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31 juillet, 2006

gobiernos regionales: criterios de evaluación de desempeño – una mirada desde la ciudadanía

Classé sous análisis de coyuntura,ciencia política — paradygmes @ 1:17

prólogo

Este artículo, en forma de minuta de análisis político de coyuntura, presenta y propone algunos criterios para el análisis de desempeño de gobiernos territoriales, desde una perspectiva ciudadana.

Manuel Luis Rodríguez U.  Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes – invierno de 2006. 

 evaluación de gobiernos territoriales ¿es posible?

Se define generalmente que la evaluación de las políticas públicas debe hacerse con “referencia a los objetivos establecidos, pero sobre la base fundamental de los resultados alcanzados, tanto en los aspectos previstos como en los no previstos. » Por lo tanto, consiste la evaluación en el proceso necesario para medir el grado en el que se están alcanzando las finalidades deseadas y sugerir los cambios que puedan situar las realizaciones de la política más en la línea de espera. Es decir,  conocer si la política pública que se ha puesto en marcha está resultando o no, sirve o no, qué es lo bueno de ella y dónde tenemos que cambiarla. ¿Es la misma coherente con los fines planteados o se tiene que modificar?. ¿Es eficaz o no? .

Las políticas públicas representan un tema que aparece como de mucha importancia en el estudio de la Ciencia Política contemporánea. El mismo, las políticas públicas envuelven en ella una serie de conceptos tan básicos del sistema político, se trata por un lado de estudiar la democracia, bajo la idea de participación ciudadana en el proceso de elaboración, y de intervención en cualquier fase. ¿Funcionan o no las Instituciones?, ¿está la gobernabilidad en peligro o no?. Una buena política pública ayuda a que esta idea de gobernabilidad se mantenga, es decir que no sufra crisis o se vea afectada. Todo lo anterior implica que nos tengamos que meter en un contexto tanto interno como externo, que veamos lo endógeno como lo exógeno. Es necesario que se analice por otro lado, la idea de cultura política, es decir, en este caso, ¿por qué unas sociedades exigen más que otras, por qué participan más que otras?.

En general está básicamente la idea de que las políticas públicas y su importancia a la hora de estudiarlas y analizarlas, como se ha señalado, sirven para evaluar el sistema político, es decir que si las mismas andan bien pues el sistema por ende lo estará, por el contrario si estas no funcionan de forma adecuada, el sistema presentará ciertas interferencias que podrá, dependiendo del grado, crisis o movimientos fuertes.   Lo importante en esta materia, es que si las autoridades logran detectar lo anterior, se entiende en buena lógica, que buscarán cómo corregirlo.

1.  Los gobiernos regionales, constituyen la segunda instancia dentro del aparato del Estado, al cual tienen acceso los ciudadanos para buscar soluciones a sus aspiraciones y demandas, siendo la primera instancia, los gobiernos comunales o Municipalidades y los servicios públicos que pueden llamarse  »de primera línea » (o sea, aquellos a los que acuden en primer lugar los ciudadanos-usuarios cuando deben resolver alguna demanda u obtener un servicio).   Frente a ellos, los ciudadanos tienen la posibilidad inmediata de demandar y encontrar soluciones, según la capacidad que los aparatos gubernamentales y administrativos muestran para actuar frente a los problemas públicos.

Pero, ¿cómo podemos evaluar el desempeño de los gobiernos regionales los ciudadanos?  ¿cómo evaluamos además, a gobiernos regionales que no hemos elegido directamente ya que, en definitiva ni Consejeros Regionales ni Seremis ni Intendentes Regionales ni Jefes de Servicios dependen de la elección popular?   En definitiva, los gobiernos regionales en la estructura político- institucional chilena, son a la vez aparatos gubernamentales y administrativos que no responden a la soberanía popular ni al ejercicio de la democracia por los ciudadanos, sino que obedecen a un marco de políticas públicas y de normas legales y reglamentarias que provienen de la cúspide superior del Estado.   Los Intedentes Regionales, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes de Servicios, los Consejeros Regionales, mientras perdure la actual institucionalidad centralizada y presidencialista que nos rige, son autoridades que en última instancia se deben a la autoridad política superior que las ha nombrado (Presidente de la República, Ministro de Estado).

Pero entonces aun en este contexto, los ciudadanos necesitamos adoptar criterios que nos permitan evaluar a los gobiernos que nos rigen.     Algunos de esos criterios, que aquí se exponen resultan de una elaboración propia, por lo que ha sido necesario construir teóricamente determinados conceptos nuevos.   

