomprendidas y criticadas.
Lo que realiza la idea de la Razón de Estado, es que introduce el desvelamiento del logos de la política, del poder y del Estado. 
Desde esta perspectiva profundamente realista, el Estado no es una fuerza ideal y superior que se impone sobre el espíritu de los hombres, sino que ahora, al ponerse en evidencia la existencia de la Razón de Estado, queda al desnudo que el Estado es, en primera y última instancia, una maquinaria organizada de poder y de mando, que funciona dentro de la esfera política de la sociedad, dominada por los intereses, por las estrategias, los cálculos y los juegos de poder y de guerra de quienes ejercen el poder.
En la práctica política, la Razón de Estado se realiza permanente y cotidianamente, cada vez que el poder político es ejercido por una autoridad o funcionario, por cuanto a través de sus decisiones y actos de poder, ambos están cumpliendo con sus propias metas y objetivos y están contribuyendo a realizar en el presente, los fines de permanencia y continuidad del Estado al que sirven.
De este modo, el poder político del Estado moderno encuentra en la Razón de Estado una lógica propia, una racionalidad explicativa que le da coherencia en el tiempo y en el espacio.  El poder político no podría ejercerse en el Estado y aún mediante los instrumentos de poder que le son inherentes (tribunales, ejército, policía), si quién ejerce tal poder no tuviera la certeza que sus decisiones serán cumplidas y ejecutadas por una cadena de funcionarios, y que a través de dicha cadena orgánica de individuos, el Estado se asegura su permanencia y su continuidad.  Es como si el Estado, adquiriendo una personalidad propia, se reprodujera a sí mismo, asegurándose de paso su propia permanencia.
 

 

Política y poder en la Razón de Estado
 

 

La Razón de Estado, de este modo, no es el deber ser del Estado como aparato político o de la Política como forma de relación para organizar el gobierno de la sociedad, sino que es el Estado y la Política tal como son en la realidad objetiva. 
Por ello se afirma que la política de la Razón de Estado no es solamente el realismo político en su estado más puro, sino también es la propia Política de Estado, en su forma más objetiva, en sus finalidades más amplias y prospectivas, en sus manifestaciones más pragmaticas y eficaces.
Para la política enfocada, pensada y realizada desde esta perspectiva, lo que cuenta es el poder, lo que importa son los hechos concretos, lo determinante son las fuerzas, capacidades y recursos de que dispone realmente cada actor, y no las intenciones, las retóricas o las declaraciones de principios. 
Lo esencial siempre  es la preservación de la unidad del Estado –como territorio y como jurisdicción soberana- y todo lo que la altere o ponga en riesgo, choca con una razón de Estado que vigila su cohesión esencial.
Aquí, a diferencia de otras perspectivas doctrinales o ideológicas, lo central es la capacidad objetiva de actuar con eficacia, con capacidad de realización.
La política de la Razón de Estado es la política del poder, un poder completamente desnudado de toda pretensión idealista, de toda veleidad imaginaria, de toda intención discursiva: los hechos y los hechos políticos tal como son, y no como uno quisiera que fueran.  Más que “una moral en acción”, ésta forma de hacer Política es “la acción moral y pragmática”.
 

 

Cuando el político se guía por estos criterios pragmáticos, se aleja de la posibilidad de confundir sus deseos con la realidad, y pone su capacidad de influencia, de acción y de realización, al servicio de una idea superior (e incluso de una utopía) que le puede permitir sobrevivir a los avatares de la política cotidiana y a las cambiantes coyunturas, situándose en una perspectiva de largo plazo.
La Política no es lo que parece, sino lo que es en realidad: un juego dinámico y cambiante de decisiones y actos motivados por intereses, en el que cada actor calcula sus estrategias, movimientos y retóricas para ganar posiciones en cada arena política, y lograr en definitiva influir y predominar.
En la política de la Razón de Estado, la fuerza está al servicio de la razón, es decir, de la Política como función superior y gobernante.  De aquí se desprende que la compulsión o la coerción, que son el resultado inmediato de la fuerza, funcionan siempre en la lógica de que la fuerza es un instrumento racional al servicio de una Política pragmática y eficaz: la Política siempre  es la idea y la fuerza es el instrumento.
Esto no quiere decir que la Razón de Estado carezca de ideales o de moral, como le atribuyen sus detractores.  Por el contrario, el ideal aquí es el pragmatismo irrecusable de los hechos, es el logro objetivo de las realizaciones, es el cumplimiento irrestricto de las promesas, es la política de las obras antes que de las promesas, es el Hacer más que el Decir: un ideal utilitario, funcional y eficaz, que se opone a la política tradicional de anuncios y proclamas, sustentándose en una ética incorruptible de la eficiencia, de la verdad, de la justicia y del deber cívico.
La doctrina de la Razón de Estado, aunque ha desaparecido como tema de interés para los pensadores y hombres de acción, ha pasado a incorporarse en el funcionamiento normal de todos los Estados, y aparece frecuentemente puesta de relieve tanto en la política interna, como en las Relaciones Internacionales, en las esferas de la Política, la Diplomacia y la Estrategia.
 

 

 

CONSIDERACIONES HISTORICAS
SOBRE EL REALISMO
EN LA ESFERA ESTRATEGICA
Y EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Como se podrá apreciar a continuación, existe una clara conexión intelectual, por lo menos en la tradición cultural de Occidente, entre el realismo político, entendido en los términos definidos más arriba, y el realismo estratégico, entendido a su vez, como una perspectiva teórica, doctrinal y práctica que tiende a privilegiar la problemática del poder y las correlaciones de fuerzas, para comprender los procesos políticos y estratégicos y los conflictos en las relaciones internacionales.
Esta tradición encuentra sus bases fundacionales en la práctica estratégica de algunos líderes militares de la Antigüedad, en ciertos pensadores y en la tradición histórica que allí se originó.
El realismo estratégico de la Antigüedad
Poco se sabe sobre la experiencia guerrera, o las relaciones que entablaron las primitivas comunidades en la Prehistoria.
Los  testimonios gráficos y pictóricos del Paleolítico (Lescaux, Altamira…), no se centran principalmente en escenas de batallas, sino de cacería, por lo que debemos aproximarnos a la Antigüedad para comprender las primitivas formas de pensar y actuar en Estrategia.
Un panorama histórico e intelectual del realismo centrado en el campo estratégico dentro de Occidente, no estaría completo si no mencionara además, la significación e influencia producida por los encuentros y conflictos entre los europeos y otras civilizaciones.
Así entonces, debiera reconocerse que autores como Sun-Tzu desde la tradición cultural china o Ibn-Kaldhoun como manifestación polemológica de la civilización árabe, constituyeron paradigmas estratégicos que, habiendo influído decisivamente en el pensamiento militar y político de sus culturas, trascendieron inspirando las conquistas y el quehacer “internacional” de los pueblos que tuvieron contacto con ellos.
Hace más de 2.000 años, Sun-Tzu un misterioso filósofo guerrero chino, recopiló un conjunto de máximas hoy conocidas bajo el nombre de El arte de la guerra.  Allí Sun-Tzu recogió los aspectos esenciales de la sabiduría guerrera oriental, de manera que el conjunto de la obra se orienta a demostrar que la eficiencia máxima del conocimiento y de la estrategia, es hacer que el conflicto sea totalmente innecesario. Sun-Tzu se ocupa de los criterios estratégicos de la guerra, del orden de batalla, de la fuerza, de las maniobras, de la utilización de espías y la adquisición de la información, y de la importancia del terreno, asumiendo un enfoque pragmático cuya modernidad está fuera de discusión.  Hay en la lógica de Sun-Tzu un realismo implacable, una frialdad absoluta en el camino y los medios hacia el objetivo final, pero siempre toma en cuenta al estratega, al ser humano, en cuanto individuo dotado  de un juicio racional y objetivo, para evaluar fríamente las cambiantes situaciones reales.
El paradigma estratégico chino iniciado por el maestro Sun-Tzu, ha predominado en el mundo oriental hasta el siglo XX.
Si adoptamos una perspectiva global y reconocemos el juego dinámico de influencias que operan en este campo, comprenderemos que, por ejemplo, la experiencia militar de las Cruzadas (entre los siglos XI y XIII de nuestra Era), no sólo significó una empresa conquistadora de los ejércitos feudales europeos, sino que además, pusieron en contacto –estratégico, económico y cultural- a dos civilizaciones disímiles, ninguna de las cuales resultó totalmente inmune a la influencia de la otra.
Tal es también el caso de la empresa conquistadora española que –como se verá más adelante- al contacto con las culturas originarias de América, no sólo desplegó su milenario saber guerrero –aún impregnado de un acento épico y feudal- sino que recibió el impacto de esos pueblos con sus tácticas de hostigamiento, dispersión y ataque en bandada.
Durante la Antigüedad, surgen los primeros atisbos de la idea de comunidad internacional.  El concepto se arraiga en la necesidad y búsqueda de normas que permitan ordenar y regular las relaciones y los intercambios entre los Estados y los gobiernos.
El primer testimonio histórico de un Tratado internacional se remonta al 1277 AnE. en el que hititas y egipcios (bajo Ramsés II) acuerdan un tratado de paz y fraternidad, y en cuyas estipulaciones se encuentran: la renuncia mutua a todo proyecto de conquista de sus respectivos territorios,  se establece una alianza defensiva, y se acuerdan formas de cooperación en el castigo de súbditos delincuentes y su extradición mutua.
Heródoto y Tucídides, respectivamente, señalan también la existencia de Tratados de alianza en el siglo V AnE., entre varios pueblos griegos como respuesta a las necesidades de regulación de sus vínculos con Estados y pueblos “bárbaros”: dieron así orígen a la práctica del asilo político, ensayaron  los pactos de arbitraje, e iniciaron la realización de los congresos anfictiónicos en los que se acordaban las reglas jurídicas comunes entre los diversos pueblos y ciudades-Estados de la Hélade.
Siguiendo una inspiración realista y pragmática, fueron las realidades objetivas e impostergables de los crecientes vínculos  entre los actores políticos en la esfera internacional, las que impulsaron el surgimiento de normas e instituciones, a partir de las cuales se pudiera hablar de comunidad internacional.
El realismo estratégico de la prolongada época de la Antigüedad, está marcado por  una fuerte tendencia a una política imperial de conquista, es decir, por una lógica de poder y de dominación, según la cual cada Estado que alcanzaba una estatura política y militar significativa, consideraba su derecho la dominación de territorios y pueblos vecinos, hasta alcanzar la forma imperial.
Esta fue –entre otros- la experiencia de Hammurabi, fundador del imperio babilonio (hacia 1750 AnE), de Amenofis III (1410-1379 AnE) con el imperio egipcio, de Salomón (972-932 AnE) en el espacio israelita del Medio Oriente, de Asurnazirpal (883-859 AnE) y Asurbanipal con el imperio asirio, o de la dinastía Ts’in en la que Che-Houang-Ti fundó el imperio chino (221-207 AnE).
La Antigüedad clásica que conocemos sin embargo, inaugura su experiencia estratégica con la Guerra de Troya, si es que no queremos remontarnos a las bíblicas batallas que enfrentaron al pueblo judío con los filisteos y los egipcios.
La Grecia clásica hace escuela de realismo estratégico, mediante una tentativa exitosa de expansión comercial y guerrera contra Troya (hacia el 1.250 AnE) como lo ilustra Homero en  La Ilíada.  Los griegos coaligados montan una expedición marítima llevando en sus naves un ejército perfectamente equipado para un largo sitio.   La concepción estratégica es de un realismo puro: se trataba de vencer la oposición de Troya a la expansión de las líneas de comercio de las polis griegas, tal como lo hará varios siglos más tarde, la República romana ante la oposición de Cartago.
Hay quienes han visto en la historia de las guerras de la Antigüedad, los inicios de una histórica confrontación entre potencias terrestres y potencias marítimas.  Este criterio de lectura nos podrá servir en ciertos casos caracterizados, pero no será el único. 
El imperio persa fue probablemente uno de los casos más notables de perseverancia en el ejercicio del poder imperial.  El imperio persa representa una vasta dominación política y territorial entre el siglo VI AnE hasta el VII NE.  Ciro II (559-520 AnE),  Darío I el Grande (522-486 AnE) y Jerjes I (486-465 AnE) representan la etapa más floreciente de la dominación persa, abarcando  desde las costas de Asia Menor hasta  el río Indo, y desde el océano Indico hasta  el Mar de Aral.  Un imperio de dominación exclusivamente terrestre, que combinó una organización territorial (las satrapías), un sistema monetario e impositivo único, vías de comunicación y ejércitos dotados de una alta movilidad.
Del mismo modo, hacia el 300 AnE., se consolidaron en China los siete Estados, que dan forma al llamado Período de los Reinos Combatientes.  Después de 400 años en que predominan las tendencias a la división feudal, a través de diversas guerras y otras formas de decantación política, el vasto imperio chino comienza a orientarse hacia la configuración de grandes unidades políticas. 
Este proceso culminó en la formación de un solo Estado, hacia el 221 AnE con el emperador Qin-Shi-Huangdi, quién organiza una administración central y un ejército de arqueros y lanceros, sobre el que se asentó el nuevo poder.  Hacia el siglo III AnE, China inicia un lento y prolongado proceso de construcción estatal e imperial.
Lo que importa subrayar es que, en medio de su experiencia conquistadora y guerrera, numerosos pueblos de la Antigüedad clásica, y en particular el pueblo griego, aprendieron gradualmente a pensar política y estratégicamente no sólo en términos de unidades políticas aisladas que se enfrentan (Estados, polis, señoríos y ciudades), sino también en términos mundiales o universales, guardando las debidas proporciones geográficas del “mundo conocido” que ellos tenían.  Probablemente, ésta es la mayor contribución de Grecia al pensamiento estratégico e internacional.
Los griegos con su concepción de la Hélade enfrentándose al poderío masivo de los ejércitos persas (siglo V AnE), son acaso los primeros en Occidente que abren una perspectiva histórica y realista de comprensión del mundo que les rodea y en el que les toca actuar, y al mismo tiempo dan los primeros pasos en la configuración de la idea de comunidad y Derecho internacional. 
Su realismo los impulsa a aliarse entre ellos, frente al peligro de la dominación oriental, de manera que la amenaza exterior no solo les proporciona una intuición de unidad cultural y política, sino que les enseña una de las primeras lecciones maestras del pragmatismo político y estratégico: “si estás en desventaja ante tu adversario, busca buenos aliados”.
Este es el significado político profundo que aporta la retórica de Pericles desde la experiencia estratégica de la Atenas clásica (492-429 AnE): solo la unidad de los débiles, les permitirá vencer al más fuerte.
Al mismo tiempo, la obra de los historiadores, Heródoto (486-420 AnE), Tucídides (465-395 AnE) y Jenofonte (430-355 AnE) en primer lugar, permite efectivamente ampliar la visión del mundo real que tenían los griegos, comprensión innovadora de la que no hay que descartar  a los primeros geógrafos y cartógrafos, de manera que los helénicos no sólo se ven como parte de un mundo muy variado y complejo, sino que se retratan a sí mismos dentro del mundo.
El primer testimonio de la Estrategia aplicada en la Antigüedad griega, se  encuentra en La Ilíada de Homero (hacia el 750 AnE) en el que se ponen de manifiesto tanto las cualidades literarias del autor, como los aspectos técnicos de las tácticas guerreras terrestres de griegos (falanges de hoplitas) y troyanos.  Desde una perspectiva realista, la obra de Homero subraya las tendencias expansivas del pueblo griego y su creciente influencia en el espacio mediterráneo.  La guerra de Troya duró 10 años y al término de ella, las ciudades griegas iniciaron un largo proceso de crecimiento y predominio imperial.
 
Hasta esta etapa de la Historia de Occidente, el horizonte mental, político y geográfico de los estrategas y gobernantes griegos es el Mediterráneo.   El mundo llega hasta las “Columnas de Hércules”.
Entre La Hélade y el dominio de Alejandro el Magno, pudiera verse una cierta solución de continuidad, aunque el quiebre intelectual y político que produce su dominación, puso de relieve el fracaso de la polis griega como forma política adecuada para un mundo dominado por vastas construcciones imperiales.
Alejandro no escribió sus conquistas ni teorizó acerca de su imperio, pero su genio consiste precisamente, en la realización objetiva de una vasta obra de confederación de culturas, pueblos y Estados diversos.
Sin embargo, fue Julio Cesar (101-44 AnE), el gran conquistador romano, quién primero tuvo una de las intuiciones estratégicas más realistas: la idea de que la supremacía militar conduce casi irremediablemente a la dominación política. 
Cesar fue el primero que hizo uso del arte de la Política para conquistar las voluntades y la adhesión, al mismo tiempo que utilizó el arma del arte de la Diplomacia, para convencer a sus conciudadanos y a otros pueblos de las ventajas de su dominio, en una adecuación realista con el arte de la Estrategia, ampliando los límites de las conquistas romanas,  poniendo en práctica así una política de poder en la que combinó la satisfacción de sus intereses y ambiciones personales, con la preservación y ampliación de los intereses vitales de Roma.
Diversos historiadores han visto en la obra literaria de Julio Cesar, especialmente en sus Comentarios de la Guerra de las Galias, como un clásico de la propaganda política, en la que el general y Senador victorioso, junto con reivindicar las victorias obtenidas en el campo de batalla sobre los pueblos galos, se sitúa por encima de las rencillas políticas que atraviesan la República.  En ella, se describe la confrontación entre la táctica de bloque y de rodillo compresor utilizada por las legiones romanas, y la táctica de guerrilla organizada por los diversos pueblos francos.   La ocupación romana a continuación –hecha en base al poblamiento estable y a la construcción de una cadena de aldeas-fuertes fronterizas, el “limes” imperial, permitió extender los límites del Imperio hasta el Norte de Europa y la Germania.
Es importante subrayar que la lógica realista de los romanos, aplicada en la esfera estratégica les permitió lanzarse a la conquista del mundo que los rodeaba.  Para ello, dividieron a los pueblos vecinos para combatirlos unos a otros; se sirvieron de los pueblos sometidos, para dominar a aquellos que no lo estaban; intervinieron en los conflictos internos de los pueblos no sometidos a fin de proteger a los débiles, y lograr con ello el dominio; ejecutaron un estilo de guerra sin cuartel, de manera de ser más inflexibles en las derrotas que en las victorias; e invadieron los territorios vecinos bajo el pretexto de defenderlos de sus enemigos.
No deja de ser sugestivo constatar que, paralelamente a la evolución política de las culturas europeas y asiáticas, en América, diversos pueblos como los olmecas (300 AnE-300 NE), la cultura de Teotihuacán  (100-200 NE), o los aztecas y mayas en América Central (400 AnE- 1000 NE) construyeron sistemas políticos de rasgos imperiales, combinando conquista militar y económica, dominación político y fuertes influencias culturales y religiosas.
Los aztecas extendieron su dominación desde el centro de México, durante casi un siglo (1440- 1521 NE), a partir de la Triple Alianza de reinos-ciudades (Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán), en una combinación política de capacidad de aprendizaje, fuerza militar organizada, y una política diplomática hábil y flexible.
Del mismo modo, a partir de los horizontes culturales Chavin y Nazca, los imperios de Tiwanaku (siglos VII al XI NE) y de Tahuantinsuyo en América del Sur, configuraron una amplia estructura de dominación política y económica, que llegó a su apogeo con Thupa Inka Yupanki y Wayna Qhapaq (1463-1493 NE), y que supo equilibrar un cierto grado de autonomía relativa de los señoríos locales, con una estructura centralizada de poder supraterritorial, adaptándose –de un modo realista y pragmático- a las condiciones de una gran diversidad de pueblos y espacios geográficos conquistados.
Hay que subrayar aquí la importancia de la sacralidad del poder y la dominación que instauraron los pueblos americanos originarios.  Mayas, aztecas e incas dieron una relevancia excepcional al carácter místico, divino y sagrado de sus gobernantes imperiales, instaurando una tradición de poder elitista casi absoluto, que perduró mucho más allá de la conquista española.
Al otro lado del mundo, en China y en las grandes estepas de Mongolia, por su parte, se desarrolla la experiencia conquistadora del Imperio Mongol.   Bajo  el poder de Gengis Khan (1155-1227 NE), los ejércitos de arqueros y jinetes mongoles se convirtieron en una arma política, en una combinación realista de alianzas, saqueos, conquistas, incursiones relámpago y ocupación territorial.  En el siglo XVII, la expansión mongol decayó y fue finalmente detenida, ante  el crecimiento del poder manchú.
La lógica estratégica de la cultura china, ha sido sintetizada en numerosos autores, pero el más conocido es Sun-Tzu cuyo Arte de la Guerra (escrito en el siglo V AnE.) es considerado un clásico hasta el día de hoy.  Sun-Tzu enfatiza la importancia del dominio de la voluntad guerrera como parte de una visión humana integral en la que la fuerza se somete a los imperativos de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento.
El derrumbe de los grandes imperios de la Antigüedad, dió paso a una disgregación de la unidad política y territorial y a una poderosa tendencia centrífuga en la geografía política de Europa y Asia: así surgió el feudalismo.
La estrategia medieval
Probablemente la experiencia estratégica e internacional de Europa, en la época medieval, comenzó, entre otros hechos, con las invasiones de los marineros escandinavos.   Los normandos o vikingos ejercieron una combinación bastante pragmática de conquista depredadora, saqueo e intercambio comercial, sin buscar prioritariamente la ocupación territorial, durante un largo período que va desde el siglo VIII hasta el IX, en las costas de Europa occidental y del norte.
Numerosos autores han subrayado el aspecto épico de las guerras medievales.  Hayan sido motivados por el afán de conquista, por las necesidades dinásticas o las ambiciones principescas, los conflictos de la Edad Media se nos aparecen como guerras entre caballeros, que van adquiriendo un aspecto cada vez más refinado y barroco.
No es posible quedarse con ésta primera impresión.   Las prácticas guerreras y de la Política exterior de los Estados medievales, dejan traslucir un notorio realismo.
La formación del Imperio Carolingio, a partir de la coronación de Carlomagno (en el 800 NE), constituyó una expresión de las posibilidades y limitaciones del poer de los francos.  Se extendieron hacia  el Mar del Norte y el Báltico, hacia la región de Bohemia, hacia los reinos itálicos y España y en dirección de las regiones eslavas de los Balkanes.  Pero, a la muerte del emperador (814 NE), el Imperio carolingio se desmoronó en menos de dos generaciones.
En efecto, por debajo de la dialéctica y la elegante retórica religiosa, teológica o política de los guerreros y diplomáticos del Medioevo, se encuentra siempre una intrincada gama de intereses de poder y de dominio y de fuerzas poderosas y actuantes las que constituyen el material objetivo, concreto de las ambiciones y las pasiones desatadas en el campo de batalla o en los refinados salones.
Ya en esta época, resulta cada vez más claro que la guerra es un acto político que obedece a una finalidad política del gobernante.  A partir de Santo Tomás de Aquino, todos los autores medievales parten del principio realista de que la guerra justa debe ser conducida por el monarca, lo que conduce a relacionar el acto bélico como acción militar, con los intereses políticos que le daban justificación.
Así se puede considerar la obra  El arbol de las Batallas, como una de las primeras obras estratégicas medievales, publicada entre 1382-1387 por Honoré Bonnet, y donde ya se plantea el tema de la guerra justa y la responsabilidad política primordial del Príncipe [es decir del gobernante], en su organización y en su conducción.
Pero sin duda, la acción político-estratégica más relevante de la Edad Media, fueron las Cruzadas. Entre el siglo XI y el siglo XIII, numerosos reyes, príncipes y guerreros europeos de todo tipo enfrentaron a los ejércitos islámicos por el dominio de Jerusalén y otros territorios.  Se trataba de una época de abierta expansión de la dominación política y militar árabe, la que ejercía una fuerte presión geopolítica sobre todo el flanco sur de Europa, desde España por el oeste hasta Siria y Palestina por el este.
 ¿Qué mas grande acto de realismo estratégico que pretender recuperar la lejana Tierra Santa en el Medio Oriente, bajo una inspiración declaradamente religiosa y mística, cuando en realidad lo que se pretendía era asegurarse los mercados  orientales y las rutas de navegación y comercio con Asia, amenazadas por la expansión árabe?
La primera Cruzada fue proclamada en el año 1095, y demoró más de un año en ponerse en marcha, en la medida en que los señores feudales comprendían que para vencer, necesitaban asegurarse la superioridad militar en Oriente. Se desarrolló entre el 1096 y el 1099. La mayoría de los ejércitos se desplazaron por tierra, mientras que la expedición naval coincidió con las fuerzas terrestres a su llegada a Bizancio.
Desde una óptica estratégica e internacional, las Cruzadas pueden ser comprendidas como el choque de dos culturas políticas con vocación expansionista sobre el vasto espacio territorial de Europa oriental, el Medio Oriente y el Mediterráneo. Las consecuencias no solo fueron una suerte de occidentalización del Oriente y de orientalización de Occidente, sino también el fortalecimiento de los intercambios comerciales y del progreso cultural, como consecuencia de la apertura a los nuevos conocimientos y técnicas de  que cada cultura era portadora.
La última Cruzada se realizó en el 1270 (siglo XIII), pero resultó un fracaso.
La cultura árabe encontró durante la Edad Media, en Ibn-Khaldoun (1332-1406 NE) una adecuada síntesis política y estratégica.  Khaldoun, desde una perspectiva de observador agudo de la realidad y de historiador, sustenta la necesaria complementariedad de las ciencias y del conocimiento, con exclusión de todo juicio o a-priori moral.
La guerra de los Cien Años (1337-1453), constituyó una etapa decisiva en el debilitamiento del feudalismo europeo, y en el fortalecimiento de las burguesías comerciantes y bancaria.  Esta es la época en que predominan la infantería y la caballería, pero sin lograr un efecto decisivo sobre el campo de batalla o en la escena política internacional.  Al término de éste conflicto, ni Francia ni Inglaterra resultaron beneficiadas sino que por el contrario, debido al desgaste y la destrucción prolongada, sus economías estaban debilitadas y sus fuerzas diezmadas.
Por otra parte, la formación de la Liga Hanseática (de la que llegaron a formar parte cerca de 90 ciudades comerciales e industriales del norte de Alemania, Polonia, los países bálticos y Rusia), reflejó también una estrecha y realista asociación entre los intereses comerciales y el significado político atribuido a éstos.  La Liga Hanseática (predominante en los mares del Norte de Europa entre  mediados del siglo XIII y fines del siglo XV) se planteó como una de sus metas, competir frente al comercio de las ciudades italianas, de manera que su peso financiero y su potencial económico, determinó en muchos casos la política exterior e interior de los Estados en que estaba implantada.
Por lo tanto, la política comercial de la Liga de Hansa es una política pragmática de poder económico, respaldada –en última instancia- por el poder político, es decir, estuvo profundamente dominada por los intereses materiales de los comerciantes dominantes en las ciudades de la alianza.
La misma lógica de poder y dominación, caracterizó a las ciudades-Estados italianas encabezadas por la República de Venecia, desde el siglo XII al siglo XV.
“La moneda de la ciudad de Venecia, el ducado de oro, llegaría a ser durante más de trescientos años, junto al florín de Florencia, el patrón monetario del Mediterráneo occidental.” (Crónica de la Humanidad.  Barcelona, 1987.  Plaza & Janés Editores, p. 367).  El predominio de los intereses comerciales como manifestación pragmática de la voluntad de hegemonía de una unidad política en la escena internacional, encuentra un ejemplo evidente en la experiencia veneciana: los intereses económicos, a medida que se hacen predominantes, impulsan la búsqueda de la hegemonía política, mediante la utilización del instrumento estratégico -en este caso- de una poderosa flota de guerra.
Pero es necesario llegar hasta el Cinqueccento italiano, con autores como Maquiavelo, Guicciardini y otros, para  encontrar el realismo estratégico formulado sobre bases históricas y conceptuales sólidas.
Como se ha visto más arriba, Maquiavelo funda la autonomía de lo Político y pone de manifiesto en Los Discursos sobre las Décadas de Tito Livio, en El Príncipe y especialmente en El Arte de la guerra, la significación política de la acción estratégica.
Nicolas Maquiavelo tambien aporto al desarrollo de la Estrategia y al estudio de la guerra.
En  El arte de la guerra, N. Maquiavelo se plantea dos temas mayores: el primero, la organización de las milicias y los Ejércitos, en virtud de las necesidades políticas del Príncipe o del Estado; y el segundo, proclama la necesidad de reemplazar las fuerzas militares de mercenarios (condottieri) por Ejércitos nacionales, que garanticen a la vez, el control político del gobernante, y la fidelidad de las tropas a los intereses nacionales y al Estado al que obedecen.
El ambiente intelectual que determina el realismo maquiaveliano en el campo estratégico, es el del Humanismo dentro del Renacimiento.  Esto significa que Maquiavelo –siguiendo los dictados del humanismo- rinde tributo a la Antigüedad clásica, y se basa en la experiencia de la República de Roma, para afirmar el carácter nacional que deben tener los ejércitos y la primacía de lo político como orientación superior que dirige lo estratégico y militar.
El Humanismo operó como una poderosa corriente intelectual y cultural que invade las mentes de los europeos del siglo  XIV y XV, aunque también puede ser comprendido como una manifestación del racionalismo realista con que los pensadores, políticos y estrategas deciden centrar su pensamiento en el ser humano, entendido ahora como  objeto central y privilegiado  de reflexión e investigación.
Maquiavelo anticipó así la Modernidad, al situar la acción estratégica como una necesidad que funda la justicia, al interior de una reflexión política realizada por el gobernante de la Nación.  Para Maquiavelo, la guerra es justa cuando es necesaria.
Los principales pensadores estratégicos de la época feudal después de Maquiavelo, fueron Gustavo Adolfo de Suecia (1554-1632),  Mauricio de Sajonia (1696-1750), Federico II de Prusia (1712-1786) y el conde de Guibert (1743-1790), quienes tuvieron la particularidad de combinar la experiencia militar en terreno, con el ejercicio del poder político y la reflexión estratégica e intelectual.  Ellos fueron los teóricos del orden de batalla en sus más diversas combinaciones.  Propiciaban con mayor frecuencia una estrategia de usura y de agotamiento del adversario, antes que su destrucción total.
Federico II de Prusia escribe Los principios generales de la guerra en 1746, y posteriormente su Testamento militar en 1768.  Partidario de utilizar grandes masas de soldados en el despliegue de sus fuerzas sobre el teatro de la batalla, propuso el concepto del orden oblicuo, una forma de ataque por el flanco que supone el avance de un ala por escalones y la retirada del otra ala, de manera de obtener una victoria rápida mediante el envolvimiento de las líneas enemigas.
A su vez, el conde de Guibert publica en 1772 su Ensayo General de Táctica, en el que desarrolla dos grandes temas.  En el primero, propugna la  necesidad de formar Ejércitos nacionales, sobre la base de los ciudadanos, con lo que se adelanta a la experiencia de la Revolución Francesa de la Nación en armas y de la conscripción general.  En segundo lugar, Guibert postula el predominio de la guerra de movimientos:  una  guerra en la que los ejércitos desarrollan su máxima movilidad en líneas interiores y exteriores, mediante audaces maniobras destinadas a superar las posiciones del enemigo.
Estamos en el siglo XVII y en los inicios del XVIII, la época de oro del barroco…
Cuando las anteriores y poco decisivas guerras entre caballeros pasaron a convertirse en guerras entre mercaderes y mercenarios (siglo XVI al XVII), el predominio emergente de las burguesías comerciales europeas en la esfera del poder político (en Italia, en España, en la Liga Hanseática, en las Provincias Unidas…) determinó que los conflictos y guerras, dejen de estar motivadas mayoritariamente por intereses dinásticos (no obstante ciertos anacronismos persistentes), dando paso a enfrentamientos causados por intereses económicos y comerciales de dominación.
Incluso en el contexto de la lucha multisecular entre la Cristiandad y el Islam, una de cuyas formas fueron las Cruzadas, los intereses comerciales no podían ocultarse tras el velo religioso que las justificaba.
El historiador inglés Michael Howard,  dice al respecto que: “…en el curso del siglo XVII la aptitud para hacer la guerra y mantener el poderío político dependía de más en mas, del acceso a las riquezas provenientes del mundo extra-europeo o derivadas de su comercio.  Existía en realidad una interacción permanente entre el desarrollo de las empresas europeas de ultramar y los conflictos interiores en el continente.”
 Y expone más adelante, que “Al término de la guerra de los Treinta Años, en 1648, la mezcla de celo religioso, búsqueda de botín y la aspiración a honestos beneficios comerciales que había inspirado la expansión europea y las rivalidades marítimas en el curso de los dos siglos precedentes, se sistematizó y se simplificó: los conflictos ahora opusieron a los Estados y tuvieron por objetivo la conquista del poder”. (
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La manifestación más explícita de esta combinación entre poder estratégico y político, al servicio de los intereses económicos, la encontramos en la época de los grandes descubrimientos marítimos.
La expansión marítima
 de las potencias europeas
¿Qué explica el formidable poder de expansión que despliegan las naciones europeas desde el siglo XV y XVI?
En poco más de dos siglos, mientras Europa vivía un formidable Renacimiento cultural, artístico e intelectual, varias naciones europeas se lanzaron a una empresa sin precedentes de descubrimientos geográficos, conquista territorial y expansión colonial.
No todas las naciones de Europa tuvieron una voluntad política de conquista colonial, pero aquellas que habían logrado edificar  una flota mercante y guerrera considerable, habían adquirido una experiencia de navegación apoyada en recientes conocimientos científicos: el sextante, la brújula y los avances cartográficos, no sólo confirmaban el hallazgo teórico de la esfericidad de la Tierra (N. Copérnico, 1473-1543), sino que abrieron los horizontes mentales e intelectuales de políticos, gobernantes y científicos, e hicieron por primera vez pensar en términos de planeta lo que hasta ahora sólo se circunscribía al Mediterráneo y los mares continentales.
Los autores intelectuales de la expansión marítima de Europa no fueron estrategas, sino que fueron inventores, marinos y comerciantes.  Y en el trasfondo de ésta formidable hazaña, hay que situar el significado político y militar de algunos descubrimientos científicos y tecnológicos de importancia.  El cañón (con metales de mejores aleaciones) y la pólvora (recién traída desde China por Marco Polo), fueron las herramientas militares de la nueva dominación; la brújula y el sextante, fueron los instrumentos exactos que guiaron el acceso a los mares y océanos desconocidos o inexplorados; y la imprenta de tipos móviles, fue el vehículo de transmisión de ideas.
Francis Bacon, por ejemplo, en el siglo XVI, constata que “…después de la invención del cañón, sus efectos pueden ser descritos de la siguiente manera: tenemos una nueva invención por la cual las murallas y las grandes obras militares pueden ser perforadas y derrumbadas desde una considerable distancia, con lo cual los hombres poseen ahora una considerable fuerza, para incrementar la potencia  de los proyectiles y de las máquinas.   Estas invenciones, junto a la imprenta, las armas de fuego y el compás, están cambiando la apariencia y el estado del mundo entero…” (
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Los Estados se comprometieron económica y políticamente en las expediciones y descubrimientos.   Aquí, una vez más, el poder político, percibiendo los intereses económicos implícitos en la empresa colonial, apoyó los esfuerzos privados,  y adaptó sus estructuras de poder a las nuevas condiciones geográficas.   Inglaterra, España, Portugal y Francia, materializaron la conquista de nuevos territorios a continuación  de los descubrimientos, haciendo de ellos, no sólo espacios geográficos de descubrimiento, sino sobre todo los convirtieron en territorios de dominación y de poder.
La navegación y el comercio de ultramar, se fueron convirtiendo en parte de una estrategia marítima de dominación de mercados y de territorios.
Así, la política territorial y colonial de las potencias europeas del siglo XV y XVI se  fue configurando como una política de poder basada en intereses materiales, los que con el paso del tiempo se convirtieron en intereses vitales.
La política imperial del poder
La formación de sistemas imperiales constituye una de las más notables constantes en la Historia de la Humanidad.
Si se analizan desde una perspectiva histórica global, podría argumentarse que, no obstante las diferencias particulares de cada uno de ellos, la formación de sistemas de dominación imperial constituye una etapa de culminación de varios fenómenos socio- económicos, políticos y militares, en un momento dado del desarrollo de la formación estatal.  
Obsérvese, por ejemplo, los períodos de expansión imperial experimentados por China, y por el Islam.  Se trata de dos ejemplos de predominio basado fundamentalmente en una hegemonía militar terrestre, continental, la que se tradujo a continuación en dominación política. 
Entre 661 y 750 NE., el Islam se extendió por el Oriente Medio, abarcando todo el Maghreb y bordeando los dominios eslavos de Europa oriental y los pueblos de la India.    Como efecto de ésta expansión entraron en crisis, los dominios bizantino, persa, egipcio y de la Mesopotamia, desarticulando el sistema político en torno al Mediterráneo y del Medio Oriente.
 Bajo la conducción de Mahoma, Abu-Bakr, Omar I y Otman los ejércitos de la caballería árabe construyeron una amplia zona de dominación política y militar, manteniendo ciertas autonomías locales y regionales, y a partir de la cual, el Imperio pudo intentar la conquista de zonas del sur de Europa.
El dominio imperial, desde la Antigüedad hasta hoy, es un fenómeno estatal, si se lo comprende desde el punto de vista histórico y político.
Se define como política imperial del poder a la expresión material y simbólica de la hegemonía y dominación que ejerce un Estado sobre otros Estados, como resultado de una política voluntarista más o menos sistemática, en un momento del proceso histórico internacional.
 
Dos son los elementos materiales que fundamentan la política imperial del poder: uno, el logro de una cierta hegemonía en el plano económico, material y tecnológico, de manera que la superioridad alcanzada es reconocida por los demás actores de la escena internacional; y dos, la obtención de una cierta hegemonía estratégica que resulta del potencial militar que cada Estado posee.
Cuando se analiza la evolución histórica de Occidente, se perciben claramente, sucesivos períodos de hegemonía imperial.
A partir del siglo XV y XVI, la expansión comercial fue uno de los fundamentos racionales de la políticas de ciertas naciones europeas, a partir de la cual buscaron el dominio sobre otras regiones del mundo.
Hay allí, una combinación compleja de factores, tales como la  búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo de la potencia marítima y naval, y el logro de la cohesión nacional y voluntad política deliberada por alcanzar una posición de predominio en la escena internacional.
La historia de Occidente, en los últimos cinco siglos, puede ser enfocada desde la perspectiva de la emergencia, apogeo y decadencia de sucesivos imperios marítimos y terrestres.
Así, el siglo XVI puede ser caracterizado como la época de predominio de España, bajo el poder de Carlos V (1516-1556), hasta la derrota sufrida por la “Armada Invencible”, en 1588 por la flota inglesa.  Después de  una primera época, marcada la conquista de los grandes imperios de América (que realizan principalmente H. Cortés, F. Balboa y F. Pizarro), España construye un vasto imperio basado en la explotación económica y el saqueo de las riquezas, el desplazamiento y mestizaje  cultural y social de algunas culturas aborígenes, la conquista y reparto territorial, el exterminio de los pueblos originarios renuentes, y el poblamiento y formación de unidades políticas coloniales urbano-rurales.
El dominio imperial español fue el de una nación esencialmente terrestre, continental, que había logrado formar una relativa capacidad naviera, vocación que determinó e hipotecó su futuro como potencia.
Del mismo modo, el siglo XVII europeo  estuvo marcado por el dominio relativo de Francia bajo Luis XIII, el cardenal de Richelieu (1624-1642) y Luis XIV. 
La Política de Razón de Estado construída pacientemente por los cardenales Richelieu y Mazarino, hecha de riguroso realismo político, búsqueda de la unidad territorial y política, y de construcción de la potencia nacional, industrial y marítima, puede ser considerada la base material sobre la cual se edificó el prestigio y la influencia cultural y política ejercida por Luis XIV en toda Europa, durante este período.
En el siglo XVII, la Paz de Westfalia (1648), que puso término  a la Guerra de Treinta Años, puede ser considerada como el punto de partida del Derecho Internacional moderno.  El Tratado que puso término a este largo conflicto europeo, reconoció el principio de la igualdad jurídica de los Estados, sin distinción de su tamaño o forma de Gobierno, proclamó la necesidad de las asambleas internacionales como mecanismo de negociación diplomática, y señaló la importancia de las alianzas entre Estados como forma de asegurar la paz y la solidaridad y de buscar al adecuado “contrapeso” entre las distintas potencias y Estados.
La obra político-estratégica más relevante del Cardenal de Richelieu se encuentra en su Testamento Político (1642), en el que proclama su adhesión a las doctrinas en boga del mercantilismo, al nacionalismo económico, y a la necesidad de afirmar la supremacía del Estado y de la política de Razón de Estado para asentar la unidad nacional por encima de las facciones, disensiones religiosas y actitudes de fronda de la aristocracia, y para construir metódicamente el engrandecimiento del Estado, en la esfera internacional.
El apogeo cultural francés, sin embargo no se tradujo en un imperio colonial extenso, aunque aquí también hubo de ser determinante el profundo apego terrestre, rural que forma parte -de un modo atávico- de la cultura y de la historia francesa.  El predominio cultural, político y estratégico francés –con Luis XIV y con Napoleón dos siglos más tarde- fue siempre esencialmente terrestre, carente de una voluntad marítima.
El siglo XVIII, por su parte, estuvo marcado por tres fenómenos imperiales al mismo tiempo, a saber: el inicio de la emergencia del poder de Prusia (con Federico II, entre 1740-1786) como potencia continental, en el centro de Europa; la emergencia gradual de Inglaterra como potencia marítima (a partir aproximadamente de 1763),  la máxima expansión del Estado francés hasta alcanzar una forma imperial, con la experiencia de Napoleón Bonaparte (1799-1815).
Los pensadores estratégicos más relevantes en el período de las guerras napoleónicas, y quienes mejor teorizaron al respecto, fueron Ardant du Picq, Jomini  y  Clausewitz.
Henry de Jomini (1779-1869)  en su obra mayor Précis de l’Art de la Guerre (1855) tuvo la virtud de captar el significado militar y las implicancias estratégicas de la reciente Revolución Industrial.  Percibió que las nuevas invenciones en curso (el motor a vapor, los obuses de artillería, el fusil de aguja y el revólver, los primeros fusiles ametralladoras, entre otros) estaban aproximando una revolución profunda en el desarrollo de la guerra, y en la capacidad ofensiva y poder de fuego de los ejércitos.
El mundo estaba entrando en la época del telégrafo, del navío acorazado, de los ferrocarriles, de los vehículos blindados, de manera que resultaba evidente que el desarrollo de la siderurgia y de la industria en general, estaba potenciando los intereses nacionales y de seguridad de la Nación en armas y del Estado con intenciones imperiales.
A su vez, Carl von Clausewitz (1780-1831), puede ser considerado como el pensador estratégico más importante de los siglos XIX y XX.  En su obra De la guerra, pensó el complejo fenómeno de la guerra, desde la amplia perspectiva de la Ciencia y de la Política.  El edificio teórico de Clausewitz se apoya sobre el concepto de la guerra definida como un acto de violencia destinado a obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad, sobre la noción de que siempre se trata de un conflicto de grandes intereses, y de que en definitiva, constituye la continuación de la Política por otros medios.
El análisis de Clausewitz desarrolla la relación entre la guerra absoluta y la guerra real, sitúa al fenómeno bélico como instrumento de la Política, define la importancia estratégica del centro de gravedad de la guerra y de la batalla, propone que la defensiva es la forma más eficaz de guerra y subraya la gravitación de la batalla decisiva en el curso del conflicto.
Toda la política del siglo XVIII y de los inicios del siglo XIX estuvo condicionada por la confrontación y la búsqueda de  esferas de influencia, con la formación de Estados- pivotes y Estados- tampones, destinados a servir en el juego complejo de los intereses de dominación de Inglaterra, Prusia y Francia, y en los que Rusia, Austria  y el Imperio Otomano jugaban un rol creciente.
Es alrededor de la experiencia napoleónica que surgió en Europa, el concepto de equilibrio entre las potencias, entendido como una condición política y estratégica en la que cada Estado y cada alianza de Estados, posea un grado de control y poder suficiente para ejercer su dominio en términos que no alteren la estabilidad y la paridad relativa en el conjunto del sistema de Estados y naciones involucrados.   Uno de los artífices de éste modelo de orden internacional, fue el Ministro K.W.L. Metternich, quién logró situar al Estado austríaco como un Estado-pivote de equilibrio y de árbitro en el sistema europeo (Santa Alianza y Congreso de Viena, 1815), con lo que de paso,  le otorgó un rol político y estratégico cada vez más relevante al Imperio Austríaco.
El Congreso y el Tratado de Viena (1815) marcaron un momento decisivo en la evolución de la Política Internacional y del Derecho.  El realismo político moderno se nutre  del Congreso de Viena, en la medida en que dicho encuentro tuvo como resultado principal la consagración política y diplomática del principio del equilibrio, como instrumento político y estratégico básico, orientado a garantizar la paz y la estabilidad en el sistema internacional.
Ciertamente, todo el siglo XIX estuvo condicionado por dos fenómenos imperiales mayores: el acceso de Inglaterra a la condición de primera potencia  marítima y comercial mundial, y la formación y consolidación de Prusia como gestora de la unidad nacional alemana.
En ambos fenómenos, que resultan como efectos retardados del derrumbe del Imperio napoleónico, Inglaterra y Prusia desarrollaron formas sistemáticas de política imperial aunque con finalidades diversas.  Inglaterra ocupa el siglo XIX con el gobierno de la reina Victoria (1837-1901) al alcanzar el zénith de su expansión imperial, dominio que se eclipsó con la I Guerra Mundial (1914-1918), mientras que Prusia, bajo la conducción de O. V. Bismarck (1815-1898), da forma al Estado nacional alemán, bajo la forma de un imperio con posesiones coloniales en Africa y Asia.
Con la guerra franco-prusiana de 1870, la Prusia de Bismarck culminó el proceso de construcción de su unidad nacional, dando forma al I Reich alemán.  Es interesante observar que cuando el Estado alemán completó la unidad de la nación alemana, lo hizo afirmando militarmente su superioridad sobre Francia, y bajo una forma política imperial única modalidad considerada suficiente y adecuada al mantenimiento de la cohesión de los numerosos particularismos y regionalismos de dicha región europea.
Los realizadores de las teorías de Clausewitz en el plano estratégico, fueron los generales prusianos Moltke y Schlieffen, quienes, como herederos de la tradición formada por Scharnhorst y Gneisenau en la Escuela de Guerra de Berlín, llevaron a su máxima perfección la organización, disciplina y doctrinas de empleo del ejército, como herramienta al servicio de la Política del Estado.  El realismo de la política de Estado pasa por el realismo estratégico de los jefes militares.
El retardo de Alemania en acceder a la unidad nacional, y su impulso político y militar por obtener rápidamente una forma imperial, será una de las causas del desequilibrio que originó la I Guerra.
En el siglo XX, a la lenta decadencia de la hegemonía británica, se sucede la llegada de Estados Unidos a la condición de potencia mundial, y la aparición de la Unión Soviética como factor global de equilibrio, de disuasión y de bi-polaridad (1945-1990).  
En efecto, los tres rasgos característicos de la política internacional durante el siglo XX, desde el punto de vista de los sistema imperiales de dominación, son el eclipse final del imperio británico (arrastrado tanto por los ingentes costos humanos y materiales de la I Guerra Mundial, como por el colapso de su dominio sobre Canadá, la India y otras colonias de importancia), la emergencia de los Estados Unidos a la condición de potencia mundial, la que se inicia en el período de entre-guerras (1918-1939), y el surgimiento de la Unión Soviética como potencia industrial y militar en Eurasia (1917-1939).
De este modo, aún cuando la política internacional entre las dos guerras mundiales aparece dominada por los imperios emergentes de Alemania, Italia y Japón, bajo fuertes dictaduras militares, el fenómeno político dominante en ésta época es el militarismo y el predominio de políticas voluntaristas de expansión imperial.
La geografía como arma estratégica
en las Relaciones Internacionales
En algún momento de su desarrollo histórico y material, cada Estado como entidad política situada en la escena internacional “toma consciencia” de su realidad geográfica, comprende los procesos de territorialización que ha estado experimentando y percibe la importancia de dichos espacios en cuanto ámbitos en donde tiene lugar la Política, la Diplomacia y la Estrategia.
Entonces, surge en el Estado la conciencia geográfica de su Historia, y en la Nación, la conciencia histórica de su Geografía.
Las dos manifestaciones históricas más explícitas de ésta conciencia territorial, provienen de la Geopolítica y de la Oceanopolítica.
Numerosos autores contemporáneos han subrayado que la Geopolítica tradicional, surgió a fines del siglo XIX y primeros veinte años del presente siglo, como una derivación intelectual de la Geografía Política, muy en boga en los círculos universitarios alemanes y nor-europeos.  Analizemos éste fenómeno.
El primer período de la Geopolítica:
elementos para un análisis crítico.
Existe, en efecto, una primera época del pensamiento geopolítico, que surge y se desarrolla dentro de una óptica marcadamente organicista y fuertemente determinista.   Sus influencias intelectuales originarias más significativas, provenían de H. Spencer y de Ch. Darwin, y de las derivaciones sociales que resultaron de sus teorías sociológicas y biológicas.
Así, dos líneas intelectuales se sitúan en las bases de la primera reflexión geopolítica: por un lado, el desarrollo del “darwinismo social”,  a partir de Ch. Darwin, en la segunda mitad del siglo XIX, incluyendo a H. Taine, G. Le Bon, L. Woltmann y V. de Lapouge; y por el otro, un cierto “bio-historicismo” que desarrollan F. List (1789- 1842),  y A. de Gobineau (1816- 1882), el que se entronca con O. Spengler , A. Rosenberg (uno de los teóricos mayores del nazismo alemán),  y con F. Ratzel.  En List y Gobineau, la Geopolítica inicial se alimentó del racismo, y a través de A. Rosenberg, a su vez, contribuyó decisivamente a elaborar una visión ideológica racista de la Historia, a partir del supuesto “conflicto entre la raza aria y la raza semita”.
Inicialmente, autores como F. Ratzel, con su Politische Geographische  y a continuación K. Haushofer, fueron construyendo un cuerpo teórico configurado en torno a conceptos tales como “espacio vital”, “heartland”, “rimland”, o la asociación entre “suelo, sangre y raza”, nociones que estaban construídas sobre la base de una visión organicista del Estado.   Otros autores alemanes en la década de los treinta y cuarenta, dieron contenido a esta visión: L. Mecking, H. Schrepfer, H. Rüdiger, N. Krebs o R. Hennig, para nombrar a los más connotados, trabajaron sistemáticamente la nueva concepción geopolítica.   Numerosos títulos aparecidos en la revista de Geopolítica creada en torno a Haushofer, la Zeitschrift für Geopolitik (revista que, desde 1932, estuvo influenciada y dominada por el Partido nazi), atestiguan el enfoque señalado.
Al mismo tiempo, desde los inicios de los años treinta, esta Geopolítica se asoció directamente con los proyectos expansionistas, racistas y belicistas del nazismo alemán, otorgándole una justificación integral, completa, y respaldándolos con un conjunto de fundamentos teóricos, ideológicos y políticos, por lo que sus postulados hicieron crisis junto con el derrumbe del III Reich,  al término de la Segunda Guerra Mundial.   Por ello puede afirmarse que dicha Geopolítica era nazi en su esencia y contenido.
Al analizar sus postulados, se puede descubrir que esta primera Geopolítica constituye una representación político-estratégica e ideológica del mundo, que tiende naturalmente a centrarse en una concepción totalizadora del poder, y en una idea absoluta de la Nación y del Estado, como si ambas fueran entidades totales y homogéneas.   Hay que subrayar que toda Geopolítica es una empresa intelectual esencialmente « patriótica », ya que intenta colocar al propio Estado, en el centro de las representaciones cartográficas del espacio territorial, de manera que la Cartografía termina graficando lo que los geopolíticos quieren que grafique…
Las falencias intelectuales de aquella visión geopolítica no solo provienen de su incapacidad conceptual para interpretar la creciente interdependencia y complejidad del mundo moderno, de las estrategias y formas políticas que hoy caracterizan a la sociedad, sino del hecho que las interpretaciones y asociaciones conceptuales organicistas, belicistas y racistas, son absolutamente insuficientes, y se encuentran en una fase pre- científica de las Ciencias Sociales, y del estudio de la relación « hombre- geografía ».
Ya ha sido demostrado que los procesos orgánicos funcionan conforme a lógicas completamente distintas y con elevados grados de pre- determinación, mientras que los sistemas sociales y políticos están dotados de características de complejidad y azar, que aquel organicismo primitivo no puede explicar.
Le Geopolítica de la primera época, era profunda y radicalmente estatista, ya que concebía al Estado como un organismo absoluto y predominante en la escena geográfica y política.
La visión geopolítica que concibe al Estado como un organismo vivo que nace, crece, se desarrolla, decae y muere, adolesce precisamente de una lectura estrecha y limitada de la estructura estatal.  G. Sabine en su Historia de la teoría política subraya que “el argumento supuestamente científico de la Geopolítica no es más que una analogía biológica.  Según dicha lectura, los Estados serían “organismos” y mientras viven y conservan su vigor, crecen; cuando dejan de crecer, mueren…” , lo que pondría de relieve que el “bienestar social parece equivaler a la supervivencia del más apto…”.   Además de contener muchas ambiguedades lógicas, ésta confluencia de ideas y de pseudo- conceptos sociales y biológicos, ha sido una fuente de graves confusiones científicas.
 Al contrario de lo que pretende la geopolítica, el Estado no es un organo viviente; es una construcción política, jurídica, ideológica y territorial que se asienta en una sociedad históricamente determinada, es una estructura institucional compleja, que opera mediante resortes materiales y simbólicos de poder.
La segunda época de la Geopolítica
A partir de la década de los cincuenta, la reflexión geopolítica se centró la comprensión de los problemas geográficos y políticos derivados del nuevo escenario de conflicto bi- polar, en la forma de diversas escuelas nacionales geopolíticas, directamente vinculadas con los intereses nacionales de los Estados.
Autores como R. Kahn, H. Kissinger y otros desarrollaron nuevas interpretaciones geopolíticas, pero todas ellas se inscribieron en dos grandes tendencias intelectuales generales, que podemos sintetizar de la siguiente manera:
a)  una corriente de orientación determinista que heredó algunas nociones de la Geopolítica de la primera época y que conservó el concepto de predominio del medio geográfico que se impone a las organizaciones humanas y políticas; y
b)  una corriente de orientación posibilista que se desprende del determinismo anterior y sostiene la primacía del hombre sobre el medio natural, en un proceso progresivo de territorialización del espacio geográfico.
Además, desde el punto de vista marítimo y oceanopolítico, es posible formular una crítica mayor a las escuelas geopolíticas tradicionales.  En la práctica, las visiones geopolíticas no dejan de  operar conceptualmente dentro de una lógica esencialmente terrestre, como si la perspectiva de lectura dominante fuera para y en los espacios continentales, subordinando a los mares y océanos a un rol secundario.  La Geopolítica es un paradigma tal,  como si nos situáramos en la tierra, para observar y comprender el mar.
La perspectiva moderna de la Oceanopolítica
La Oceanopolítica surge durante la segunda mitad del siglo XX, como resultado de una serie de procesos intelectuales y políticos.
La nueva disciplina introduce un cambio profundo de perspectiva a éste respecto: ella permite analizar los fenómenos políticos, diplomáticos y estratégicos que suceden en mares y océanos, desde la perspectiva de los espacios marítimos, de manera que se nos ofrece como un paradigma tal, como si nos situáramos en el mar,  para observar y comprender la tierra.
Si la Geopolítica pretendía ser « la conciencia territorial del Estado », la Oceanopolítica pretende ser « la conciencia marítima de la Nación ».
La Oceanopolítica puede ser considerada como una visión con pretensiones científicas, que resulta de la confluencia multidisciplinaria de distintos aportes intelectuales.   Se trata de una  forma moderna de hacer ciencia a partir de los fenómenos marítimos y navales, en la medida en que su pretensión mayor es lograr establecer un conjunto aceptado de principios y teorías dotadas de racionalidad y de objetividad.   En términos generales, la ciencia social es moderna, porque cree y se afirma en los resultados del ejercicio de la razón, como fundamento objetivo del conocimiento.
La reflexión oceanopolítica se pretende a sí misma como una racionalización de los procesos y relaciones entre el Estado- Nación (como actor político programático) y los mares y océanos.  Desde esta perspectiva, los espacios marítimos y oceánicos son comprendidos y se configuran como campos teórico- prácticos relacionales, donde se ponen en juego los objetivos políticos, los grandes fines y sobre todo, los intereses nacionales y de seguridad de los Estados, como se analizará más adelante.
Para la Oceanopolítica, como para las demás disciplinas de las Relaciones Internacionales, el contenido esencial de las relaciones entre los Estados en la esfera marítima y naval son los intereses nacionales y de seguridad, en virtud de los cuales cada Estado desarrolla una Política, y despliega su Diplomacia y su Estrategia.
La Oceanopolítica es una disciplina o ciencia política del mar, es una manera política de ver las relaciones entre los Estados y naciones a propósito de los espacios marítimos.   La politicidad de los procesos y relaciones oceanopolíticas, proviene fundamentalmente del carácter  político de la acción de sus actores principales, los Estados, y del contenido esencial de las relaciones que éstos establecen entre sí a propósito de dichos espacios.
Así, resulta que la Oceanopolítica es -al mismo tiempo- una ciencia política de los espacios marítimos y oceánicos, y también, la Política de los Estados en los espacios marítimos y oceánicos.  Por ello mismo, la Oceanopolítica no es una geopolítica marítima, ni una geografía política de los mares y océanos, sino que resulta de una elaboración intelectual y político- institucional distinta, y que produce como resultado una reflexión científico- política acerca de los mares y océanos, la que se traduce siempre en políticas y estrategias.
En su definición más primaria y elemental, la Oceanopolítica estudia la Política en el mar y en los océanos. 
Su propia denominación, sugiere un elemento de encuentro, una síntesis entre el fenómeno político y el fenómeno oceánico, en la medida en que ambas dimensiones convergen en la realidad, desde los albores de la Historia de la humanidad.  
 Ahora bien, en la Época Moderna -inaugurada por el Iluminismo racionalista y humanista, la Revolución Francesa y la descolonización de las naciones- la Política en los océanos y espacios marítimos la realizan fundamentalmente los Estados-naciones, de lo que se desprende que la Política en el mar es siempre y en primera y última instancia la Política del Estado en el mar.
 

La Oceanopolítica puede definirse -para los efectos de este ensayo- como el estudio científico de las relaciones oceanopolíticas que se establecen históricamente entre ciertos actores políticos y los espacios marítimos y oceánicos.
Esto quiere decir que el fundamento de la teoría oceanopolítica, reside en una comprensión y racionalización sistemática y científica  de un cierto tipo de relaciones, las que se pueden clasificar en dos tipos básicos:
a)  las relaciones que  establecen los Estados y otros actores políticos entre sí a propósito de los espacios marítimos y oceánicos, relaciones que tienen lugar en la esfera internacional; y
b)  las relaciones que se establecen entre los Estados y los espacios marítimos y oceánicos, las que se sitúan generalmente en la esfera nacional, por su carácter jurídico y su contenido político.
De esta definición se desprende naturalmente, que los espacios marítimos constituyen una diversidad superpuesta e interdependiente  de arenas o campos relacionales.  Aquí reside la racionalidad objetiva de los fenómenos oceanopolíticos: se trata de procesos y fenómenos que son empíricamente observables y verificables, en los que los mares y océanos son el elemento de sustrato, la base fundante y explicativa de la relación, y los Estados y otros actores políticos son el elemento activo y dinámico.
A su vez, las relaciones oceanopolíticas, sin embargo, no solamente se sitúan en la esfera objetiva y empírica de los procesos políticos, diplomáticos y estratégicos, sino que también se manifiestan en un ámbito imaginario y cultural, es decir, en una dimensión simbólica: el de la conciencia marítima.
Pero, además, la reflexión oceanopolítica no surge de una simple teorización, sino que se enmarca en un contexto histórico internacional que le fija un derrotero intelectual característico.
El aporte del realismo en Oceanopolítica.
La Oceanopolítica es una disciplina científica que se sustenta en un conjunto de constataciones empíricas de la realidad internacional.
Uno de los postulados oceanopolíticos más importantes, parte del diagnóstico histórico y afirma que a lo largo de los casi veinte siglos de Historia occidental, ha existido un centro de gravedad oceánico, consistente en un determinado mar u océano en torno al cual se han articulado los poderes, economías, imperios y Estados dominantes en cada período.
Según ésta concepción, desde la Antigüedad clásica y hasta el siglo XV, el centro marítimo del mundo habría estado en el mar Mediterraneo, y a partir del descubrimiento de América y de la apertura de nuevas rutas marítimas coloniales de conquista y comercio, dicho centro se habría desplazado gradualmente al océano Atlántico.
Esta centralidad marítima del Atlántico se habría reforzado con la hegemonía británica durante el siglo XIX y  con el predominio naval de los Estados Unidos durante el siglo XX.
Un corolario natural de ésta teoría afirma que, como consecuencia de los crecientes intercambios entre las potencias mayores del Pacífico, el siglo XXI se presentaría como la época en que dicho océano se convertirá en el centro de gravedad marítima del mundo.
Es necesario subrayar a este respecto, que a pocos años del inicio del siglo XXI, el océano Atlántico continúa manteniendo las rutas marítimas estratégicas que unen a EE.UU. con Europa occidental, y a ésta con Japón, muy en especial aquellas que aseguran los suministros energéticos principales desde el Medio Oriente y el Golfo Pérsico.
Al mismo tiempo, las alianzas políticas y estratégicas fundamentales que unen a los EE.UU.  y Norteamérica con Europa occidental, continúan sustentándose en una doctrina estratégica y militar atlántica,  basada en intereses políticos y de seguridad comunes y compartidos.
Puede afirmarse, en consecuencia, que mientras persistan éstos hechos de relevancia fundamental y dominante, el Atlántico continuará siendo un centro marítimo de importancia mundial.
A su vez, para que el Pacífico se convierta en el océano principal del sistema- planeta sería necesario que se configure en torno a él, una comunidad política, económica y estratégica basada en amplios intereses y objetivos comunes y compartidos, diseño que integre los distintos grupos de naciones y Estados, con su enorme diversidad cultural e histórica.  Eso está aún lejos de ocurrir, no obstante que ya se han perfilado algunos esfuerzos de cooperación e integración.
A partir del actual juego dinámico de las potencias globales y de los principales  Estados- pivotes presentes en torno al Pacífico, es posible prever que en un futuro previsible en la primera mitad del siglo XXI, los roles dominantes todavía estarán repartidos entre Japón, China Popular, Estados Unidos y Rusia, como actores fundamentales, mientras que Australia,  Nueva Zelandia y otras naciones asiáticas y latinoamericanas pugnarán crecientemente por intervenir en la escena marítima y política de la región.
 Además, esta interpretación de la geografía política de los mares, debe situarse en una perspectiva teórica mayor, que propone una visión distinta de los  océanos y continentes en su relación dinámica.  La Oceanopolítica funda  también sus orígenes intelectuales, en un cierto análisis geográfico del planeta, que postula que éste presenta una desigualdad básica entre un Hemisferio Norte dominado por grandes masas continentales, y un Hemisferio Sur dominado por las grandes masas oceánicas.
Analizemos ésta teoría.  La desigual distribución de continentes y océanos resulta de una simple constatación física, a la que debe agregarse el hecho de que más del 60% de la superficie total del globo terráqueo está cubierta por mares y océanos.    Ahora bien, ¿qué significado tiene el predominio oceánico del Hemisferio Sur?  ¿qué  consecuencias podrían deducirse de éste factor geo-morfológico?
En este punto, hay que despejar de inmediato toda inclinación determinista.  El predominio cuantitativo de las masas oceánicas respecto de los continentes en el Hemisferio sur del mundo, no implica necesariamente ningún destino marítimo manifiesto, ni supone automáticamente la potencia marítima de los Estados costeros.
En efecto, la sola constatación de la distribución histórica de las hegemonías marítimas desde el siglo XV en adelante, pone de manifiesto un hecho básico, según el cual la totalidad de las potencias marítimas y navales que han ejercido un predominio a escala regional o mundial, se encuentran ubicadas en el Hemisferio Norte del planeta: Venecia, el Imperio Otomano, la Liga Hanseática, Portugal, las Provincias Unidas, Francia, España, Inglaterra (en Europa), o la China continental (en el Extremo oriente), Rusia, la URSS o los Estados Unidos en Norteamérica.
La sola posición marítima de un Estado, (que en términos oceanopolíticos  definimos como la posición oceanopolítica relativa) no constituye una condición suficiente para crear la potencia marítima o naval, y ello es particularmente evidente en el caso de las naciones ubicadas en el Hemisferio sur del mundo, puesto que la potencia marítima y naval constituye el resultado histórico de un largo proceso en el tiempo, durante el cual confluyen diversos factores políticos, culturales, económicos y estratégicos.
Realismo y Estrategia
 durante el período de la Guerra Fría
(1945-1990)
Al término de la II Guerra Mundial, quedó en evidencia que la derrota del imperio nazi de Hitler, se debió a una combinación realista de la estrategia militar, aero-naval y aero-terrestre de D. Eisenhower, la estrategia terrestre masiva del mariscal G. Schukov y la fluidez estratégica en tierra y en el aire del general Montgomery.  
La síntesis lograda por la coalición aliada, entre 1939 y 1945, de potencia militar blindada y artillada, amplio control de los mares y océanos y dominio estratégico del aire, no cristalizó después de 1945 en formas políticas de hegemonía conjunta, sino que dieron paso a una nueva forma de confrontación: el conflicto ideológico, político y militar entre la URSS y Estados Unidos.
Se puede afirmar que el fenómeno estratégico e internacional más relevante de la segunda mitad del siglo XX, ha sido la bi-polaridad Este-Oeste, que opuso a Estados Unidos y la Unión Soviética.  Se trataba de un ordenamiento global particularmente previsible, en el que detrás de las dos potencias globales dominantes, se fueron formando dos campos políticos y estratégicos opuestos, al interior de los cuales debían alinearse todos los demás Estados, naciones, movimientos y fuerzas.
El campo occidental, dirigido por los Estados Unidos y articulado en torno a un conjunto de regímenes de seguridad y de alianzas estratégicas (tales como la OTAN, el ASEAN, el Pacto de Río de Janeiro, etc.), trataba de mantener la hegemonía económica, política y cultural de la potencia dominante, desarrollando relaciones de dependencia económica y tecnológica.
A su vez, el campo oriental o socialista, dirigido por la Unión Soviética y articulado en torno al Pacto de Varsovia, trataba de mantener la hegemonía económica, política y cultural de la potencia dominante, desarrollando relaciones de dependencia ideológica, estratégica y económica.
En una amplia perspectiva histórica de los años de guerra fría, puede constatarse que la Unión Soviética aplicó una política estratégica fuertemente realista en la esfera internacional.  Sobre todo a partir de la Crisis de los Misiles (1962), N. Khroutchev (1953-1964) y en particular L. Breshnev (1964-1982) aplicaron una política de corte pragmático, orientada a no llevar ni escalar el conflicto bipolar, hasta el extremo riesgoso de la guerra nuclear con Estados Unidos, pero de ejercer suficiente presión política y estratégica como sea posible, en el Tercer Mundo, y especialmente en aquellas nuevas naciones dependientes, que deseaban alcanzar un mayor protagonismo político y un mejor nivel de desarrollo.
Para materializar esta visión estratégica, la URSS creó en torno suyo un verdadero glacis de seguridad con una serie de Estados-pivotes aliados en un pacto estratégico-militar (el Pacto de Varsovia) y encargados de impedir y frenar un ataque occidental directo sobre territorio soviético (Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria) y un amplio sistema de bases e instalaciones militares de ultramar (Yemen. Vietnam, Cuba, Etiopía, Angola, Libia), que le permitieran extender el alcance de su presencia naval y marítima en el mundo.
La Política Estratégica general aplicada por la Unión Soviética, desde Stalin hasta Breshnev, obedeció al principio del imperio asediado.  La retórica diplomática, política e ideológica de la URSS siempre se orientó a presentarse como un Estado socialista que se encontraba permanentemente amenazado por diversas formas de agresión, provenientes del campo occidental.   Cuando ésta línea estratégica no fue aplicada, se encontraron con la política de contención de los Estados Unidos, o fueron derrotados abiertamente como en Afganistán.
Los pensadores estratégicos soviéticos más relevantes fueron el Mariscal G. Schukov, vencedor en la II Guerra Mundial y autor de unas Memorias en 1961, en las que destaca la importancia de la estrategia de cerco con blindados en la batalla terrestre; los Mariscales G. Talenskii y A.K. Slobodenko, y en particular el Mariscal V.D. Sokolovskii quién en su obra Voennaia Strategiia de 1962, subrayó la puesta a punto de una doctrina soviética de la disuasión basada en la defensa estratégica terrestre.
Posteriormente se destacan el Mariscal A.A. Grechko quién en 1975 publicó su texto Las Fuerzas Armadas del Estado soviético, y el Almirante S. Gorschkov (1910-1988), quién con su obra La potencia marítima del Estado,(1976) sentó las bases de la estrategia marítima y naval soviética. 
Un problema pendiente es el de la superioridad estratégica que se suponía alcanzaría o estaba alcanzando la URSS en la carrera nuclear con Estados Unidos.  La  información hoy disponible (con la apertura de los archivos soviéticos de inteligencia), permite afirmar que entre 1945 y 1990 nunca la Unión soviética logró la superioridad estratégica en armamentos con los EE.UU. y en muchos aspectos ni siquiera la paridad.  Y ésta podría ser una de las razones de fondo del realismo estratégico mostrado.
El derrumbe final del sistema soviético, sin embargo, se debió menos a la presión política y tecnológica ejercida por EE.UU. (carrera espacial, Guerra de las Galaxias, misiles intercontinentales, sistemas satelitales y redes informáticas), que a la crisis ideológica y política interna, en la que las sociedades civiles gobernadas por regímenes comunistas, presionaron por más libertad y más democracia.  El sistema imperial soviético, se fue desagregando lentamente, primero en el plano ideológico y después en el plano político, es decir en definitiva, hizo crisis e  implosión desde adentro.
En síntesis, la representación soviética de la guerra fue un enfoque pragmático de la invasión como principal herramienta estratégica para apoderarse del territorio enemigo, mediante el copamiento y el aplastamiento de sus capacidades ofensivas y defensivas, a partir de una santuarización militar y política del imperio soviético.
La lógica que presidió el sistema bipolar fue la de evitar la guerra o la confrontación directa entre las potencias globales (lo que habría conducido a una guerra nuclear, con un resultado de aniquilamiento masivo y planetario, inaceptable para ambos contendores), y de derivar el conflicto hacia las naciones del Tercer Mundo,  de manera que la mayor parte de las conflagraciones (internas e internacionales) de la época de la Guerra Fría, fueron guerras por procuración: cada bando, grupo armado o Estado en conflicto, era más o menos apoyado por cada una de las potencias dominantes, según la importancia de la encrucijada.
De este modo, las guerras de la Guerra Fría fueron siempre guerras ideológicas o con un fuerte contenido político, aunque sus causas de fondo hayan sido étnicas, geopolíticas, religiosas o económicas.  La bipolaridad Este-Oeste, fue, por ejemplo, el telón de fondo del fin de los imperios coloniales en Asia, Africa y Oceanía,  del fortalecimiento de los nacionalismos y fundamentalismos árabes, y del conflicto entre la URSS y China Popular por la hegemonía ideológica en el campo socialista.
La política estratégica de los Estados Unidos durante casi medio siglo (1945-1990) se orientó a mantener su hegemonía imperial en el mundo, creando a su vez, un vasto sistema de alianzas políticas y estratégicas, de Estados-pivotes (Turquía, Iran, Pakistán, Israel, Arabia Saudita, Australia, Sudáfrica…), y de numerosas bases militares capaces de rodear todo el territorio de la Unión Soviética con un muro de contención, y una amplia red de relaciones comerciales, tecnológicas y financieras –mediante empresas, bolsas de comercio y bancos- que permitieran asegurar los suministros y flujos económicos y energéticos estables entre el centro y la periferia.
El pensamiento estratégico estadounidense y occidental de la Guerra Fría, estuvo dominado por autores como B. Brodie y el General Maxwell Taylor, con su obra The Uncertain Trumpet  de 1961.  Desde el punto de vista de la conducción estratégica de la guerra, pensadores y políticos como Robert McNamara, que propiciaba la proliferación de blancos y la gestión de las crisis, en su texto The Essence of Security, (1968), o Thomas Schelling, a través de su obra La estrategia del conflicto,  son quienes mejor contribuyeron a formular  la teoría de la respuesta flexible o graduada, dominante en el pensamiento estratégico occidental de los años sesenta y setenta.
Simultáneamente, la OTAN desarrolló un pensamiento estratégico, en el que las elaboraciones más relevantes fueron El Informe Harmel (1967) sobre la estrategia de la respuesta graduada, la Declaración de Washington sobre las relaciones Este-Oeste (1984) y el Nuevo concepto estratégico de la Alianza de 1991.
Durante la década de los sesenta, emergen dos nuevas formulaciones doctrinales estadounidenses: la doctrina del Assured Destruction-Damage Limitation orientada a precisar en el plano nuclear las implicancias militares de la doctrina de la respuesta flexible (y propuesta por McNamara en 1965); y la ideología de la seguridad nacional, destinada a servir de justificativo  político a una nueva etapa de intervencionismo militar y de militarismo en el Tercer Mundo.
La doctrina americana del MAD /Mutual Assured Destruction constituye el punto culminante del pensamiento estratégico occidental en los años setenta.  En 1967y 1968, R. McNamara la cristaliza en su texto The Essence of Security, al afirmar que “…a partir de ahora, la destrucción asegurada es la verdadera esencia de todo el concepto de disuasión”, en la medida en que supone la capacidad para asestar un segundo golpe nuclear estratégico al adversario.  A su vez, Thomas Schelling propone su obra Controlled response and strategic warfare, (1965), en la que  postula que la respuesta americana en cualquier región del mundo a las variadas formas de agresión percibidas desde la URSS, deben evitar ser “demasiado grandes” para que puedan seguir siendo creible, lo que fue desoído en Vietnam.
En este mismo período, o sea, en los años setenta, Henry Kissinger aporta una visión  profundamente realista y pragmática de la política internacional, con su teoría del dominó  y un elaborado concepto de la guerra limitada para enfrentar la amenaza soviética, y para pensar una capacidad de realizar la guerra nuclear en caso que la disuasión fracase.
El realismo estratégico de EE.UU., en este punto de su evolución histórica, parece reducirse a una contabilidad cuasi-matemática de cabezas nucleares disponibles, para afirmar la superioridad estratégica sobre el enemigo principal.
Sin lugar a dudas, y a la luz de la información actual disponible, los Estados Unidos siempre mantuvieron una ventaja considerable en la esfera de los armamentos estratégicos, como consecuencia de la superioridad tecnológica alcanzada, especialmente a  partir de la década de los setenta.
En numerosos momentos de la confrontación Este-Oeste, los Estados Unidos ejercieron un rol  de gendarme imperial en el Tercer Mundo, desestabilizando y reemplazando gobiernos poco proclives, por dictaduras civiles y militares aliadas, de manera de garantizarse su propia hegemonía regional y mundial, así como los suministros energéticos que requería su economía.
Finalmente, la derrota americana en Vietnam produce una prolongada crisis en el pensamiento estratégico estadounidense, de la que se recuperan solamente con la doctrina reaganiana de la disuasión discriminada, que proponen F. Iklé y A. Wohlstetter en Discriminate Deterrence en 1988, que contiene –entre otros elementos- la llamada doctrina del conflicto de baja intensidad, mediante la que se pretende enfrentar los nuevos desafíos del narcotráfico, las mafias internacionales, las guerrillas internas, las guerras locales y el terrorismo fundamentalista, y con su concepto de la Iniciativa de Defensa Estratégica que postulaba llevar la disuasión y la guerra nuclear al espacio extraterrestre.
Con este enfoque, el pensamiento estratégico estadounidense deviene pluridimensional, hace depender el cálculo estratégico de la diversidad y calidad tecnológica de los arsenales disponibles, y refleja la disposición política de Estados Unidos de intervenir militarmente en cualquier punto del globo donde su propia Diplomacia y Estrategia lo aconsejen, y donde se perciban sus intereses nacionales afectados. 
En síntesis, la representación estadounidense de la guerra es un enfoque pragmático de la saturación del teatro enemigo, mediante el peso imponente y decisivo de una tecnología sofisticada masivamente utilizada, y que supone el control de los mares y océanos y el dominio estratégico del aire, el espacio y las comunicaciones, a partir de la santuarización nuclear del territorio de los Estados Unidos y de Europa occidental.
Al final del período de la Guerra Fría, ambas potencias tuvieron que experimentar costosas derrotas en guerras llevadas a cabo con tropas de intervención propias en territorios ajenos.  
La derrota militar de Estados Unidos en Vietnam (1965-1975) fue un golpe psicológico y político muy duro, del que se recuperaron sólo diez años después; mientras que el desastre y retirada militar de la Unión Soviética en Afganistán (1979-1989) constituyó un factor coadyuvante de consideración, en el derrumbe socio-político, ideológico y militar del sistema soviético.
La doctrina político-estratégica que predominó entre las grandes potencias en el período 1945-1990 fue la disuasión clásica y la disuasión nuclear.   Como se sabe, el principio de la disuasión ha sido  considerado tan antiguo como la propia historia de la Humanidad, pero sólo ha cristalizado doctrinalmente durante el siglo XX, y  consiste esencialmente en la noción que supone disuadir al oponente de ejecutar una acción hostil, mediante la amenaza creíble y la certeza previsible de una respuesta  más destructiva, y por ello  inaceptable.
 
La gran interrogante es la de determinar en qué medida la disuasión clásica podrá responder a las exigencias e incertidumbres del período posterior a la guerra fría.
Estrategia y relaciones internacionales
en el orden de la post-guerra fría
Numerosos autores realistas, afirman que con la crisis final del orden bi-polar predominante hasta 1990, ha entrado también en crisis la noción tradicional de disuasión, ya que no sólo se han multiplicado los focos y causas de conflicto, sino que el poderío nuclear estratégico resultaría políticamente inviable, para resolver tantos conflictos diversos y localizados.
En efecto, el conjunto del edificio intelectual y político edificado en torno a la disuasión clásica, ha quedado profundamente cuestionado, desde el momento en que con la implosión del sistema soviético y de toda la bipolaridad, la disuasión parece ser cada vez menos eficaz para resolver los problemas estratégicos ocasionados por la multipolaridad y sobre todo por la imprevisibilidad  del escenario internacional.
El año 1989 y el derrumbe de la Unión Soviética constituyó uno de los fenómenos mayores en las Relaciones Internacionales, hasta el punto que diversos autores han señalado que en dicha coyuntura concluyó el siglo XX.
A partir del quiebre del sistema de la bipolaridad Este-Oeste, el escenario internacional de fines de la década de los noventa y desde el punto de vista estratégico, ha entrado en una prolongada zona de incertidumbre y de imprevisibilidad.
El mundo de fines del siglo XX y de principios del siglo XXI es menos previsible y más incierto que lo era durante el período de la Guerra Fría, en razón de una complejización y multiplicación de las causas de los conflictos, del hecho que muchos conflictos de dicho período quedaron pendientes y de la ausencia de un orden internacional seguro y capaz de regular el conjunto del sistema-planeta.
No solamente han desaparecido  las motivaciones ideológicas que fundamentaban los conflictos del actual siglo XX, sino que –como se explica en otro capítulo-  se han complejizado las causas que originan las guerras.
Las guerras y conflictos abiertos más relevantes que han sucedido en el mundo, desde 1989 hasta el presente, se sitúan precisamente en ésta óptica de complejización y multiplicación de sus causas originarias.
Por ejemplo, los conflictos pendientes en el Medio Oriente (Israel frente al Líbano, fundamentalismos islámicos, Israel y el pueblo palestino, Irak frente a la comunidad internacional), han continuado suscitando guerras y enfrentamientos, sobre la base de motivaciones geopolíticas, étnicas y religiosas.   Tal es el caso también, de la guerra civil en la exYugoeslavia (1993-1999), y de los conflictos civiles internos de Irlanda del Norte, Córcega, España y Norte de Italia.
La pervivencia de diferendos fronterizos entre diversos Estados en el mundo, en Asia, en el continente africano y en América Latina, permite comprender que durante el período de la Guerra Fría, se mantuvieron latentes pero obedecían a  motivaciones geopolíticas y de intereses nacionales, que la oposición ideológica anterior no logró superar.
Resulta particularmente significativo observar que los dos Estados victoriosos de la II Guerra Mundial, sin embargo, han sido alcanzados por las dos potencias vencidas: Japón y Alemania, cuyas esferas de influencia económica y tecnológica, abarcan el continente europeo y toda la región del Asia- Pacífico.