La problemática de la evaluación del desempeño en este caso, toca a la cuestión del estudio y de la aplicación de las políticas públicas

Digno de analizarse es, por lo tanto, que se puedan adoptar algunos criterios de evaluación del desempeño de los equipos de gobiernos regional, en función de ciertos parámetros, como los que aquí se sugieren.

2.  Resolutividad.  Significa o hace referencia a la capacidad de las autoridades de dar respuesta concreta, de adoptar resoluciones y decisiones que resuelvan las demandas y reivindicaciones de los ciudadanos, que signifiquen resolver los problemas de los ciudadanos.

3.  Comunicabilidad.  Se refiere a que los equipos y autoridades de gobierno tengan la capacidad de introducir los problemas de la agenda de gobierno en la agenda pública, que sean capaces de informar oportunamente a la ciudadanía, de las decisiones que se van a adoptar y también de las que se van a adoptar, en la medida en que dichas decisiones afectan a la vida de los ciudadanos.  No se trata solamente de tener o de saber mantener una determinada  »presencia pública o mediática »; se trata también y sobre todo, de generar instancias estables y eficaces de interlocución con la ciudadanía, en los mediosde comuncación y en la base social organizada, para de esta manera fortalecer la capacidad de escucha, potenciando de paso la resolutividad.  Reconocidamente, la labor que desempeña un gobierno es mucho más compleja, mucho más amplia y mucho más diversa de lo que puede contener un « comunicado de prensa », pero todo ello supone la aplicación sistemática de una estrategia comunicacional coherente que permita que la autoridad « aparezca » con un sólo rostro o con rostros que emiten un mismo discurso.  De esta coherencia comunicacional va a resultar un determinado impacto en la opinión pública.

4.  Coordinación operativa.  Se refiere a la capacidad de los equipos de gobierno, para articular esfuerzos gubernamentales y administrativos, de generar sinergias operativas eficaces en la resolución de las demandas ciudadanas y de los problemas urgentes.   Por cierto que la coordinabilidad también se conecta conn la comunicabilidad, en tanto en cuanto, por ejemplo, las vocerías públicas deben siempre aparecer interconectadas en torno a respuestas coherentes, coincidentes y oportunas frente a las demandas que aparecen en el espacio público.

5.  Asertividad.  Dice relación con la capacidad de focalización de los equipos de gobierno en torno a los problemas urgentes y fundamentales del quehacer de los territorios.  Se es asertivo entonces no solo porque se responde puntualmente y con rapidez a las demandas ciudadanas.

6.  Respuesta eficaz a las urgencias.  Los gobiernos no operan en el vacío, sino que actúan sobre realidad que son a la vez, complejas, que funcionan a ritmos temporales cambiantes y en las que se manifiestan demandas y necesidades cuya urgencia varía.  Por lo tanto, siempre los ciudadanos han de esperar que las autoridades, los servicios públicos y administrativos actúen respondiendo con premura frente a las contingencias inesperadas, frente a las crisis desatadas, frente a los eventos azarosos.

7.  Capacidad de anticipación.  No se trata de gobiernos de los que esperamos magias, o el arte del prestidigitador o del agorero pitoniso.  De lo que se trata es que se supone que los equipos de gobierno disponen de la mejor información posible y suficiente para sus procesos de toma de decisiones, y en función de esa información disponible, es tarea de las autoridades anticiparse a los eventos críticos, mediante un adecuado y oportuno análisis político, casi diríamos de una inteligencia política, que permita recoger señales desde la ciudadanía y de la sociedad civil, para actuar en consecuencia. 

8.  Cumplimiento y coherencia programáticos.  En una democracia moderna y particularmente en una democracia representativa, los gobiernos acuden a la función pública, partiendo desde el apoyo ciudadano y la legitimidad política alcanzadas en función de una determinada agenda, es decir, de un marco programático de prioridades. Básicamente, toda democracia funciona sobre la base de que los ciudadanos eligen a los gobiernos para que cumplan con sus promesas electorales.  Lo que se espera de una democracia de los ciudadanos, entonces, es que sea precisamente ese programa ofrecido y prometido en campaña el que sea utilizado por los ciudadanos y por la sociedad civil como uno de los parámetros de medición del desempeño de un gobierno.   Mientras mas vago e impreciso sea un programa de gobierno o una agenda política regional, mayor será la dificultad para los ciudadanos de aplicar esa definición de política, como criterio de evaluación de su desempeño.

referencias bibliográficas

Aguilar, L.: La implementación de las políticas.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Aguilar, L.: Problemas públicos y agenda de gobierno.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Lowi, Th.: Políticas públicas: estudios de caso y teoría política.  México, 1993.  M.A. Porrúa Editores.