elementos para una historia del realismo político

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La prehistoria de la Ciencia Politica:
Antigüedad clasica en Grecia y Roma
Los orígenes de la tradición intelectual del realismo en Occidente, podrían situarse en la filosofía clásica greco-latina con Tucídides, Aristóteles, Protágoras y Cicerón, quienes, entre otros, ponen las bases de esta escuela. 
Heródoto (siglo V AnE.), por ejemplo,  pone en evidencia que la ley es la única norma que gobierna a los hombres, que los seres humanos se gobiernan a sí mismos, y en particular subraya que los seres humanos no tienen otra motivación en la vida política,  que el interés y el temor.
Protágoras, por su parte, declara que el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que resulta que la Ciudad, la polis (es decir, la organización política de la sociedad) es el producto de los actos de los hombres y que las leyes resultan de una convención acordada entre ellos.  Mientras tanto, Jenofonte e Isócrates (en el siglo IV AnE.), consideran que la desgracia de las ciudades griegas proviene de su división y proponen buscar una autoridad política superior que sea capaz de confederar las ciudades-Estados, con lo que pre-anuncian el dominio imperial de Filipo de Macedonia y de Alejandro el Grande.
Por su parte, Aristóteles (384-322 AnE.), alejándose de los utopistas y sofistas que parecían dominar su época, propone el ideal realista de la Ciudad, la que hace de la libertad de los ciudadanos la premisa fundamental de toda organización justa, entendiendo que la Ciudad es la unidad de una multiplicidad y que la Ley es la expresión política de un orden, teniendo en cuenta la situación de la Ciudad, de su historia y de la composición del cuerpo social.
La creación política de la República y del Imperio romano, a su vez, sustentada en una prolongada elaboración jurídica, proviene justamente del hecho que la cultura romana presenta la virtualidad de haber sabido actuar mediante un sentido constante de los hechos consumados, procurando radicar la idea y la Ley en las estructuras colectivas cada vez más impersonales e institucionalizadas.  En esta concepción, los enunciados jurídicos y la legitimación filosófica que les acompaña, funcionan como marco fundacional y de perpetuación de un orden, de manera que el Derecho, la República y el Imperio actúan en tanto factores constitutivos de un orden militar y administrativo establecidos por dos órganos de poder: el Pueblo y el Senado.
Una de las diferencias mayores que separan a la construcción imperial romana, respecto de los imperios asiáticos anteriores, es precisamente el rasgo de satrapía que caracteriza a éstos.  El gobernante es aquí un autócrata absoluto e incontrolable, mientras que Roma y su Imperio se ven a sí mismos, como orden político universal regido por la Ley, y por un poder que ha cristalizado históricamente en órganos establecidos, regulados y distintos.
A partir de la Ley de las Doce Tablas, el Derecho Romano reconoce la existencia de un orden del mundo ineluctable y racional, que considera la sumisión tranquila al destino como una virtud capital.  De este modo, los méritos  de las instituciones romanas –como se pone en evidencia con Cicerón (106-43 AnE) y la escuela estoica- consiste en haber sabido definir una comunidad regida por Roma bajo el imperio de la Ley y de un orden político estrictamente determinado, y de haber comprendido a  Roma y a su imperio como una Ciudad Universal, en la que la condición ciudadana se extendía cada vez más, creando así un primer esbozo de ordenamiento internacional y de cosmopolitismo.
Desde la perspectiva de Roma, como capital y centro de un poder único y sacralizado, el imperium es el medio por el cual la Ciudad realiza sus virtudes republicanas y propaga por el mundo las ventajas de una dominación revestida de civilización.  El gobernante o Emperador, deviene a la vez, detentor de la “potestas” y la “auctoritas”, mientras se erige en “imperator” y en “princeps”. 
En este ordenamiento político, con vocación internacional aún poco definida, el pragmatismo del ejercicio del poder y la dominación, mediante una combinación dosificada de fuerza militar, diversidad religiosa, ocupación territorial, reconocimiento jurídico e influencia cultural, producen como resultado histórico que, tanto en las provincias como en la capital imperial, las fuerzas materiales y simbólicas de unificación –o fuerzas centrípetas- siempre logran predominar sobre los  poderosos factores de dispersión y división –o fuerzas centrífugas.
En el imperio romano, como forma refinada de dominación política de un Estado sobre una diversidad creciente de  territorios, el poder imperial se caracteriza por la omnipotencia del dominio, por la sacralidad de que se rodean los símbolos y signos visibles del poder, y por la legitimidad subjetiva que sustenta a los gobernantes transformados en divinidades.  La pax romana que se instala en torno al Mediterráneo y en Europa central y sur por varios siglos, es más una época de fuerte dominación tranquila que una larga sucesión de guerras de conquista. 
Roma funda el jus gentium mediante la práctica de su dominación imperial.
El realismo romano (tan notorio en Polibio, como en Cicerón y en Séneca) consiste en un pragmatismo revestido de juridicidad y de un vigoroso sentido material del poder, lo que convierte al Imperio (floreciente o decadente) en la base política  sobre la que se levantaron los Estados de la Edad Media, de manera que la crisis de ésta estructura de dominación territorial, tuvo más bien el aspecto de una desconstrucción prolongada, lenta y casi imperceptible (aún a pesar de las invasiones orientales).
La prehistoria de la Ciencia Politica:
(Edad Media)
La tradición realista proveniente del imperio romano, dio paso en los inicios de la Edad Media, al predominio de las concepciones cristianas, que afirmaban –con Agustín de Hipona (354-430 NE), Gelasio y Gregorio el Grande (540-604 NE) el principio de las dos espadas o los dos poderes: temporal y espiritual, y de que entre ambos, es el poder divino el que detentaba la plenitudo potestatis o potestad suprema.
Esta concepción produce como resultado en la esfera internacional, que el Papado ejerce una suprema autoridad espiritual, a la que se subordinan los poderes temporales: reyes, príncipes y emperadores.  Pero mientras gran parte de la Edad Media estuvo atravesada por ésta contienda de competencias, al interior de los reinos y territorios resultantes de la desmembración del Imperio, una contínua práctica jurídica y administrativa fue consolidando la autonomía de un poder político, ejercido en nombre de otros principios: así surge el poder monárquico.
Hay que observar que al interior de la dispersión medieval de reinados, aparece la visión universalista de Marsilio de Padua (1275-1343 NE.) quién al pretender sostener las pretensiones del poder universal de un emperador europeo, reinicia la polémica contra la teocracia romana, desde una óptica tomista.  Pero, al mismo tiempo sustenta el principio de que la sociedad es un todo, que es anterior y trascendente a sus partes, lo que origina el universitas civium, una universalidad de ciudadanos regida por un pars principans es decir, por un Príncipe responsable de la gestión pública y la coerción.
Marsilio, al concebir y proponer la autonomía del cuerpo político respecto del poder religioso, prefigura el concepto político de la soberanía, es decir, el concepto moderno de Estado, con lo que –de paso- recusa teórica y jurídicamente la autoridad de los Papas.  Al mismo tiempo, la idea de universitas no se refiere solamente a la comunidad de los ciudadanos, sino a los grupos y Estados reunidos en torno a una función y a una misma regla, dando forma a cuerpos sociales que aspiran a ser reconocidos como sujetos de Derecho y como personas morales.
Sin embargo, al separar al hombre cada vez más solo, del poder cada vez más fuerte e impersonal del Estado, los pensadores medievales estaban abriendo las puertas del Humanismo y del Renacimiento.
El realismo político se alimentó inicialmente de la tradición humanista.  El Humanismo, como paradigma cultural, estético y filosófico se originó en el siglo XIV en Italia, pero a lo largo de dos siglos se extendió a toda Europa occidental, en gracias a la difusión provocada por la imprenta inventada por Gutenberg, como un ideal y un conjunto de maneras de ser, métodos y corrientes filosóficas cuyo énfasis central se dirige a valorar, enaltecer y comprender la realidad humana.
La visión humanista clásica de fines de la Edad Media, se estructura en torno a un clacicismo literario y estético, a un fuerte realismo y una visión esencialmente crítica de la realidad, a la emergencia del individuo y de la idea de la dignidad del ser humano y al desarrollo de ciertas virtudes activas.
El realismo que contiene el Humanismo clásico apunta a rechazar las creencias tradicionales, y buscar establecer al análisis objetivo de la experiencia observable como el modelo epistemológico del hombre curioso y ávido de saber.  A partir de esta búsqueda nacieron las ciencias modernas, no solo como disciplinas académicas, lo que implicaba una evolución cultural e institucional que desembocó en la formación de la institución universidad, sino sobre todo como instrumentos eficaces y prácticos para conocer la verdad y la realidad, lo que tendría efectos sobre el mundo político con la formación de los primeros Estados modernos.
Desde Francisco Petrarca (1304-1374) hasta Marsilio Ficino (1433-1499), autores tan influyentes como F. Guicciardini, C. Salutati, L.B. Alberti, G. Boccaccio, T. Tasso, B. Bruno, G. Budé, D. Erasmus, F. Rabelais y M. de Montaigne, desarrollaron una corriente de pensamiento cuyo realismo político y moral desembocaría más adelante en Maquiavelo y Bodin, postulando que el conocimiento de los hechos humanos debía ser similar al examen que Galileo hacía de los hechos físicos, es decir, que los hechos son fenómenos que deben ser descritos minuciosamente, antes de ser explicados, evaluados y comprendidos.
El humanismo clásico produce la primera ruptura con los paradigmas religiosos y morales predominantes en la edad feudal, incita al ser humano a pensar por sí mismo y sobre sí mismo, a creer en sus poderes y capacidades humanas reales como individuo y como parte de la sociedad y de la historia.  Se trata también de un realismo historicista que busca relativizar en la mente humana, las creencias sobrenaturales imperantes.
Los primeros fundamentos
de la Ciencia Politica:
el aporte del Renacimiento
Hay que avanzar hasta el Renacimiento italiano en el siglo XV, para encontrar algunos de los desarrollos intelectuales más significativos de la escuela de pensamiento realista, momento en el que N. Maquiavelo (1469-1527) estableció las primeras bases conceptuales de la Ciencia Política moderna.
El aporte de Maquiavelo al realismo en Política y en Estrategia y a la Ciencia Politica como disciplina, proviene de dos conceptos fundamentales: el primero, que la Política debe ser considerada como la actividad objetiva y constitutiva de la existencia colectiva; y el segundo, el concepto de la autonomía de la Política, respecto de las creencias, ideas y religiones, de manera que deben ser descartadas del cálculo gracias al cual se establece el poder y se mantiene el Estado.  
Propone Maquiavelo, que en la Política reina la voluntad de poder, y por eso sintetiza la noción primera de la Razón de Estado, la « raggion di Stato », posteriormente perfeccionada por Giovanni Bottero  (1544-1617).
El realismo de Maquiavelo proviene precisamente de la tajante y definitiva separación y autonomía de lo político frente a otras realidades sociales y culturales. (3)  Maquiavelo proclama la autonomia de la Politica con respecto a las demas formas de conocimiento y de practica humana, con lo que estaba sentando los primeros fundamentos de una disciplina social distinta de la Historia, de la Filosofia y del Derecho.
  Según el Florentino, la autonomía de la Política, como ciencia y como práctica social,  pone de relieve que  son los hombres quienes hacen su Historia. Hay que destacar que N. Maquiavelo formó parte de toda una tradición intelectual y de un ambiente cultural donde otros escritores como Leonardo Bruni, C. Salutati, F. Guicciardini (1483-1540), Alain Chartier o J. Fortescue, contribuyeron también a desarrollar una visión realista del quehacer político.
Hay que observar que el siglo XV es el escenario de cambios científicos y mentales de profunda amplitud en Occidente: se juntan Copérnico, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci, Maquiavelo, mientras los grandes navegantes y conquistadores, como F. Pizarro, J. Cabot, C. Colón y A. Vespucio, contribuyen a extender los horizontes físicos e intelectuales de su época con los grandes descubrimientos geográficos.
Esta fue la época histórica en que el astrolabio, la brújula y el cañón, hicieron posible  realizar la navegación oceánica y los grandes descubrimientos geográficos marítimos.
  
Al entrar en crisis la visión  feudal y teológica dominante, el realismo en la Política y en el poder, en la ciencia y en el conocimiento, se alimentó de una concepción moderna y humanista del mundo, centrada ahora en el ser humano y en el ejercicio pleno de la razón. En este período, se instala plenamente en la conciencia europea el racionalismo: se trata de la búsqueda voluntarista de la Razón como ideal, como actitud y como método. El humanismo ha devenido realista y el realismo ha devenido racional y racionalista.  Desde este punto de vista, la razón es –para el hombre renacentista- a la vez un ideal y un método, es decir, obedece y se manifiesta como el pensamiento crítico, mesurado y metódico, que siempre tiende a reducir a las dimensiones humanas y a los hechos objetivos, las ilusiones que forman su fantasía y su imaginación.
                                                                                                       
 Por lo tanto, el desarrollo más amplio de la tradición intelectual del realismo, se corresponde con la primera etapa de la historia de la Modernidad, desde principios del siglo XVI a fines del siglo XVIII.
A continuación, se incorporarán los aportes de Jean Bodin, con su teoría de la potencia soberana del Estado, como principio necesario y trascendente de la sociedad como organización política; de J. Althusius  que insiste sobre la unidad nacional que funda al Estado,  de H. Grottius con su tentativa de fundar la razón política sobre las bases de la ley natural y el Derecho, y finalmente, de S. Pufendorf  quién afirma la preeminencia del derecho, y el rol de la autoridad como  entidad legisladora. 
El jurista Jean Bodin (1529-1596) en particular, se esfuerza en afirmar la soberanía absoluta del Estado, a partir del concepto de que el poder del Estado se ejerce sobre ciudadanos o sujetos libres, y de que ésta potencia soberana es absoluta, una e indivisible y perpetua.  Para Bodin, el Estado es la sede de la soberanía y de la potencia soberana, punto focal del orden público, y sólo en él residen las  facultades de hacer la paz y la guerra, de dirigir la administración, de juzgar y de solicitar impuestos.
Desde la perspectiva internacional, el realismo político de Bodin reside en su visión del Estado como un actor soberano en el mundo, como el único órgano de poder que, junto con reunir el mando y la autoridad dentro de una sociedad, y encarnando dicha potencia soberana en instituciones empíricas, la representa en la escena internacional con una plenitud de potestad.
Ha quedado así abierta la perspectiva para el Estado contractual que propone H. Grotius.
Hugo Grotius (1583-1645) en su De jure Belli ac Pacis (1625), propone los principios y los elementos de un derecho universal que apunta a definir las reglas en función de las cuales se  deberían regir las relaciones entre Estados soberanos, tanto en la paz como en la guerra, de manera de proteger a los individuos implicados en tales conflictos.
Esta preocupación, lleva a Grotius a afirmar la universalidad del Derecho sobre la naturaleza del hombre, en su acepción más racional.  La sociedad política, para este jurista holandés, es un resultado objetivo de la sociabilidad humana, o sea, es una realización de las leyes de la naturaleza.  Esta sociedad política –interna e internacional- emana de una decisión voluntaria de sus integrantes (individuos o Estados soberanos), de manera de colocar la autoridad pública en una instancia soberana y perpetua cuya misión es asegurar la paz y la concordia.
En la visión de Grotius, el individuo es el centro de la organización estatal, y el Estado se sustenta en el consentimiento y la voluntad de la colectividad.  Grotius no es el creador del Derecho Internacional, pero su obra tiene la virtud de introducir la Razón en el derecho natural. Asi, el jurista holandés no fue un pacifista, sino un realista del pensamiento político, en tanto pretendía humanizar y legalizar la guerra, pero no suprimirla, y en cuanto sustenta el programa de un Estado universal, de una sociedad internacional conformada por todos los Estados, que mantengan las mejores y más armoniosas relaciones posibles entre sí.
El siglo XVII es una época de revolución intelectual y científica y Grotius forma parte de ésta poderosa corriente, cuando afirma que “el derecho deriva de la naturaleza, que es igualmente la madre de todos, y cuyo imperio se extiende sobre aquellos que dirigen las naciones…”, como aparece en su obra De mare liberum (1609).
 Por su parte T. Hobbes (1588- 1679) subrayó que el orden político se funda en un principio de autoridad y poder que se impone a la colectividad, el que reside en el Estado, y cuya soberanía es única e indivisible.  Para Hobbes, el ser humano es una individualidad corporal caracterizada fundamentalmente por su potencia: de aquí se deriva su visión del Estado y del poder.
Aquí nos encontramos en la transición entre el siglo XVI y el siglo XVII, un período en que numerosos autores cuestionan, desde el punto de vista de la Política, del Derecho y de la Filosofía, las concepciones idealistas y teológicas predominantes.  Hobbes escribe en su Leviatán: “…en una condición en la que los hombres no tienen más ley que sus apetitos personales, no puede haber norma general que establezca qué acciones son buenas y qué acciones son malas.  Pero dentro de un Estado, esa norma basada en el apetito individual de cada uno es ya falsa: no es el apetito de cada individuo sino la Ley, es decir, la voluntad y el apetito del Estado, lo que constituye la norma”. ([1]).
La soberanía del Estado es única, indivisible e ilimitada, según Hobbes. 
En el fondo de su visión, lo que pretende Hobbes es eliminar el estado natural de las relaciones políticas, en la que cada uno puede perjudicar o destruir a los demás, produciendo un choque caótico de voluntades e intereses, y reemplazarlo por una instancia superior cuya finalidad sea imponer un orden que junto con eliminar la violencia natural de los actores políticos, sea capaz de sustituir la guerra de todos contra todos, por la paz entre todos.
Tomando como punto de partida una concepción realista e individualista del ser humano, Hobbes afirma que la condición fundamental para que exista un orden político estable, es que la colectividad construya e institucionalice un principio de soberanía todopoderosa, y que consienta a obedecer a las leyes y a las decisiones que impondrá dicho poder, en cuanto encarnación de la soberanía.
El realismo dominante de T. Hobbes se prolonga en la experiencia de poder del cardenal de Richelieu (1585-1642) en el Estado absoluto francés, en el siglo XVII.
Richelieu inscribe la práctica del poder en la lógica de la Razón de Estado.  En la práctica de la Política de Richelieu más que en su retórica, los principios básicos son la permanencia y preservación del Estado, la continuidad y estabilidad de las instituciones, y la primacía del interés general representado y realizado en la práctica política por dicho poder estatal.
Como se analiza más adelante, la doctrina de la Razón de Estado encuentra sus raíces en los pensadores y hombres de Estado del Renacimiento, en un proceso que se asocia estrechamente con la formación y consolidación del Estado absolutista, la primera forma de Estado moderno históricamente conocida.
Los amplios cambios intelectuales incubados desde el Renacimiento, cristalizaron en la Epoca y la Filosofía de las Luces, verdadera revolución intelectual de la que se desprendieron novedosas proposiciones realistas.
El realismo de los iluministas viene sugerido desde Descartes (1596-1650), quién deduce y construye un modelo, un método y un instrumento dirigido al conocimiento demostrativo.  La razón cartesiana se dirige a establecer una ciencia eficaz, susceptible de ser aplicada en el mundo real, y el conocimiento teórico se dirige a conocer no sólo los cuerpos y las almas –tarea ya cumplida anteriormente por la filosofía escolástica y la teología-  sino además a construir ciencias e ingenierías capaces de permitir el gobierno de los seres humanos y la sociedades, de limitar las pasiones y ordenar el curso de la Historia.
En la poderosa vertiente cultural generada por el Iluminismo, el realismo político se manifiesta –entre otros elementos- en su especial valoración por el Derecho de Gentes, a través del cual se pretende regular las relaciones entre los Estados.  Estamos en pleno siglo XVIII.
 Asi, por ejemplo, Puffendorf influye en Diderot y D’Alambert para que éstos plasmen en la Enciclopedia (1751-1780) la lógica de la razón aplicada al quehacer político e internacional, y a toda la reflexión científica y filosófica.
La continuidad intelectual del realismo político con el período del Renacimiento y el Iluminismo, puede encontrarse   a través de los teóricos de la Nación- Estado en el siglo XVIII, asociados a la Revolución Americana y a la Revolución Francesa.  Esta orientación contribuirá a una visión política realista, subrayando el lugar central del ciudadano (citoyen o citizen) y de la Nación,  en la construcción política y simbólica de un Estado soberano, unitario y territorialmente establecido y organizado, pero al mismo tiempo, desencadenará fuerzas sociales, políticas e ideológicas, cuyos efectos aún encontramos en el umbral del siglo XXI.
Por su parte,  las contribuciones de B. Spinoza (1632- 1677), de Ch. de Montesquieu (1689-1755), de G.W. Hegel (1770-1831), terminaron por despojar al pensamiento político de sus “lastres del pasado”.  B. Spinoza, por ejemplo, afirma que el mejor de los Estados es aquel que garantiza la seguridad y la paz, en un mundo en el que la fuerza coincide con el Derecho, es decir, donde la fuerza no es más que una manifestación de la Ley.
A través de B. Spinoza y R. Descartes, como se ha visto, el esfuerzo intelectual y teórico del realismo –aún en medio de un prolongado contrapunto con el idealismo- se entronca con el racionalismo emergente, y conducirá a los pensadores políticos a buscar construir una “política de la razón”, es decir, una política fundada en la racionalidad del ser humano como ser político.
Ch. de Montesquieu a su vez, propone que la investigación de las causas es la primera etapa que lleva al descubrimiento de las leyes que rigen la sociedad y la Política, de manera que el punto de partida de su método y de la novedad de éste, es suponer que la infinita diversidad de los seres humanos, puede ser comprendida mediante un orden inteligible. 
Su actitud científica realista se resume en su proposición de “describir lo que es, no lo que debe ser”.   Por esta vía, afirma que la Ciencia de la Política debe fundarse sobre la autonomía intelectual y moral de la Política, respecto de las demás actividades materiales e intelectuales.
Durante el siglo XVIII, C.A. Helvetius (1715-1771) señala un momento relevante en el desarrollo de una visión realista de los hechos y de la Política. 
Dentro de los filósofos iluministas, C.A. Helvetius (1715-1771) es quién mejor afirma la primacía del interés y del interés general como criterio central de lectura de la realidad y de la moral.  No solamente el interés preside todos nuestros juicios, sino que el realismo se extiende a la esfera moral, al afirmar que dicho interés (personal o general) es el único juicio de la probidad, del intelecto y del mérito, de manera que no son más que las acciones de los hombres, de donde el público puede juzgar su probidad. La libertad, a su vez, desde la óptica de Helvetius, es el ejercicio libre de las potencialidades del ser humano.  Para este filósofo, un hombre es justo, en la medida en que todas sus acciones tienden hacia el bien público, de modo tal que en cuanto a la probidad, es únicamente el interés público el que hay que considerar, como criterio para comprender la justicia, la verdad y la libertad, en cuanto valores cívicos.
Durante el siglo XIX, probablemente Metternich y O. von Bismarck, fueron la expresión  más acabada del realismo en Política, mientras K. von Clausewitz, siendo tributario de C. de Guibert y de una larga tradición occidental del pensamiento estratégico, propuso los fundamentos de una profunda y amplia visión estratégico- política, analizando los principios y las características objetivas del fenómeno bélico.    
El paradigma de la modernidad –que preside el desarrollo del mundo desde el siglo XVIII hasta hoy- supone que ésta representa un modo de civilización característico, que se opone a la tradición, es decir a todas las otras culturas anteriores, y que se centra en el individuo libre o autónomo, en la búsqueda del interés privado y la realización de la conciencia personal, así como en la incorporación creciente de la ciencia y de las técnicas con su racionalidad eficiente, a los procesos sociales, políticos y productivos.  Individuo y razón son así, los dos valores ideológicos, culturales y morales centrales de la modernidad.  En el mundo de la modernidad, lo realista reside en la búsqueda consciente y voluntarista de la racionalidad, en todos los fenómenos y procesos.
En ese período, el realismo se alimentó  además con el fortalecimiento metodológico y conceptual alcanzado por las principales Ciencias Sociales: Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia.   A. Comte y E. Durkheim, fueron los autores más relevantes.
Entre el siglo XIX y el siglo XX, período durante el cual las grandes convulsiones sociales anunciaban las grandes guerras que asolaron el mundo entre 1914  y 1939, dos fuerzas ideológicas adquirieron una connotación relevante en la escena política: el marxismo sustentado en el ideario socialista clásico, y el nacionalismo respaldado en la afirmación histórica del hecho nacional en Occidente.  Ambas doctrinas nacen en Occidente y se nutren, en términos más o menos significativos, de un realismo político que se afirma en la creciente adhesión social que encuentran en las sociedades donde se instalan como fuerzas emergentes.
El realismo implícito en el marxismo (especialmente en su vertiente clásica, a partir de las elaboraciones de C. Marx y F. Engels), proviene tanto de su crítica filosófica contra la alienación humana provocada por el sistema económico capitalista dominante, como de su tentativa intelectual de develar los mecanismos económicos y políticos de dominación creados por dicho sistema, y por una cierta categoría social instalada en el poder: la burguesía. 
El marxismo -desde una perspectiva teórica e intelectual- se nutrió de los principales avances de las Ciencias Sociales en el siglo XIX, especialmente de la Sociología, la Economía Política y la Historia.
Lo que el marxismo clásico contiene de realismo (y que proviene básicamente de la tradición intelectual del Iluminismo europeo), es su capacidad objetiva para identificar la existencia de diferencias profundas y estructurales entre las diferentes clases y segmentos de la sociedad, y su formidable potencialidad crítica, para develar las fuentes del poder en la sociedad moderna y sus múltiples formas de dominación y explotación, pero ese realismo queda relativizado, cuando el marxismo anuncia la crisis terminal del capitalismo y la llegada de una sociedad socialista y comunista, y cuando carece de conceptos que le permitan explicar el retorno del socialismo al capitalismo.
A su vez, el nacionalismo desde el siglo XIX hasta hoy, ha sido una fuerza impulsora de movimientos sociales e ideológicos, de la formación de partidos y fuerzas políticas,  de guerras civiles e internacionales. 
El nacionalismo convertido en fuerza política e intelectual, se apoya en el poderoso sustrato cultural formado por la identidad territorial y grupal constituída a lo largo de un período histórico, por una comunidad de individuos, grupos y familias, los que al alcanzar la condición nacional, la convierten en una creencia cohesionadora.  Naturalmente, que siempre es necesario distinguir el nacionalismo espontáneo de los pueblos, de los nacionalismos políticos reaccionarios  producidos por los ideólogos conservadores y racistas.
Cualquiera sea la tendencia ideológica que se apropie del hecho nacional, el fenómeno objetivo que debe considerarse políticamente, es que el hecho nacional y la creencia nacionalista constituyen todavía poderosos resortes políticos y sociales, aún en las condiciones de la sociedad de hoy, crecientemente  globalizada e interdependiente.
La constitucion de la Ciencia Politica
 en el siglo XX
La Política del siglo XX, puede ser comprendida y considerada como la política alienada, individualista e ideologizada que entra en crisis consigo misma y con la racionalidad  moderna.  La Política ha chocado con la Modernidad y con la Razón, en un siglo en el que el realismo ha llevado tanto por el camino de la prudencia y del equilibrio, como por la senda de la agresión y la violencia.
A su vez, la tradición realista se desarrolla durante el presente siglo  en dos direcciones intelectuales complementarias: por un lado, la racionalidad política del pragmatismo en los sistemas nacionales, y por el otro, las aplicaciones del realismo a la esfera de las Relaciones Internacionales, de la Estrategia y de la Polemología.
Tres fenómenos mayores marcan la evolución del realismo en el siglo XX: la lucha interminable de la democracia y el Estado de Derecho, como sistema de gobierno, frente a sus enemigos dictatoriales y autoritarios; la experiencia de las guerras mundiales y de las guerras ideológicas, con su corolario estratégico del hecho nuclear; y la problemática económica, política y cultural del desarrollo y el subdesarrollo.
Las dos Guerras Mundiales y el ciclo de la bipolaridad Este- Oeste (1945-1990), potenciaron la escuela realista con una visión objetiva, descarnada y fría de los múltiples juegos de fuerzas, intereses y manifestaciones de poder, que caracterizan a las relaciones entre los Estados.
La experiencia de las dos Guerras Mundiales puso de relieve dos fenómenos que influyeron sobre la evolución intelectual de la escuela realista de las Relaciones Internacionales. 
Uno de ellos, fue el logro una mayor conciencia en cuanto a la relatividad de los tratados y acuerdos internacionales, si ellos no están suficientemente respaldados por una adecuada estatura política y estratégica de los respectivos  Estados contratantes, lo que ha contribuído, en cierto modo, a otorgar un mayor realismo y pragmatismo a las decisiones y a las conductas de Estados y gobiernos.
La I Guerra Mundial y el conjunto de conflictos anteriores que desembocaron en ella (guerra ruso-japonesa de 1905, guerras balcánicas de 1912 y 1913), así como los numerosos esfuerzos de paz y de conciliación internacional (Conferencias de La Haya, Conferencias Navales, etc.), demostraron la necesidad de la existencia de una organización internacional amplia, que otorgue respaldo a la creciente  normativa jurídica que surgía de la voluntad e intereses de los Estados.
El fracaso de la Sociedad de las Naciones, para impedir los cada vez más frecuentes conflictos en Europa y otras regiones del mundo, en la década de los años 30, y para frenar las ambiciones imperialistas de algunas naciones europeas, demostró precisamente que el Derecho Internacional -en las condiciones de la sociedad moderna y tecnificada actual, dotada de armamentos de creciente sofisticación, letalidad y precisión- no puede tener mayor fuerza ni eficacia, que la que emana de la voluntad política explícita de los gobiernos y Estados que lo pactan y de la suficiente estatura política, diplomática y estratégica de esos mismos Estados, a fin de garantizar su cumplimiento.
El otro fenómeno, fue el logro de una mayor comprensión y conciencia universal, acerca de las posibilidades aterradoras de destrucción total, que la propia especie humana es capaz de inflingir a otros seres humanos, como consecuencia de determinadas ideologías políticas. 
De las dos mayores conflagraciones mundiales, y especialmente después de la II Guerra y de los Tribunales de Nuremberg y Tokio y otros procesos históricos, ha emanado gradualmente una conciencia humanitaria, que no solo apunta al fortalecimiento de los derechos de las personas, los grupos y las minorías ante el poder del Estado, sino también ha continuado en la tendencia a cristalizar tales derechos en normas del Derecho Internacional, susceptibles de ser aplicadas en cualquier lugar del mundo, dando forma –desde 1945 en adelante- a una suerte de extra-territorialidad moral y jurídica aún en vías de configurarse.
Este Derecho sin embargo, continúa requiriendo de una afirmación pragmática de la personalidad internacional de cada Estado soberano.
Entre los más destacados exponentes de la escuela realista, durante la segunda mitad del siglo XX, hay que mencionar a G. Bouthoul en el desarrollo de la Polemología, K. Friedrich y C.W. Deutsch en el campo teórico de la Ciencia Política, R. Aron y H. Morgenthau en la esfera de las Relaciones Internacionales, los que encontraron seguidores destacados en las décadas de los sesenta y los setenta, en autores como B. Brodie, N. Spykman, H. Kissinger, Z. Brzezinski, G. Kennan, A. Wohlstetter y H. Kahn,  entre otros. 
En particular, H. Kissinger y Z. Brzezinski desarrollaron en el plano teórico y práctico, una concepción realista de la disuasión, aplicada a las difíciles condiciones contemporáneas del hecho nuclear, al mismo tiempo que elaboraron y trataron de aplicar una visión del equilibrio político y estratégico y la estabilidad en la esfera internacional, incorporando un desarrollo específico de la teoría del dominó al complejo juego de fuerzas políticas y militares que allí tienen lugar, a través de un estudio pragmático de los intereses en conflicto en las relaciones entre las naciones-Estados.
Es necesario subrayar que H. Kissinger, G. Kennan, A. Wohlstetter y H. Kahn, sin embargo, a diferencia de los realistas teóricos de principios de siglo, tuvieron la virtualidad de llevar el pragmatismo doctrinal que sustentaban, a la esfera de la aplicación concreta en la realidad del ejercicio del poder en la esfera internacional.
  A decir verdad, en el siglo XX, el realismo político encuentra líneas muy estrechas de conexión intelectual con el realismo estratégico.
Revisemos algunas de sus líneas matrices de desarrollo.
Después de la II Guerra Mundial, el escenario internacional pareció dominado por las visiones estratégicas y políticas orientadas a la confrontación entre Oriente y Occidente. 
El hecho nuclear introdujo además, una creciente dosis de incertidumbre en los cálculos estratégicos de los actores internacionales.
Por el lado estadounidense y occidental, Winston Churchill, Truman y George Kennan inauguran el enfoque bipolar, a partir del concepto de que la superioridad estratégica (real o supuesta) de la Unión Soviética, constituía un dato inaceptable para la posición político-estratégica de Estados Unidos y de todo Occidente, y de dicha “brecha” debía ser cerrada.
Entre 1945 y 1953, la visión política de Estados Unidos es la del containment , basada en la lógica de que había que contener o parar la ofensiva de la URSS, en todo lugar donde ésta se manifieste.  Naturalmente, este enfoque presupone la existencia de arsenales estratégicos suficientemente dotados para poder servir a tal política.
El realismo americano de la primera post-guerra, se alimenta del deseo de mantener la superioridad de los intereses estadounidenses en el mundo, y de combatir al comunismo allí donde éste emerja y ponga en riesgo dichos intereses.
A su vez, la URSS construye en éste período, la estrategia de la fortaleza asediada.  J. Stalin define entonces que la URSS se encuentra crecientemente sometida a una estrategia occidental de amenaza que los rodea territorialmente.  El “muro de Berlín” y la “cortina de hierro” que acusa Churchill, convenía a ambas partes: los sovéticos lo utilizan como muro defensivo e impermeable y glacis de contención,  frente a las numerosas alianzas militares que EE.UU. tejió a su alrededor, y los occidentales lo utilizan como arma retórica, y como justificación del armamentismo.
La URSS formuló entonces una definición territorial de la potencia estratégica, y los EE.UU., generan una fórmula de contención ante todos los movimientos soviéticos en el exterior.  Cada uno percibe en los gestos, pasos, decisiones, acciones y omisiones del adversario, una estrategia de agresión que debe ser respondida.
En el período soviético, los pensadores políticos coinciden con los gobernantes, de manera que V.I. Lenin, fundador del Estado soviético fue el primero en formular una visión político-estratégica global.  Desde el punto de vista del realismo político marxista, el concepto leninista del imperialismo como última fase del capitalismo constituye el fundamento doctrinal sobre el cual su sucesor J. Stalin, elaboró la doctrina de la Unión Soviética como el primer y único Estado socialista, en función de la cual los pensadores militares trabajaron la noción de la fortaleza asediada por las fuerzas del capitalismo y el imperialismo.
A la muerte de Stalin, en 1953, se inicia un nuevo período de formulaciones político estratégicas.  N. Khroutchev en sus sucesivos Informes del Comité Central al Congreso del PC de la URSS, desarrolló la política de la coexistencia pacífica, la que pretendía combinar el potenciamiento de la capacidad militar y el armamentismo estratégico de su país, con la mantención de relaciones de coexistencia pacífica y competitiva con los Estados Unidos en todas las regiones del planeta.
Esta orientación reveló sus imperfecciones con la Crisis de los Misiles de 1962, la que le costó su salida del poder en 1963.
L.Breshnev, a medida que fue afirmando su hegemonía al interior del aparato de poder de la URSS, desarrolló la doctrina de la intervención  limitada, al mismo tiempo que fortaleció la capacidad estratégica intercontinental y marítima de su país.  La política estratégica de la URSS de Breshnev, a pesar de su fuerte realismo clausewitziano, comenzó a hacer crisis con la Primavera de Praga (1968) y la invasión de Afganistán (1979), en las que el propio edificio intelectual del marxismo-leninismo comenzó a perder su atractivo intelectual y su poder explicativo teórico y práctico.
El advenimiento de M. Gorbatchov (1985) significó la aparición de una política realista de glasnost (transparencia), de perestroika (apertura) y de desarme regulado y compartido con Estados Unidos, lo que constituyó en la práctica, un reconocimiento pragmático del atraso tecnológico de la URSS ante los EE.UU., y de la necesidad de democratizar el socialismo, lo que a su vez, se correspondía con la presión social que surgía en otras naciones de Europa Oriental (Polonia en particular).    El libro Perestroika de 1987, puede considerarse como la elaboración más acabada de la nueva visión política soviética representada por M. Gorbatchov, en la que postula un nuevo esquema de relaciones con Estados Unidos, basado en la cooperación, el desarme equilibrado y gradual de las fuerzas y el retiro de las respectivas tropas nacionales de territorios extranjeros.  Este enfoque –profundamente realista- no pudo impedir ni frenar las poderosas fuerzas internas y externas que condujeron a la implosión soviética.
Como se verá más adelante, el realismo político encontró su corolario en el pensamiento estratégico de manera que toda la idea de la disuasión clásica al llevar a un impasse militar, terminó por conducir  al término de la lógica de la bipolaridad en 1989 y 1990, abriéndose el actual período de transición e incertidumbre.
 

¿Cuál es la postura del realismo actual en la esfera internacional?
 

El realismo político del presente, especialmente en las Relaciones Internacionales, se nutre del reconocimiento de la coyuntura transitoria e impredecible que experimenta el mundo actual, de la identificación de causas cada vez más complejas y variadas en el orígen de los conflictos y las guerras, y de la necesidad de afirmar la Política Exterior del Estado en una identificación pragmática y objetiva del balance de poder y del juego de intereses que se manifiestan en su entorno internacional.
LA POLITICA DE LA RAZON DE ESTADO
Uno de los componentes conceptuales básicos del paradigma realista de la Política, se encuentra en la Política de la Razón de Estado.
La Ciencia Política moderna parece haber eludido un examen minucioso en torno a uno de los mecanismos políticos más importantes y decisivos para asegurar la permanencia y continuidad del Estado.
Consideraciones históricas
La doctrina de la Razón de Estado encuentra sus fundamentos históricos en las profundas mutaciones intelectuales y culturales que se manifiestan en el Renacimiento europeo en los siglos XV y XVI.
 

 

La Razón de Estado es una creación política –o un descubrimiento intelectual- propio del Renacimiento europeo.  En el clima  político y cultural inquieto de las ciudades italianas del siglo XV y XVI, autores humanistas como F. Guichiardinni, C. Salutati, Leonardo Bruni entre otros, influyeron para que N. Maquiavelo y G. Botero elaboraran una primera formulación  doctrinal, poniendo al desnudo la realidad del poder del Estado, y fijando los principios para que éste naciente aparato de poder y de gobierno, pudiera perpetuarse en el tiempo y trascender a sus funcionarios. Mientras Maquiavelo fue el primero en separar la Política de las religiones y teorías idealistas, Giovanni Botero comprendió que la Razón de Estado era la propia manera de funcionar del Estado.  Según la nueva doctrina, la Política es un arte pragmático y positivo, es una práctica racional que recoge y sintetiza en sus cálculos, los datos de la realidad concreta y de la experiencia.  Posteriormente, J. Bodin, T. Hobbes, así como las experiencias de gobierno del Cardenal de Richelieu y del propio M. Robespierre en el siglo XVIII, vinieron a confirmar sus alcances y límites.
 

La doctrina de la Razón de Estado es el punto de convergencia de la modernidad y del poder, del realismo en política y de la búsqueda de una racionalidad en los actos humanos. 
Elementos para una definición
 de la Razón de Estado
Más allá de la retórica o del silencio que rodea al tema de la Razón de Estado, todo Estado moderno está dotado de una doctrina inmanente cuya función fundamental consiste en justificar su existencia, de manera de otorgarle cohesión doctrinal a su funcionamiento como institución de instituciones.
La Razón de Estado podría entenderse, en un primer sentido, como el conjunto de las decisiones y actos políticos cuya legitimidad y legalidad son problemáticas, y mediante las cuales un Estado soberano asegura su realización, sin perjuicio de los recursos internos o externos que permitan garantizar tales prácticas.  Sin embargo, la Razón de Estado no se confunde pura y simplemente con una política de transgresión de las normas ético-jurídicas bajo los efectos de una afirmación de hecho del poder coercitivo del Estado.
Es necesario reconocer que la conservación de un Estado o el crecimiento de su poder y potencia, deben ser incorporadas durante una larga tradición política e intelectual, dentro del ámbito de los fines legítimos que se proponen los gobernantes y los funcionarios del Estado.  
En última instancia, es el interés del Estado en el sentido amplio del concepto,  el objetivo, la guía y la justificación de los gobernantes, cualquiera sea el régimen político donde aquel tenga lugar.
El interés del Estado, no necesariamente coincide con el interés de la Nación, y ambos tampoco pueden necesariamente asociarse con el interés general, aunque estas tres dimensiones tienden a ser confundidas, labor que resulta precisamente del funcionamiento o de los mecanismos de la razón de Estado.
La Razón de Estado es la doctrina inmanente de la maquinaria estatal, que se orienta a preservar y asegurar su estabilidad, su permanencia y su continuidad en el tiempo, por encima de las variaciones coyunturales, y que trasciende a los individuos que ejercen el poder.
Los mecanismos de la Razón de Estado
El gobierno y la política de la Razón de Estado son inseparables de la realización de un conjunto de actos y operaciones políticas, a través de las cuales el Estado o alguna de sus instituciones fundamentales intenta preservar la continuidad esencial de la “maquinaria estatal”.
Cuatro son los mecanismos principales a través de los cuales se manifiesta el principio de la razón de Estado, en las organizaciones estatales modernas, a saber:
a)         Las políticas de silenciamiento de la acción estatal o de sus decisiones.
b)        Las políticas comunicacionales sistemáticas, en cuanto son conducentes a establecer una verdad oficial.
c)        Las técnicas de golpe de Estado.
d)        Las políticas de seguridad del Estado.
Veamos cada uno de estos mecanismos.
Se definen como políticas de silenciamiento al conjunto de procedimientos políticos y burocrático-administrativos destinados a ocultar los mecanismos y el proceso de toma de decisiones de las autoridades e instituciones del Estado.
 

El Estado tiende espontáneamente a ocultar de la opinión pública y del escrutinio ciudadano, los procesos de toma de decisiones especialmente aquellos que se sitúan institucionalmente en las esferas superiores de las estructuras de poder.
Los ciudadanos en definitiva, aún cuando cuenten con la acción vigilante de la opinión pública, sólo conocen las decisiones cuando éstas han sido adoptadas y son comunicadas o ejecutadas por la burocracia.
 

Las políticas comunicacionales, son operaciones sistemáticas de orientación de la información y del flujo de las comunicaciones estatales, a fin de presentar bajo el mejor aspecto posible y presentable, una verdad oficial.
 

 

Forma parte de los mecanismos normales de ejercicio de la razón de Estado, el que la maquinaria estatal tienda a elaborar, procesar, difundir y defender una verdad oficial, la que se configura en un conjunto –más o menos coherente- de afirmaciones, puntos de vista, interpretaciones y percepciones acerca de la realidad.
La verdad oficial es la interpretación que el Estado y/o sus autoridades dan a los eventos de la vida política, social, económica y cultural de la sociedad; se trata ciertamente de un punto de vista, de un enfoque diferente e incluso de un enfoque ideológicamente sesgado y dirigido.
Pero, además se trata de un conjunto de técnicas de elaboración y manipulación de los hechos y de la información, de manera de producir un determinado efecto comunicacional y político.
 

 

La técnica del golpe de Estado constituye una operación político-militar de irrupción violenta y de copamiento de las fuentes físico-geográficas de poder y de las instituciones fundamentales del Estado, a fin de satisfacer determinados intereses políticos.
 

En cuanto operación político militar, todo golpe de Estado supone la intervención –más o menos planificada- de fuerzas armadas o militares, sean éstas regulares o irregulares.
Todo golpe de Estado supone, al mismo tiempo, el doble objetivo de paralizar el funcionamiento de la maquinaria decisional y burocrática de las instituciones fundamentales del Estado (en particular de los poderes ejecutivo y legislativo); y poner en marcha nuevas estructuras, autoridades y/o procesos políticos decisionales.  Desde ésta perspectiva procedimental, la operación del golpe supone siempre tres tiempos, a saber: un primer tiempo, de preparación y creación de clima; un segundo tiempo, de ejecución de la operación y  de instalación del nuevo poder; y un tercer tiempo, de consolidación del nuevo poder.
En una perspectiva política general, el golpe de Estado puede ser el punto de partida o el momento culminante de una crisis política o institucional prolongada, o de una coyuntura insurrecional.
 

Desde el punto de vista de los motivos y sus ejecutores, se distinguen el golpe de Estado como una operación en la que intervienen militares y políticos; y el golpe militar en cuanto operación en la que intervienen solamente militares.
Desde el punto de vista de su operatoria, se distingue el golpe de Estado propiamente tal, rompiendo la legalidad vigente, y el golpe blanco que consiste en la ocupación política y militar del poder, dentro de los límites de la legalidad.
Desde el punto de vista de sus consecuencias físicas y humanas, se distingue el golpe cruento que implica daños materiales y bajas en vidas humanas, y el golpe incruento en el que la operación de toma del poder resulta tan súbita que las bajas son mínimas o inexistentes.
 

Las políticas de seguridad del Estado consisten en orientaciones generales de acción, dirigidas a prevenir y preservar la integridad física y material de las instituciones y autoridades del Estado, frente a amenazas internas y externas.
De este modo, todas decisiones y actos de los funcionarios y autoridades que operan desde el Estado tienden a impregnarse de una justificación oculta y silenciosa, cuya finalidad es la realización objetiva, impersonal y sistemática de tres condiciones o requisitos, esenciales para asegurar el funcionamiento del Estado:
a)                    su estabilidad (poniéndolo a resguardo de cambios, de desequilibrios, crisis o quiebres institucionales, que puedan arriesgar su ordenamiento jurídico básico);
b)                   su permanencia (en cuanto conjunto de instituciones instaladas en un espacio físico, geográfico y político propio y jurisdiccional, y en las que las autoridades y  funcionarios son siempre transitorios); y
c)                   su continuidad (es decir, que se asegura su existencia en el tiempo, trascendiendo a los individuos  que operan en él).
 

Al revelar la existencia de la doctrina de la Razón de Estado, queda en evidencia que la política y el poder son realidades objetivas, profundamente humanas, marcadas por el sesgo del conflicto, por la disparidad básica e incluso la confrontación de ideas, de fuerzas y de intereses.
La política de la Razón de Estado, se manifiesta en todas aquellas decisiones y actos de la autoridad política, tendientes a preservar el interés superior de la Nación o del propio Estado, a asegurar por cualquier medio (especialmente por medios legales, pero sin descartar los medios no-legales o ilegales) la permanencia y unidad del Estado y de sus instituciones básicas, la estabilidad de dichas instituciones o su continuidad en el tiempo, así como su estatura política, diplomática y estratégica en el campo internacional.  Se trata en la práctica política, de medidas de carácter riguroso, no siempre populares ni del agrado de la opinión pública, y por ello, frecuentemente incomprendidas y criticadas.
Lo que realiza la idea de la Razón de Estado, es que introduce el desvelamiento del logos de la política, del poder y del Estado. 
Desde esta perspectiva profundamente realista, el Estado no es una fuerza ideal y superior que se impone sobre el espíritu de los hombres, sino que ahora, al ponerse en evidencia la existencia de la Razón de Estado, queda al desnudo que el Estado es, en primera y última instancia, una maquinaria organizada de poder y de mando, que funciona dentro de la esfera política de la sociedad, dominada por los intereses, por las estrategias, los cálculos y los juegos de poder y de guerra de quienes ejercen el poder.
En la práctica política, la Razón de Estado se realiza permanente y cotidianamente, cada vez que el poder político es ejercido por una autoridad o funcionario, por cuanto a través de sus decisiones y actos de poder, ambos están cumpliendo con sus propias metas y objetivos y están contribuyendo a realizar en el presente, los fines de permanencia y continuidad del Estado al que sirven.
De este modo, el poder político del Estado moderno encuentra en la Razón de Estado una lógica propia, una racionalidad explicativa que le da coherencia en el tiempo y en el espacio.  El poder político no podría ejercerse en el Estado y aún mediante los instrumentos de poder que le son inherentes (tribunales, ejército, policía), si quién ejerce tal poder no tuviera la certeza que sus decisiones serán cumplidas y ejecutadas por una cadena de funcionarios, y que a través de dicha cadena orgánica de individuos, el Estado se asegura su permanencia y su continuidad.  Es como si el Estado, adquiriendo una personalidad propia, se reprodujera a sí mismo, asegurándose de paso su propia permanencia.
 

 

Política y poder en la Razón de Estado
 

 

La Razón de Estado, de este modo, no es el deber ser del Estado como aparato político o de la Política como forma de relación para organizar el gobierno de la sociedad, sino que es el Estado y la Política tal como son en la realidad objetiva. 
Por ello se afirma que la política de la Razón de Estado no es solamente el realismo político en su estado más puro, sino también es la propia Política de Estado, en su forma más objetiva, en sus finalidades más amplias y prospectivas, en sus manifestaciones más pragmaticas y eficaces.
Para la política enfocada, pensada y realizada desde esta perspectiva, lo que cuenta es el poder, lo que importa son los hechos concretos, lo determinante son las fuerzas, capacidades y recursos de que dispone realmente cada actor, y no las intenciones, las retóricas o las declaraciones de principios. 
Lo esencial siempre  es la preservación de la unidad del Estado –como territorio y como jurisdicción soberana- y todo lo que la altere o ponga en riesgo, choca con una razón de Estado que vigila su cohesión esencial.
Aquí, a diferencia de otras perspectivas doctrinales o ideológicas, lo central es la capacidad objetiva de actuar con eficacia, con capacidad de realización.
La política de la Razón de Estado es la política del poder, un poder completamente desnudado de toda pretensión idealista, de toda veleidad imaginaria, de toda intención discursiva: los hechos y los hechos políticos tal como son, y no como uno quisiera que fueran.  Más que “una moral en acción”, ésta forma de hacer Política es “la acción moral y pragmática”.
 

 

Cuando el político se guía por estos criterios pragmáticos, se aleja de la posibilidad de confundir sus deseos con la realidad, y pone su capacidad de influencia, de acción y de realización, al servicio de una idea superior (e incluso de una utopía) que le puede permitir sobrevivir a los avatares de la política cotidiana y a las cambiantes coyunturas, situándose en una perspectiva de largo plazo.
La Política no es lo que parece, sino lo que es en realidad: un juego dinámico y cambiante de decisiones y actos motivados por intereses, en el que cada actor calcula sus estrategias, movimientos y retóricas para ganar posiciones en cada arena política, y lograr en definitiva influir y predominar.
En la política de la Razón de Estado, la fuerza está al servicio de la razón, es decir, de la Política como función superior y gobernante.  De aquí se desprende que la compulsión o la coerción, que son el resultado inmediato de la fuerza, funcionan siempre en la lógica de que la fuerza es un instrumento racional al servicio de una Política pragmática y eficaz: la Política siempre  es la idea y la fuerza es el instrumento.
Esto no quiere decir que la Razón de Estado carezca de ideales o de moral, como le atribuyen sus detractores.  Por el contrario, el ideal aquí es el pragmatismo irrecusable de los hechos, es el logro objetivo de las realizaciones, es el cumplimiento irrestricto de las promesas, es la política de las obras antes que de las promesas, es el Hacer más que el Decir: un ideal utilitario, funcional y eficaz, que se opone a la política tradicional de anuncios y proclamas, sustentándose en una ética incorruptible de la eficiencia, de la verdad, de la justicia y del deber cívico.
La doctrina de la Razón de Estado, aunque ha desaparecido como tema de interés para los pensadores y hombres de acción, ha pasado a incorporarse en el funcionamiento normal de todos los Estados, y aparece frecuentemente puesta de relieve tanto en la política interna, como en las Relaciones Internacionales, en las esferas de la Política, la Diplomacia y la Estrategia.
 

 

 

CONSIDERACIONES HISTORICAS
SOBRE EL REALISMO
EN LA ESFERA ESTRATEGICA
Y EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Como se podrá apreciar a continuación, existe una clara conexión intelectual, por lo menos en la tradición cultural de Occidente, entre el realismo político, entendido en los términos definidos más arriba, y el realismo estratégico, entendido a su vez, como una perspectiva teórica, doctrinal y práctica que tiende a privilegiar la problemática del poder y las correlaciones de fuerzas, para comprender los procesos políticos y estratégicos y los conflictos en las relaciones internacionales.
Esta tradición encuentra sus bases fundacionales en la práctica estratégica de algunos líderes militares de la Antigüedad, en ciertos pensadores y en la tradición histórica que allí se originó.
El realismo estratégico de la Antigüedad
Poco se sabe sobre la experiencia guerrera, o las relaciones que entablaron las primitivas comunidades en la Prehistoria.
Los  testimonios gráficos y pictóricos del Paleolítico (Lescaux, Altamira…), no se centran principalmente en escenas de batallas, sino de cacería, por lo que debemos aproximarnos a la Antigüedad para comprender las primitivas formas de pensar y actuar en Estrategia.
Un panorama histórico e intelectual del realismo centrado en el campo estratégico dentro de Occidente, no estaría completo si no mencionara además, la significación e influencia producida por los encuentros y conflictos entre los europeos y otras civilizaciones.
Así entonces, debiera reconocerse que autores como Sun-Tzu desde la tradición cultural china o Ibn-Kaldhoun como manifestación polemológica de la civilización árabe, constituyeron paradigmas estratégicos que, habiendo influído decisivamente en el pensamiento militar y político de sus culturas, trascendieron inspirando las conquistas y el quehacer “internacional” de los pueblos que tuvieron contacto con ellos.
Hace más de 2.000 años, Sun-Tzu un misterioso filósofo guerrero chino, recopiló un conjunto de máximas hoy conocidas bajo el nombre de El arte de la guerra.  Allí Sun-Tzu recogió los aspectos esenciales de la sabiduría guerrera oriental, de manera que el conjunto de la obra se orienta a demostrar que la eficiencia máxima del conocimiento y de la estrategia, es hacer que el conflicto sea totalmente innecesario. Sun-Tzu se ocupa de los criterios estratégicos de la guerra, del orden de batalla, de la fuerza, de las maniobras, de la utilización de espías y la adquisición de la información, y de la importancia del terreno, asumiendo un enfoque pragmático cuya modernidad está fuera de discusión.  Hay en la lógica de Sun-Tzu un realismo implacable, una frialdad absoluta en el camino y los medios hacia el objetivo final, pero siempre toma en cuenta al estratega, al ser humano, en cuanto individuo dotado  de un juicio racional y objetivo, para evaluar fríamente las cambiantes situaciones reales.
El paradigma estratégico chino iniciado por el maestro Sun-Tzu, ha predominado en el mundo oriental hasta el siglo XX.
Si adoptamos una perspectiva global y reconocemos el juego dinámico de influencias que operan en este campo, comprenderemos que, por ejemplo, la experiencia militar de las Cruzadas (entre los siglos XI y XIII de nuestra Era), no sólo significó una empresa conquistadora de los ejércitos feudales europeos, sino que además, pusieron en contacto –estratégico, económico y cultural- a dos civilizaciones disímiles, ninguna de las cuales resultó totalmente inmune a la influencia de la otra.
Tal es también el caso de la empresa conquistadora española que –como se verá más adelante- al contacto con las culturas originarias de América, no sólo desplegó su milenario saber guerrero –aún impregnado de un acento épico y feudal- sino que recibió el impacto de esos pueblos con sus tácticas de hostigamiento, dispersión y ataque en bandada.
Durante la Antigüedad, surgen los primeros atisbos de la idea de comunidad internacional.  El concepto se arraiga en la necesidad y búsqueda de normas que permitan ordenar y regular las relaciones y los intercambios entre los Estados y los gobiernos.
El primer testimonio histórico de un Tratado internacional se remonta al 1277 AnE. en el que hititas y egipcios (bajo Ramsés II) acuerdan un tratado de paz y fraternidad, y en cuyas estipulaciones se encuentran: la renuncia mutua a todo proyecto de conquista de sus respectivos territorios,  se establece una alianza defensiva, y se acuerdan formas de cooperación en el castigo de súbditos delincuentes y su extradición mutua.
Heródoto y Tucídides, respectivamente, señalan también la existencia de Tratados de alianza en el siglo V AnE., entre varios pueblos griegos como respuesta a las necesidades de regulación de sus vínculos con Estados y pueblos “bárbaros”: dieron así orígen a la práctica del asilo político, ensayaron  los pactos de arbitraje, e iniciaron la realización de los congresos anfictiónicos en los que se acordaban las reglas jurídicas comunes entre los diversos pueblos y ciudades-Estados de la Hélade.
Siguiendo una inspiración realista y pragmática, fueron las realidades objetivas e impostergables de los crecientes vínculos  entre los actores políticos en la esfera internacional, las que impulsaron el surgimiento de normas e instituciones, a partir de las cuales se pudiera hablar de comunidad internacional.
El realismo estratégico de la prolongada época de la Antigüedad, está marcado por  una fuerte tendencia a una política imperial de conquista, es decir, por una lógica de poder y de dominación, según la cual cada Estado que alcanzaba una estatura política y militar significativa, consideraba su derecho la dominación de territorios y pueblos vecinos, hasta alcanzar la forma imperial.
Esta fue –entre otros- la experiencia de Hammurabi, fundador del imperio babilonio (hacia 1750 AnE), de Amenofis III (1410-1379 AnE) con el imperio egipcio, de Salomón (972-932 AnE) en el espacio israelita del Medio Oriente, de Asurnazirpal (883-859 AnE) y Asurbanipal con el imperio asirio, o de la dinastía Ts’in en la que Che-Houang-Ti fundó el imperio chino (221-207 AnE).
La Antigüedad clásica que conocemos sin embargo, inaugura su experiencia estratégica con la Guerra de Troya, si es que no queremos remontarnos a las bíblicas batallas que enfrentaron al pueblo judío con los filisteos y los egipcios.
La Grecia clásica hace escuela de realismo estratégico, mediante una tentativa exitosa de expansión comercial y guerrera contra Troya (hacia el 1.250 AnE) como lo ilustra Homero en  La Ilíada.  Los griegos coaligados montan una expedición marítima llevando en sus naves un ejército perfectamente equipado para un largo sitio.   La concepción estratégica es de un realismo puro: se trataba de vencer la oposición de Troya a la expansión de las líneas de comercio de las polis griegas, tal como lo hará varios siglos más tarde, la República romana ante la oposición de Cartago.
Hay quienes han visto en la historia de las guerras de la Antigüedad, los inicios de una histórica confrontación entre potencias terrestres y potencias marítimas.  Este criterio de lectura nos podrá servir en ciertos casos caracterizados, pero no será el único. 
El imperio persa fue probablemente uno de los casos más notables de perseverancia en el ejercicio del poder imperial.  El imperio persa representa una vasta dominación política y territorial entre el siglo VI AnE hasta el VII NE.  Ciro II (559-520 AnE),  Darío I el Grande (522-486 AnE) y Jerjes I (486-465 AnE) representan la etapa más floreciente de la dominación persa, abarcando  desde las costas de Asia Menor hasta  el río Indo, y desde el océano Indico hasta  el Mar de Aral.  Un imperio de dominación exclusivamente terrestre, que combinó una organización territorial (las satrapías), un sistema monetario e impositivo único, vías de comunicación y ejércitos dotados de una alta movilidad.
Del mismo modo, hacia el 300 AnE., se consolidaron en China los siete Estados, que dan forma al llamado Período de los Reinos Combatientes.  Después de 400 años en que predominan las tendencias a la división feudal, a través de diversas guerras y otras formas de decantación política, el vasto imperio chino comienza a orientarse hacia la configuración de grandes unidades políticas. 
Este proceso culminó en la formación de un solo Estado, hacia el 221 AnE con el emperador Qin-Shi-Huangdi, quién organiza una administración central y un ejército de arqueros y lanceros, sobre el que se asentó el nuevo poder.  Hacia el siglo III AnE, China inicia un lento y prolongado proceso de construcción estatal e imperial.
Lo que importa subrayar es que, en medio de su experiencia conquistadora y guerrera, numerosos pueblos de la Antigüedad clásica, y en particular el pueblo griego, aprendieron gradualmente a pensar política y estratégicamente no sólo en términos de unidades políticas aisladas que se enfrentan (Estados, polis, señoríos y ciudades), sino también en términos mundiales o universales, guardando las debidas proporciones geográficas del “mundo conocido” que ellos tenían.  Probablemente, ésta es la mayor contribución de Grecia al pensamiento estratégico e internacional.
Los griegos con su concepción de la Hélade enfrentándose al poderío masivo de los ejércitos persas (siglo V AnE), son acaso los primeros en Occidente que abren una perspectiva histórica y realista de comprensión del mundo que les rodea y en el que les toca actuar, y al mismo tiempo dan los primeros pasos en la configuración de la idea de comunidad y Derecho internacional. 
Su realismo los impulsa a aliarse entre ellos, frente al peligro de la dominación oriental, de manera que la amenaza exterior no solo les proporciona una intuición de unidad cultural y política, sino que les enseña una de las primeras lecciones maestras del pragmatismo político y estratégico: “si estás en desventaja ante tu adversario, busca buenos aliados”.
Este es el significado político profundo que aporta la retórica de Pericles desde la experiencia estratégica de la Atenas clásica (492-429 AnE): solo la unidad de los débiles, les permitirá vencer al más fuerte.
Al mismo tiempo, la obra de los historiadores, Heródoto (486-420 AnE), Tucídides (465-395 AnE) y Jenofonte (430-355 AnE) en primer lugar, permite efectivamente ampliar la visión del mundo real que tenían los griegos, comprensión innovadora de la que no hay que descartar  a los primeros geógrafos y cartógrafos, de manera que los helénicos no sólo se ven como parte de un mundo muy variado y complejo, sino que se retratan a sí mismos dentro del mundo.
El primer testimonio de la Estrategia aplicada en la Antigüedad griega, se  encuentra en La Ilíada de Homero (hacia el 750 AnE) en el que se ponen de manifiesto tanto las cualidades literarias del autor, como los aspectos técnicos de las tácticas guerreras terrestres de griegos (falanges de hoplitas) y troyanos.  Desde una perspectiva realista, la obra de Homero subraya las tendencias expansivas del pueblo griego y su creciente influencia en el espacio mediterráneo.  La guerra de Troya duró 10 años y al término de ella, las ciudades griegas iniciaron un largo proceso de crecimiento y predominio imperial.
 
Hasta esta etapa de la Historia de Occidente, el horizonte mental, político y geográfico de los estrategas y gobernantes griegos es el Mediterráneo.   El mundo llega hasta las “Columnas de Hércules”.
Entre La Hélade y el dominio de Alejandro el Magno, pudiera verse una cierta solución de continuidad, aunque el quiebre intelectual y político que produce su dominación, puso de relieve el fracaso de la polis griega como forma política adecuada para un mundo dominado por vastas construcciones imperiales.
Alejandro no escribió sus conquistas ni teorizó acerca de su imperio, pero su genio consiste precisamente, en la realización objetiva de una vasta obra de confederación de culturas, pueblos y Estados diversos.
Sin embargo, fue Julio Cesar (101-44 AnE), el gran conquistador romano, quién primero tuvo una de las intuiciones estratégicas más realistas: la idea de que la supremacía militar conduce casi irremediablemente a la dominación política. 
Cesar fue el primero que hizo uso del arte de la Política para conquistar las voluntades y la adhesión, al mismo tiempo que utilizó el arma del arte de la Diplomacia, para convencer a sus conciudadanos y a otros pueblos de las ventajas de su dominio, en una adecuación realista con el arte de la Estrategia, ampliando los límites de las conquistas romanas,  poniendo en práctica así una política de poder en la que combinó la satisfacción de sus intereses y ambiciones personales, con la preservación y ampliación de los intereses vitales de Roma.
Diversos historiadores han visto en la obra literaria de Julio Cesar, especialmente en sus Comentarios de la Guerra de las Galias, como un clásico de la propaganda política, en la que el general y Senador victorioso, junto con reivindicar las victorias obtenidas en el campo de batalla sobre los pueblos galos, se sitúa por encima de las rencillas políticas que atraviesan la República.  En ella, se describe la confrontación entre la táctica de bloque y de rodillo compresor utilizada por las legiones romanas, y la táctica de guerrilla organizada por los diversos pueblos francos.   La ocupación romana a continuación –hecha en base al poblamiento estable y a la construcción de una cadena de aldeas-fuertes fronterizas, el “limes” imperial, permitió extender los límites del Imperio hasta el Norte de Europa y la Germania.
Es importante subrayar que la lógica realista de los romanos, aplicada en la esfera estratégica les permitió lanzarse a la conquista del mundo que los rodeaba.  Para ello, dividieron a los pueblos vecinos para combatirlos unos a otros; se sirvieron de los pueblos sometidos, para dominar a aquellos que no lo estaban; intervinieron en los conflictos internos de los pueblos no sometidos a fin de proteger a los débiles, y lograr con ello el dominio; ejecutaron un estilo de guerra sin cuartel, de manera de ser más inflexibles en las derrotas que en las victorias; e invadieron los territorios vecinos bajo el pretexto de defenderlos de sus enemigos.
No deja de ser sugestivo constatar que, paralelamente a la evolución política de las culturas europeas y asiáticas, en América, diversos pueblos como los olmecas (300 AnE-300 NE), la cultura de Teotihuacán  (100-200 NE), o los aztecas y mayas en América Central (400 AnE- 1000 NE) construyeron sistemas políticos de rasgos imperiales, combinando conquista militar y económica, dominación político y fuertes influencias culturales y religiosas.
Los aztecas extendieron su dominación desde el centro de México, durante casi un siglo (1440- 1521 NE), a partir de la Triple Alianza de reinos-ciudades (Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán), en una combinación política de capacidad de aprendizaje, fuerza militar organizada, y una política diplomática hábil y flexible.
Del mismo modo, a partir de los horizontes culturales Chavin y Nazca, los imperios de Tiwanaku (siglos VII al XI NE) y de Tahuantinsuyo en América del Sur, configuraron una amplia estructura de dominación política y económica, que llegó a su apogeo con Thupa Inka Yupanki y Wayna Qhapaq (1463-1493 NE), y que supo equilibrar un cierto grado de autonomía relativa de los señoríos locales, con una estructura centralizada de poder supraterritorial, adaptándose –de un modo realista y pragmático- a las condiciones de una gran diversidad de pueblos y espacios geográficos conquistados.
Hay que subrayar aquí la importancia de la sacralidad del poder y la dominación que instauraron los pueblos americanos originarios.  Mayas, aztecas e incas dieron una relevancia excepcional al carácter místico, divino y sagrado de sus gobernantes imperiales, instaurando una tradición de poder elitista casi absoluto, que perduró mucho más allá de la conquista española.
Al otro lado del mundo, en China y en las grandes estepas de Mongolia, por su parte, se desarrolla la experiencia conquistadora del Imperio Mongol.   Bajo  el poder de Gengis Khan (1155-1227 NE), los ejércitos de arqueros y jinetes mongoles se convirtieron en una arma política, en una combinación realista de alianzas, saqueos, conquistas, incursiones relámpago y ocupación territorial.  En el siglo XVII, la expansión mongol decayó y fue finalmente detenida, ante  el crecimiento del poder manchú.
La lógica estratégica de la cultura china, ha sido sintetizada en numerosos autores, pero el más conocido es Sun-Tzu cuyo Arte de la Guerra (escrito en el siglo V AnE.) es considerado un clásico hasta el día de hoy.  Sun-Tzu enfatiza la importancia del dominio de la voluntad guerrera como parte de una visión humana integral en la que la fuerza se somete a los imperativos de la inteligencia, de la sabiduría y del conocimiento.
El derrumbe de los grandes imperios de la Antigüedad, dió paso a una disgregación de la unidad política y territorial y a una poderosa tendencia centrífuga en la geografía política de Europa y Asia: así surgió el feudalismo.
La estrategia medieval
Probablemente la experiencia estratégica e internacional de Europa, en la época medieval, comenzó, entre otros hechos, con las invasiones de los marineros escandinavos.   Los normandos o vikingos ejercieron una combinación bastante pragmática de conquista depredadora, saqueo e intercambio comercial, sin buscar prioritariamente la ocupación territorial, durante un largo período que va desde el siglo VIII hasta el IX, en las costas de Europa occidental y del norte.
Numerosos autores han subrayado el aspecto épico de las guerras medievales.  Hayan sido motivados por el afán de conquista, por las necesidades dinásticas o las ambiciones principescas, los conflictos de la Edad Media se nos aparecen como guerras entre caballeros, que van adquiriendo un aspecto cada vez más refinado y barroco.
No es posible quedarse con ésta primera impresión.   Las prácticas guerreras y de la Política exterior de los Estados medievales, dejan traslucir un notorio realismo.
La formación del Imperio Carolingio, a partir de la coronación de Carlomagno (en el 800 NE), constituyó una expresión de las posibilidades y limitaciones del poer de los francos.  Se extendieron hacia  el Mar del Norte y el Báltico, hacia la región de Bohemia, hacia los reinos itálicos y España y en dirección de las regiones eslavas de los Balkanes.  Pero, a la muerte del emperador (814 NE), el Imperio carolingio se desmoronó en menos de dos generaciones.
En efecto, por debajo de la dialéctica y la elegante retórica religiosa, teológica o política de los guerreros y diplomáticos del Medioevo, se encuentra siempre una intrincada gama de intereses de poder y de dominio y de fuerzas poderosas y actuantes las que constituyen el material objetivo, concreto de las ambiciones y las pasiones desatadas en el campo de batalla o en los refinados salones.
Ya en esta época, resulta cada vez más claro que la guerra es un acto político que obedece a una finalidad política del gobernante.  A partir de Santo Tomás de Aquino, todos los autores medievales parten del principio realista de que la guerra justa debe ser conducida por el monarca, lo que conduce a relacionar el acto bélico como acción militar, con los intereses políticos que le daban justificación.
Así se puede considerar la obra  El arbol de las Batallas, como una de las primeras obras estratégicas medievales, publicada entre 1382-1387 por Honoré Bonnet, y donde ya se plantea el tema de la guerra justa y la responsabilidad política primordial del Príncipe [es decir del gobernante], en su organización y en su conducción.
Pero sin duda, la acción político-estratégica más relevante de la Edad Media, fueron las Cruzadas. Entre el siglo XI y el siglo XIII, numerosos reyes, príncipes y guerreros europeos de todo tipo enfrentaron a los ejércitos islámicos por el dominio de Jerusalén y otros territorios.  Se trataba de una época de abierta expansión de la dominación política y militar árabe, la que ejercía una fuerte presión geopolítica sobre todo el flanco sur de Europa, desde España por el oeste hasta Siria y Palestina por el este.
 ¿Qué mas grande acto de realismo estratégico que pretender recuperar la lejana Tierra Santa en el Medio Oriente, bajo una inspiración declaradamente religiosa y mística, cuando en realidad lo que se pretendía era asegurarse los mercados  orientales y las rutas de navegación y comercio con Asia, amenazadas por la expansión árabe?
La primera Cruzada fue proclamada en el año 1095, y demoró más de un año en ponerse en marcha, en la medida en que los señores feudales comprendían que para vencer, necesitaban asegurarse la superioridad militar en Oriente. Se desarrolló entre el 1096 y el 1099. La mayoría de los ejércitos se desplazaron por tierra, mientras que la expedición naval coincidió con las fuerzas terrestres a su llegada a Bizancio.
Desde una óptica estratégica e internacional, las Cruzadas pueden ser comprendidas como el choque de dos culturas políticas con vocación expansionista sobre el vasto espacio territorial de Europa oriental, el Medio Oriente y el Mediterráneo. Las consecuencias no solo fueron una suerte de occidentalización del Oriente y de orientalización de Occidente, sino también el fortalecimiento de los intercambios comerciales y del progreso cultural, como consecuencia de la apertura a los nuevos conocimientos y técnicas de  que cada cultura era portadora.
La última Cruzada se realizó en el 1270 (siglo XIII), pero resultó un fracaso.
La cultura árabe encontró durante la Edad Media, en Ibn-Khaldoun (1332-1406 NE) una adecuada síntesis política y estratégica.  Khaldoun, desde una perspectiva de observador agudo de la realidad y de historiador, sustenta la necesaria complementariedad de las ciencias y del conocimiento, con exclusión de todo juicio o a-priori moral.
La guerra de los Cien Años (1337-1453), constituyó una etapa decisiva en el debilitamiento del feudalismo europeo, y en el fortalecimiento de las burguesías comerciantes y bancaria.  Esta es la época en que predominan la infantería y la caballería, pero sin lograr un efecto decisivo sobre el campo de batalla o en la escena política internacional.  Al término de éste conflicto, ni Francia ni Inglaterra resultaron beneficiadas sino que por el contrario, debido al desgaste y la destrucción prolongada, sus economías estaban debilitadas y sus fuerzas diezmadas.
Por otra parte, la formación de la Liga Hanseática (de la que llegaron a formar parte cerca de 90 ciudades comerciales e industriales del norte de Alemania, Polonia, los países bálticos y Rusia), reflejó también una estrecha y realista asociación entre los intereses comerciales y el significado político atribuido a éstos.  La Liga Hanseática (predominante en los mares del Norte de Europa entre  mediados del siglo XIII y fines del siglo XV) se planteó como una de sus metas, competir frente al comercio de las ciudades italianas, de manera que su peso financiero y su potencial económico, determinó en muchos casos la política exterior e interior de los Estados en que estaba implantada.
Por lo tanto, la política comercial de la Liga de Hansa es una política pragmática de poder económico, respaldada –en última instancia- por el poder político, es decir, estuvo profundamente dominada por los intereses materiales de los comerciantes dominantes en las ciudades de la alianza.
La misma lógica de poder y dominación, caracterizó a las ciudades-Estados italianas encabezadas por la República de Venecia, desde el siglo XII al siglo XV.
“La moneda de la ciudad de Venecia, el ducado de oro, llegaría a ser durante más de trescientos años, junto al florín de Florencia, el patrón monetario del Mediterráneo occidental.” (Crónica de la Humanidad.  Barcelona, 1987.  Plaza & Janés Editores, p. 367).  El predominio de los intereses comerciales como manifestación pragmática de la voluntad de hegemonía de una unidad política en la escena internacional, encuentra un ejemplo evidente en la experiencia veneciana: los intereses económicos, a medida que se hacen predominantes, impulsan la búsqueda de la hegemonía política, mediante la utilización del instrumento estratégico -en este caso- de una poderosa flota de guerra.
Pero es necesario llegar hasta el Cinqueccento italiano, con autores como Maquiavelo, Guicciardini y otros, para  encontrar el realismo estratégico formulado sobre bases históricas y conceptuales sólidas.
Como se ha visto más arriba, Maquiavelo funda la autonomía de lo Político y pone de manifiesto en Los Discursos sobre las Décadas de Tito Livio, en El Príncipe y especialmente en El Arte de la guerra, la significación política de la acción estratégica.
Nicolas Maquiavelo tambien aporto al desarrollo de la Estrategia y al estudio de la guerra.
En  El arte de la guerra, N. Maquiavelo se plantea dos temas mayores: el primero, la organización de las milicias y los Ejércitos, en virtud de las necesidades políticas del Príncipe o del Estado; y el segundo, proclama la necesidad de reemplazar las fuerzas militares de mercenarios (condottieri) por Ejércitos nacionales, que garanticen a la vez, el control político del gobernante, y la fidelidad de las tropas a los intereses nacionales y al Estado al que obedecen.
El ambiente intelectual que determina el realismo maquiaveliano en el campo estratégico, es el del Humanismo dentro del Renacimiento.  Esto significa que Maquiavelo –siguiendo los dictados del humanismo- rinde tributo a la Antigüedad clásica, y se basa en la experiencia de la República de Roma, para afirmar el carácter nacional que deben tener los ejércitos y la primacía de lo político como orientación superior que dirige lo estratégico y militar.
El Humanismo operó como una poderosa corriente intelectual y cultural que invade las mentes de los europeos del siglo  XIV y XV, aunque también puede ser comprendido como una manifestación del racionalismo realista con que los pensadores, políticos y estrategas deciden centrar su pensamiento en el ser humano, entendido ahora como  objeto central y privilegiado  de reflexión e investigación.
Maquiavelo anticipó así la Modernidad, al situar la acción estratégica como una necesidad que funda la justicia, al interior de una reflexión política realizada por el gobernante de la Nación.  Para Maquiavelo, la guerra es justa cuando es necesaria.
Los principales pensadores estratégicos de la época feudal después de Maquiavelo, fueron Gustavo Adolfo de Suecia (1554-1632),  Mauricio de Sajonia (1696-1750), Federico II de Prusia (1712-1786) y el conde de Guibert (1743-1790), quienes tuvieron la particularidad de combinar la experiencia militar en terreno, con el ejercicio del poder político y la reflexión estratégica e intelectual.  Ellos fueron los teóricos del orden de batalla en sus más diversas combinaciones.  Propiciaban con mayor frecuencia una estrategia de usura y de agotamiento del adversario, antes que su destrucción total.
Federico II de Prusia escribe Los principios generales de la guerra en 1746, y posteriormente su Testamento militar en 1768.  Partidario de utilizar grandes masas de soldados en el despliegue de sus fuerzas sobre el teatro de la batalla, propuso el concepto del orden oblicuo, una forma de ataque por el flanco que supone el avance de un ala por escalones y la retirada del otra ala, de manera de obtener una victoria rápida mediante el envolvimiento de las líneas enemigas.
A su vez, el conde de Guibert publica en 1772 su Ensayo General de Táctica, en el que desarrolla dos grandes temas.  En el primero, propugna la  necesidad de formar Ejércitos nacionales, sobre la base de los ciudadanos, con lo que se adelanta a la experiencia de la Revolución Francesa de la Nación en armas y de la conscripción general.  En segundo lugar, Guibert postula el predominio de la guerra de movimientos:  una  guerra en la que los ejércitos desarrollan su máxima movilidad en líneas interiores y exteriores, mediante audaces maniobras destinadas a superar las posiciones del enemigo.
Estamos en el siglo XVII y en los inicios del XVIII, la época de oro del barroco…
Cuando las anteriores y poco decisivas guerras entre caballeros pasaron a convertirse en guerras entre mercaderes y mercenarios (siglo XVI al XVII), el predominio emergente de las burguesías comerciales europeas en la esfera del poder político (en Italia, en España, en la Liga Hanseática, en las Provincias Unidas…) determinó que los conflictos y guerras, dejen de estar motivadas mayoritariamente por intereses dinásticos (no obstante ciertos anacronismos persistentes), dando paso a enfrentamientos causados por intereses económicos y comerciales de dominación.
Incluso en el contexto de la lucha multisecular entre la Cristiandad y el Islam, una de cuyas formas fueron las Cruzadas, los intereses comerciales no podían ocultarse tras el velo religioso que las justificaba.
El historiador inglés Michael Howard,  dice al respecto que: “…en el curso del siglo XVII la aptitud para hacer la guerra y mantener el poderío político dependía de más en mas, del acceso a las riquezas provenientes del mundo extra-europeo o derivadas de su comercio.  Existía en realidad una interacción permanente entre el desarrollo de las empresas europeas de ultramar y los conflictos interiores en el continente.”
 Y expone más adelante, que “Al término de la guerra de los Treinta Años, en 1648, la mezcla de celo religioso, búsqueda de botín y la aspiración a honestos beneficios comerciales que había inspirado la expansión europea y las rivalidades marítimas en el curso de los dos siglos precedentes, se sistematizó y se simplificó: los conflictos ahora opusieron a los Estados y tuvieron por objetivo la conquista del poder”. (
[2])
La manifestación más explícita de esta combinación entre poder estratégico y político, al servicio de los intereses económicos, la encontramos en la época de los grandes descubrimientos marítimos.
La expansión marítima
 de las potencias europeas
¿Qué explica el formidable poder de expansión que despliegan las naciones europeas desde el siglo XV y XVI?
En poco más de dos siglos, mientras Europa vivía un formidable Renacimiento cultural, artístico e intelectual, varias naciones europeas se lanzaron a una empresa sin precedentes de descubrimientos geográficos, conquista territorial y expansión colonial.
No todas las naciones de Europa tuvieron una voluntad política de conquista colonial, pero aquellas que habían logrado edificar  una flota mercante y guerrera considerable, habían adquirido una experiencia de navegación apoyada en recientes conocimientos científicos: el sextante, la brújula y los avances cartográficos, no sólo confirmaban el hallazgo teórico de la esfericidad de la Tierra (N. Copérnico, 1473-1543), sino que abrieron los horizontes mentales e intelectuales de políticos, gobernantes y científicos, e hicieron por primera vez pensar en términos de planeta lo que hasta ahora sólo se circunscribía al Mediterráneo y los mares continentales.
Los autores intelectuales de la expansión marítima de Europa no fueron estrategas, sino que fueron inventores, marinos y comerciantes.  Y en el trasfondo de ésta formidable hazaña, hay que situar el significado político y militar de algunos descubrimientos científicos y tecnológicos de importancia.  El cañón (con metales de mejores aleaciones) y la pólvora (recién traída desde China por Marco Polo), fueron las herramientas militares de la nueva dominación; la brújula y el sextante, fueron los instrumentos exactos que guiaron el acceso a los mares y océanos desconocidos o inexplorados; y la imprenta de tipos móviles, fue el vehículo de transmisión de ideas.
Francis Bacon, por ejemplo, en el siglo XVI, constata que “…después de la invención del cañón, sus efectos pueden ser descritos de la siguiente manera: tenemos una nueva invención por la cual las murallas y las grandes obras militares pueden ser perforadas y derrumbadas desde una considerable distancia, con lo cual los hombres poseen ahora una considerable fuerza, para incrementar la potencia  de los proyectiles y de las máquinas.   Estas invenciones, junto a la imprenta, las armas de fuego y el compás, están cambiando la apariencia y el estado del mundo entero…” (
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Los Estados se comprometieron económica y políticamente en las expediciones y descubrimientos.   Aquí, una vez más, el poder político, percibiendo los intereses económicos implícitos en la empresa colonial, apoyó los esfuerzos privados,  y adaptó sus estructuras de poder a las nuevas condiciones geográficas.   Inglaterra, España, Portugal y Francia, materializaron la conquista de nuevos territorios a continuación  de los descubrimientos, haciendo de ellos, no sólo espacios geográficos de descubrimiento, sino sobre todo los convirtieron en territorios de dominación y de poder.
La navegación y el comercio de ultramar, se fueron convirtiendo en parte de una estrategia marítima de dominación de mercados y de territorios.
Así, la política territorial y colonial de las potencias europeas del siglo XV y XVI se  fue configurando como una política de poder basada en intereses materiales, los que con el paso del tiempo se convirtieron en intereses vitales.
La política imperial del poder
La formación de sistemas imperiales constituye una de las más notables constantes en la Historia de la Humanidad.
Si se analizan desde una perspectiva histórica global, podría argumentarse que, no obstante las diferencias particulares de cada uno de ellos, la formación de sistemas de dominación imperial constituye una etapa de culminación de varios fenómenos socio- económicos, políticos y militares, en un momento dado del desarrollo de la formación estatal.  
Obsérvese, por ejemplo, los períodos de expansión imperial experimentados por China, y por el Islam.  Se trata de dos ejemplos de predominio basado fundamentalmente en una hegemonía militar terrestre, continental, la que se tradujo a continuación en dominación política. 
Entre 661 y 750 NE., el Islam se extendió por el Oriente Medio, abarcando todo el Maghreb y bordeando los dominios eslavos de Europa oriental y los pueblos de la India.    Como efecto de ésta expansión entraron en crisis, los dominios bizantino, persa, egipcio y de la Mesopotamia, desarticulando el sistema político en torno al Mediterráneo y del Medio Oriente.
 Bajo la conducción de Mahoma, Abu-Bakr, Omar I y Otman los ejércitos de la caballería árabe construyeron una amplia zona de dominación política y militar, manteniendo ciertas autonomías locales y regionales, y a partir de la cual, el Imperio pudo intentar la conquista de zonas del sur de Europa.
El dominio imperial, desde la Antigüedad hasta hoy, es un fenómeno estatal, si se lo comprende desde el punto de vista histórico y político.
Se define como política imperial del poder a la expresión material y simbólica de la hegemonía y dominación que ejerce un Estado sobre otros Estados, como resultado de una política voluntarista más o menos sistemática, en un momento del proceso histórico internacional.
 