Trist, E.L.: Gestión de Entes y Empresas Públicas.  Planificación.  Madrid, 1988.  Desclee de Brouwer.

25 juillet, 2006

gas natural y energia en el cono sur de america – elementos para un análisis geopolítico

Classé sous geopoliticas,hemisferio sur — paradygmes @ 23:45

prólogo

Este ensayo presenta un análisis de las principales tendencias geopolíticas en materia energética para América del Sur, a la luz de la información de prensa y especializada disponible.  Resulta evidente que la energía, como fuente fundamental de los procesos económicos, se ha venido convirtiendo gradualmente en el continente, en un arma geopolítica y no solamente en un recurso estratégico. 

Precisamente porque el gas natural y el petróleo son hoy sin lugar a dudas instrumentos geopolíticos de vital importancia estratégica para el desarrollo de las naciones sudamericanas, en manos de sus Estados y porque las lógicas de mercado resultan insuficientes para garantizar el abastecimiento y la seguridad energética a estas naciones, resulta incomprensible que algunas políticas energéticas -como la que observamos hoy en Chile- avanzan a contrapelo de la tendencia regional, intentando jibarizar a su Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, privatizando subrepticiamente algunas de sus funciones de exploración y explotación y en definitiva entregando a los intereses extranjeros, recursos que serán cruciales para intentar el salto al desarrollo que el país requiere.

Manuel Luis Rodríguez U., Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, invierno de 2006.

un nuevo panorama geopolítico de la energía en américa del sur

Desde la década de los años ochenta América Latina ha experimentado la notoria influencia ideológica y política de los centros de pensamiento neoliberales que promovieron en materia de políticas energéticas para la región, los dogmas de la privatización del sector energético:  Sin embargo, desde los recientes años iniciales del siglo XXI puede observarse un giro en la orientación geopolítica del tema energético en la región sudamericana, lo que ha resultado en un reposicionamiento relativo del Estado como actor importante en el negocio energético.

Señales indicativas de esta nueva tendencia son la decisión boliviana de nacionalizar sus hidrocarburos,  la creación de una nueva empresa estatal de energía o el plebiscito realizado en Uruguay que no permitiría la participación privada en la empresa estatal de petróleo. En general, puede afirmarse que la región sudamericana en general parece venir de regreso de la tendencia neo-liberal en materia energética que se vivió en la década de los noventa del siglo XX.

A pesar de que las crisis económicas de los primeros años de este nuevo siglo abatieron la tendencia al crecimiento constante del consumo de energía, los países del Mercosur no pudieron evitar que les faltara suministro energético. En diferentes momentos y de diferentes maneras, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se vieron enfrentados a problemas serios de abastecimiento y debieron recurrir a distintas medidas para reducir el consumo o diversificar las fuentes de suministro.

En particular, la crisis de producción de gas natural, que se suscitó en Argentina en el otoño de 2004 y que arrastró a Chile y Uruguay, puso en evidencia las debilidades de la integración energética regional. Argentina tenía contratos de provisión de gas natural a Chile y de electricidad a Uruguay (contratos que son en esencia de productores privados a suministradores privados), los que no pudo cumplir debido a problemas internos de mercado y de falta de inversión. Ambos compradores perjudicados salieron de la crisis con la clara convicción de que Argentina no es un socio confiable.

En el caso uruguayo se comenzó a especular con importar electricidad desde Paraguay, además de aumentar el parque térmico propio. En Chile, tardíamente se ha vuelto a pensar en fuentes propias como la geotermia e incluso la eventualidad de llegar a la energía nuclear, y aún se expresa perplejidad ante la negativa de Bolivia de abastecerlo de gas natural debido al histórico y más que centenario conflicto entre los dos países, relativo a la salida boliviana al mar.  Pero en definitiva, el objeto mínimo de todo Estado moderno, que es el de lograr el máximo de autonomía energética relativa posible, queda cuestionado por la fuerza de los intereses económicos que predominan en este crucial negocio.