Dos son los elementos materiales que fundamentan la política imperial del poder: uno, el logro de una cierta hegemonía en el plano económico, material y tecnológico, de manera que la superioridad alcanzada es reconocida por los demás actores de la escena internacional; y dos, la obtención de una cierta hegemonía estratégica que resulta del potencial militar que cada Estado posee.
Cuando se analiza la evolución histórica de Occidente, se perciben claramente, sucesivos períodos de hegemonía imperial.
A partir del siglo XV y XVI, la expansión comercial fue uno de los fundamentos racionales de la políticas de ciertas naciones europeas, a partir de la cual buscaron el dominio sobre otras regiones del mundo.
Hay allí, una combinación compleja de factores, tales como la  búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo de la potencia marítima y naval, y el logro de la cohesión nacional y voluntad política deliberada por alcanzar una posición de predominio en la escena internacional.
La historia de Occidente, en los últimos cinco siglos, puede ser enfocada desde la perspectiva de la emergencia, apogeo y decadencia de sucesivos imperios marítimos y terrestres.
Así, el siglo XVI puede ser caracterizado como la época de predominio de España, bajo el poder de Carlos V (1516-1556), hasta la derrota sufrida por la “Armada Invencible”, en 1588 por la flota inglesa.  Después de  una primera época, marcada la conquista de los grandes imperios de América (que realizan principalmente H. Cortés, F. Balboa y F. Pizarro), España construye un vasto imperio basado en la explotación económica y el saqueo de las riquezas, el desplazamiento y mestizaje  cultural y social de algunas culturas aborígenes, la conquista y reparto territorial, el exterminio de los pueblos originarios renuentes, y el poblamiento y formación de unidades políticas coloniales urbano-rurales.
El dominio imperial español fue el de una nación esencialmente terrestre, continental, que había logrado formar una relativa capacidad naviera, vocación que determinó e hipotecó su futuro como potencia.
Del mismo modo, el siglo XVII europeo  estuvo marcado por el dominio relativo de Francia bajo Luis XIII, el cardenal de Richelieu (1624-1642) y Luis XIV. 
La Política de Razón de Estado construída pacientemente por los cardenales Richelieu y Mazarino, hecha de riguroso realismo político, búsqueda de la unidad territorial y política, y de construcción de la potencia nacional, industrial y marítima, puede ser considerada la base material sobre la cual se edificó el prestigio y la influencia cultural y política ejercida por Luis XIV en toda Europa, durante este período.
En el siglo XVII, la Paz de Westfalia (1648), que puso término  a la Guerra de Treinta Años, puede ser considerada como el punto de partida del Derecho Internacional moderno.  El Tratado que puso término a este largo conflicto europeo, reconoció el principio de la igualdad jurídica de los Estados, sin distinción de su tamaño o forma de Gobierno, proclamó la necesidad de las asambleas internacionales como mecanismo de negociación diplomática, y señaló la importancia de las alianzas entre Estados como forma de asegurar la paz y la solidaridad y de buscar al adecuado “contrapeso” entre las distintas potencias y Estados.
La obra político-estratégica más relevante del Cardenal de Richelieu se encuentra en su Testamento Político (1642), en el que proclama su adhesión a las doctrinas en boga del mercantilismo, al nacionalismo económico, y a la necesidad de afirmar la supremacía del Estado y de la política de Razón de Estado para asentar la unidad nacional por encima de las facciones, disensiones religiosas y actitudes de fronda de la aristocracia, y para construir metódicamente el engrandecimiento del Estado, en la esfera internacional.
El apogeo cultural francés, sin embargo no se tradujo en un imperio colonial extenso, aunque aquí también hubo de ser determinante el profundo apego terrestre, rural que forma parte -de un modo atávico- de la cultura y de la historia francesa.  El predominio cultural, político y estratégico francés –con Luis XIV y con Napoleón dos siglos más tarde- fue siempre esencialmente terrestre, carente de una voluntad marítima.
El siglo XVIII, por su parte, estuvo marcado por tres fenómenos imperiales al mismo tiempo, a saber: el inicio de la emergencia del poder de Prusia (con Federico II, entre 1740-1786) como potencia continental, en el centro de Europa; la emergencia gradual de Inglaterra como potencia marítima (a partir aproximadamente de 1763),  la máxima expansión del Estado francés hasta alcanzar una forma imperial, con la experiencia de Napoleón Bonaparte (1799-1815).
Los pensadores estratégicos más relevantes en el período de las guerras napoleónicas, y quienes mejor teorizaron al respecto, fueron Ardant du Picq, Jomini  y  Clausewitz.
Henry de Jomini (1779-1869)  en su obra mayor Précis de l’Art de la Guerre (1855) tuvo la virtud de captar el significado militar y las implicancias estratégicas de la reciente Revolución Industrial.  Percibió que las nuevas invenciones en curso (el motor a vapor, los obuses de artillería, el fusil de aguja y el revólver, los primeros fusiles ametralladoras, entre otros) estaban aproximando una revolución profunda en el desarrollo de la guerra, y en la capacidad ofensiva y poder de fuego de los ejércitos.
El mundo estaba entrando en la época del telégrafo, del navío acorazado, de los ferrocarriles, de los vehículos blindados, de manera que resultaba evidente que el desarrollo de la siderurgia y de la industria en general, estaba potenciando los intereses nacionales y de seguridad de la Nación en armas y del Estado con intenciones imperiales.
A su vez, Carl von Clausewitz (1780-1831), puede ser considerado como el pensador estratégico más importante de los siglos XIX y XX.  En su obra De la guerra, pensó el complejo fenómeno de la guerra, desde la amplia perspectiva de la Ciencia y de la Política.  El edificio teórico de Clausewitz se apoya sobre el concepto de la guerra definida como un acto de violencia destinado a obligar al adversario a ejecutar nuestra voluntad, sobre la noción de que siempre se trata de un conflicto de grandes intereses, y de que en definitiva, constituye la continuación de la Política por otros medios.
El análisis de Clausewitz desarrolla la relación entre la guerra absoluta y la guerra real, sitúa al fenómeno bélico como instrumento de la Política, define la importancia estratégica del centro de gravedad de la guerra y de la batalla, propone que la defensiva es la forma más eficaz de guerra y subraya la gravitación de la batalla decisiva en el curso del conflicto.
Toda la política del siglo XVIII y de los inicios del siglo XIX estuvo condicionada por la confrontación y la búsqueda de  esferas de influencia, con la formación de Estados- pivotes y Estados- tampones, destinados a servir en el juego complejo de los intereses de dominación de Inglaterra, Prusia y Francia, y en los que Rusia, Austria  y el Imperio Otomano jugaban un rol creciente.
Es alrededor de la experiencia napoleónica que surgió en Europa, el concepto de equilibrio entre las potencias, entendido como una condición política y estratégica en la que cada Estado y cada alianza de Estados, posea un grado de control y poder suficiente para ejercer su dominio en términos que no alteren la estabilidad y la paridad relativa en el conjunto del sistema de Estados y naciones involucrados.   Uno de los artífices de éste modelo de orden internacional, fue el Ministro K.W.L. Metternich, quién logró situar al Estado austríaco como un Estado-pivote de equilibrio y de árbitro en el sistema europeo (Santa Alianza y Congreso de Viena, 1815), con lo que de paso,  le otorgó un rol político y estratégico cada vez más relevante al Imperio Austríaco.
El Congreso y el Tratado de Viena (1815) marcaron un momento decisivo en la evolución de la Política Internacional y del Derecho.  El realismo político moderno se nutre  del Congreso de Viena, en la medida en que dicho encuentro tuvo como resultado principal la consagración política y diplomática del principio del equilibrio, como instrumento político y estratégico básico, orientado a garantizar la paz y la estabilidad en el sistema internacional.
Ciertamente, todo el siglo XIX estuvo condicionado por dos fenómenos imperiales mayores: el acceso de Inglaterra a la condición de primera potencia  marítima y comercial mundial, y la formación y consolidación de Prusia como gestora de la unidad nacional alemana.
En ambos fenómenos, que resultan como efectos retardados del derrumbe del Imperio napoleónico, Inglaterra y Prusia desarrollaron formas sistemáticas de política imperial aunque con finalidades diversas.  Inglaterra ocupa el siglo XIX con el gobierno de la reina Victoria (1837-1901) al alcanzar el zénith de su expansión imperial, dominio que se eclipsó con la I Guerra Mundial (1914-1918), mientras que Prusia, bajo la conducción de O. V. Bismarck (1815-1898), da forma al Estado nacional alemán, bajo la forma de un imperio con posesiones coloniales en Africa y Asia.
Con la guerra franco-prusiana de 1870, la Prusia de Bismarck culminó el proceso de construcción de su unidad nacional, dando forma al I Reich alemán.  Es interesante observar que cuando el Estado alemán completó la unidad de la nación alemana, lo hizo afirmando militarmente su superioridad sobre Francia, y bajo una forma política imperial única modalidad considerada suficiente y adecuada al mantenimiento de la cohesión de los numerosos particularismos y regionalismos de dicha región europea.
Los realizadores de las teorías de Clausewitz en el plano estratégico, fueron los generales prusianos Moltke y Schlieffen, quienes, como herederos de la tradición formada por Scharnhorst y Gneisenau en la Escuela de Guerra de Berlín, llevaron a su máxima perfección la organización, disciplina y doctrinas de empleo del ejército, como herramienta al servicio de la Política del Estado.  El realismo de la política de Estado pasa por el realismo estratégico de los jefes militares.
El retardo de Alemania en acceder a la unidad nacional, y su impulso político y militar por obtener rápidamente una forma imperial, será una de las causas del desequilibrio que originó la I Guerra.
En el siglo XX, a la lenta decadencia de la hegemonía británica, se sucede la llegada de Estados Unidos a la condición de potencia mundial, y la aparición de la Unión Soviética como factor global de equilibrio, de disuasión y de bi-polaridad (1945-1990).  
En efecto, los tres rasgos característicos de la política internacional durante el siglo XX, desde el punto de vista de los sistema imperiales de dominación, son el eclipse final del imperio británico (arrastrado tanto por los ingentes costos humanos y materiales de la I Guerra Mundial, como por el colapso de su dominio sobre Canadá, la India y otras colonias de importancia), la emergencia de los Estados Unidos a la condición de potencia mundial, la que se inicia en el período de entre-guerras (1918-1939), y el surgimiento de la Unión Soviética como potencia industrial y militar en Eurasia (1917-1939).
De este modo, aún cuando la política internacional entre las dos guerras mundiales aparece dominada por los imperios emergentes de Alemania, Italia y Japón, bajo fuertes dictaduras militares, el fenómeno político dominante en ésta época es el militarismo y el predominio de políticas voluntaristas de expansión imperial.
La geografía como arma estratégica
en las Relaciones Internacionales
En algún momento de su desarrollo histórico y material, cada Estado como entidad política situada en la escena internacional “toma consciencia” de su realidad geográfica, comprende los procesos de territorialización que ha estado experimentando y percibe la importancia de dichos espacios en cuanto ámbitos en donde tiene lugar la Política, la Diplomacia y la Estrategia.
Entonces, surge en el Estado la conciencia geográfica de su Historia, y en la Nación, la conciencia histórica de su Geografía.
Las dos manifestaciones históricas más explícitas de ésta conciencia territorial, provienen de la Geopolítica y de la Oceanopolítica.
Numerosos autores contemporáneos han subrayado que la Geopolítica tradicional, surgió a fines del siglo XIX y primeros veinte años del presente siglo, como una derivación intelectual de la Geografía Política, muy en boga en los círculos universitarios alemanes y nor-europeos.  Analizemos éste fenómeno.
El primer período de la Geopolítica:
elementos para un análisis crítico.
Existe, en efecto, una primera época del pensamiento geopolítico, que surge y se desarrolla dentro de una óptica marcadamente organicista y fuertemente determinista.   Sus influencias intelectuales originarias más significativas, provenían de H. Spencer y de Ch. Darwin, y de las derivaciones sociales que resultaron de sus teorías sociológicas y biológicas.
Así, dos líneas intelectuales se sitúan en las bases de la primera reflexión geopolítica: por un lado, el desarrollo del “darwinismo social”,  a partir de Ch. Darwin, en la segunda mitad del siglo XIX, incluyendo a H. Taine, G. Le Bon, L. Woltmann y V. de Lapouge; y por el otro, un cierto “bio-historicismo” que desarrollan F. List (1789- 1842),  y A. de Gobineau (1816- 1882), el que se entronca con O. Spengler , A. Rosenberg (uno de los teóricos mayores del nazismo alemán),  y con F. Ratzel.  En List y Gobineau, la Geopolítica inicial se alimentó del racismo, y a través de A. Rosenberg, a su vez, contribuyó decisivamente a elaborar una visión ideológica racista de la Historia, a partir del supuesto “conflicto entre la raza aria y la raza semita”.
Inicialmente, autores como F. Ratzel, con su Politische Geographische  y a continuación K. Haushofer, fueron construyendo un cuerpo teórico configurado en torno a conceptos tales como “espacio vital”, “heartland”, “rimland”, o la asociación entre “suelo, sangre y raza”, nociones que estaban construídas sobre la base de una visión organicista del Estado.   Otros autores alemanes en la década de los treinta y cuarenta, dieron contenido a esta visión: L. Mecking, H. Schrepfer, H. Rüdiger, N. Krebs o R. Hennig, para nombrar a los más connotados, trabajaron sistemáticamente la nueva concepción geopolítica.   Numerosos títulos aparecidos en la revista de Geopolítica creada en torno a Haushofer, la Zeitschrift für Geopolitik (revista que, desde 1932, estuvo influenciada y dominada por el Partido nazi), atestiguan el enfoque señalado.
Al mismo tiempo, desde los inicios de los años treinta, esta Geopolítica se asoció directamente con los proyectos expansionistas, racistas y belicistas del nazismo alemán, otorgándole una justificación integral, completa, y respaldándolos con un conjunto de fundamentos teóricos, ideológicos y políticos, por lo que sus postulados hicieron crisis junto con el derrumbe del III Reich,  al término de la Segunda Guerra Mundial.   Por ello puede afirmarse que dicha Geopolítica era nazi en su esencia y contenido.
Al analizar sus postulados, se puede descubrir que esta primera Geopolítica constituye una representación político-estratégica e ideológica del mundo, que tiende naturalmente a centrarse en una concepción totalizadora del poder, y en una idea absoluta de la Nación y del Estado, como si ambas fueran entidades totales y homogéneas.   Hay que subrayar que toda Geopolítica es una empresa intelectual esencialmente « patriótica », ya que intenta colocar al propio Estado, en el centro de las representaciones cartográficas del espacio territorial, de manera que la Cartografía termina graficando lo que los geopolíticos quieren que grafique…
Las falencias intelectuales de aquella visión geopolítica no solo provienen de su incapacidad conceptual para interpretar la creciente interdependencia y complejidad del mundo moderno, de las estrategias y formas políticas que hoy caracterizan a la sociedad, sino del hecho que las interpretaciones y asociaciones conceptuales organicistas, belicistas y racistas, son absolutamente insuficientes, y se encuentran en una fase pre- científica de las Ciencias Sociales, y del estudio de la relación « hombre- geografía ».
Ya ha sido demostrado que los procesos orgánicos funcionan conforme a lógicas completamente distintas y con elevados grados de pre- determinación, mientras que los sistemas sociales y políticos están dotados de características de complejidad y azar, que aquel organicismo primitivo no puede explicar.
Le Geopolítica de la primera época, era profunda y radicalmente estatista, ya que concebía al Estado como un organismo absoluto y predominante en la escena geográfica y política.
La visión geopolítica que concibe al Estado como un organismo vivo que nace, crece, se desarrolla, decae y muere, adolesce precisamente de una lectura estrecha y limitada de la estructura estatal.  G. Sabine en su Historia de la teoría política subraya que “el argumento supuestamente científico de la Geopolítica no es más que una analogía biológica.  Según dicha lectura, los Estados serían “organismos” y mientras viven y conservan su vigor, crecen; cuando dejan de crecer, mueren…” , lo que pondría de relieve que el “bienestar social parece equivaler a la supervivencia del más apto…”.   Además de contener muchas ambiguedades lógicas, ésta confluencia de ideas y de pseudo- conceptos sociales y biológicos, ha sido una fuente de graves confusiones científicas.
 Al contrario de lo que pretende la geopolítica, el Estado no es un organo viviente; es una construcción política, jurídica, ideológica y territorial que se asienta en una sociedad históricamente determinada, es una estructura institucional compleja, que opera mediante resortes materiales y simbólicos de poder.
La segunda época de la Geopolítica
A partir de la década de los cincuenta, la reflexión geopolítica se centró la comprensión de los problemas geográficos y políticos derivados del nuevo escenario de conflicto bi- polar, en la forma de diversas escuelas nacionales geopolíticas, directamente vinculadas con los intereses nacionales de los Estados.
Autores como R. Kahn, H. Kissinger y otros desarrollaron nuevas interpretaciones geopolíticas, pero todas ellas se inscribieron en dos grandes tendencias intelectuales generales, que podemos sintetizar de la siguiente manera:
a)  una corriente de orientación determinista que heredó algunas nociones de la Geopolítica de la primera época y que conservó el concepto de predominio del medio geográfico que se impone a las organizaciones humanas y políticas; y
b)  una corriente de orientación posibilista que se desprende del determinismo anterior y sostiene la primacía del hombre sobre el medio natural, en un proceso progresivo de territorialización del espacio geográfico.
Además, desde el punto de vista marítimo y oceanopolítico, es posible formular una crítica mayor a las escuelas geopolíticas tradicionales.  En la práctica, las visiones geopolíticas no dejan de  operar conceptualmente dentro de una lógica esencialmente terrestre, como si la perspectiva de lectura dominante fuera para y en los espacios continentales, subordinando a los mares y océanos a un rol secundario.  La Geopolítica es un paradigma tal,  como si nos situáramos en la tierra, para observar y comprender el mar.
La perspectiva moderna de la Oceanopolítica
La Oceanopolítica surge durante la segunda mitad del siglo XX, como resultado de una serie de procesos intelectuales y políticos.
La nueva disciplina introduce un cambio profundo de perspectiva a éste respecto: ella permite analizar los fenómenos políticos, diplomáticos y estratégicos que suceden en mares y océanos, desde la perspectiva de los espacios marítimos, de manera que se nos ofrece como un paradigma tal, como si nos situáramos en el mar,  para observar y comprender la tierra.
Si la Geopolítica pretendía ser « la conciencia territorial del Estado », la Oceanopolítica pretende ser « la conciencia marítima de la Nación ».
La Oceanopolítica puede ser considerada como una visión con pretensiones científicas, que resulta de la confluencia multidisciplinaria de distintos aportes intelectuales.   Se trata de una  forma moderna de hacer ciencia a partir de los fenómenos marítimos y navales, en la medida en que su pretensión mayor es lograr establecer un conjunto aceptado de principios y teorías dotadas de racionalidad y de objetividad.   En términos generales, la ciencia social es moderna, porque cree y se afirma en los resultados del ejercicio de la razón, como fundamento objetivo del conocimiento.
La reflexión oceanopolítica se pretende a sí misma como una racionalización de los procesos y relaciones entre el Estado- Nación (como actor político programático) y los mares y océanos.  Desde esta perspectiva, los espacios marítimos y oceánicos son comprendidos y se configuran como campos teórico- prácticos relacionales, donde se ponen en juego los objetivos políticos, los grandes fines y sobre todo, los intereses nacionales y de seguridad de los Estados, como se analizará más adelante.
Para la Oceanopolítica, como para las demás disciplinas de las Relaciones Internacionales, el contenido esencial de las relaciones entre los Estados en la esfera marítima y naval son los intereses nacionales y de seguridad, en virtud de los cuales cada Estado desarrolla una Política, y despliega su Diplomacia y su Estrategia.
La Oceanopolítica es una disciplina o ciencia política del mar, es una manera política de ver las relaciones entre los Estados y naciones a propósito de los espacios marítimos.   La politicidad de los procesos y relaciones oceanopolíticas, proviene fundamentalmente del carácter  político de la acción de sus actores principales, los Estados, y del contenido esencial de las relaciones que éstos establecen entre sí a propósito de dichos espacios.
Así, resulta que la Oceanopolítica es -al mismo tiempo- una ciencia política de los espacios marítimos y oceánicos, y también, la Política de los Estados en los espacios marítimos y oceánicos.  Por ello mismo, la Oceanopolítica no es una geopolítica marítima, ni una geografía política de los mares y océanos, sino que resulta de una elaboración intelectual y político- institucional distinta, y que produce como resultado una reflexión científico- política acerca de los mares y océanos, la que se traduce siempre en políticas y estrategias.
En su definición más primaria y elemental, la Oceanopolítica estudia la Política en el mar y en los océanos. 
Su propia denominación, sugiere un elemento de encuentro, una síntesis entre el fenómeno político y el fenómeno oceánico, en la medida en que ambas dimensiones convergen en la realidad, desde los albores de la Historia de la humanidad.  
 Ahora bien, en la Época Moderna -inaugurada por el Iluminismo racionalista y humanista, la Revolución Francesa y la descolonización de las naciones- la Política en los océanos y espacios marítimos la realizan fundamentalmente los Estados-naciones, de lo que se desprende que la Política en el mar es siempre y en primera y última instancia la Política del Estado en el mar.
 

La Oceanopolítica puede definirse -para los efectos de este ensayo- como el estudio científico de las relaciones oceanopolíticas que se establecen históricamente entre ciertos actores políticos y los espacios marítimos y oceánicos.
Esto quiere decir que el fundamento de la teoría oceanopolítica, reside en una comprensión y racionalización sistemática y científica  de un cierto tipo de relaciones, las que se pueden clasificar en dos tipos básicos:
a)  las relaciones que  establecen los Estados y otros actores políticos entre sí a propósito de los espacios marítimos y oceánicos, relaciones que tienen lugar en la esfera internacional; y
b)  las relaciones que se establecen entre los Estados y los espacios marítimos y oceánicos, las que se sitúan generalmente en la esfera nacional, por su carácter jurídico y su contenido político.
De esta definición se desprende naturalmente, que los espacios marítimos constituyen una diversidad superpuesta e interdependiente  de arenas o campos relacionales.  Aquí reside la racionalidad objetiva de los fenómenos oceanopolíticos: se trata de procesos y fenómenos que son empíricamente observables y verificables, en los que los mares y océanos son el elemento de sustrato, la base fundante y explicativa de la relación, y los Estados y otros actores políticos son el elemento activo y dinámico.
A su vez, las relaciones oceanopolíticas, sin embargo, no solamente se sitúan en la esfera objetiva y empírica de los procesos políticos, diplomáticos y estratégicos, sino que también se manifiestan en un ámbito imaginario y cultural, es decir, en una dimensión simbólica: el de la conciencia marítima.
Pero, además, la reflexión oceanopolítica no surge de una simple teorización, sino que se enmarca en un contexto histórico internacional que le fija un derrotero intelectual característico.
El aporte del realismo en Oceanopolítica.
La Oceanopolítica es una disciplina científica que se sustenta en un conjunto de constataciones empíricas de la realidad internacional.
Uno de los postulados oceanopolíticos más importantes, parte del diagnóstico histórico y afirma que a lo largo de los casi veinte siglos de Historia occidental, ha existido un centro de gravedad oceánico, consistente en un determinado mar u océano en torno al cual se han articulado los poderes, economías, imperios y Estados dominantes en cada período.
Según ésta concepción, desde la Antigüedad clásica y hasta el siglo XV, el centro marítimo del mundo habría estado en el mar Mediterraneo, y a partir del descubrimiento de América y de la apertura de nuevas rutas marítimas coloniales de conquista y comercio, dicho centro se habría desplazado gradualmente al océano Atlántico.
Esta centralidad marítima del Atlántico se habría reforzado con la hegemonía británica durante el siglo XIX y  con el predominio naval de los Estados Unidos durante el siglo XX.
Un corolario natural de ésta teoría afirma que, como consecuencia de los crecientes intercambios entre las potencias mayores del Pacífico, el siglo XXI se presentaría como la época en que dicho océano se convertirá en el centro de gravedad marítima del mundo.
Es necesario subrayar a este respecto, que a pocos años del inicio del siglo XXI, el océano Atlántico continúa manteniendo las rutas marítimas estratégicas que unen a EE.UU. con Europa occidental, y a ésta con Japón, muy en especial aquellas que aseguran los suministros energéticos principales desde el Medio Oriente y el Golfo Pérsico.
Al mismo tiempo, las alianzas políticas y estratégicas fundamentales que unen a los EE.UU.  y Norteamérica con Europa occidental, continúan sustentándose en una doctrina estratégica y militar atlántica,  basada en intereses políticos y de seguridad comunes y compartidos.
Puede afirmarse, en consecuencia, que mientras persistan éstos hechos de relevancia fundamental y dominante, el Atlántico continuará siendo un centro marítimo de importancia mundial.
A su vez, para que el Pacífico se convierta en el océano principal del sistema- planeta sería necesario que se configure en torno a él, una comunidad política, económica y estratégica basada en amplios intereses y objetivos comunes y compartidos, diseño que integre los distintos grupos de naciones y Estados, con su enorme diversidad cultural e histórica.  Eso está aún lejos de ocurrir, no obstante que ya se han perfilado algunos esfuerzos de cooperación e integración.
A partir del actual juego dinámico de las potencias globales y de los principales  Estados- pivotes presentes en torno al Pacífico, es posible prever que en un futuro previsible en la primera mitad del siglo XXI, los roles dominantes todavía estarán repartidos entre Japón, China Popular, Estados Unidos y Rusia, como actores fundamentales, mientras que Australia,  Nueva Zelandia y otras naciones asiáticas y latinoamericanas pugnarán crecientemente por intervenir en la escena marítima y política de la región.
 Además, esta interpretación de la geografía política de los mares, debe situarse en una perspectiva teórica mayor, que propone una visión distinta de los  océanos y continentes en su relación dinámica.  La Oceanopolítica funda  también sus orígenes intelectuales, en un cierto análisis geográfico del planeta, que postula que éste presenta una desigualdad básica entre un Hemisferio Norte dominado por grandes masas continentales, y un Hemisferio Sur dominado por las grandes masas oceánicas.
Analizemos ésta teoría.  La desigual distribución de continentes y océanos resulta de una simple constatación física, a la que debe agregarse el hecho de que más del 60% de la superficie total del globo terráqueo está cubierta por mares y océanos.    Ahora bien, ¿qué significado tiene el predominio oceánico del Hemisferio Sur?  ¿qué  consecuencias podrían deducirse de éste factor geo-morfológico?
En este punto, hay que despejar de inmediato toda inclinación determinista.  El predominio cuantitativo de las masas oceánicas respecto de los continentes en el Hemisferio sur del mundo, no implica necesariamente ningún destino marítimo manifiesto, ni supone automáticamente la potencia marítima de los Estados costeros.
En efecto, la sola constatación de la distribución histórica de las hegemonías marítimas desde el siglo XV en adelante, pone de manifiesto un hecho básico, según el cual la totalidad de las potencias marítimas y navales que han ejercido un predominio a escala regional o mundial, se encuentran ubicadas en el Hemisferio Norte del planeta: Venecia, el Imperio Otomano, la Liga Hanseática, Portugal, las Provincias Unidas, Francia, España, Inglaterra (en Europa), o la China continental (en el Extremo oriente), Rusia, la URSS o los Estados Unidos en Norteamérica.
La sola posición marítima de un Estado, (que en términos oceanopolíticos  definimos como la posición oceanopolítica relativa) no constituye una condición suficiente para crear la potencia marítima o naval, y ello es particularmente evidente en el caso de las naciones ubicadas en el Hemisferio sur del mundo, puesto que la potencia marítima y naval constituye el resultado histórico de un largo proceso en el tiempo, durante el cual confluyen diversos factores políticos, culturales, económicos y estratégicos.
Realismo y Estrategia
 durante el período de la Guerra Fría
(1945-1990)
Al término de la II Guerra Mundial, quedó en evidencia que la derrota del imperio nazi de Hitler, se debió a una combinación realista de la estrategia militar, aero-naval y aero-terrestre de D. Eisenhower, la estrategia terrestre masiva del mariscal G. Schukov y la fluidez estratégica en tierra y en el aire del general Montgomery.  
La síntesis lograda por la coalición aliada, entre 1939 y 1945, de potencia militar blindada y artillada, amplio control de los mares y océanos y dominio estratégico del aire, no cristalizó después de 1945 en formas políticas de hegemonía conjunta, sino que dieron paso a una nueva forma de confrontación: el conflicto ideológico, político y militar entre la URSS y Estados Unidos.
Se puede afirmar que el fenómeno estratégico e internacional más relevante de la segunda mitad del siglo XX, ha sido la bi-polaridad Este-Oeste, que opuso a Estados Unidos y la Unión Soviética.  Se trataba de un ordenamiento global particularmente previsible, en el que detrás de las dos potencias globales dominantes, se fueron formando dos campos políticos y estratégicos opuestos, al interior de los cuales debían alinearse todos los demás Estados, naciones, movimientos y fuerzas.
El campo occidental, dirigido por los Estados Unidos y articulado en torno a un conjunto de regímenes de seguridad y de alianzas estratégicas (tales como la OTAN, el ASEAN, el Pacto de Río de Janeiro, etc.), trataba de mantener la hegemonía económica, política y cultural de la potencia dominante, desarrollando relaciones de dependencia económica y tecnológica.
A su vez, el campo oriental o socialista, dirigido por la Unión Soviética y articulado en torno al Pacto de Varsovia, trataba de mantener la hegemonía económica, política y cultural de la potencia dominante, desarrollando relaciones de dependencia ideológica, estratégica y económica.
En una amplia perspectiva histórica de los años de guerra fría, puede constatarse que la Unión Soviética aplicó una política estratégica fuertemente realista en la esfera internacional.  Sobre todo a partir de la Crisis de los Misiles (1962), N. Khroutchev (1953-1964) y en particular L. Breshnev (1964-1982) aplicaron una política de corte pragmático, orientada a no llevar ni escalar el conflicto bipolar, hasta el extremo riesgoso de la guerra nuclear con Estados Unidos, pero de ejercer suficiente presión política y estratégica como sea posible, en el Tercer Mundo, y especialmente en aquellas nuevas naciones dependientes, que deseaban alcanzar un mayor protagonismo político y un mejor nivel de desarrollo.
Para materializar esta visión estratégica, la URSS creó en torno suyo un verdadero glacis de seguridad con una serie de Estados-pivotes aliados en un pacto estratégico-militar (el Pacto de Varsovia) y encargados de impedir y frenar un ataque occidental directo sobre territorio soviético (Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria) y un amplio sistema de bases e instalaciones militares de ultramar (Yemen. Vietnam, Cuba, Etiopía, Angola, Libia), que le permitieran extender el alcance de su presencia naval y marítima en el mundo.
La Política Estratégica general aplicada por la Unión Soviética, desde Stalin hasta Breshnev, obedeció al principio del imperio asediado.  La retórica diplomática, política e ideológica de la URSS siempre se orientó a presentarse como un Estado socialista que se encontraba permanentemente amenazado por diversas formas de agresión, provenientes del campo occidental.   Cuando ésta línea estratégica no fue aplicada, se encontraron con la política de contención de los Estados Unidos, o fueron derrotados abiertamente como en Afganistán.
Los pensadores estratégicos soviéticos más relevantes fueron el Mariscal G. Schukov, vencedor en la II Guerra Mundial y autor de unas Memorias en 1961, en las que destaca la importancia de la estrategia de cerco con blindados en la batalla terrestre; los Mariscales G. Talenskii y A.K. Slobodenko, y en particular el Mariscal V.D. Sokolovskii quién en su obra Voennaia Strategiia de 1962, subrayó la puesta a punto de una doctrina soviética de la disuasión basada en la defensa estratégica terrestre.
Posteriormente se destacan el Mariscal A.A. Grechko quién en 1975 publicó su texto Las Fuerzas Armadas del Estado soviético, y el Almirante S. Gorschkov (1910-1988), quién con su obra La potencia marítima del Estado,(1976) sentó las bases de la estrategia marítima y naval soviética. 
Un problema pendiente es el de la superioridad estratégica que se suponía alcanzaría o estaba alcanzando la URSS en la carrera nuclear con Estados Unidos.  La  información hoy disponible (con la apertura de los archivos soviéticos de inteligencia), permite afirmar que entre 1945 y 1990 nunca la Unión soviética logró la superioridad estratégica en armamentos con los EE.UU. y en muchos aspectos ni siquiera la paridad.  Y ésta podría ser una de las razones de fondo del realismo estratégico mostrado.
El derrumbe final del sistema soviético, sin embargo, se debió menos a la presión política y tecnológica ejercida por EE.UU. (carrera espacial, Guerra de las Galaxias, misiles intercontinentales, sistemas satelitales y redes informáticas), que a la crisis ideológica y política interna, en la que las sociedades civiles gobernadas por regímenes comunistas, presionaron por más libertad y más democracia.  El sistema imperial soviético, se fue desagregando lentamente, primero en el plano ideológico y después en el plano político, es decir en definitiva, hizo crisis e  implosión desde adentro.
En síntesis, la representación soviética de la guerra fue un enfoque pragmático de la invasión como principal herramienta estratégica para apoderarse del territori

3 août, 2006

realismo y ciencia política – una aproximación epistemológica

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Definimos que para la Ciencia Política, el realismo es un modo de aprehender la realidad de los hechos, procesos y fenómenos políticos, distinguiendo tales hechos del proceso cognoscitivo.  Para comprender el lugar del realismo en la ciencia politológica, primero debe reconocerse que el programa  teórico y metodológico de ésta, se propone conocer y develar los procesos, tendencias, ideas, estructuras y fuerzas dinámicas que constituyen la Política en su realidad objetiva, en la sociedad actual.

De aquí resulta, en segundo lugar, que el “realismo politológico” (es decir, el realismo aplicado a la Ciencia Política)  recoge y asume la validez de la Historia como maestra de experiencias, como ilustración susceptible de iluminar el presente, mediante la comprensión del significado de las lecciones del pasado.

No se trata tampoco de situar el estudio politológico en una perspectiva historicista, porque resultaría desviarlo de su vocación y su responsabilidad primordial con el presente y con el futuro. La Historia sirve al conocimiento realista de la Ciencia Política, únicamente en cuanto pone de manifiesto realidades anteriores, que fueron resueltas mediante procedimientos únicos y condicionados por el tiempo y otras circunstancias: también es realista reconocer que en Política, como en las demás dimensiones sociales de la existencia humana, el tiempo no regresa ni se repite.

A diferencia de otras escuelas científicas, el realismo en la Ciencia Política, presupone una teoría realista del sistema político directamente apegada a la realidad, y supone el reconocimiento de la existencia de los fenómenos políticos, como procesos complejos independientes del acto de conocerlos, de pensarlos o de estudiarlos, de donde se deriva que la relación cognoscitiva no modifica los procesos que ella estudia, y que aún cuando el investigador aborde la realidad política, desde el interior de sus dinámicas objetivas y simbólicas (de las que no puede sustraerse por su condición de ciudadano, ni siquiera en nombre de la ruptura epistemológica), ello no implica que dichos procesos agoten dicha relación.

Desde ésta perspectiva, el hecho de conocer los fenómenos y procesos políticos, no altera nada el objeto del conocimiento politológico, entendiendo que dichos procesos son relaciones, es decir, son conexiones espacio-temporales de las cosas y de los individuos que intervienen en los procesos políticos, de manera que la relación que se llama conocimiento, es una relación entre el investigador u observador (en éste caso, el Cientista Político) y los procesos y actores políticos entendidos como objetos de dicho conocimiento.

Desde el punto de vista de su trayectoria histórica, el paradigma realista de las ciencias, no es solamente una cierta forma de positivismo, en cuanto habla de hechos objetivos o positivos, o una actitud o norma para la acción, o una cierta posición adoptada en la teoría del conocimiento.  Se trata de una postura filosófica y epistemológica respecto de la ciencia y del conocimiento, que ha intentado abordar la materia empírica de la realidad, sobre la base de su comprensión interrelacional y causal, en tanto en cuanto “sistema complejo de fenómenos objetivos, empíricamente observables”.  De aquí resulta una especie de “circularidad del conocimiento” desde la óptica realista: no solamente el criterio central de la objetividad son los hechos mismos, sino que el conocimiento parte de la realidad tal cual es, se eleva a la teoría para comprenderla y vuelve finalmente a la realidad, para verificar la validez de la teoría.

La relación cognoscitiva (es decir, la que se establece entre el observador y los procesos políticos) según el punto de vista realista, no modifica a los entes, seres o procesos entre los cuales se establece, y por lo tanto, el hecho que los procesos políticos (en sus dimensiones material y simbólica) se aparezcan como en relación con el observador, no implica que su ser y su entidad se agote en dicha relación.

El realismo –como paradigma teórico- argumenta que la explicación de los hechos y los fenómenos, depende básicamente, de la identificación de los mecanismos objetivos y de los hechos reales tal como se manifiestan en la realidad empírica, la que proviene de la observación directa de los factores causales, de manera de poner en evidencia las leyes que explican y permiten interpretar las regularidades, alteraciones y cambios que se manifiestan en el flujo secuencial de hechos observables.  A su vez,  las regularidades empíricas han de ser explicadas mediante la demostración objetiva de que ellas son una manifestación observable de la vinculación entre ciertos mecanismos y estructuras sistémicas que se interpenetran.

Para el enfoque realista de la Ciencia Política, entonces, la objetividad de un juicio, una evaluación, apreciación o del conocimiento politológico consiste y depende de su más exacta correspondencia con la realidad de los procesos políticos.

De este modo, el espacio y el tiempo políticos se encuentran en una posición y en una trayectoria independiente, exterior, respecto de nuestra sensibilidad y de nuestras percepciones, lo que permite que el Cientista Político los aborde como realidades objetivas, es decir, como el modo de ser de los procesos políticos, en cuanto existen fuera e independientemente de la mente humana. 

De aquí se desprende que los hechos y los procesos políticos existen y suceden (o transcurren) como fenómenos sociales, como realidades empíricas que se manifiestan independientemente de nuestras opiniones, de nuestros deseos, de nuestras creencias y preferencias. (1)

Las principales premisas epistemológicas del realismo, son las siguientes:

primero, que los hechos, en su realidad fáctica, en su causalidad única e irrepetible, en su interpenetración espacio-temporal, constituyen el criterio fundamental del conocimiento de la realidad;

segundo, que en el proceso del conocimiento, la aprehensión de los hechos objetivos se confronta con las realidades intelectivas, con los procesos comunicacionales, con las dimensiones retóricas del quehacer humano, y en dicho proceso comparativo, son los hechos los que constituyen el criterio central de comprensión de dicha realidad;

tercero, que los hechos objetivos poseen la fuerza intelectiva de la evidencia, en tanto en cuanto permiten definir y precisar la realidad que constituyen, por encima de las percepciones subjetivas, de las intenciones y  los deseos que intentan explicarlos, aún entendiendo que los intereses (individuales, grupales y colectivos) constituyen el fundamento explicativo último de las acciones;

y cuarto, que la relación entre el objeto o realidad por conocer, el sujeto que conoce y la representación de dicha realidad, es una relación exterior, en el sentido de que se trata de tres entidades distintas y separadas, pero siempre entendiendo que, en el proceso de la construcción mental de la realidad, el criterio básico de la objetividad es la evidencia empírica  de los hechos.

El paradigma realista aplicado a las realidades sociales y políticas, considera básicamente a la Política y las Relaciones Internacionales como una realidad fáctica, objetiva, por lo que se basa en la premisa conceptual de que, en la conducta de los Estados y otros actores políticos que intervienen en la escena política e internacional, lo que prima, lo que interesa y lo que determina las evaluaciones, estimaciones, cálculos y apreciaciones, son los hechos políticos, diplomáticos y estratégicos.

De aquí se desprende que en Política y en la Política Internacional, lo esencial son los hechos, las conductas, las acciones, y no los discursos,  las declaraciones, o las intenciones anunciadas.

Tres son las dimensiones teórico-prácticas interrelacionadas, en las que el paradigma realista sintetiza su lectura de la Política y las Relaciones Internacionales: los intereses y el poder, el problema del conflicto, y la cuestión del equilibrio, cada una de las cuales se exponen a continuación, en la forma de enunciados generales.
Teoría del interés y del poder.
El interés, en general, y los intereses nacionales y el poder que los respalda, en particular, constituyen siempre el parámetro principal y más seguro, para entender la Política y las Relaciones Internacionales y para comprender el significado real las decisiones y conductas de los Estados, gobiernos y otros actores políticos.

El que tiene poder, lo usa.

El poder es una realidad jerarquizada y asimétrica, es decir,  desigualmente repartida.

El poder en la política y en la esfera internacional se encuentra repartido estructuralmente de un modo desigual, asimétrico, y por lo tanto, los Estados y los actores políticos se guían permanentemente por una voluntad y un propósito de conservar, preservar o aumentar su propia cuota de poder e influencia en la vida política y en la esfera internacional, en la que le corresponde actuar.

Los Estados y los gobiernos, en la promoción y defensa de sus intereses nacionales y de seguridad, tienden a aplicar una lógica pragmática de Razón de Estado, que les garantice su supervivencia y continuidad.

El Derecho Internacional y los acuerdos políticos y diplomáticos que se forman entre los actores políticos internacionales, solo tienen vigencia y permanencia efectiva en las relaciones internacionales, a condición que se encuentren debidamente respaldados, por una voluntad política explícita de los gobiernos y los Estados intervinientes, y por una adecuada estatura política, diplomática y estratégica que les asegure eficacia y durabilidad en el tiempo.

La Diplomacia y la Política Internacional entendidas como acciones sistemáticas de los Estados a través de los gobiernos, basan su eficacia última en la Estrategia y en el poder material que los sustenta.

El sistema y el orden internacional rehúyen permanentemente del vacío de poder, tanto en sus dimensiones políticas, como diplomáticas y territoriales.  Allí donde no hay un poder político y estratégico firme, estable y legítimo, otro poder buscará llenar el vacío.
Teoría del conflicto.
? El conflicto es una realidad dominante y omnipresente en la Política y en las Relaciones Internacionales.  Más que la paz y la estabilidad, que constituyen realidades transitorias, fluídas y hasta inestables, el conflicto presenta una mayor permanencia y persistencia, a la luz la trayectoria histórica y de la experiencia de las relaciones entre los actores políticos e internacionales.

? El conflicto es, básicamente, una confrontación de intereses divergentes, que será resuelta por la vía política, diplomática o estratégica, según los beneficios inmediatos y mediatos que cada actor político estimará obtener de dicha vía.

? En las relaciones entre los actores políticos y los Estados, el conflicto  es siempre una opción, un escenario posible, una hipótesis a considerar entre varias.  El conflicto así, es posible en proporción al estado de la coyuntura internacional y regional, del grado de conflictividad creado en torno a ciertos intereses cruciales, de la correlación y el balance de poder, de fuerzas y de vulnerabilidades relativas, de un cálculo político-estratégico y una evaluación objetiva y pragmática de los costos, beneficios y resultados a corto, mediano y largo plazo.

? La lógica de la disuasión preside la escena estratégica internacional y regional, en términos que dependen del equilibrio de fuerzas, de un balance de poder estable, y de la disposición visible de los actores para no intentar alterar estratégicamente el orden, la estabilidad y los equilibrios existentes.  Para que la lógica de la disuasión opere eficazmente, se supone la racionalidad de los actores implicados y de sus procesos de toma de decisión, y un conjunto de percepciones mutuas que conducen a la estabilidad.

? Las crisis deben ser consideradas como signos precursores del conflicto abierto, especialmente cuando ellas se repiten en torno a un mismo nudo problemático.

? Los diferendos considerados cruciales o vitales, por uno de los actores involucrados y no resueltos por la vía diplomática o de la negociación, siempre alimentan demandas, aspiraciones, tensiones y conflictos abiertos posteriores.

? El desbalance marcadamente pronunciado en la esfera estratégica internacional o regional, siempre tiende a generar tentativas de re-equilibrio, que suponen desestabilización del orden dominante.

? En términos polemológicos y de resultados políticos de la acción armada, la agresión y el abuso de la fuerza nunca resultan finalmente exitosos ni durablemente dominantes.
Teoría del equilibrio.
? La tendencia normal y espontánea en el comportamiento internacional de los Estados y Gobiernos en la época actual, y en el funcionamiento del sistema internacional y de los sub-sistemas regionales que lo componen, es la tendencia hacia la búsqueda y la preservación del equilibrio de poderes.

? El equilibrio de poder en la escena política e internacional es una situación históricamente transitoria, en la que cada uno de los actores acepta la correlación vigente de fuerzas y debilidades mutuas, a condición que no sea modificada sino mediante una decisión colectiva y consensual.

? El equilibrio de poder en las esferas internacional, regional y subregional, constituye uno de los fundamentos objetivos de la estabilidad y la paz.

? Las alianzas políticas, diplomáticas y estratégicas son básicamente coaliciones de intereses que convergen transitoriamente, en función de los beneficios mutuos y ventajas compartidas que reportan a sus integrantes, y que pueden reducirse o ampliarse según su eficacia.  Desde el punto de vista político, los acuerdos y tratados son convenciones más o menos estables, regidas por principios aceptados y reglas conocidas, cuya permanencia y vigencia depende de su adecuación con los intereses individuales de cada actor, y con los intereses comunes y compartidos que lo motivaron.

El conjunto de estos parámetros conceptuales, permitiría comprender la lógica realista en la esfera de la Política y en el ámbito estratégico de las Relaciones Internacional, como se examina a continuación.

¿De dónde proviene intelectualmente el realismo?

¿Cuáles son los orígenes y los fundamentos históricos de la escuela realista de pensamiento?

El realismo encuentra sus raíces intelectuales en numerosos pensadores que, desde la Antiguedad y a través de las distintas épocas históricas:  medieval y contemporánea o moderna, han ido estableciendo sucesivamente las principales herramientas conceptuales de ésta visión teórica.

Pertenece a la tradición realista subrayar la importancia crucial que tiene el estudio y observación de la Historia, como archivo acumulativo de la experiencia humana en el tiempo, como manifestación de la presencia y de la creación material y cultural de los seres humanos, instalados en distintos espacios geográficos. 

En la visión realista de la Política, la Historia sirve como herramienta de trabajo para comparar hechos, conductas, decisiones, errores y aciertos, sirve como pedagogía vivencial que permite deducir lecciones, aún dentro de las limitaciones que supone el carácter irrepetible de los hechos históricos.  Los hechos del pasado no vuelven a suceder, pero siempre es posible encontrar en ellos enseñanzas útiles.

Este ensayo se sustenta –entre otros conceptos- en la noción teórica de que a lo largo de la prolongada tradición intelectual de Occidente, se ha venido construyendo gradualmente una visión pragmática  realista de la Política y de las Relaciones Internacionales, y en cuyas premisas conceptuales, puede encontrarse una explicación objetiva de la evolución histórica  experimentada por dichas relaciones.

Si pudiera darse una definición del realismo político, podría afirmarse que se trata de una escuela de pensamiento que busca reflexionar en torno a la práctica política, a partir de los hechos objetivos que la constituyen, y en particular, del juego complejo y dinámico de fuerzas, intereses y  poderes.
 

politica y poder – la problemática de la modernidad

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el objeto de la ciencia política 

 

El objeto de la ciencia es la política -la politeia de los griegos, es decir, la comunidad politica- lo que significa que estudia las interacciones que se producen entre los individuos y otras unidades políticas en relación con el poder. A subrayar aquí el concepto de « producción de relaciones » en la medida en que los individuos, en cuanto sujetos a la vez individuales y sociales, producen constantemente sus relaciones políticas en el tiempo y en el espacio, y en un proceso a la vez material y simbólico.

El objeto « política » es entonces, una forma de relación social que se articula en relación y para el poder.

Ahora bien, la problemática política debemos estudiarla en cuanto se manifiesta en la realidad social e histórica mediante estructuras, sistemas, instituciones, normas, costumbres, creencias y valores que le son propios y característicos y cuya especificidad reside precisamente en que se producen en relación con el poder y las modalidades como éste se ejerce.

En realidad, la « política » es una construcción intelectual, es un constructo conceptual y teórico que, para ser conocido y re-conocido, necesita manifestarse, expresarse, cristalizar más o menos concretamente, en formas de relación social y política cuya materialidad nos permita identificarlos y someterlos a análisis y crítica.   Si no existieran las estructuras, normas e instituciones en las que se « realiza » la vida política de una sociedad determinada, no tendríamos forma de conocer de su existencia.

Ahora bien, desde sus orígenes la política ha surgido como un concepto y como un objeto de estudio caracterizado por su polisemia.  La idea de Política ha estado históricamente revestida de diversos significados. 

La noción de política se origina en las palabras griegas « polis », « politeia », « politike », « politica ».

La « polis » en su acepción original, nos remite a una realidad política específicamente griega: la « polis » era una ciudad-Estado, es decir, un cierto tipo de ordenamiento político circunscrito al territorio de la ciudad y sus alrededores inmediatos y dentro del cual se ejercía un conjunto de poderes independientes de las demás ciudades.  Pero además del « recinto urbano », la polis era la reunión de individuos que constituían la ciudad, es decir los ciudadanos.   La polis surgió y era una expresión de la multiplicidad de unidades políticas que caracterizaba a la Hélade en la antiguedad.

A su vez, « politeia », tiene signficados mucho más precisos y más ricos para los fines de la Ciencia Política.  Se refiere al Estado, a la constitución de un Estado, al régimen político que gobierna una sociedad, y estos son objetos privilegiados del estudio politológico, en la medida en que hace referencia a ciertos modos de organización del poder dentro de una sociedad y en algún momento de su devenir histórico.

La palabra « politica » o mas bien « ta politica » (castellanizando el griego), es el plural neutro de « politikos », y significa las cosas políticas, los asuntos cívicos, las cuestiones que se tratan en la esfera política de la sociedad.

Y por último « e politike », se refiere al arte de la política, al arte de gobernar, de dirigir la sociedad y el Estado, y desde este punto de vista, hace alusión a la « techné », es decir, a los medios y recursos técnicos de que nos valemos para buscar, adquirir y ejercer el poder.

No deja de ser interesante observar además, que en la Grecia antigua, existía ya una tendencia a comprender los procesos políticos desde un ángulo realista, ya que se hablaba de la « politika pragmateia » para referirse a la búsqueda del conocimiento acerca de la vida en común de los individuos en la estructura esencial de la vida social, es decir, en la constitución política de la sociedad.  La « politica pragmateia » era entonces un concepto propio de los griegos antiguos, para referirse a la realidad del orden político en cuanto objeto de estudio, observación y conocimiento.

En la Grecia clásica surgen así, los primeros rasgos de una interpretación realista de la Política y de la Ciencia Política.

Por otra parte, la historicidad de la política en cuanto objeto de estudio científico, reside en la naturaleza evolutiva e inscrita en el tiempo que adquieren los fenómenos políticos.  No hay fixidad en política, no hay fenómenos estáticos o inalterables, sino por el contrario, continuamente se manifiestan continuidades, saltos y rupturas, hay evoluciones e involuciones, hay avances y retrocesos, de manera tal que el analista y el investigador deben dar cuenta de la « elasticidad temporal » de los hechos políticos, ya que el « tempo político » no sucede al mismo ritmo que los demás sucesos sociales, y de la « plasticidad » de los procesos y coyunturas (dimensión que permite diferentes explicaciones y puntos de vista para analizar una misma realidad).

Otro aspecto de la historicidad de la política, reside en el uso intensivo que los politólogos debemos hacer de los datos históricos, como material empírico de segunda mano que  permite aprehender las causalidades, tendencias y trayectorias de los fenómenos pasados en su conexión con los procesos actuales o presentes. La Historia sirve a la Ciencia Política en cuanto ilustra al analista de hoy, respecto de aquellos procesos similares que han tenido lugar en el pasado, de manera que al comparar los sucesos (la confrontación del pasado con el presente) se tengan a la vista las similitudes y diferencias a que dan lugar los contextos, actores y escenarios de uno y otro.
ciencia política e interdisciplinariedad

El encuentro de la Ciencia Política con las demás disciplinas de las Ciencias Sociales, a lo largo de los dos recientes siglos, ha dado lugar a un diálogo enriquecedor y a una confrontación de conceptos y de metodologías, que debieran conducirnos a completar y a hacer más integral la visión de nuestra disciplina frente a los hechos y procesos políticos.

Debemos reconocer que tres han sido las ciencias desde las cuales han surgido los fundamentos originarios de la Ciencia Política: la Filosofía, la Historia y el Derecho.

Veamos en primer lugar el encuentro de la Ciencia Política con la Historia.

La Ciencia Política moderna reconoce en la Filosofía una de sus fuentes nutricias.

Estudiemos además, los puntos de encuentro de la Ciencia Política con el Derecho.

La Ciencia Política y la Psicología, han dado lugar a la llamada Psicología Política.

La Ciencia Política y las ciencias de la Administración tienen  también diversos puntos de encuentro.

Buscamos entonces la interdisciplinariedad, centrando en la Ciencia Política la estructura conceptual que permite avanzar en una comprensión más amplia y diversa de los fenómenos políticos, a la luz de su evolución contemporánea.
la construcción política de la realidad

 

La sociedad contemporánea actualmente vive un profundo proceso de cambios.  Se trata no solamente de una época de cambios, sino que más profundamente, estamos asistiendo a un cambio de época.

El cambio fundamental que caracteriza a la sociedad contemporánea es el de una profunda y prolongada transición desde una sociedad basada en el trabajo físico,  el consumo de la energía no-renovable y una cultura  tradicional, a una  sociedad basada en el conocimiento, la información y la cultura moderna y post-moderna.

Una de las dimensiones que más cambios está experimentando como efecto de esta transformación profunda de la sociedad, es la del campo de la Política y del poder.

Allí donde los individuos, los grupos, los movimientos, la sociedad civil, los partidos y las instituciones del Estado convergen, para resolver sus demandas, para concertar las normas que regirán el sistema de gobierno, allí los cambios que provienen de la esfera económica y cultural, están ocasionando disfunciones susceptibles de alterar todo el orden político.

En síntesis, existe un orden político inherente a toda sociedad humana históricamente determinada, y se forma en torno a él una dimensión cada vez más compleja de organizaciones e instituciones, de fuerzas y de procesos dinámicos, de interacciones y fuerzas.  Existe una construcción política de la realidad, así como existe una construcción social, cultural o económica de la vida humana.

¿Porqué se afirma que existe “la construcción política de la realidad”?

Porque  en la sociedad humana existe toda una amplia dimensión material y simbólica especialmente referida a lo político, en la que se resuelven las cuestiones relativas al gobierno de dicha sociedad.

Una de las hipótesis de base que sustentan a este ensayo, es la afirmación de que existe una manera política de ver la realidad, de comprenderla y de insertarse en ella, del mismo modo como la Política y quienes la realizan construyen realidades (materiales e inmateriales o simbólicas) que contribuyen a enriquecer el quehacer social y el desarrollo de la sociedad. 

Así como las personas aprehenden la vida social y cotidiana como una realidad ordenada, del mismo modo, el actor individual (persona, sujeto, ciudadano) percibe la realidad social como algo independiente de su propio conocimiento, de modo que cada individuo se forma una idea de la Política y lo político, como una realidad exterior a cada uno.

Lo político se nos presenta entonces, como facticidad objetiva y como significado subjetivo.

Esta dimensión política de la sociedad, sin embargo, está en crisis.  Como se examina a continuación, podemos hablar de una  crisis de la Ciencia Política tradicional como lectura de los fenómenos políticos, y además, una crisis de la actividad política misma.
la crisis de las lecturas tradicionales de la Ciencia Política
El  paradigma tradicional de la Política, y de la Ciencia que la estudia, está en crisis.

No basta con declarar la crisis de la Política, sino que es necesario reconocer que los modelos explicativos que la Politología se ha dado para encontrar y descifrar las causas de la crisis del fenómeno político en la sociedad moderna, sino que el propio esfuerzo de interpretación científica de dichos fenómenos de cambio, aparece hoy insuficiente frente a la emergencia de nuevos fenómenos.

Ya sea que se sitúe en la óptica estructuralista, de la dependencia, del cambio revolucionario o del desarrollismo, la Ciencia Política enfocaba hasta hoy la problemática social y política, a partir de una lectura fuertemente dual o polarizada de los sistemas de poder y dominación.

La Ciencia Política moderna ha oscilado sucesivamente, entre la escuela contextualista (que veía la política como subordinada a fuerzas exógenas), como el enfoque reduccionista (que veía la política y sus instituciones como determinando el quehacer individual), o la visión utilitaria (que reducía la política a una acción gobernada por decisiones calculadas), o el enfoque instrumental (que otorgaba prioridad a los resultados de la acción), o la escuela funcionalista  (que aseguraba la eficiencia de la historia).

En cualquiera de estos enfoques, la Ciencia Política moderna ha intentado entender el fenómeno político como una realidad totalizadora al interior de la sociedad y la cultura, desde la esfera de la teorización y de las elaboraciones ideológicas, hasta las dimensiones prácticas y operacionales del ejercicio del poder.  Hoy es necesario reconocer que uno de los impactos más profundos de la modernidad y de la postmodernidad sobre la Política y sobre los paradigmas que la explica, es la de una realidad fragmentada y desestructurada.

Así, la sociedad y los sistemas políticos en particular, han sido percibidos tradicionalmente por las Ciencias Sociales en general y la Ciencia Política en particular, como campos o arenas de confrontación entre clases, entre poderes dicotómicos y contrapuestos, como si ciertas leyes científicas determinaran ineluctablemente el choque y el conflicto.

En la lectura tradicional y totalizante anterior, la Ciencia Política además tendía a entender el cambio social y los procesos políticos de cambio, como coyunturas lineales, fluídas y de ruptura, cuyo contenido esencial era el paso irreversible y pre-concebido desde una formación social a otra.

Se trataba entonces, de una forma de determinismo empírico e histórico, según el cual o las leyes del mercado, o ciertas clases sociales serían portadores de una vocación y una voluntad de cambio, fuertemente condicionada por la trayectoria estructural y la tendencia profunda de los acontecimientos históricos.

Está además, el problema del discurso político, o sea de la retórica y el de su doble relación: con la Ciencia Política por un lado, y con la realidad por el otro, tema que se somete aquí a un análisis comunicacional también realista y crítico.
modernidad, política y realismo:
la política frente al paradigma de la modernidad

En una perspectiva macro-social, la problemática de la modernidad en tanto paradigma y en tanto modo de organización de la sociedad y la cultura, se encuentra en el centro del debate intelectual que hoy tiene lugar.  Mientras hay quienes hablan de una crisis de la Política moderna, otros enfatizan un  cuestionamiento al propio paradigma moderno de la Política, lo que no deja de traer consecuencias para la propia Ciencia Política.  Es a este último aspecto, al que se referirá este análisis.

Como se sabe, el paradigma de la modernidad (sea ésta ilustrada o  instrumental), contiene una visión de la Política entendida como una función reservada y especializada en manos de una elite profesional, y que propone la racionalidad burocrática y territorial para la organización del Estado, se sustenta en la soberanía de la nación y en la primacía de la Ley y el Derecho, y postula el desarrollo de la conciencia libre y activa de cada ciudadano, de manera de producir una condición ciudadana involucrada y comprometida con la vida política.

Con la modernidad, el Estado (en cualquiera de sus formas, modelos y regímenes) tiende gradualmente a sustituirse y a sustituir a la Nación, en nombre de la eficiencia burocrática y centralizada, y de un poder político piramidal que distribuye –o intenta distribuir- beneficios y sanciones.

Esta misma tendencia, conduce a hacer de la actividad política y partidaria un negocio cada vez más mediatizado, una arena institucionalizada de confrontaciones virtuales y de acuerdos reales, un juego comunicacional de imágenes superpuestas y de retóricas “light”, que se alejan de la vida real y de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

Bajo el paradigma de la modernidad, y dentro de la estructura socio-política de la Nación-Estado, que es uno de sus rasgos característicos, lo que sucede en realidad es que la lógica de la Nación (que es horizontal, participativa, abierta y dinámica) tiende a oponerse a la lógica del Estado (que es vertical, burocrático, poco permeable y lento).  Y las lógicas divergentes aquí, se acompañan a la configuración de intereses colectivos e individuales, que se contraponen en su búsqueda de la hegemonía.

La crítica realista al paradigma político de la modernidad, tiende a subrayar los aspectos paradójicos y contradictorios de una construcción política que termina por erigirse por encima de los sujetos a los que pretende representar.  El surgimiento y expansión contínua de un aparato estatal moderno y burocratizado, no es una constatación que pueden arrogarse los ideólogos conservadores o liberales, sino que es un fenómeno histórico objetivo, resultante precisamente de la propia formación del Estado-Nación, de la incorporación de criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad en la gestión pública.

La racionalidad moderna en la Política, tiende a producir una separación, una alienación del ser humano-ciudadano respecto del poder y del Estado, en la medida en que éste se arroga la totalidad de la función política, y en la que ésta se profesionaliza en manos de una elite especializada y tecnocrática. 

El ciudadano común no solamente se desapega de la función pública, porque su opinión no informada importa sólo en cuanto “demandas y aspiraciones”, sino que es invitado cada cierto tiempo a dar su opinión política, dejando el resto del tiempo a la política y al poder político, en manos de los funcionarios, los gobernantes y los expertos.

Con la modernidad, la Política se desgaja en dos tiempos y en dos esferas: por un lado, el tiempo de “hacer política” en que los ciudadanos –sometidos al imperio de las comunicaciones y las estrategias políticas- eligen a sus representantes, para regresar después al “tiempo cotidiano” de sus actividades habituales; y por el otro, la esfera de la política como acción, se separa entre la “clase política” que –con sus propios lenguajes, códigos, retóricas y ceremoniales- gobierna desde el Estado, y la “sociedad civil” que –sumergida en el trabajo y la producción- parece permanecer fuera del Estado.

Desde el punto de vista de la credibilidad pública, es necesario reconocer que en la Política moderna, el ciudadano comienza creyendo y termina no creyendo.

De este modo, la crisis intelectual de la modernidad política se pone de manifiesto, cuando la apatía ciudadana se extiende en los sistemas políticos, cuando los ciudadanos se des-solidarizan de la cosa pública y de la organización social, cuando los lazos de cohesión comunitaria son reemplazados por la mercantilización clientelística de las relaciones políticas, cuando se abre la brecha social y cultural entre la ciudadanía atomizada y la clase política y gobernante, cuando el discurso político se separa de la realidad y deviene ininteligible para los ciudadanos: podría afirmarse que la modernidad aliena a la Política de los ciudadanos. (2)

La razón política moderna parece  enfrentarse así a su propio discurso, a su propia retórica: la participación colectiva que propugna, no puede llegar hasta sus últimas consecuencias institucionales; el individuo no puede realizarse ni como ciudadano solo, ni como uno más en la multitud; el poder político tiende siempre a absorver, a complejizarse y a dominar; el ciudadano –en primera y última instancia-  parece tener que enfrentarse solo ante el Estado y el poder, si no quiere ser anulado por las maquinarias políticas; el cambio termina siendo conservador y la conservación siempre desencadena los cambios; la racionalidad política se hunde ante el azar y las pasiones; en nombre de la diosa Libertad, del dios Estado, del dios partido o del dios Pueblo, se instalan las dictaduras más opresivas, se cometen las peores atrocidades y se perpetran los peores crímenes e impunidades.

De este modo, la crisis de los paradigmas de la Ciencia  Política, hace referencia, sin agotarse en ella, a la crisis misma de  la política.

Un aspecto relevante de la crisis en cuestión, es el debilitamiento del universo ideológico-linguístico de la política –en cuanto lectura de la realidad y práctica social- ahora invadido por los lenguajes y códigos de la Estrategia, de las ciencias de la Comunicación, de la Psicología, de la Administración, de la Cibernética…

A medida que asistimos a una hora en la que los “grandes relatos” parecen desacreditados, la forma epopéyica y épica de la política y de la Ciencia que la estudia, crea una barrera epistemológica casi insalvable para referirse a la contemporaneidad e incluso a la cotidianeidad.  Una contemporaneidad que, por lo demás, abjura de las tradiciones, que duda de sí misma, que se burla de la política y sus rituales ceremoniales, de sus valores y estructuras estereotipadas; y una cotidianeidad que se escapa entre los dedos de una Política referida y centrada en instituciones, normas, problemáticas complejas, juegos de poder e imágenes virtuales.

Así también, mientras el discurso político se semantiza, y se convierte en complejos dispositivos semiológicos cargados de ambiguedad y de significados equívocos, la Ciencia Política se enfrenta a la dificultad mayor de tener que operar con conceptos cargados de ideología.
la crisis moderna del fenómeno político
La Política, como práctica social y como universo simbólico, ha entrado en crisis, como una de las consecuencias de los múltiples impactos provenientes de la modernización.

La percepción ciudadana respecto de la Política está cada vez más degradada y deslegitimada, y este es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales para abarcar el conjunto de la sociedad y los sistemas políticos contemporáneos.  Por lo tanto, la afirmación de que la Política, los partidos y la clase política han entrado en una prolongada crisis de legitimidad y credibilidad en la sociedad actual, no es básicamente un “argumento ideológico sesgado” –aunque pueda serlo en boca de ciertos políticos detractores de sus demás adversarios- sino que es un tópico respaldado por un cúmulo creciente de indicadores, entre los cuales las encuestas de opinión pública no son más que un factor.

La política tradicional se ha hecho no creíble, ha perdido la centralidad de su atractivo anterior   La crisis de la Política es, a la vez, una crisis de la acción política, como una crisis de la percepción pública acerca de ella, es decir, de la cultura política.

El creciente predominio del discurso y las prácticas individualistas, y la búsqueda del éxito y la realización personal, y la notoria des-solidarización de los ciudadanos respecto de la sociedad en general y del sistema político en particular, son manifestaciones exteriores de una tendencia profunda que tiene lugar en la época contemporánea: la tendencia hacia la modernidad.

La modernidad –como tendencia estructural e ideológico-cultural dominante- se introduce en el sistema político, generando un efecto disolvente y desarticulador, de manera que las fuerzas, partidos y actores políticos tradicionales se ven enfrentados a la creciente tensión ocasionada por nuevos problemas y nuevas aspiraciones y demandas provenientes de una sociedad civil cada vez más culturalmente diversa y socialmente diversa.

Probablemente, uno de los rasgos más significativos que denotan la crisis de los paradigmas políticos, y la propia crisis de la Política (como práctica social), reside en la pérdida de su anterior  centralidad en los procesos sociales.

En efecto, la Política aún cuando continúa siendo uno de los procesos sociales y culturales relevantes que tienen lugar en una sociedad histórica.  Sin embargo, como efecto e impacto de la modernidad, ella ha perdido su centralidad siendo aparentemente sustituída por otros liderazgos, otros intereses ciudadanos, otras formas organizativas y comunicacionales, y se ha convertido gradualmente, en objeto de crecientes críticas  generando una percepción social negativa en torno suyo.

Probablemente lo más serio es que la Política, y por ende, la clase política, parecen  dejar de ser el mecanismo único, seguro y válido de resolución de los problemas y las demandas de la ciudadanía, siendo parcialmente reemplazada por la Economía y la Administración.

Esta transposición da como resultado que la Política pierde su atractivo mediático ante las multitudes, así como su capacidad de convocatoria social: los ídolos y líderes que atraen a los grandes colectivos modernos –cuando ellos existen realmente- ya no son los dirigentes políticos, y los símbolos políticos e ideológicos dejan de tener un poder de evocación y de representación simbólica significativa.

La Política –como forma de pensar la sociedad- parece desvanecerse en el universo mediático, sustituída o relativizada por otros universos simbólicos y valóricos.

Tampoco resultaría científico atribuir éste fenómeno a la exclusiva responsabilidad de “los políticos”, por más que sobre ellos cae una nebulosa de descrédito moral.

La crisis de la Política, es en realidad, la crisis de la política tradicional, y ella traduce en el plano de las instituciones y de los procesos políticos la crisis general que acompaña a la transición desde una sociedad anteriormente basada en valores y formas tradicionales de hacer política, hacia una sociedad en la que predominarían códigos, valores, modelos y formas organizativas modernas.
Aquel paradigma tradicional que hacía de la Política una actividad a la vez, elitista y masiva, basada en el contacto directo y paternalista entre el político y la ciudadanía, en grandes movilizaciones masivas evocadoras de la unidad de la nación, la clase o el partido, que generaba relaciones de dependencia y cooptación entre la clase política –otorgadora de bienes, servicios, favores y privilegios- y la ciudadanía –demandante y receptora de los beneficios que descendían desde las esferas políticas y del poder- en términos de clientelismo y caciquismo, ese paradigma está siendo gradualmente barrido o superado por una Política moderna o con rasgos modernos basada principalmente en los efectos mediáticos y de imagen, en la capacidad individual del político para alcanzar cobertura y presencia comunicacional, en la profesionalización de la actividad política y dirigente, en la ingeniería de escenarios políticos virtuales, potenciados por la aceleración del tiempo, por el manejo de la comunicación y sus contenidos, y por la circulación instantánea de la información, de manera que ésta última deviene el poder.

Lejos debe estar hoy el Cientista Político de anunciar el fin de la Política como arte y como ciencia.  La Política no desaparecerá porque forma parte de la realidad social.   Una de las hipótesis centrales en que se sustenta este estudio, afirma que existe una manera política de  ver y aprehender la realidad, y que dicha manera política se traduce en formas de pensar y de actuar, que constituyen la distinción o el rasgo característico del quehacer político en la sociedad moderna.
 

crisis de la modernidad y crisis de la política

Classé sous ciencia política,epistemologías — paradygmes @ 0:02

En una perspectiva macro-social, la problemática de la modernidad en tanto paradigma y en tanto modo de organización de la sociedad y la cultura, se encuentra en el centro del debate intelectual que hoy tiene lugar. Mientras hay quienes hablan de una crisis de la Política moderna, otros enfatizan un cuestionamiento al propio paradigma moderno de la Política, lo que no deja de traer consecuencias para la propia Ciencia Política. Es a este último aspecto, al que se referirá este análisis.

Como se sabe, el paradigma de la modernidad (sea ésta ilustrada o instrumental), contiene una visión de la Política entendida como una función reservada y especializada en manos de una elite profesional, y que propone la racionalidad burocrática y territorial para la organización del Estado, se sustenta en la soberanía de la nación y en la primacía de la Ley y el Derecho, y postula el desarrollo de la conciencia libre y activa de cada ciudadano, de manera de producir una condición ciudadana involucrada y comprometida con la vida política.

Con la modernidad, el Estado (en cualquiera de sus formas, modelos y regímenes) tiende gradualmente a sustituirse y a sustituir a la Nación, en nombre de la eficiencia burocrática y centralizada, y de un poder político piramidal que distribuye –o intenta distribuir- beneficios y sanciones.

Esta misma tendencia, conduce a hacer de la actividad política y partidaria un negocio cada vez más mediatizado, una arena institucionalizada de confrontaciones virtuales y de acuerdos reales, un juego comunicacional de imágenes superpuestas y de retóricas « light », que se alejan de la vida real y de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos.

Bajo el paradigma de la modernidad, y dentro de la estructura socio-política de la Nación-Estado, que es uno de sus rasgos característicos, lo que sucede en realidad es que la lógica de la Nación (que es horizontal, participativa, abierta y dinámica) tiende a oponerse a la lógica del Estado (que es vertical, burocrático, poco permeable y lento). Y las lógicas divergentes aquí, se acompañan a la configuración de intereses colectivos e individuales, que se contraponen en su búsqueda de la hegemonía.

La crítica realista al paradigma político de la modernidad, tiende a subrayar los aspectos paradójicos y contradictorios de una construcción política que termina por erigirse por encima de los sujetos a los que pretende representar. El surgimiento y expansión contínua de un aparato estatal moderno y burocratizado, no es una constatación que pueden arrogarse los ideólogos conservadores o liberales, sino que es un fenómeno histórico objetivo, resultante precisamente de la propia formación del Estado-Nación, de la incorporación de criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad en la gestión pública.

La racionalidad moderna en la Política, tiende a producir una separación, una alienación del ser humano-ciudadano respecto del poder y del Estado, en la medida en que éste se arroga la totalidad de la función política, y en la que ésta se profesionaliza en manos de una elite especializada y tecnocrática.

El ciudadano común no solamente se desapega de la función pública, porque su opinión no informada importa sólo en cuanto « demandas y aspiraciones », sino que es invitado cada cierto tiempo a dar su opinión política, dejando el resto del tiempo a la política y al poder político, en manos de los funcionarios, los gobernantes y los expertos.

Con la modernidad, la Política se desgaja en dos tiempos y en dos esferas: por un lado, el tiempo de « hacer política » en que los ciudadanos –sometidos al imperio de las comunicaciones y las estrategias políticas- eligen a sus representantes, para regresar después al « tiempo cotidiano » de sus actividades habituales; y por el otro, la esfera de la política como acción, se separa entre la « clase política » que –con sus propios lenguajes, códigos, retóricas y ceremoniales- gobierna desde el Estado, y la « sociedad civil » que –sumergida en el trabajo y la producción- parece permanecer fuera del Estado.

Desde el punto de vista de la credibilidad pública, es necesario reconocer que en la Política moderna, el ciudadano comienza creyendo y termina no creyendo.

De este modo, la crisis intelectual de la modernidad política se pone de manifiesto, cuando la apatía ciudadana se extiende en los sistemas políticos, cuando los ciudadanos se des-solidarizan de la cosa pública y de la organización social, cuando los lazos de cohesión comunitaria son reemplazados por la mercantilización clientelística de las relaciones políticas, cuando se abre la brecha social y cultural entre la ciudadanía atomizada y la clase política y gobernante, cuando el discurso político se separa de la realidad y deviene ininteligible para los ciudadanos: podría afirmarse que la modernidad aliena a la Política de los ciudadanos. (2)

La razón política moderna parece enfrentarse así a su propio discurso, a su propia retórica: la participación colectiva que propugna, no puede llegar hasta sus últimas consecuencias institucionales; el individuo no puede realizarse ni como ciudadano solo, ni como uno más en la multitud; el poder político tiende siempre a absorver, a complejizarse y a dominar; el ciudadano –en primera y última instancia- parece tener que enfrentarse solo ante el Estado y el poder, si no quiere ser anulado por las maquinarias políticas; el cambio termina siendo conservador y la conservación siempre desencadena los cambios; la racionalidad política se hunde ante el azar y las pasiones; en nombre de la diosa Libertad, del dios Estado, del dios partido o del dios Pueblo, se instalan las dictaduras más opresivas, se cometen las peores atrocidades y se perpetran los peores crímenes e impunidades.

De este modo, la crisis de los paradigmas de la Ciencia Política, hace referencia, sin agotarse en ella, a la crisis misma de la política.

Un aspecto relevante de la crisis en cuestión, es el debilitamiento del universo ideológico-linguístico de la política –en cuanto lectura de la realidad y práctica social- ahora invadido por los lenguajes y códigos de la Estrategia, de las ciencias de la Comunicación, de la Psicología, de la Administración, de la Cibernética…

A medida que asistimos a una hora en la que los « grandes relatos » parecen desacreditados, la forma epopéyica y épica de la política y de la Ciencia que la estudia, crea una barrera epistemológica casi insalvable para referirse a la contemporaneidad e incluso a la cotidianeidad. Una contemporaneidad que, por lo demás, abjura de las tradiciones, que duda de sí misma, que se burla de la política y sus rituales ceremoniales, de sus valores y estructuras estereotipadas; y una cotidianeidad que se escapa entre los dedos de una Política referida y centrada en instituciones, normas, problemáticas complejas, juegos de poder e imágenes virtuales.

Así también, mientras el discurso político se semantiza, y se convierte en complejos dispositivos semiológicos cargados de ambiguedad y de significados equívocos, la Ciencia Política se enfrenta a la dificultad mayor de tener que operar con conceptos cargados de ideología.

La Política, como práctica social y como universo simbólico, ha entrado en crisis, como una de las consecuencias de los múltiples impactos provenientes de la modernización.

La percepción ciudadana respecto de la Política está cada vez más degradada y deslegitimada, y este es un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales para abarcar el conjunto de la sociedad y los sistemas políticos contemporáneos.

Por lo tanto, la afirmación de que la Política, los partidos y la clase política han entrado en una prolongada crisis de legitimidad y credibilidad en la sociedad actual, no es básicamente un « argumento ideológico sesgado » –aunque pueda serlo en boca de ciertos políticos detractores de sus demás adversarios- sino que es un tópico respaldado por un cúmulo creciente de indicadores, entre los cuales las encuestas de opinión pública no son más que un factor.

La política tradicional se ha hecho no creíble, ha perdido la centralidad de su atractivo anterior.

La crisis de la Política es, a la vez, una crisis de la acción política, como una crisis de la percepción pública acerca de ella, es decir, de la cultura política.

El creciente predominio del discurso y las prácticas individualistas, y la búsqueda del éxito y la realización personal, y la notoria des-solidarización de los ciudadanos respecto de la sociedad en general y del sistema político en particular, son manifestaciones exteriores de una tendencia profunda que tiene lugar en la época contemporánea: la tendencia hacia la modernidad.

La modernidad –como tendencia estructural e ideológico-cultural dominante- se introduce en el sistema político, generando un efecto disolvente y desarticulador, de manera que las fuerzas, partidos y actores políticos tradicionales se ven enfrentados a la creciente tensión ocasionada por nuevos problemas y nuevas aspiraciones y demandas provenientes de una sociedad civil cada vez más culturalmente diversa y socialmente diversa.

Probablemente, uno de los rasgos más significativos que denotan la crisis de los paradigmas políticos, y la propia crisis de la Política (como práctica social), reside en la pérdida de su anterior centralidad en los procesos sociales.

En efecto, la Política aún cuando continúa siendo uno de los procesos sociales y culturales relevantes que tienen lugar en una sociedad histórica.

Sin embargo, como efecto e impacto de la modernidad, ella ha perdido su centralidad siendo aparentemente sustituida por otros liderazgos, otros intereses ciudadanos, otras formas organizativas y comunicacionales, y se ha convertido gradualmente, en objeto de crecientes críticas generando una percepción social negativa en torno suyo.

Probablemente lo más serio es que la Política, y por ende, la clase política, parecen dejar de ser el mecanismo único, seguro y válido de resolución de los problemas y las demandas de la ciudadanía, siendo parcialmente reemplazada por la Economía y la Administración.

Esta transposición da como resultado que la Política pierde su atractivo mediático ante las multitudes, así como su capacidad de convocatoria social: los ídolos y líderes que atraen a los grandes colectivos modernos –cuando ellos existen realmente- ya no son los dirigentes políticos, y los símbolos políticos e ideológicos dejan de tener un poder de evocación y de representación simbólica significativa.

La Política –como forma de pensar la sociedad- parece desvanecerse en el universo mediático, sustituída o relativizada por otros universos simbólicos y valóricos.

Tampoco resultaría científico atribuir éste fenómeno a la exclusiva responsabilidad de « los políticos », por más que sobre ellos cae una nebulosa de descrédito moral.

La crisis de la Política, es en realidad, la crisis de la política tradicional, y ella traduce en el plano de las instituciones y de los procesos políticos la crisis general que acompaña a la transición desde una sociedad anteriormente basada en valores y formas tradicionales de hacer política, hacia una sociedad en la que predominarían códigos, valores, modelos y formas organizativas modernas.

Aquel paradigma tradicional que hacía de la Política una actividad a la vez, elitista y masiva, basada en el contacto directo y paternalista entre el político y la ciudadanía, en grandes movilizaciones masivas evocadoras de la unidad de la Nación, la clase o el partido, que generaba relaciones de dependencia y cooptación entre la clase política –otorgadora de bienes, servicios, favores y privilegios- y la ciudadanía –demandante y receptora de los beneficios que descendían desde las esferas políticas y del poder- en términos de clientelismo y caciquismo, ese paradigma está siendo gradualmente barrido o superado por una Política moderna o con rasgos modernos basada principalmente en los efectos mediáticos y de imagen, en la capacidad individual del político para alcanzar cobertura y presencia comunicacional, en la profesionalización de la actividad política y dirigente, en la ingeniería de escenarios políticos virtuales, potenciados por la aceleración del tiempo, por el manejo de la comunicación y sus contenidos, y por la circulación instantánea de la información, de manera que ésta última deviene el poder.

Lejos debe estar hoy el Cientista Político de anunciar el fin de la Política como arte y como ciencia. La Política no desaparecerá porque forma parte indisoluble de la realidad social. Una de las hipótesis centrales en que se sustenta esta reflexión, afirma que existe una manera política de ver y aprehender la realidad, y que dicha manera política se traduce en formas de pensar y de actuar, que constituyen la distinción o el rasgo característico del quehacer político en la sociedad y la tarea esencial de búsqueda e interrogación del Cientista Político.

 

31 juillet, 2006

gobiernos regionales: criterios de evaluación de desempeño – una mirada desde la ciudadanía

Classé sous análisis de coyuntura,ciencia política — paradygmes @ 1:17

prólogo

Este artículo, en forma de minuta de análisis político de coyuntura, presenta y propone algunos criterios para el análisis de desempeño de gobiernos territoriales, desde una perspectiva ciudadana.

Manuel Luis Rodríguez U.  Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes – invierno de 2006. 

 evaluación de gobiernos territoriales ¿es posible?

Se define generalmente que la evaluación de las políticas públicas debe hacerse con “referencia a los objetivos establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en los aspectos previstos como en los no previstos. » Por lo tanto, consiste la evaluación en el proceso necesario para medir el grado en el que se están alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la política más en la línea de espera. Es decir,  conocer si la política pública que se ha puesto en marcha está resultando o no, sirve o no, qué es lo bueno de ella y dónde tenemos que cambiarla. ¿Es la misma coherente con los fines planteados o se tiene que modificar?. ¿Es eficaz o no? .

Las políticas públicas representan un tema que aparece como de mucha importancia en el estudio de la Ciencia Política contemporánea. El mismo, las políticas públicas envuelven en ella una serie de conceptos tan básicos del sistema político, se trata por un lado de estudiar la democracia, bajo la idea de participación ciudadana en el proceso de elaboración, y de intervención en cualquier fase. ¿Funcionan o no las Instituciones?, ¿está la gobernabilidad en peligro o no?. Una buena política pública ayuda a que esta idea de gobernabilidad se mantenga, es decir que no sufra crisis o se vea afectada. Todo lo anterior implica que nos tengamos que meter en un contexto tanto interno como externo, que veamos lo endógeno como lo exógeno. Es necesario que se analice por otro lado, la idea de cultura política, es decir, en este caso, ¿por qué unas sociedades exigen más que otras, por qué participan más que otras?.

En general está básicamente la idea de que las políticas públicas y su importancia a la hora de estudiarlas y analizarlas, como se ha señalado, sirven para evaluar el sistema político, es decir que si las mismas andan bien pues el sistema por ende lo estará, por el contrario si estas no funcionan de forma adecuada, el sistema presentará ciertas interferencias que podrá, dependiendo del grado, crisis o movimientos fuertes.   Lo importante en esta materia, es que si las autoridades logran detectar lo anterior, se entiende en buena lógica, que buscarán cómo corregirlo.

1.  Los gobiernos regionales, constituyen la segunda instancia dentro del aparato del Estado, al cual tienen acceso los ciudadanos para buscar soluciones a sus aspiraciones y demandas, siendo la primera instancia, los gobiernos comunales o Municipalidades y los servicios públicos que pueden llamarse  »de primera línea » (o sea, aquellos a los que acuden en primer lugar los ciudadanos-usuarios cuando deben resolver alguna demanda u obtener un servicio).   Frente a ellos, los ciudadanos tienen la posibilidad inmediata de demandar y encontrar soluciones, según la capacidad que los aparatos gubernamentales y administrativos muestran para actuar frente a los problemas públicos.

Pero, ¿cómo podemos evaluar el desempeño de los gobiernos regionales los ciudadanos?  ¿cómo evaluamos además, a gobiernos regionales que no hemos elegido directamente ya que, en definitiva ni Consejeros Regionales ni Seremis ni Intendentes Regionales ni Jefes de Servicios dependen de la elección popular?   En definitiva, los gobiernos regionales en la estructura político- institucional chilena, son a la vez aparatos gubernamentales y administrativos que no responden a la soberanía popular ni al ejercicio de la democracia por los ciudadanos, sino que obedecen a un marco de políticas públicas y de normas legales y reglamentarias que provienen de la cúspide superior del Estado.   Los Intedentes Regionales, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes de Servicios, los Consejeros Regionales, mientras perdure la actual institucionalidad centralizada y presidencialista que nos rige, son autoridades que en última instancia se deben a la autoridad política superior que las ha nombrado (Presidente de la República, Ministro de Estado).

Pero entonces aun en este contexto, los ciudadanos necesitamos adoptar criterios que nos permitan evaluar a los gobiernos que nos rigen.     Algunos de esos criterios, que aquí se exponen resultan de una elaboración propia, por lo que ha sido necesario construir teóricamente determinados conceptos nuevos.   

La problemática de la evaluación del desempeño en este caso, toca a la cuestión del estudio y de la aplicación de las políticas públicas

Digno de analizarse es, por lo tanto, que se puedan adoptar algunos criterios de evaluación del desempeño de los equipos de gobiernos regional, en función de ciertos parámetros, como los que aquí se sugieren.

2.  Resolutividad.  Significa o hace referencia a la capacidad de las autoridades de dar respuesta concreta, de adoptar resoluciones y decisiones que resuelvan las demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, que signifiquen resolver los problemas de los ciudadanos.

3.  Comunicabilidad.  Se refiere a que los equipos y autoridades de gobierno tengan la capacidad de introducir los problemas de la agenda de gobierno en la agenda pública, que sean capaces de informar oportunamente a la ciudadanía, de las decisiones que se van a adoptar y también de las que se van a adoptar, en la medida en que dichas decisiones afectan a la vida de los ciudadanos.  No se trata solamente de tener o de saber mantener una determinada  »presencia pública o mediática »; se trata también y sobre todo, de generar instancias estables y eficaces de interlocución con la ciudadanía, en los mediosde comuncación y en la base social organizada, para de esta manera fortalecer la capacidad de escucha, potenciando de paso la resolutividad.  Reconocidamente, la labor que desempeña un gobierno es mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más diversa de lo que puede contener un « comunicado de prensa », pero todo ello supone la aplicación sistemática de una estrategia comunicacional coherente que permita que la autoridad « aparezca » con un sólo rostro o con rostros que emiten un mismo discurso.  De esta coherencia comunicacional va a resultar un determinado impacto en la opinión pública.

4.  Coordinación operativa.  Se refiere a la capacidad de los equipos de gobierno, para articular esfuerzos gubernamentales y administrativos, de generar sinergias operativas eficaces en la resolución de las demandas ciudadanas y de los problemas urgentes.   Por cierto que la coordinabilidad también se conecta conn la comunicabilidad, en tanto en cuanto, por ejemplo, las vocerías públicas deben siempre aparecer interconectadas en torno a respuestas coherentes, coincidentes y oportunas frente a las demandas que aparecen en el espacio público.

5.  Asertividad.  Dice relación con la capacidad de focalización de los equipos de gobierno en torno a los problemas urgentes y fundamentales del quehacer de los territorios.  Se es asertivo entonces no solo porque se responde puntualmente y con rapidez a las demandas ciudadanas.

6.  Respuesta eficaz a las urgencias.  Los gobiernos no operan en el vacío, sino que actúan sobre realidad que son a la vez, complejas, que funcionan a ritmos temporales cambiantes y en las que se manifiestan demandas y necesidades cuya urgencia varía.  Por lo tanto, siempre los ciudadanos han de esperar que las autoridades, los servicios públicos y administrativos actúen respondiendo con premura frente a las contingencias inesperadas, frente a las crisis desatadas, frente a los eventos azarosos.

7.  Capacidad de anticipación.  No se trata de gobiernos de los que esperamos magias, o el arte del prestidigitador o del agorero pitoniso.  De lo que se trata es que se supone que los equipos de gobierno disponen de la mejor información posible y suficiente para sus procesos de toma de decisiones, y en función de esa información disponible, es tarea de las autoridades anticiparse a los eventos críticos, mediante un adecuado y oportuno análisis político, casi diríamos de una inteligencia política, que permita recoger señales desde la ciudadanía y de la sociedad civil, para actuar en consecuencia. 

8.  Cumplimiento y coherencia programáticos.  En una democracia moderna y particularmente en una democracia representativa, los gobiernos acuden a la función pública, partiendo desde el apoyo ciudadano y la legitimidad política alcanzadas en función de una determinada agenda, es decir, de un marco programático de prioridades. Básicamente, toda democracia funciona sobre la base de que los ciudadanos eligen a los gobiernos para que cumplan con sus promesas electorales.  Lo que se espera de una democracia de los ciudadanos, entonces, es que sea precisamente ese programa ofrecido y prometido en campaña el que sea utilizado por los ciudadanos y por la sociedad civil como uno de los parámetros de medición del desempeño de un gobierno.   Mientras mas vago e impreciso sea un programa de gobierno o una agenda política regional, mayor será la dificultad para los ciudadanos de aplicar esa definición de política, como criterio de evaluación de su desempeño.

referencias bibliográficas

Aguilar, L.: La implementación de las políticas.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Aguilar, L.: Problemas públicos y agenda de gobierno.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Lowi, Th.: Políticas públicas: estudios de caso y teoría política.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Trist, E.L.: Gestión de Entes y Empresas Públicas.  Planificación.  Madrid, 1988.  Desclee de Brouwer.

25 juillet, 2006

los nuevos liderazgos políticos

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 20:08

prólogo

El Chile actual es una « producción del Chile dictatorial » sentencia T. Moulián en su libro « Chile actual: anatomía de un mito »  pero habría que agregar que, habida cuenta del tiempo de transición democrática transcurrido y de la persistencia del sistema económico y las políticas públicas neo-liberales que lo implementan, se trata ahora de una versión « remasterizada, aumentada y edulcorada » de aquel sistema capitalista neo-liberal desprovisto de controles que instaló “a sangre y fuego” el régimen dictatorial, poniendo en marcha un sistema económico-político que, parafraseando la clásica metáfora marxiana, comenzó siendo una tragedia, y ahora en su segunda parte, parece haber devenido una costosa farsa. 

Y decimos « sistema » o estructura sistémica neo-capitalista, para rechazar de antemano el uso masivo que se ha querido dar a la noción de « modelo »,  rasgo que dicha estructura no tiene. 

En este contexto, el proceso de mutaciones que experimentó el escenario político resulta una consecuencia del conjunto de transformaciones modernizadoras puestas en marcha en los últimos treinta años del siglo XX.  El marco de referencia estructural de estas reformas “liberalizadoras”, es la tendencia profunda que caracteriza a la evolución histórica de la sociedad chilena desde mediados del siglo XX, tendencia que se manifiesta en la forma de una transición gradual y prolongada desde una cultura  tradicional –que sería la predominante en Chile desde la colonia y el siglo XIX hasta mediados del siglo XX- hacia una cultura y una sociedad con rasgos modernos.

Manuel Luis Rodríguez U.  Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, primavera de 2005.

implosión de las grandes utopías
 y advenimiento de las ideologías light

Un segundo dato duro a retener durante este paso del siglo XX al XXI, es la implosión política, social y cultural de las grandes utopías ideológicas, de los « grandes relatos » que habían otorgado coherencia y sentido a la política de los siglos XIX y XX.  Uno de los efectos profundos de esta implosión de las « ideologías duras » parece  ser la correlativa dilución de los liderazgos basados en tales meta-relatos, de manera tal que las pertenencias ideológicas o político-ideológicas comienzan lentamente a dejar de ser el criterio fundamental y decisivo de selección de los líderes ciudadanos.  ( )

A la crisis de las utopías totalizadoras, se acompaña la crisis de la noción de « ciudadanía », característica de los procesos post-modernos que tienen lugar en la sociedad contemporánea. 

La ciudadanía había sido concebida históricamente como la condición política del individuo al interior del Estado moderno, en cuanto persona libre dotada de ciertos derechos y deberes.   La libertad del ciudadano estaba limitada por sus deberes y respaldada por los derechos que le confiere su propia condición y la del orden político a cuya construcción concurre.  

Pero, en las condiciones de un Estado nacional cuyas fronteras e instituciones entran en crisis -presionado tanto « desde arriba » por las entidades supranacionales e internacionales en un contexto de globalización, como « desde abajo » por los nuevos actores regionales y locales- la ciudadanía deja de ser una forma única y unívoca de « relación política » entre un individuo y una comunidad política, en la medida en que se manifiestan nuevas formas de relación y de adhesión entre ambas entidades.  Así, la ciudadanía parecería estar dejando de ser la forma principal como se expresa e institucionaliza la relación entre el individuo-ciudadano y el Estado o la nación, para dar paso a un proceso de retorno hacia ciertas identidades básicas, hacia otros universos simbólicos que permiten mejor hoy al sujeto disponer del sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta, necesario para que ésta reciba su adhesión, lealtad y legitimidad.

En esta disolución de la ciudadanía política en la nebulosa de « otras ciudadanías » menos exigentes  y acaso más superficiales y sensitivas, el « ciudadano » deja de ser solamente un sujeto político  dotado de un estatuto jurídico determinado, para devenir también y sobre todo, « consumidor », « público objetivo » de estrategias comunicacionales y de marketing, adherente condicional y efímero de otras pertenencias. 

La condición ciudadana clásica había resultado demasiado exigente para los nuevos ciudadanos, quienes ahora buscan sentir y ofrecer adhesiones e integrar lealtades menos rigurosas, menos totalizadoras, que les permitan « estar con unos y otros » sin necesidad de sentirse inconsecuente o contradictorio consigo mismo y con su entorno social.   De paso, la conflictividad social y socio-política resulta conflictiva en sí misma dentro de esta nueva lógica, por cuanto el ciudadano se conformaría con reclamar su propia satisfacción, sus propios intereses y aspiraciones, postergando la dimensión social.

La toma de conciencia acerca de los derechos del ciudadano, lento proceso histórico que viene desde la época de la revolución francesa (1789) y la independencia americana (1776), ha venido a relativizar el valor de los deberes ciudadanos, en nombre de la primacía individual y colectiva de los derechos, de las libertades.   A los nuevos ciudadanos les agrada que les hablen de sus derechos y libertades, pero no desean oir sobre sus deberes y obligaciones sociales y políticas.
mercantilización de la política
Un tercer aspecto a considerar es el de la mercantilización formal y virtual de la escena política y de las prácticas políticas.  En efecto, los políticos dejan de ser políticos y gradualmente pasan a convertirse en productos. El espacio público deja de ser el ámbito privilegiado de debate ciudadano donde se discuten las agendas, para convertirse en el mercado real y virtual donde se ejecuta constantemente la compraventa de productos comunicacionales (imágenes, identidades corporativas, liderazgos, creencias soft, adhesiones, etc.).  La mercantilización de las  relaciones políticas y de la comunicación política  se acompaña de la mediatización de las prácticas y del discurso político.

Entonces, todo sucede como una secuencia  de « efectos de pantalla »: slogans e imágenes rápidas y, como las pertenencias ideológicas han  dejado de constreñir la conciencia individual del ciudadano-consumidor entonces puede elegir aquel liderazgo que mejor interpreta sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus aspiraciones y expectativas.

Hemos entrado a la « era de la política subjetiva », en la medida en que la época de la « política racional » parece estar concluyendo.  En este  contexto, los liderazgos deben responder a nuevas expectativas ciudadanas.  Hoy se parece tender hacia formas de liderazgos « situacionales »,  aquellos que dirigen en función del individuo y de la situación, de manera que una habilidad clave del líder debiera consistir en saber reconocer qué estilo utilizar según las diferentes circunstancias y desafíos.

Con la dilución de la « política de masas », propia de los dos siglos anteriores, entramos en la era del « ciudadano-consumidor » que ahora tiene la probabilidad de  relacionarse directa o virtualmente con los líderes y la clase política, sin necesidad de la « mediación » de otras instituciones del sistema representativo.  En la era del « ciudadano-consumidor » en curso, los liderazgos se configuran sobre la base de nuevas referencias en las que la representación política adquiere connotaciones distintas.  

Asistimos entonces a una personalización e individuación de las prácticas y  de las relaciones políticas, proceso que en sí mismo se multiplica ad-eternum… lo que favorece « la adopción de una concepción egocéntrica de  los problemas sociales en detrimento de una concepción social y además suscita apatía. » ( )

A su vez también cada hecho político se convierte en un evento, es decir, en un espectáculo organizado y planificado en función del impacto mediático que debe producir en los públicos-objetivos.

mediatización de la política y del discurso

La influencia de los medios de comunicación en la escena política es un tópico de larga data en las Ciencias Sociales del siglo XX y, en particular, hay una abundante literatura que relaciona críticamente la asociación entre marketing y política.  Desde los inicios del siglo XX, cuando la Escuela de Frankfurt subrayaba con pesimismo el desarrollo de la llamada “industria cultural”, las Ciencias Sociales contemporáneas, pasando por P. Bourdieu y su mordaz crítica a la “vacuidad creciente del discurso mediatizado”, o la metáfora de la “política como espectáculo” de Schwartzenberg y Guy Debord, o en el “Homo Videns” de Giovanni Sartori, donde afirma que “la televisión produce un efecto regresivo en la democracia”, la mayoría de las escuelas de pensamiento modernas analizaron bajo un prisma y un énfasis esencialmente negativo y crítico al binomio “marketing + política”.

Mas recientemente, a partir de algunas investigaciones de M. Scammell de la London School of Economics y otros investigadores, se re-argumenta la cuestión en el sentido que probablemente la relación entre “marketing y política” no sea tan negativa, simplista ni unívoca como ha sido analizada con anterioridad, en tanto en cuanto los usos intensivos de los medios y recursos audiovisuales, podrían servir como herramientas para volver a “re-encantar” a los ciudadanos desalentados de la participación política, y que en las formas personalizadas e individualistas de liderazgo y de práctica política, podrían potencialmente manifestarse nuevas modalidades, actitudes y conductas que permitirían un control ciudadano más efectivo sobre la clase política.

Desde esta perspectiva, la marketización de la política o más bien la politización del marketing, se orientaría a favorecer una relación más directa y cercana entre el líder y el ciudadano, por medio de los recursos de segmentación, informalización y focalización del discurso, con el propósito de  hacerlo más inteligible para los ciudadanos.

¿Y si lo que ocurre en realidad es que estos nuevos liderazgos políticos, aparentemente incomprensibles para los intelectuales y la clase política tradicional, están siendo el vehículo de expresión de segmentos ciudadanos despolitizados, desencantados, desocializados (y hasta desclasados!), que se sienten convocados en su universo simbólico por estas nuevas apelaciones a la movilización sectorial y grupal, por estas nuevas formas de creer en lo político?

Más que pretender ver solamente la mitad vacía del vaso de los partidos y liderazgos políticos tradicionales, probablemente habría que hacer un scanner sociológico y psico-social sobre esos públicos, que se sienten convocados por estas nuevas expresiones y formas de hacer política, lo que nos obligaría a comprender mejor la mitad llena del vaso de los públicos, las audiencias y los ciudadanos.

Lo que resulta evidente hoy es que la mediatización de la Política permite ahora el surgimiento de liderazgos más efímeros pero, a la vez, más persistentes dentro del cuerpo  social. Se ha escrito recientemente que « …la política suele asociarse con el espectáculo o un deporte… » ( ).  Esta  espectacularización del discurso y de la imagen política, va favoreciendo un gradual empobrecimiento de los términos de referencia del debate público y de la discusión política.   En efecto, la Política ha devenido una secuencia interminable de eventos.

Ante la ausencia o dilución de los « grandes relatos » explicativos, de las cosmovisiones referenciales o matriciales del pasado reciente, el discurso político en manos -o en boca- de los nuevos liderazgos que emergen, se « suaviza », se vuelve « soft », se superficializa, ya que lo que importa en la relación mediática entre el discurso del líder y los públicos-objetivos de los dispositivos comunicacionales, es la forma, la dimensión lúdica, el aspecto exterior, la sofisticación del decorado, la apariencia escénica, la presentación y la construcción de la imagen, la fuerza persuasiva de los recursos retóricos, más que la solidez o profundidad argumental de los contenidos. 

Segun esta lógica, mientras más habil, espontánea y persuasiva fuera la apariencia y la performance mediática del líder, más fácilmente estarían dadas las condiciones para que una apelación a los sentimientos, un recurso más o menos espontáneo a la emotividad del “individuo-ciudadano-consumidor”, produzca los resultados políticos buscados.   La “política-espectáculo” define y utiliza al ciudadano como espectador en un mercado pasivo, como un cliente expectante ante una “mercancía-política” o un “producto-candidato” bien preparado y adornado.  Todo es virtual, como el objeto ficticio que se crea en la mente del consumidor-ciudadano como resultado de la publicidad.

De acuerdo a esta perspectiva, los líderes políticos susceptibles de poder adquirir mayor « pregnance » o adhesión en la ciudadanía, serían aquellos cuya intuición y sentido práctico, se asocia con lo emocional y que, frente a la desconfianza ciudadana ante la racionalidad política,  aparecen revestidos de un estilo de mayor cercanía y capacidad de escucha con la gente.

Veamos el problema también no solo desde la perspectiva del “producto” que se les ofrece a los “ciudadanos-consumidores”, sino desde el punto de vista de estos propios individuos, de estos públicos. 

La cuestión no se reduce solamente al impacto –directo o retardado- de los “efectos de pantalla” ( ) que los dispositivos comunicacionales y de marketing político son capaces de desplegar para mantener, elevar, expandir y fortalecer la “imagen” del líder político actual; lo que importa analizar es que resulta cada vez más evidente que los públicos-objetivos prefieren esos efectos de pantalla, sofisticados, breves, de contenido en forma de slogan, que hacen referencia a los rasgos sensibles e incluso privados y domésticos del “líder” o del “candidato”, y no las viejas retóricas construidas mediante largos discursos, prolongados argumentos y programas políticos y de gobierno.

Y llevando la lógica del consumo hasta sus límites, será necesario reconocer que el ciudadano-consumidor, cada vez más consciente de sus derechos como consumidor, se siente cada vez más impulsado a exigir que la imagen del político se corresponda con la realidad del “producto-líder” que se le ofrece en el mercado de la Política.

En una sociedad que se mediatiza en todos los terrenos, el “espacio público” deja de ser la arena central y privilegiada del debate o el espacio de intercambio de discursos racionales (en la lógica de Habermas), para convertirse en un escenario fluido, simplista, veloz, donde se trata de capturar la imaginación y la subjetividad sensible de los votantes y los ciudadanos-consumidores, intentando recuperar las dimensiones emotivas del discurso y de las prácticas; y donde se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo elitista y lo popular. 

La comunicación política deviene entonces, un “complejo juego simplificado” de intersubjetividades que se encuentran y se comprenden mutuamente.  ( )

En este contexto socio-cultural emergente, necesariamente los nuevos liderazgos resultan potenciados por el hecho de que a estos nuevos  públicos, a estas nuevas audiencias les interesa menos el contenido de los programas políticos y se preocupan más de la integridad moral del candidato o del líder, de su coherencia y consecuencia de conductas, de su estilo de vida familiar  y de su cercanía con la cultura de los propios “electores-ciudadanos-consumidores”.  

No es que el “producto” tiene que ser inteligente o racionalmente eficaz; más bien tiene que ser atractivo, empático, afectuoso y afectivo, llano, cercano y alcanzable.

Esta tendencia resulta visible y evidente en las campañas electorales, aunque no solamente ocurre en ellas.  Escribe C. Crouch al respecto: “…aunque por supuesto las elecciones existan y pueden cambiar los gobiernos, el debate electoral público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que se centra solamente en una pequeña gama de  cuestiones escogidas por estos equipos.  La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo e incluso apático y responde únicamente a las señales que se le lanzan.  Más allá de este espectáculo del juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas…” ( )

emocionalidad, subjetividad,
femeneidad y liderazgo

¿En qué medida la femeneidad, como condición de algunos líderes, « juega » en el juego mediático y en la escena política, como un factor coadyuvante de este nuevo estilo de liderazgo?  Probablemente porque los rasgos emocionales, cotidianizados, subjetivos y prácticos que se aluden en estos liderazgos, se corresponden también en gran parte con la psicología femenina o con la dimensión femenina o sensible de la psicología humana.

Los enfoques de la llamada “inteligencia emocional” ( ) ponen el acento en contraponer los rasgos masculinos y los rasgos femeninos del liderazgo.  Así, mientras el liderazgo masculino pondría el acento en un estilo operativo competitivo y racional, a través de estructuras organizacionales jerárquicas y mediante un control detallado, estrategias operativas, actitudes no emocionales y razonamientos analíticos, el liderazgo femenino tendría un estilo operativo de cooperación, a través de estructuras organizacionales de equipo, con actitudes intuitivo-racionales y mediante  un menor control, el manejo de la empatía y la cooperación.    Este enfoque no deja de ser interesante para examinar el problema que nos ocupa.

En efecto, los componentes principales de la inteligencia emocional han sido definidos como el auto-conocimiento emocional o conciencia de uno mismo; el autocontrol emocional o autorregulación; la automotivación, el reconocimiento de las emociones ajenas o empatía; el desarrollo y despliegue de las relaciones  inter-personales o habilidades sociales.  Es a estas dimensiones de la subjetividad a las que se dirigen las nuevas retóricas y, como se puede apreciar, la racionalidad aparece como diluida o desprovista de connotación relevante.  Por lo tanto, lo que define a los individuos en su relación con los nuevos líderes y lo que permite a éstos lograr la adhesión de sus públicos, es precisamente la transversalidad del discurso, la sensación de ser escuchado en un clima de empatía, la entonación emotiva, la apología de la vida privada, el manejo del slogan y de las emociones.
 
Un aspecto importante de la nueva fenomenología del liderazgo político, es la constante y creciente apelación a la subjetividad individual.  La  apelación a la subjetividad, el recurso a la dimensión emocional del individuo, forma parte ahora del arsenal de herramientas mediáticas dirigidas a  asegurar la eficacia del discurso, en la perspectiva de lograr la proximidad y la adhesión de los ciudadanos.  

Este llamado cotidiano y  cotidianizado al individuo y a sus condiciones reales, fácticas, permite que el ciudadano aludido, se sienta llamado a encontrar en el liderazgo  una oportunidad de cercanía y calidez, la sensación de que se escuchan sus demandas y sobre todo, de que su natural crítica “al sistema, a los políticos o al gobierno” encuentra un eco que puede  llegar hasta las esferas del poder.

Si la modernidad es el reino del individuo, el retorno al individuo sucede ahora de la mano de liderazgos  capaces de articular el carisma -en  el sentido clásico weberiano- con una refinada « performance mediática » y una capacidad de empatía y proximidad con la vida cotidiana y las realidades concretas de los ciudadanos.

En el modo de producción capitalista y globalizado de los nuevos liderazgos post-modernos, las fuerzas productivas de la comunicación-información-imagen despliegan sus recursos de marketing y sus dispositivos comunicacionales, creando un mercado virtual-material de intercambio de percepciones, opiniones, identidades y pertenencias, en el que las relaciones de producción tienen por finalidad cautivar el universo simbólico y la sensibilidad subjetiva de los individuos-consumidores-ciudadanos. 

Escribe Marx en el capítulo II “El proceso del intercambio” del volumen I de “El Capital”: “Su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo: caso contrario no la llevaría al mercado. Posee valor de uso para otros. Para él, sólo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y, de tal modo, medio de cambio. De ahí que quiera enajenarla por una  mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga. Todas las mercancías son no-valores-de-uso para sus poseedores, valores de uso para sus no-poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso.” ( ). 

Si asumimos que en el proceso de producción comunicacional del liderazgo al que aludimos aquí, la imagen es la mercancía que se intercambia, podremos parafrasear esta cita marxiana en todos sus sentidos.

Así, la propia mercancía-imagen no tiene para el político ningún valor de uso directo: caso contrario no la llevaría al mercado de la política. Posee valor de uso para otros, es decir, para los públicos de ciudadanos-consumidores. Para el político o el líder, la imagen sólo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y, de tal modo, medio de cambio: “yo te vendo mi imagen y tu me das el poder…” De ahí que quiera enajenarla por una  mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga, es decir, el poder. Todas las mercancías-imagen son no-valores-de-uso para sus poseedores, valores de uso para sus no-poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías-imagen, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso por los ciudadanos electores.

En efecto, el valor de cambio de este complejo proceso cultural y político es la adhesión que otorgan los ciudadanos-consumidores y la imagen del líder es, a la vez, el capital político más cotizado, la mercancía sometida a precio más elevado y que se adquiere en un mercado altamente competitivo, imprevisible y cambiante.   Y la plusvalía final que resulta del manejo e intercambio de estos medios de producción mediático-corporativos es, en definitiva y como siempre, el poder.
referencias bibliográficas
y documentales

Augé, M.: Non-Lieux.  Introduction a une Anthropologie de la surmodernité.  Paris, 1992.  Seuil.

Certau, M.: L’invention du quotidien.  Paris, 1990.  Gallimard.

Chatelet, F., Duhamel, O., Pisier, E.: Histoire des Idées Politiques.  Paris, 1989.  P.U.F.

Crouch, C.: Post-Democracia. México, 2004.  Ed. Taurus.

Gauthier, G., Gosselin, A., Mouchon, J.: Comunicación y Política.  Barcelona, 1998.  Gedisa Editores.

Lefort, C.: Essais sur le politique.  Paris, 1986.  Ed. du Seuil.

Lijphart, A.: Las democracias contemporáneas.  Barcelona, 1987.  Ed. Ariel.

Marx, K.: El Capital. Tres vols. México, 1989.  Fondo de Cultura Económica.

Moulian, T.: Chile actual: anatomía de un mito.  Santiago, 2002.  LOM.

Quéré, L.: Penser la communication politique.  G.H. Mead – Habermas.  En la obra: L’interrogation démocratique. Paris, 1987.  Centre Georges Pompidou.

Veron, E.: Marketing y Política.  B. Aires, 2002. Eudeba.


 

las transiciones democráticas – elementos para un análisis crítico

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 19:15

 

prologo
Desde finales de los setenta, en el cono sur de América Latina se comenzó a hablar de transiciones a la democracia. La emergencia y la crisis de las dictaduras militares, así como su reemplazo por gobiernos civiles, generó toda una discusión académica en torno a las vías y los mecanismos de reconstitución de la legalidad perdida durante los años de la hegemonía  militar. En un primer momento, la noción de transición democrática  significó el reestablecimiento de mecanismos institucionales  y legales que hicieran factible la instauración de una  democracia política, la cual debería estar fundada en  un sistema de partidos, que diera legitimidad al sistema  político emergente.

Se trataba de establecer un orden  jurídico político que posibilitara la  reconstitución del sistema de partidos como eje gestor de la transición hacia la democracia.

La reconstitución del sistema político y la creación de un sistema de partidos que fuese lo suficientemente estable y legítimo ocuparon la atención no sólo de los actores sociales y políticos comprometidos con la transición, sino de muchos cientistas sociales y políticos, que pretendían, esta vez  sí, decir la última palabra sobre el eterno problema de la democracia. Una vez agotadas las discusiones en torno a la reconstitución de la democracia política y estando ya en vigencia las instituciones básicas para que ésta se hiciera efectiva, la cuestión de la transición siguió siendo un problema sin resolver. Se cayó en la cuenta de que no era suficiente reconstituir el sistema de partidos y hacer mínimamente efectiva una praxis política anclada en el liberalismo, sino que ésta era sólo una de las dimensiones de la transición, la más urgente quizás, pero no la única ni la más importante.

Lo que se comenzó a percibir ya desde principios de los ochenta era que en América Latina se estaba operando un profundo cambio de su matriz socioeconómica, es decir, el paso de una « matriz Estado céntrica » -caracterizada por un relativo  equilibrio entre la economía y la política a través del Estado- a otra “mercado- céntrica” en la que predominaría el mercado y en la cual el Estado perdería la centralidad que antaño lo caracterizó como eje articulador de la economía y la política.        

En este sentido, las transiciones democráticas que aquí estudiaremos,  constituirían sólo un aspecto, una dimensión particular, de una transición más global y de más largo aliento, transición que implicaría el reemplazo de una matriz socioeconómica por otra y en la que se insertan las actuales tendencias a la mundialización y la globalización.

Es posible partir de la hipótesis de que la matriz Estado céntrica, se habría agotado como eje articulador del desarrollo económico y social. Sus mejores momentos se habrían producido cuando -tras el colapso de los regímenes oligárquicos en la primera mitad del siglo XX- logró impulsar, a nivel económico, un proceso de industrialización sin precedentes en América Latina y, a nivel político, la organización de los diversos sectores populares como actores políticos subordinados al Estado.

 El ascenso de los militares al poder en la década de los setenta, proceso que como se verá más adelante,  se inició en Brasil en 1965, constituye un signo inequívoco de las contradicciones políticas y económicas que se gestaron en el seno de esta matriz socioeconómica de dominación.  El modelo de industrialización y de sustitución de importaciones terminó revelando sus deficiencias estructurales más profundas, deficiencias que se tradujeron en costos sociales, los cuales debieron ser asumidos por unos sectores populares cada vez más insatisfechos y conscientes de su potencial organizativo y movilizador.   En la década de los sesenta, cuando el Estado y el sistema político democrático tradicional se volvieron incapaces de controlar las demandas sociales, de encapsular los conflictos sociales y políticos, de conciliar las exigencias del modelo económico con las demandas de estos sectores populares, los militares decidieron « restaurar el orden », estableciendo un “Estado burocrático autoritario”.       

 Esta restauración conservadora del orden supuso para los militares no sólo la desarticulación de las organizaciones populares, sino la abolición de todos los mecanismos legales e institucionales que posibilitaran la participación de la sociedad civil en la vida política. Es un retorno a la política del siglo XIX. ( ) Pero también supuso la restauración de los mecanismos del mercado como elemento desencadenante del desarrollo económico, ya fuese en la ruta del « reequilibrio económico » (Chile, México, Colombia) o ya fuese en la ruta del « ajuste caótico » (Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil).

      Fue en el terreno económico que los militares se creyeron anotar sus mejores logros. Evitaron, temporalmente, el colapso económico de la vieja matriz socioeconómica, pero eliminando uno de sus supuestos básicos de funcionamiento: la participación política de la sociedad civil.

 La crisis de las dictaduras en la década de los ochenta, obedeció más que a su fracaso en la gestión económica o a la movilización de la sociedad civil, a la insostenibilidad del modelo socioeconómico, en el cual los militares insertaron su proyecto. Estos, en efecto, inscribieron su proyecto de desarrollo económico en el marco de la vieja matriz, es decir, pretendieron potenciar al mercado desde el Estado, pero para debilitarlo y « reducirlo ». Es así como no lograron evitar la contradicción entre el mercado y el Estado, contradicción que habría llevado al colapso de los regímenes populistas, con el agravante de que el fortalecimiento del Estado pretendido por los militares, se hacía sin el soporte de la movilización popular, que habría servido a aquellos como instrumento para controlar las demandas empresariales. ( )

               La potenciación de las fuerzas del mercado, animada por el Estado burocrático autoritario, generó dinamismos económicos y políticos que hacían cada vez más innecesaria la presencia de un Estado fuerte o autoritario, al estilo del implantado por las dictaduras militares. Políticamente, los sectores populares no constituían ya una amenaza real ni para los empresarios capitalistas ni para los militares.

 Dos décadas de terror y represión institucionalizados habrían acabado con el potencial de movilización popular, generado por el anterior Estado populista, pero además habrían clausurado toda una cultura política anterior, que se guiaba por los patrones cívicos de la participación, el debate pluralista, el compromiso ciudadano y el respeto a la diversidad. Económicamente, el mercado había generado unos dinamismos no sólo en el interior de las economías nacionales, sino en relación a un orden económico internacional cada vez más globalizado, haciendo necesario redefinir las funciones del Estado en la economía. Fue en este contexto que las élites empresariales y militares menos reacias al cambio político-social -los civiles « blandos » y los militares « blandos »- decidieron pactar la transición de los años ochenta. Es decir, decidieron pactar el recambio de los militares por civiles en la gestión del poder político, pero a condición que el sistema político y la nueva matriz económica impuesta, no resulten alterados.

 Así se iniciaron las transiciones democráticas en América Latina.

Este ensayo, en la forma de Apunte de Clases presenta un análisis politológico de los procesos de transición hacia y desde la democracia.   Ciertas corrientes politológicas modernas hablan de “transitología” para referirse conceptualmente al estudio y análisis de los procesos políticos e institucionales mediante los cuales los sistemas pasan de un régimen autoritario o totalitario a un régimen democrático. 

Para ser exactos y rigurosos además, este tópico de las Ciencias Políticas debiera también examinar el “tránsito al revés”, es decir, la crisis y derrumbe de las democracias y el advenimiento de los regímenes autoritarios.   Este ensayo examina ambas grandes opciones de transición.

Los contenidos de este apunte se sitúan en el marco de la cátedra de Regímenes Políticos en la carrera de Ciencia Política de la Universidad ARCIS, sede Magallanes.
Punta Arenas, agosto de 2004.

 
los procesos de transicion: elementos para un marco teórico
 El tópico de las transiciones constituye un campo nuevo en la Ciencia Política, en la medida en que solo durante la segunda mitad del siglo XX se comenzó a prestar atención a ciertos procesos políticos de cambio.

 En términos generales se puede definir los procesos de transición como una secuencia de eventos políticos e institucionales que generan un cambio desde un régimen político a otro, a lo largo de un período variable de tiempo. ( )
Tipología
y categorías de análisis
 Las transiciones pueden ser analizadas desde varios puntos de vista.  Aquí hemos elegido un enfoque estructural  en el que se establece la relación con el régimen de origen y el régimen resultante; según este criterio, pueden clasificarse en transiciones hacia la democracia  y las transiciones desde la democracia.

 Las categorías de análisis politológico fundamentales que permiten comprender los procesos de transición son las siguientes:

a) la problemática de la gobernabilidad y estabilidad del sistema político, entendida como la suma de condiciones estructurales y funcionales que facilitan, aceleran, frenan o dificultan el proceso de cambio; en este sentido, todo escenario de cambio transicional debe ser comprendido como un escenario en el que se han de manifestar determinados grados de inestabilidad e ingobernabilidad, dependiendo de los actores políticos y del sistema, la capacidad para disminuir dichos márgenes de fluidez;
b) la cuestión de las inercias y resistencias que las estructuras institucionales instaladas en el sistema ofrecen a los cambios; aquí aparece relacionada la cuestión de la polarización de las arenas y de los actores, de manera que a una mayor polarización del cuadro político, mayores son las posibilidades que el sistema tienda a resistir al cambio, bajo la retórica que presenta la dualidad “orden- anarquía” como irreductible;  ( )
c) las crisis políticas e institucionales, como el o los escenarios en los cuales se producen los cambios que conducen hacia una transición;  toda transición hacia o desde la democracia tiene lugar en un contexto que se inicia o que incluye una o varias fases de crisis política e institucional; desde la perspectiva del estudio de las crisis, los cambios transicionales pueden ser comprendidos como coyunturas fluidas, en las que la secuencia de eventos sigue una trayectoria que se inicia con una fase de dispersión de los actores y de las arenas, continúa después con una fase de ingobernabilidad, en las que el sistema muestra cada vez mas indicios de incapacidad para resolver los conflictos que lo atraviesan; y finalmente se manifiesta una fase de rearticulación y resolución, en la que se reconfigura la correlación de fuerzas y emergen las nuevas instituciones y hegemonías;
d) el tempo y trayectoria del proceso de transición, entendidos como una secuencia de eventos políticos e institucionales cuyo ritmo es único e irrepetible; el proceso transicional impone un tempo al conjunto del proceso político, tendiendo a acelerar ciertas coyunturas o a retardar otras etapas, lo que constituye -en la realidad- la tensión existente de fuerzas que significa la lucha política entre las fuerzas conservadoras del sistema y las fuerzas transformadoras o del cambio. ( )

El punto de partida es el régimen político existente el cual se encuentra sometido a un escenario de presión social y de polarización política.

 Un determinado factor desencadenante, genera a continuación un escenario de crisis política e institucional, en el curso de la cual se pone de manifiesto tanto que la ciudadanía o la mayoría ciudadana se niega a seguir siendo gobernada como hasta ahora, mientras el gobierno o el régimen resultan cada vez más incapaces de seguir gobernando como hasta ahora.

  A partir de esta crisis se produce una fase de inestabilidad e ingobernabilidad, en la que se manifiesta una dispersión de los actores políticos, al mismo tiempo que el régimen político aparece como incapaz de otorgar gobernabilidad al sistema.  Hay además una crisis de credibilidad en el régimen político dominante, el cual no solo es rechazado por una parte de la ciudadanía, sino que además comienza a perder el respaldo social, político y cultural que recibía hasta entonces. 
Esta es acaso el rasgo cultural, ideológico y comunicacional más significativo que manifiestan estas coyunturas fluidas: la pérdida de cohesión política producida por la polarización de los actores, se acompaña con el creciente clima de descrédito y deslegitimación del sistema y sus virtudes, no solo entre la ciudadanía indiferente sino también entre los propios actores y los defensores de éste.
 
 La fase de inestabilidad e ingobernabilidad que se inicia con la crisis política e institucional, se caracteriza por la fluidez de las relaciones políticas entre los actores principales del sistema, por la dispersión que manifiestan estos actores y sus alianzas y por la posibilidad de que el conjunto de la crisis, pueda tener como una salida alternativa la disolución completa o el quiebre definitivo del sistema en los términos y normas como ha estado funcionando hasta el presente.

 Esta “salida intermedia” puede darse a lo largo de todo el escenario de crisis, salvo que la reconfiguración de la correlación de fuerzas pueda generar polos de poder y de hegemonía suficientemente fuertes, como para frenar la tendencia disociadora y reconstruir ejes de dominación que aseguren la implantación de nuevas arenas e instituciones.

La rearticulación de las fuerzas políticas y los nuevos consensos alrededor de nuevos factores de poder, conducen a una reconfiguración de la correlación de fuerzas, en términos tales que las fuerzas que inducen hacia el cambio prevalecen sobre las fuerzas que sustentan la mantención o preservación del régimen existente.

 Esta rearticulación de fuerzas y los nuevos consensos, van a conducir a la gradual o brusca implantación de las nuevas instituciones en las que se plasma el nuevo poder dominante y la nueva correlación de fuerzas.

 Las nuevas instituciones dan forma a un nuevo régimen político.

 En general, los procesos de transición de un régimen político a otro, aparecen con semejanzas con los escenarios de crisis, porque muy frecuentemente el tránsito desde un tipo de régimen político a otro, se manifiesta en el contexto de una crisis política o de una secuencia de crisis políticas e institucionales.  Dos de las diferencias mayores que es posible identificar entre ambos fenómenos reside en la duración en el tiempo de estas coyunturas fluidas y en el tempo  durante el cual se produce la implantación de las nuevas instituciones. ( )

 Ciertamente, esta descripción no da cuenta suficientemente de los grados de violencia implícitos en el proceso de tránsito, así como tampoco hacen referencia a los tiempos de la transición.

 Aquí cabría anotar que los fenómenos revolucionarios, las revoluciones, constituyen también una modalidad específica de transición desde un régimen político a otro.

 En efecto, las revoluciones –algunas de las cuales pueden ser consideradas como paradigmáticas, como la revolución americana de 1776, la revolución francesa de 1789, la revolución bolchevique de 1917, la revolución mejicana de 1917, entre otras- constituyen formas históricas específicas a través de las cuales un sistema político transita hacia otro sistema de ordenamiento, en las que han existido un importante ingrediente de violencia, en la forma de guerras civiles y de guerras exteriores.  Una revolución es históricamente la forma más aguda y extrema de utilización de la violencia como herramienta política para obtener el cambio de régimen y sistema político.

 Cualquiera de las etapas o fases de la transición aquí señaladas, puede tener una duración variable en el tiempo, dependiendo de la intensidad del conflicto político y social, de la envergadura de las fuerzas que impulsan el cambio como de la resistencia e inercia que ofrecen las instituciones y fuerzas del régimen anterior.

 

las transiciones hacia la democracia: de un régimen autocrático a un régimen democrático 

 
Tipología de los regímenes autocráticos
El punto de partida institucional de las transiciones democráticas, son ciertos regímenes políticos no-democráticos: se trata de los llamados regímenes autocráticos.

Dentro de los regímenes autocráticos se distinguen generalmente dos tipos de regímenes:

a) los regímenes totalitarios; y
b) los regímenes autoritarios.
Los regímenes totalitarios
Los regímenes totalitarios se caracterizan por:

a) la existencia de una ideología estatal única y omnicomprensiva;
b) la existencia de un partido político único y excluyente que domina todo el sistema político, toda la estructura social, económica y la cultura;
c) la organización y movilización permanente de la sociedad civil, para los fines del régimen;
d) la utilización de técnicas de propaganda mediante el control y uso exclusivo y excluyente de los medios de comunicación social;
e) la existencia de un aparato represivo del Estado sobre la sociedad que ejerce un control completo sobre los individuos; y
f) la utilización instrumental de la ciencia, la educación, la tecnología y la investigación, como instrumentos de perpetuación del régimen.

En síntesis, los regímenes totalitarios se distinguen por la concentración del poder en el Estado, el partido único y la ideología totalizante, los cuales operan interrelacionados entre sí.

Desde el punto de vista del partido único en el poder y en el Estado, sus funciones principales son desarrollar la politización de las masas, incorporar a éstas en los procesos políticos, desarrollar activos procesos de concientización  y formar la elite dirigente. ( )
Los regímenes autoritarios
 A su vez, los regímenes autoritarios presentan las siguientes características:

a) la existencia de una ideología justificadora, elaborada por una elite militar o burocrático-militar;
b) la ausencia de partido único, el cual es reemplazado por una o varias instituciones militares entre las cuales se configura un “bloque de poder” dominante  y único;
c) la existencia de un aparato represivo y policial de vigilancia y control sobre los individuos, que estigmatiza, frena y/o dificulta el desarrollo de tendencias opositoras;
d) la existencia de un líder carismático, a la vez lider militar y lider político, sobre el cual reposa la concentración del poder del Estado y de quién depende toda la estructura de poder;
e) la desmovilización y desorganización de la sociedad civil; y
f) la asociación más o menos estrecha entre la casta militar, una elite burocrática que desempeña funciones asesoras y de respaldo político e ideológico, y una elite profesional que controla los medios de comunicación.

Los regímenes autoritarios a su vez, se dividen en dos formas o modalidades:

a) los regímenes autoritarios de tipo burocrático-militar;
b) los regímenes autoritarios estatistas orgánicos; y
c) los regímenes autoritarios de predominio racial.

Los regímenes autoritarios de tipo militar-burocrático se definen porque constituyen una fuerte alianza y un núcleo de poder entre las fuerzas armadas, la elite burocrática y la clase empresarial.

Aquí, la lógica con la que funcionan estos regímenes es aglutinarse en torno a  un líder militar o una dirigencia militar, respaldado institucionalmente por las instituciones militares, por el empresariado que impone sus reglas al proceso económico y el funcionariado de la Administración que desempeña las tareas asesoras.

Estas dictaduras militares o burocrático-militares pueden organizar la cúpula de poder bajo dos modalidades:  un gobernante unipersonal o una “junta” o alianza de altos mandos castrenses, en ambos casos de duración indefinida en el tiempo, incluso considerando los reacomodos y modificaciones que puedan producirse en las correlaciones de fuerzas político-militares al interior del régimen.  ( )

Una de las formas específicas de regímenes autoritarios burocrático-militares son las llamadas “dictaduras militares de seguridad nacional”, que se establecieron en los últimos treinta años del siglo XX en América Latina y en Turquía siguiendo los principios inspiradores de una ideología de origen estadounidense.

Una vez comprendido el conjunto de los sistemas políticos en función de los cuales se producen las transiciones de régimen, analicemos precisamente dichas transiciones.

Los procesos de transición a la democracia constituyen un tópico relevante para el conocimiento de los sistemas políticos y sus especificidades.  En particular, su definición teórica requiere de un conjunto de categorías de análisis que aquí abordaremos en detalle.
El concepto
de transición democrática
No existen las recetas en materia de transición a la democracia.

Se define por la Ciencia Política moderna una transición democrática o transición a la democracia, como un proceso político e institucional complejo y ritmado a través del cual un sistema político transita desde un régimen autocrático hacia la instauración de un régimen democrático.

Se trata entonces de entender que se trata de un proceso, es decir, de una secuencia temporal de operaciones políticas e institucionales, mediante las que un determinado sistema político evoluciona, desde una forma de régimen político y de gobierno hacia otra.

Una primera atención debemos poner entonces en el régimen político-institucional que sirve de punto de partida de la transición.  En los casos de América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa, se trataba de regímenes autoritarios de dictadura burocrático-militares, mientras que en los países de Europa oriental se trataba de regímenes totalitarios de inspiración comunista.

Ambos regímenes políticos presentaban diferencias sustantivas, como para poder establecer similitudes intelectualmente suficientes.

Un segundo objeto de atención deben ser los procesos mismos de transición y, en particular, la modalidad legal y extralegal de traspaso de los órganos fundamentales de poder desde la dictadura anterior al nuevo régimen democrático e incluso, los grados de violencia social y política implícitos en dicho proceso.  ( )   En este aspecto, cabe subrayar la importancia del hecho político e institucional que da inicio al proceso de transición –que podemos denominar el “hecho desencadenante” de la transición- ya que es precisamente este acontecimiento el que determina la forma y la trayectoria del resto del proceso.  ( )

En general se entiende –visto el proceso desde la perspectiva del sistema político en funcionamiento- que una transición de un régimen a otro, se debe políticamente a la creciente incapacidad del régimen dominante para seguir gobernando en las mismas condiciones como ha venido haciéndolo hasta el presente, y a la percepción cada vez más mayoritaria de los ciudadanos, de que no aceptan seguir siendo gobernados como hasta el presente.

Los sistemas políticos generan transiciones cuando se reúnen determinadas condiciones políticas, institucionales y socio-económicas, cuya conjunción hace posible que los regímenes en ellos instalados, opten por dejar paso a tendencias hacia el cambio, antes que perdurar inmóviles.  Desde una perspectiva dinámica, las transiciones a la democracia, como cualquier transición de régimen político, son procesos de cambio más o menos extensos en el tiempo, de una mayor o menor intensidad y velocidad, en los que las tendencias que empujan hacia el cambio, predominan durante un período más o menos prolongado de tiempo –precisamente el tiempo de la transición- sobre las tendencias al inmovilismo o a la conservación del sistema.

Hay un punto en el tiempo y en el espacio político en que la incapacidad para seguir gobernando se encuentra con la resistencia ciudadana.

Es en este punto donde se produce un “hecho desencadenante” que da el impulso inicial al proceso de transición.  Muchos de los pasos o momentos que transcurren en la transición democrática, presentan rasgos similares a los procesos de crisis política. ( )
El punto de partida de la transición:
un hecho desencadenante
Observemos más en detalle este acontecimiento.

El proceso de tránsito se origina en una decisión política que puede provenir del propio poder o de la presión insostenible de la ciudadanía.  En el primer caso, hablamos de una transición endógena originada en el poder, mientras que en el segundo caso es una transición endógena por presión social. 

Esta diferencia conceptual aparentemente teórica, tiene suma importancia a la hora de la legitimación de las instituciones anteriores establecidas por la dictadura: las transiciones originadas en el poder (como es el caso de la dictadura brasileña o chilena, española o griega), se desarrollan al interior de las instituciones que la dictadura ha dejado implantadas, es decir, se trata de procesos institucionalizados de transición democrática.  ( )

En cambio las transiciones democráticas originadas en la presión social y política de los ciudadanos, tiende generalmente a producir un derrumbe de las instituciones fundamentales de la dictadura anterior, de manera que la transición en estos casos ( ), consiste precisamente en el proceso de sustitución de las anteriores instituciones y reglas jurídicas dictatoriales por las nuevas instituciones y normas democráticas.

El “resultado democrático” en ambos tipos de procesos es diferente.

Cuando la transición se desencadena a causa de un hecho político exterior al sistema político: una invasión militar o una guerra, estamos hablando de una transición exógena.  En este caso, la invasión o la guerra y sus resultados en el campo de batalla, produce por un lado la desafección en torno a la elite dictatorial gobernante, el descrédito y la creciente repulsa ciudadana, y por el otro, genera una crisis de gobernabilidad y de cohesión al interior de dicha elite, abriéndose paso la perspectiva de transitar a la democracia.
La trayectoria de la transición
 La Ciencia Política no ha elaborado “recetas” ortodoxas ni siquiera “heterodoxas” acerca de la trayectoria típica de los procesos de transición.  El gráfico presentado más arriba describe la trayectoria más plausible que siguen todos los procesos de cambio de régimen político, pero el tempo de cada etapa o momento es siempre variable y casi imprevisible.  Del mismo modo, el componente de  violencia social y política puede ejercer un rol de acelerador o retardador de cada fase o momento del proceso. ( )

Los actores del proceso
 La dinámica de las transiciones viene dada por el complejo juego de los actores insertos en distintas arenas o escenarios políticos e institucionales, y por coyunturas en las que el comportamiento de un actor determina y produce el comportamiento de los demás actores.  

Las decisiones institucionales más relevantes, mientras tanto, generan cambios en la escena política, al producir movimientos, retóricas y gesticulaciones de los demás actores.

En este juego complejo y fluido, los actores relevantes son siempre el Gobierno, las fuerzas políticas opositoras que encabezan el movimiento opositor, las Fuerzas Armadas, algunos actores morales, los medios de comunicación y en ciertas coyunturas algunos actores internacionales.  Los roles que pueden cumplir cada uno de estos actores, pueden ir  -en un continuum siempre cambiante y fluido- desde el apoyo irrestricto al sistema de dominación en el cual funcionan y se benefician, hasta la franca rebeldía y oposición, pasando por diversas funciones mediadoras, amortiguadoras del conflicto o de indiferencia expectante a la espera que el conflicto principal se resuelva.
La naturaleza política
del proceso de transición
Desde el punto de vista del contenido político mismo y de su carácter, los procesos de transición se dividen básicamente en transiciones forzadas y en transiciones pactadas.

Las transiciones forzadas son aquellas que hemos definido como originadas en la presión social ciudadana o en algún hecho desencadenante exterior al sistema, que obliga al régimen gobernante a modificar y acelerar su itinerario y el traspaso.  Aquí generalmente hay derrumbe de la dictadura.

Las transiciones pactadas son aquellas en las que el escenario político general ha cambiado como consecuencia de un hecho desencadenante, obligando al régimen a cambiar su itinerario o a mantenerlo, pero en un contexto en el que el traspaso del poder se pacta entre las fuerzas políticas existentes, a fin de impedir o frenar la posibilidad de un quiebre institucional o con el propósito de que el régimen en el poder logre preservar las instituciones fundamentales del sistema.  Son, por ejemplo, los casos de las transiciones en Chile, Uruguay, Brasil y Turquía.

 Aquí no hay derrumbe, hay solo traspaso de los órganos fundamentales del poder, quedando la institucionalidad prácticamente intacta en los primeros tiempos de la transición.  Ese traspaso también puede presentar rasgos simbólicos de continuidad y permanencia, y producir señales e imágenes que hacen percibir a la ciudadanía que el cambio ha sido solo de actores, de figuras, de nombres, mientras que las instituciones son las mismas.  La transición así puede resultar interminable porque lo que se percibe es la continuidad de las estructuras de poder, mientras que los cambios se estiman formales, superficiales o casi imperceptibles.
El punto de llegada
de la transición
 El punto de llegada de toda transición puede ser un nuevo sistema político, resultante de una profunda crisis anterior, o un nuevo régimen político, resultante de una nueva correlación de fuerzas.  En ambos casos, lo esencial es que la nueva articulación de los poderes e instituciones, obedece a un nuevo clima político y a un nuevo escenario en el que las fuerzas actuantes se orientan por intereses distintos, aunque coincidentes en el propósito fundamental de lograr la estabilidad del nuevo sistema.

 El punto de llegada de la transición no es un punto de termino, no es un instante cronológicamente situado en la trayectoria del proceso, sino que se manifiesta en que todos los actores políticos actuantes –o la mayoría de ellos- reconocen más o menos explícitamente que el nuevo sistema o el régimen político instalado, satisface suficientemente sus intereses,  expectativas y demandas.

 De allí la importancia que tiene para la gobernabilidad y sustentabilidad futura del nuevo ordenamiento, que este cuente con elevados grados de legitimación otorgada por el consenso de las fuerzas políticas principales.

 La transición está terminada cuando todos los actores políticos e institucionales acuden a un diagnóstico común y compartido de que está concluida y de que el sistema instalado responde a las expectativas de todos o de la mayoría de los ciudadanos.
LAS TRANSICIONES DESDE LA DEMOCRACIA:
DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
A UN RÉGIMEN AUTOCRÁTICO
El “camino a la inversa”, también debe ser estudiado y comprendido.

¿Cómo pasa un sistema político determinado desde un régimen democrático a uno no-democrático?

Los procesos de transición que van desde las democracias hacia formas autocráticas de poder y de gobierno, están relacionados directamente con factores internos –entre los cuales la ingobernabilidad y la polarización social y política son algunos de los más decisivos- como también por la influencia de factores externos.

El derrumbe de las democracias se origina principalmente por la existencia de un prolongado escenario de crisis de gobernabilidad, por la creciente e irreductible polarización social y política, y por el descrédito y deslegitimación de las instituciones democráticas.

La intervención de los militares en la escena política no es más que un ingrediente adicional del proceso de derrumbe de las democracias. Hobsbawm escribe al respecto: “En la segunda mitad del siglo, mientras el equilibrio de las superpotencias parecía estabilizar las fronteras y, en menor medida, los regímenes, los hombres de armas entraron en forma cada vez más habitual en política…” ( )

 De acuerdo con la tipología propuesta por el cientista político Samuel Huntington, el siglo XX asistió a tres oleadas democratizadoras, las cuales fueron seguidas por períodos en los que dichas democracias se derrumbaron dando paso a regímenes autocráticos de distinto tipo.  Así, mientras las oleadas democratizadoras se situaron alrededor de los años veinte, después de la segunda guerra mundial y en los años ochenta, los períodos autoritarios se sitúan en las décadas de los treinta y en los setenta.

 Nos interesa examinar aquí la oleada de dictaduras que se implanta en el mundo subdesarrollado desde fines de los sesenta y durante la década de los setenta.

 Dos  fenómenos históricos mayores permiten comprender el advenimiento de una oleada de dictaduras y regímenes autocráticos a fines de la década de los sesenta y durante la década de los setenta en el mundo: los procesos de modernización que comenzaban a experimentar numerosas sociedades del Tercer Mundo y el conflicto global que oponía a Estados Unidos y la unión Soviética denominado “guerra fría”.

 Numerosos países del Tercer Mundo de Asia, Africa y América Latina avanzaban en la década de los sesenta en esfuerzos de modernización en sus estructuras económicas (industrialización, migración masiva del campo a la ciudad) y se encontraban en los comienzos de una transición demográfica, cuyos efectos alcanzan hasta el presente.

 En América Latina el acceso creciente a la educación y a las universidades de los sectores medios y pobres, producía como efecto una toma de conciencia de las flagrantes desigualdades sociales y económicas, de la pobreza, el subdesarrollo y el atraso en que vivían estas sociedades.

 Las fuerzas políticas del sistema dominante (conservadores, liberales) resultaban cada vez más incapaces para responder a la presión social por cambios, mientras las fuerzas políticas contrarias o anti-sistemas proclamaban la necesidad y urgencia de pasar a nuevas formas de poder y de organización de la economía y el Estado.  La mayoría de los ciudadanos demandaban cambios y cambios profundos, estructurales.

A partir del ejemplo de la Revolución Cubana en 1959, se instala ideológicamente en América Latina el dilema político fundamental que dividiría a las sociedades latinoamericanas:  “capitalismo o socialismo”.

¿Cómo reaccionó el sistema de dominación a este dilema?

Con mayor control, vigilancia y represión social, y con un creciente protagonismo de los militares en el sistema político.

La oleada de golpes militares se inauguró en Brasil en 1964 con el derrocamiento de Joao Goulart y la instalación de una “dictadura de seguridad militar”.  Le seguirían Uruguay y Chile en 1973,  Ecuador en 1975 y Argentina en 1976: en menos de diez años se habían derrumbado las democracias más antiguas del continente latinoamericano. 

Desde la perspectiva de la Ciencia Política, un golpe militar o un golpe de Estado, constituyen complejas operaciones político-militares en las que las fuerzas militares institucionalizadas, se apoderan de los órganos fundamentales del poder del Estado, en cuanto portadores de un proyecto político.

Como operación político-militar, el golpe de Estado efectuado por militares supone siempre una prolongada planificación que generalmente se acompaña paralelamente a los escenarios de crisis social y política que el resto de la sociedad vive.  Como lo indica la experiencia histórica durante el siglo XX, los golpes militares no son tentativas improvisadas sino que obedecen siempre a una preparación ideológica, a un acondicionamiento doctrinal que puede durar  años, y en la que la oficialidad es objeto de una intensa penetración ideológica que los predispone a intervenir en el proceso político.

La intervención de los militares en la escena política es un rasgo característico de la historia de América Latina, pero también en otras regiones del mundo, dando cuenta este fenómeno de un cambio paradigmático que se produjo en la segunda mitad del siglo XX.
LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACION
EN EUROPA OCCIDENTAL
Y AMERICA LATINA
Se han observado por la Ciencia Política contemporánea diversas similitudes en los procesos de transición en Europa y en América Latina.

Son los casos de España y Portugal, los que realizaron transiciones graduales, legales e institucionales, sobre la base de pactos políticos de gobernabilidad más o menos explícitos entre el régimen dictatorial saliente y la nueva democracia.
Las transiciones a la democracia
en América Latina

Dos parecen ser los casos paradigmáticos de transición en América Latina: el de Chile ( ) y el de Brasil.
El mismo proceso de transición democrática vivieron diversos países de América Central y el Caribe, como Guatemala (que inició su transición en 1985 con las primeras elecciones presidenciales libres), Nicaragua (que pasa de una dictadura derechista –A. Somoza- de treinta años de duración  a un régimen izquierdista sandinista, entre 1976 y 1990) que inicia su transición a una democracia liberal en 1990 y El Salvador (que inicia su transición en 1982 con elecciones presidenciales libres).

¿Es posible descifrar continuidades o rasgos comunes en todos estos procesos de transición?

El primer de ellos es sin duda, el rol gravitante que desempeñaron los procesos eleccionarios y plebiscitarios en el desencadenamiento del proceso.

En efecto, no debe dejar de observarse que en todos los procesos de transición latinoamericanos, las elecciones (presidenciales y parlamentarias) constituyen el mecanismo principal a través del cual se da origen a un traspaso ordenado e institucionalizado del poder, desde dictaduras militares hacia regímenes democráticos.  Ello habla tanto de la importancia política que tienen los procesos electorales dentro del imaginario colectivo, en la medida en que éstas son asociadas por la ciudadanía como una manifestación explícita de democracia, como de que la tendencia principal de la aspiración democrática de la mayoría ciudadana iba por una vía intermedia, pacífica, en la que se excluían tanto la continuidad del régimen dictatorial instalado como la ruptura violenta del sistema de dominación.

Las transiciones latinoamericanas se caracterizaron por el clima social y político generalmente pacífico, aun cuando existían escenarios de movilización social masiva contra las dictaduras en declinación.  No hay un componente de violencia social o política masiva en estos cambios, lo que se asemeja muy notoriamente con las transiciones democráticas vividas por los regímenes comunistas de Europa Oriental, además de su cuasi coincidencia en el tiempo.

Un segundo rasgo característico de las transiciones democráticas en estudio, fue el carácter graduado y consensuado del propio proceso de transición.  Salvo en el caso de la dictadura militar argentina, deslegitimada rápidamente por la derrota militar en Malvinas, en todos los demás procesos el régimen militar imperante era lo suficientemente fuerte para ordenar el ritmo –el tempo- de la transición, es decir, eran fuertes para seguir administrando el sistema, pero eran cada vez más incapaces de proyectarse en el tiempo futuro, del mismo modo que las oposiciones democráticas eran insuficientes para administrar el presente, pero tenían indudable proyección de futuro.

El punto y el momento que disloca la dominación de cada régimen fue una elección (como en Brasil con Tancredo Neves) o un plebiscito (como en Uruguay y en Chile en 1988) el cual, aunque estaba situado en el cronograma institucional preestablecido por el régimen, no contaba con una salida en la que la oposición democrática triunfara: eso fue precisamente lo que sucedió.   Las elecciones y plebiscitos originalmente habían sido diseñados por el régimen para perpetuarse, para prolongarse en el tiempo, para mantenerse en el poder.

Como resultado de esta doble debilidad de los actores del proceso político, ambos debieron negociar, dialogar, concretar el cronograma de traspaso de manera de evitar un quiebre institucional, o de modo de preservar algunos componentes críticos del sistema político instaurado.

El resultado fueron transiciones pactadas.
Los desafíos de la gobernabilidad
en las transiciones democráticas de América Latina
 Analizemos ahora la problemática de la gobernabilidad. 
Si bien la gobernabilidad es una preocupación académica y conceptual antigua en el ámbito del ejercicio del poder, la palabra governability la utilizó por primera vez Samuel Huntington en la década de los setenta, para referirse a un concepto restringido del ejercicio de la democracia que evitaría el exceso de demandas ciudadanas. El término fue enriquecido posteriormente por varios autores y se legitima convirtiéndose en una categoría de análisis que adquiere gran importancia en la práctica política.
Existen muchas maneras de definir gobernabilidad: su expresión fundamental dice relación con la democracia. Los regímenes dictatoriales tienen en su esencia el germen de la ingobernabilidad, aun cuando utilicen la represión como recurso de dominio. En cambio la democracia dispone, entre otras ventajas, de mecanismos legitimados para resolver civilizadamente las discrepancias o las distintas opciones que se dan en la sociedad, recurriendo al acatamiento de las minorías a la opinión de las mayorías así como del respeto a las minorías por parte de las mayorías; todo ello, en el marco del Estado de Derecho. Democracia y gobernabilidad son, por consiguiente, términos complementarios.
Desde el punto de vista teórico, cconcebimos la gobernabilidad democrática como la capacidad de un sistema social y político democrático para autogobernarse enfrentando positivamente los retos y oportunidades que tenga planteados. La gobernabilidad democrática no se refiere, pues, tanto a los atributos de un régimen democrático cuanto a las capacidades de una determinada sociedad democrática para enfrentar los retos y oportunidades específicos que tiene planteados. Una estrategia de gobernabilidad democrática es, pues, una estrategia de construcción de capacidades.

Tales capacidades dependen de la interrelación entre el sistema institucional existente (« governance »), de las capacidades de los actores políticos, económicos y sociales presentes (« governing actors »), y, finalmente, de la cantidad y calidad del liderazgo transformacional disponible (Kooiman: 1993).

La gobernabilidad es, pues, un concepto distinto de la « governance » o sistema institucional -formal e informal- que enmarca la acción de los actores sociales -gubernamentales y no gubernamentales- relevantes para la determinación y asignación autoritaria de los bienes y los recursos públicos. Dichas determinación y asignación se realizan a través de la acción política y de la formulación e implementación de políticas públicas. La gobernabilidad es también un concepto distinto de la acción de gobernar o « governing », la cual comprende tanto la política propiamente dicha, como las políticas públicas y la gerencia pública (Kooiman: 1993).

Los conceptos de « governance » y « governing » se hallan íntimamente relacionados. Hasta el punto que la vieja palabra española « gobernación » (desprendida de sus connotaciones autoritarias recientes y recuperado su sentido genuino) denota ambos significados. En efecto, la gobernación es tanto el gobernar como el sistema institucional en que el gobernar se produce. Porque nunca se gobierna en el vacío ni con completa libertad, sino en el marco de constricciones e incentivos que son las instituciones de gobernación. Ellas (la « governance ») son el primer determinante de la gobernabilidad. Primero, pero no el único.

Sucede, en efecto, que, a igual sistema institucional, puede haber mayor o menor nivel de gobernabilidad (capacidad para enfrentar los retos y oportunidades colectivos). En tales casos la causa de la diferencia habrá que buscarla en la distinta capacidad de los actores de la gobernación (« governing »). Éstos se hallan limitados por el orden institucional, pero no plenamente determinados por él: poseen siempre un margen de autonomía en el que pueden y deben ejercer su competencia profesional y responsabilidad moral (Popper: 1982). Dichas capacidades abarcan hoy el trinomio política, políticas públicas y administración o gerencia pública. Las corrientes más actuales defienden su consideración integral.

En sociedades como los actuales, donde los actores son a la vez altamente autónomos e interdependientes, gobernar es cada vez menos producir bienes y servicios y cada vez más garantizar que los actores se comportan conforme a unas reglas de juego que incentivan su comportamiento eficaz frente a los retos y oportunidades del cuerpo social. Diversos autores subrayan que los desafíos de la gobernabilidad actual consisten no tanto en procurar mejor « gobierno » cuanto en conseguir mejor « governance » (Metcalfe: 1993; Osborne y Gaebler: 1992). Otros indican la misma idea señalando que el valor creado por los Gobiernos no es sólo la utilidad o satisfacción individual procurada por sus servicios, sino la arquitectura social en la que los individuos y los grupos buscarán su utilidad (Moore: 1995).

Finalmente, la gobernabilidad depende también de la calidad de los liderazgos. Ésta podría considerarse incluida en las capacidades de gobierno. Pero, a nuestro modo de ver, su valor añadido es tan considerable, que merece destacarse aparte. Al tema dedicamos el último epígrafe de este trabajo. Nos referimos obviamente a los liderazgos transformacionales, capaces de movilizar y orientar el proceso de aprendizaje colectivo a través del cual se desarrollan nuevos modelos mentales y las nuevas competencias de actuación requeridas para el enfrentamiento eficaz de los retos colectivos (McGregor Burns: 1979; Grindle, M.S. y Thomas, J.W.: 1989; Heifetz: 1994).
El concepto de gobernabilidad dice relación, además de la democracia, con el funcionamiento estable de las instituciones, la legitimidad de los gobernantes, la cohesión social, un proyecto de país mayoritariamente compartido, el bienestar de la población, el respeto a la diversidad y el respeto a los derechos humanos.
También gobernabilidad tiene que ser comprendida como la capacidad de acción del Gobierno; la eficacia de sus políticas públicas, particularmente aquellas orientadas en beneficio de los sectores más desprotegidos; la capacidad para disponer de un sistema de educación equitativo y de calidad; la transparencia de la gestión pública, la confianza de la ciudadanía, la capacidad para construir infraestructura; para desarrollar o incorporar ciencia y tecnología, para resolver los conflictos sociales, para lograr consenso en materias fundamentales, para impulsar un crecimiento sostenido, para cautelar el medio ambiente y para anticiparse a eventuales crisis.
Ahora bien, la noción de gobernabilidad no supone la mantención del sistema, al contrario, los sistema político-institucionales deben evolucionar para alcanzar una mejor democracia, mayor desarrollo y mayor equidad. Por lo tanto, la gobernabilidad es la capacidad de innovación, de prever escenario futuros y de anticipar soluciones.
Tampoco la gobernabilidad significa ausencia de conflictos sociales, menos la proscripción de los conflictos sociales a través de métodos coercitivos. La gobernabilidad democrática resuelve los conflictos a través de canales que permiten el diálogo, la negociación y, en última instancia, por la decisión que adopta la autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, nunca excediéndolo. La gobernabilidad conlleva la capacidad de rectificación.
La gobernabilidad tampoco puede significar prescindir de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, de las libertades y de las condiciones que hacen posible la igualdad de oportunidades.
La gobernabilidad debe incorporar la participación y la organización de la sociedad civil para que ésta cumpla un rol más protagónico en la defensa de sus derechos y en la formulación de sus anhelos y propuestas. De esta manera puede participar en el diálogo nacional y en la toma de decisiones sobre los grandes temas nacionales.
América Latina superó en general el período de las  dictaduras militares que se prolongó entre las décadas del setenta y ochenta en la mayoría de sus países. Hoy existen regímenes democráticos después de un período de transición que significó superar anteriores estructuras de poder militar autoritario y represivo. Esta transición, aún inconclusa en países como Chile, ha requerido de un gran esfuerzo de gobernabilidad para evitar retrocesos.
En Chile el paso de la dictadura a la democracia se logró sobre la base de una gran coalición de centro izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, que elaboró un proyecto de país que ha permitido el triunfo democrático de tres gobiernos sucesivos. La Concertación ha logrado establecer condiciones de paz y de confianza social que ha permitido el funcionamiento de las instituciones en términos democráticos. El prolongado período de transición que el país ha vivido ha sido civilizado, los conflictos y las desconfianzas anteriores han tendido a normalizarse. Queda pendiente, sin embargo, reformar la Constitución Política y determinadas leyes que constituyen obstáculos para lograr una democracia más plena y más representativa.
Puede afirmarse que actualmente las democracias latinoamericanas son una realidad en proceso de perfeccionamiento, las que cuentan con una importante adhesión ciudadana. En muchos casos y en Chile en particular, no se trata de transiciones terminadas, completas.  No obstante, en la mayoría de los países subsiste una fuerte desconfianza frente a las instituciones y frente a los diversos liderazgos ejercidos, lo que es causa de ingobernabilidad.
Existe, asimismo, insatisfacción en todo el continente por el funcionamiento de la democracia. El Latinobarómetro recoge un índice promedio del 60% de insatisfacción con la democracia en el año 2002. Es en este fenómeno donde encontramos una de las causas de ingobernabilidad.
La insatisfacción social y política tiene origen, además, en los déficit de bienestar manifestadas a través de la pobreza, la mala distribución del ingreso, la mala calidad de los empleos, las altas cifras de desempleo, la precariedad del empleo informal y la falta de expectativas futuras. La inequidad y la exclusión forzada producen falta de credibilidad en los gobernantes y en las instituciones representativas.
En particular,  Chile tiene diferencias y similitudes respecto a los índices promedios de los países latinoamericanos. Por ejemplo, ha sido positivo que el país haya disminuido la pobreza a la mitad entre 1991 y el año 2000. Asimismo, en la década de los noventa Chile duplicó su producción, lo que le ha permitido alcanzar mayor equidad social. Ambos resultados han fortalecido la gobernabilidad. Entre las similitudes con los promedios de los demás países latinoamericanos están la falta de prestigio de instituciones como el Poder Judicial, el Congreso Nacional y los partidos políticos.
Sin embargo, afectan gravemente la gobernabilidad política en América Latina la marginalidad social y el crecimiento no planificado de las ciudades. También son factores que inciden en la ingobernabilidad el tráfico de drogas, la violencia, la corrupción – particularmente la corrupción política – y la desigualdad de oportunidades.
La gran variable externa a nuestros países es la globalización, proceso que si bien genera oportunidades, también produce inequidad y tiende a cristalizar y profundizar las diferencias sociales y económicas. El capital financiero especulativo es uno de los factores causantes de crisis en nuestros países. Hay dos efectos que son consecuencia de la globalización: por una parte produce una fuerte tendencia a la integración y la interdependencia y por otra produce procesos de fragmentación y conflictos culturales, de etnias, de nacionalidades y de clanes.
La gobernabilidad es una preocupación fundamental que puede permitirnos reflexionar sobre las condiciones o requisitos, que hacen posible crear condiciones proclives para lograrla. Entre tales condiciones mencionaremos las siguientes:
1. La democracia y sus instituciones son requisito fundamental de gobernabilidad. Es la democracia el sistema que permite alcanzar libremente acuerdos fundamentales entre los actores políticos y sociales, y facilita la formulación de un proyecto de país compartido. La democracia hace viable una relación armónica entre crecimiento y desarrollo y la solución de los conflictos a través del diálogo y la negociación, utilizando los procedimientos legitimados por las normas jurídicas propias de un Estado de derecho. La democracia tiene una connotación ética porque es la concreción de principios y valores. Los países deben plantearse el desarrollo de una cultura nacional democrática para que este concepto se internalice en la conciencia de las personas y se convierta en práctica cotidiana de vida.
2. Debemos mejorar la calidad de la política y de los partidos políticos. Es necesario que la política tenga un claro contenido ético, mayor rigor de análisis y mayor riqueza propositiva. El pragmatismo, la tecnocracia deshumanizada, la corrupción, la sobre oferta de promesas imposibles de cumplir, la pobreza del debate político, los recursos efectistas y meramente coyunturales de la política mediática y las prácticas populistas deben ser evitados. Ayudan a una mejor calidad de la política la transparencia y el límite del gasto electoral.
3. Los diagnósticos afirman que existe una crisis de representatividad. Los partidos políticos han perdido protagonismo y se han debilitado como mediadores de sectores ciudadanos Los partidos deben mejorar su democracia interna, su transparencia, la calidad y responsabilidad de su militancia y sus propuestas y proyectos para la sociedad. La creación de espacios de reflexión y de estudio aportan a eliminar la improvisación y la liviandad o generalidad de sus propuestas. Los partidos políticos deben ponerse a la altura de la sociedad del conocimiento, donde éste adquiere centralidad, y tener capacidad técnica y especialización, ya que de sus filas surge un número importante de quienes asumen roles de conducción del Estado o ejercen liderazgos nacionales.
4. Los partidos políticos son imprescindibles. El desarrollo de ONG, los gremios, los sindicatos y los imaginarios colectivos que surgen en la sociedad no tienen capacidad para sustituirlos. Los partidos pueden elaborar proyectos de país o de Regiones y representar tras sus propuestas a una diversidad de organizaciones y sectores sociales. Los partidos políticos deben abrirse y trabajar con la sociedad para nutrirse de ideas y estimular el debate político. Los partidos disciplinados, con normas y procesos electorales internos legitimados, con transparencia en sus procedimientos y con propuestas debidamente fundamentadas, tienen mayor posibilidad de representar a la sociedad civil. La sanción a los actos de corrupción que pueda cometer su militancia, el término del clientelismo y del reparto de prebendas ayudan a mejorar la imagen y calidad de la política y de los partidos.
5. Enfrentar la pobreza es un requisito de gobernabilidad, además de constituir un imperativo ético. Una modificación del modelo de desarrollo predominante se hace necesario por su incapacidad de respuesta a las necesidades y expectativas de la población. El Estado debe garantizar la equidad social, es decir, debe establecer niveles aceptables de igualdad de oportunidades que permitan la movilidad social. Es importante no enfatizar desmedidamente la importancia de los equilibrios macroeconómicos prescindiendo de los equilibrios macrosociales. Asimismo, soy partidaria de establecer una correspondencia entre democracia política y democracia social.
6. Los países deben estimular los procesos de regionalización y descentralización del poder. Les corresponde establecer formas de consulta y participación social, modernizar los gobiernos locales y dotarlos de condiciones adecuadas para que puedan impulsar, con el apoyo del Gobierno central, el desarrollo regional a partir de sus propias decisiones.
7. La calidad y la equidad de la educación es otro de los componente de la gobernabilidad. Esta permite el desarrollo humano integral, el acceso al conocimiento, el desarrollo de la creatividad, la innovación y ganar en competitividad.
8. Los regímenes políticos fuertemente presidencialistas se han vuelto relativamente ineficaces para establecer consensos y articularse positivamente con los Parlamentos. Un régimen político semipresidencial corregiría los excesos y las limitaciones de los Ejecutivos.
9. Como factor de gobernabilidad adquiere significación un nuevo concepto de seguridad hemisférica y seguridad en el ámbito planetario. El narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas no convencionales y las redes internacionales de delincuencia, se instituyen en nuevas modalidades de amenaza a la paz; estos fenómenos requieren de mejores normas e instrumentos internacionales para ser enfrentados y, particularmente, de la cooperación de todos los países. En este ámbito existe un amplia posibilidad de colaboración entre los países europeos y latinoamericanos.
10. También la colaboración entre nuestros países puede expresarse en aportar a un clima internacional de paz, donde predomine el respeto a las instituciones internacionales y al derecho internacional. Sabemos que los conflictos internacionales tienen múltiples causas, entre ellas, la pobreza, las injusticias, los regímenes autoritarios y la violación de los derechos humanos. La paz no se consolidará si continúan existiendo el hambre, la falta de libertades, las injusticias y la opresión. Para enfrentarlas es necesario que entre los países de Europa y de América Latina se establezcan relaciones de cooperación y de solidaridad.
11. Asimismo, la cooperación internacional entre nuestros países puede ampliarse al área de la educación y de la cultura.
12. En cuanto a la globalización, es necesario evitar el efecto desestructurante que ésta produce. Para ello se requiere darle gobernabilidad política y gobernabilidad al movimiento de capitales especulativos. Sólo un proceso de globalización humanizado tenderá a disminuir la brecha entre países ricos y países pobres y entre ricos y pobres al interior de los países.

Las transiciones democráticas
en Europa Occidental
 Tres países de Europa Occidental se pueden tomar como ejemplos de procesos de transición democrática, para los efectos de este estudio: España, Portugal y Grecia.

 En los tres casos, los regímenes políticos existentes (la dictadura de Salazar en Portugal y de Franco en España) eran de inspiración fascista y había logrado perdurar desde la segunda guerra mundial.  Se trataba de regímenes dictatoriales de carácter autoritario sin partido oficial y con un fuerte rol castrense de apoyo al sistema de gobierno, con un líder carismático y con la oposición democrática sometida al más estricto control y prohibición.

 En el caso de España, la muerte del dictador Francisco Franco (1975), da origen al proceso de transición. 

 La muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, señaló el final de cuarenta años de dictadura y abrió una nueva etapa en el desarrollo de España. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado. El nuevo Gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, se limitó a realizar unas reformas de escaso alcance. En esa etapa las fuerzas democráticas se pronunciaban contra la monarquía y el Gobierno considerándolos como una prolongación directa del franquismo.
Los partidos democráticos, que existían en una situación reconocida de semiclandestinidad, emergen nuevamente a la luz pública y organizan el proceso de transición, dentro del sistema y en una gradualidad que está respaldada por el retorno a la monarquía constitucional: el Rey Juan Carlos reasume sus funciones soberanas y favorece una transición democrática ordenada y dentro del marco de la Constitución.  Una tentativa fracasada de golpe militar (1978), reafirma la solidez de la vocación democrática de los actores políticos principales.

En España, donde el movimiento democrático era mucho más fuerte y estaba mucho mejor organizado que en otros países europeos, de manera que la monarquía y el Gobierno, temerosos de que la oposición les arrebatara la iniciativa, se vieron obligados a corregir su estrategia política y marcar una orientación más clara al abandono del franquismo. La jefatura del Gobierno recayó en Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento Nacional (franquista). El primer paso importante del nuevo gabinete fue convocar, para el 15 de diciembre de 1976, un referéndum sobre el proyecto de Ley de Reforma Política, que estipulaba la creación de Costes bicamerales elegidas por sufragio general, igual, directo y secreto.

El 94,2% del electorado respaldó en las urnas del referéndum el proyecto de ley, y sólo el 2,6% votó en contra. Esta consulta reforzó las posiciones del Gobierno, porque demostró claramente que la inmensa mayoría de la población aspiraba a reformas por vía pacífica, pero al mismo tiempo temía perder los frutos del auge económico de los años 60. En el primer semestre de 1977 fueron legalizados todos los partidos políticos, incluido el PCE, así como los sindicatos hasta entonces clandestinos, se disolvió el aparato político del Movimiento Nacional, se establecieron relaciones diplomáticas con la URSS y otros países de Europa Oriental.

El 15 de junio de 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones generales por sufragio secreto de los últimos cuarenta años. Es decir que apenas año y medio después de la muerte de Franco en España tuvo lugar un acontecimiento de alcance verdaderamente revolucionario, la celebración de elecciones democráticas. Con la particularidad de que España carecía entonces de tradiciones democráticas mínimamente definidas y, por tanto, le faltaba también experiencia de organización de comicios democráticos.

En el caso de Portugal, cuando el dictador Antonio Salazar está todavía en el poder comienza a experimentar un proceso de defección de sus fuerzas armadas, su principal sustento.  Al interior de las filas castrenses se incuba una corriente de oficiales que postulan un modelo político democrático y socialista, fenómeno que se asociaba además, con la demanda de independencia de Angola, la última colonia portuguesa en el continente africano.

 Los oficiales democráticos portugueses, se declaran en rebelión (la llamada “revolución de los claveles”) y al romperse la cohesión del bloque dominante en el poder, se abre la puerta para una transición gradual en la que la salida del dictador es requisito absoluto para una elección parlamentaria libre y abierta.
los procesos de democratización en europa oriental
 Los procesos de democratización en Europa Oriental, que afectaron a países tan disímiles como la Unión Soviética, Polonia, Hungría y Rumania, entre otros, tienen como punto de partida los regímenes políticos totalitarios establecidos en la primera mitad del siglo XX.

 Dos rasgos llaman la atención en estos procesos:

a) en primer lugar, la velocidad del proceso de derrumbe de los sistemas políticos socialistas, de manera que en pocos años, todos ellos desaparecieron bajo una oleada democratizadora que se inició en Polonia en 1987.
b) Un segundo rasgo característico es la elevada presencia masiva de la sociedad civil organizada, en el ejercicio de la presión social que derriba esos regímenes, de donde también se desprende lo acelerado de estos procesos de cambio.

El derrumbe de los sistemas comunistas se inició simultáneamente en varios países, pero tuvo su punto de partida en la presión democrática y social en Polonia a partir de 1985, liderada por el sindicato Solidaridad; en junio de 1989 el gobierno comunista accedió a realizar elecciones parcialmente libres, pero ante el triunfo de la tendencia Solidaridad, se produjo una rápida transición legal e institucionalizada, de manera que en septiembre de 1989 asume el gobierno Solidaridad a través de su líder Lech Walesa; en enero de 1990, se disuelve el Partido Comunista Polaco y en octubre de 1991 se convoca a las primeras elecciones parlamentarias libres.

Pero, simultáneamente en otras democracias populares ocurrían cambios: en Checoeslovaquia a partir de 1988 se registraban manifestaciones contra el gobierno generando una presión democrática que culmina en noviembre de 1989 cuando se retira el gobierno comunista del poder, en abril de 1990 se dicta una nueva Constitución y en junio de 1990 se realizan las primeras elecciones presidenciales libres. 

En Bulgaria, a partir de noviembre de 1989, la presión popular obligas a renunciar al presidente Zhivkov y en junio de 1990, se producen las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias libres, proceso que se ratifica en julio de 1991 con la dictaciónd e una nueva Constitución.

En Hungría la corriente democratizadora se inicia desde 1987, pero el punto de desencadenamiento de la presión se produce en septiembre de 1989, cuando el gobierno autoriza el paso de ciudadanos alemanes orientales hacia Occidente.  Se constituye este en el factor desencadenante del derrumbe del sistema socialista en Alemania Oriental y en la Unión Soviética.

En seis años, todo el sistema comunista de Europa Oriental colapsa y se abre paso a una de las corrientes democratizadoras más poderosas del siglo XX.

A este respecto, resulta pertinente transcribir el siguiente análisis comparativo efectuado por el politólogo ruso Zbigniew Iwanowski, de la Academia de Ciencias de Rusia refiriéndose a los rasgos comunes entre las transiciones democráticas latinoamericanas y rusa:   “Queda claro que, aunque existan notorias diferencias entre Rusia y América Latina, puede observarse también mucha semejanza. Al igual que la mayoría de los Estados latinoamericanos, nuestro país vive una doble transición simultánea (de la economía cerrada y regulada a la del mercado y del autoritarismo a la democracia liberal). En ambos casos, el rumbo a la economía abierta manifestó la incompetitividad de sectores económicos enteros en el mercado mundial y provocó un brusco descenso de la producción industrial, lo que en varias ramas se tradujo en una desindustrialización irreversible. Mientras que en América Latina muchos problemas se encuentran resueltos en una u otra medida, Rusia sigue permaneciendo en una situación de crisis, afrontando, hasta ahora, problemas como la privatización del sector público ineficaz, la modernización de la industria y agricultura y la integración a la economía mundial, la descentralización, etc. La crisis económica, por un lado, y las reformas, a veces mal pensadas y basadas en una aplicación mecánica de recetas neoliberales, por el otro, tuvieron consecuencias sociales muy negativas: la caída brusca del salario real, la polarización social y la desaparición de la clase media, la expansión del sector informal y el aumento del desempleo abierto, el descenso de la protección social, la criminalización de la sociedad y una corrupción desenfrenada. Como resultado, la situación económica y social en Rusia bien puede compararse con la de América Latina (aunque,a veces, es mucho peor).

En tales condiciones desfavorables, Rusia se ve obligada a realizar reformas políticas similares. Las experiencias latinoamericanas en este ámbito pueden resultar sumamente valiosas (aunque ya se dejaron perder muchas oportunidades para aprovecharlas). En el momento de elaborar los mecanismos del poder político, poseen relevante significado los procesos constitucionales, la formación y el afianzamiento de las instituciones democráticas, la superación de la fragmentación y de la polarización de los partidos políticos, las relaciones entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas… La mayoría de politólogos consideran que la aprobación de una nueva Constitución, que establezca elecciones libres y honestas, garantice el funcionamiento de instituciones democráticas y fije las reglas de juego, es un hito formal que culmina el período de transición y abre camino para estabilizar la democracia. A finales de los 80 y la primera mitad de los 90 entraron en vigor nuevas constituciones en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993) y Argentina (1994).

Se introdujeron enmiendas sustanciales en las Leyes Fundamentales de Bolivia (1994), Nicaragua (1995) y Brasil (1997). Las experiencias positivas de los procesos constitucionales en la mayoría de los países latinoamericanos incluyen la creación de comisiones especiales para elaborar proyectos de constituciones, integradas por diferentes fuerzas políticas y movimientos sociales, la enérgica participación de ciudadanos en la discusión, aprovechando ampliamente los medios de comunicación, la votación del texto, capítulo por capítulo,  por los miembros de Asambleas Constituyentes, especialmente elegidos con ese propósito, la aprobación de la Constitución por un referéndum nacional. La Constitución, como Ley Fundamental, no debe abarcar detalles que pueden incluirse en la legislación corriente. El texto de la Constitución no puede ser reflejo de intereses coyunturales o provisionales, de lo contrario, la Ley Fundamental queda sin efecto y requiere enmiendas. La aprobación de la Constitución tiene que ser fiesta de todo el pueblo que quede grabada en la memoria histórica de la nación.     En Rusia, el procedimiento de aprobar la Constitución por un referéndum popular formalmente parecía democrático, pero de hecho se pronunció por la Ley Fundamental una estrecha capa del electorado potencial. La prensa de oposición e independiente en reiteradas ocasiones expresó sus dudas en cuanto a la veracidad de los datos oficiales. Ese procedimiento permitió desatender por completo la gran labor preparatoria de la comisión constitucional y de la opinión pública; el proyecto presidencial de hecho fue impuesto sin discutir. En el transcurso del referéndum los partidarios de cambios democráticos tuvieron que apoyar el texto íntegro, incluso si estaban en contra de una serie de postulados clave, artículos o párrafos, ya que, de lo contrario, el país seguiría en una situación inestable. Según la legislación vigente, resulta muy difícil introducir enmiendas constitucionales.

El Día de la Constitución fue declarado fiesta nacional, sin embargo, la memoria del pueblo no lo asocia con el fin de la época del totalitarismo ni con la conclusión del período de transición, sino con los sucesos sangrientos del octubre de 1993. (En América Latina algo semejante sólo se observó en Perú, donde el conflicto entre el poder legislativo y ejecutivo se resolvió mediante una especie de golpe de Estado presidencial, mientras que la Asamblea Constituyente fue boicoteada por la mayoría de los partidos políticos. Durante el referéndum los electores apoyaron el proyecto de  Constitución por una estrecha mayoría, pronunciándose en contra del mismo 14 departamentos de los 25).   Para determinar el futuro avance de un país es muy importante crear nuevas instituciones estatales. Pese a que la mayoría de politólogos hablen sobre las ventajas del parlamentarismo, los arquitectos de reformas en distintas regiones del mundo se inclinan por el presidencialismo. Antes de las referidas transformaciones constitucionales, en todos los países latinoamericanos se observaba un gran desbalance en las facultades de las distintas ramas del poder en favor del presidente. Como dijera metafóricamente el politólogo argentino C.S.Nino, con el superpresidencialismo el jefe de Estado se convierte en una especie de rey electo, mientras que su cargo, democrático por origen, se hace absolutista en la práctica. Una vez aprobadas las nuevas constituciones, por lo común se mantuvo la forma presidencial de gobierno, sin embargo, los poderes de los jefes de Estado resultaron sustancialmente recortados. En rigor, puede hablarse de un paso del superpresidencialismo hacia un gobierno presidencial más moderado y equilibrado.” ( )

 Las similitudes entre ambos procesos de transición saltan a la vista, y se centran en el uso de los recursos constitucionales y en la gradualidad de los cambios que han introducido dentro de los sistemas políticos anteriores.
algunas conclusiones preliminares
La democracia en la región latinoamericana luego de los procesos de transición, enfrenta algunos riesgos que impiden una consolidación final. Tal vez lo más importante no sea seguir religiosamente las etapas del proceso de democratización, sino asumir la perspectiva que las desigualdades y limitaciones del proceso democrático convierten a nuestros sistemas políticos en estructuralmente inestables. La democracia es en buena medida un campo de lucha de proyectos y no exclusivamente un procedimiento o método cuantificable como lo propone buena parte de la ciencia política moderna.
El primer riesgo que enfrenta la democratización, es la acumulación de demandas sociales insatisfechas. Esto ha pretendido ser regulado a través de la teoría de la Gobernabilidad, que en su vertiente más conservadora impone una autolimitación a las demandas sociales y económicas excluyéndolas de la esfera política. Esta visión reduce la democracia a una búsqueda permanente de equilibrios despojándola de sus fines y valores. En ello están algunos núcleos dirigentes en México, Chile y Argentina.
Ello sin embargo implica otros problemas. La acumulación de demandas son deslegitimadas desde el Estado, pero están ampliamente legitimadas por los actores sociales y la sociedad civil. Si el estado y su élite dirigente insisten en negar la legitimación de las demandas sociales, entonces los riesgos para plantear reivindicaciones fuera del sistema político es muy grande. Movilizaciones de masas y grupos armados por un lado y el surgimiento de un discurso crítico de la democracia por otro entre los actores sociales, son desafíos reales.
La desilusión que trae consigo el fin del proceso de democratización, puede también llevar a fenómenos de despolitización, base real del neo autoritarismo.
El segundo riesgo que enfrenta la democratización, es la falta de eficacia en el logro de las metas de gobierno. La alternancia en el ejercicio del poder, renueva el proceso democrático, pero si ello no viene acompañado por cambios eficases en el diseño y ejecución de las políticas públicas y más concretamnente en las políticas sociales, surge la sensación lumpedusana que cambia todo para que no cambie nada. Ello se confirma cuando asistimos al espectaculo de relevos de técnicos y políticos que profesan la misma ideología surgida desde hace más de una década con el consenso de Washington, auspiciado por el FMI y el BM.
Existe una resistencia a devolverle al estado su rol promotor, sin que ello implique el regreso a los grandes déficits fiscales y a regulaciones extremas. Las llamadas  » políticas correctas  » están llevando al desastre a la Argentina, no sacan de la recesión a los países andinos, no reducen la pobreza en el Brasil, mantienen en el aletargamiento a Centroamerica y hacen descansar sobre los hombros de los más pobres el ajuste fiscal.
Se requiere que la tecnocracia y la clase política se  » renacionalicen  » en la valoración de las políticas sociales. Urge un cambio en las prioridades políticas de los gobernantes. La eficacia de las políticas de gobierno deben ser medidas en función de indicadores como el índice de desarrollo humano del PNUD, y menos vinculada a ideologías diseñadas para el ajuste de hace una década. La democracia debe ser eficaz por su capacidad de inclusión y cohesión sociales y no sólo por el logro de metas macroeconómicas, que en si mismas no deben ser un objetivo sino un medio para el desarrollo.
Un tercer riesgo para la democracia en América Latina es el incremento de la corrupción pública y privada. Este fenómeno socava las bases de legitimación del sistema político y su clase dirigente. A ello debe sumarse la impunidad en los delitos que dejan sin sanción a delincuentes de cuello blanco, militares, y políticos de lustre. No debe permitirse de una vez por todas que la corrupción consentida sea un mecanismo de estabilidad política, con el cual el poder asegura lealtades y complicidades.
Se requieren respuestas rápidas, eficientes y visibles ante la corrupción. No sólo una legislación ad hoc o la pura aplicación de la ley, sino elevar la conciencia ciudadana para que la sociedad civil participe directamente en la lucha contra la corrupción.
Debe considerarse la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y las inversiones, como el factor desestabilizante más peligroso para nuestros sistemas políticos. Y debe sancionarse la corrupción privada con la misma firmeza con la que se actúa frente a la corrupción pública. El binomio tecnocracia-empresarios debe ser auscultado también con lupa. La transparencia en las ofertas públicas y transacciones privadas debe ser un objetivo compartido entre el Estado y la sociedad civil.
En algunos países como el Perú y México, las redes cleptocráticas del poder han permeado a la sociedad y el mal ejemplo de la clase dirigente ha contaminado la conducta pública de los ciudadanos. Este comportamiento basado en la sospecha, el zarpazo y el aprovechamiento ajeno es sumamente pernicioso para el desarrollo de una cultura cívica democrática.
Un cuarto riesgo para la democratización en América Latina está referida a la ausencia de un discurso y propuesta de comunidad nacional por parte de los partidos o clase política. Frente a los viejos discursos basados en el nacionalismo que se apoyaba en el estado burocrático, y frente a los discursos globalizadores que todo lo reducen al espontaneísmo del mercado y oportunidades individuales, hay una carencia de discurso que ofrezca integración social, identidad y certidumbre frente al futuro.
El proceso de construcción de las naciones en América Latina no está concluido ni mucho menos.
Ello puede generar el surgimiento de fundamentalismos, populismos o neo autoritarismos que llenen el vacío de comunidad nacional. La democracia requiere de algo más que la pura participación para crear este sentido de pertenencia e identidad que, sin rechazar la modernidad, ofrezca seguridad ante el futuro.

Es uno de los principales retos de los partidos políticos, líderes y dirigentes el de construir este nuevo discurso democrático.
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