Brasil, por su parte, siendo el mayor consumidor energético del Mercosur, ha echado mano a todo lo que pudo. Brasil ha optado por un conjunto de soluciones tales como construir grandes centrales hidroeléctricas y el propio gobierno intenta eximir a estas obras de estudios de impacto ambiental, para que así puedan construirse y en el plazo más breve. Brasil también apuesta a la importación de gas natural desde Bolivia y Venezuela, a la explotación de las reservas propias de petróleo y gas existentes bajo el mar territorial, a fuentes renovables como la energía eólica y especialmente las biomasas. También, y con una dedicación destacable en la región, se impulsan el ahorro y la eficiencia energética. Brasil acaba de anunciar en forma contundente que ha alcanzado la autosuficiencia en materia petrolera.

En general todos los países, apuestan de una u otra manera a que el gas natural llegue desde alguna de las reservas más importantes existentes (Perú, Bolivia o Venezuela) a precios baratos y en abundancia. Esto ha generado en América del Sur una proliferación de planes de gasoductos pero en su conjunto, la tendencia a la integración energética, tiene que confrontarse con la búsqueda de la mayor autonomía energética relativa posible.
 

la lógica de mercado en el tema energético
 

La región de América Latina se embarcó durante la década del noventa del siglo XX en un modelo de desarrollo energético común basado en la integración regional, la extensión del uso del gas natural y el ingreso de compañías privadas en todas las áreas del negocio energético. Este fenómeno no fue casual, sino que respondió a las nuevas condiciones establecidas por la banca multilateral de desarrollo para financiar las necesidades del sector. La banca multilateral de desarrollo era la encargada de suministrar los fondos para los grandes macro-proyectos del sector energético.

Pero dos factores ajenos parecen haber influido para operar un cambio de timón en su orientación. Una de ellas fue la corrupción instalada en muchos gobiernos de la región, que hizo ineficientes y excesivamente costosos todos los proyectos energéticos. Un ejemplo paradigmático de esto fue la represa Yaciretá, complejo hidroeléctrico binacional argentino-paraguayo cuyo costo estaba previsto en menos de dos mil millones de dólares y terminó costando más de diez mil millones. Pero por otro lado, la banca asumió la lógica de que las necesidades energéticas de la región eran crecientes y que las grandes empresas de la energía encontrarían excelentes oportunidades de ganancia, lo que las llevaría a invertir en esos países.

La lógica de los bancos fue cortar el estilo de financiamiento impulsado hasta entonces y que tenía a las monopólicas empresas estatales de la energía como destinatarias de sus proyectos y promover una reforma del sector que fuera atractiva para las grandes empresas de la energía.


Por ejemplo, en 1992 el Banco Mundial lanzó su nueva estrategia energética en un documento llamado “El rol del Banco Mundial en el sector electricidad”. Allí se sentaron las bases del nuevo orden para la energía mundial: fomento de la inversión privada, orientación comercial de las empresas estatales, nuevos marcos regulatorios e integración regional. El Banco Mundial, además, advertía expresamente que no otorgaría préstamos a los países que no se ajustaran a su nueva política.   Aquí encontramos unos de los orígenes de la dificultad argentina para abastecer de gas natural a Chile.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por su parte, siguió los mismos lineamientos, aunque su documento de estrategia recién se publicó en 2000. Sus metas fundamentales se definieron  como: la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras, la integración de los mercados energéticos de la región, acceso de toda la población a las fuentes de energía modernas y preservación del medio ambiente.

El desafío era –y aún es- grande para los países de América Latina. Los gobiernos de todo el mundo invierten sus fondos en organismos como el Banco Mundial y el BID. Los intereses que reciben por sus depósitos son menores que los que recibirían en cualquier otro banco comercial, pero el riesgo es menor. Esto, a su vez, le permite a estos bancos otorgar préstamos a los países pobres con menores intereses que los bancos comunes y por eso se denominan “bancos de desarrollo”. Pero el Banco Mundial y el BID decidieron no seguir sustentando las inversiones energéticas en América Latina, por lo que los países de la región debieron atraer fondos privados para financiar las obras en el sector.

El centro de las preocupaciones de los gobiernos sudamericanos dejó de ser entonces el aumento de viviendas con servicio eléctrico o la autosuficiencia energética y pasó a concentrarse en la atracción de la inversión privada. Cada uno de los países procura ofrecer las mejores condiciones para captar esos fondos que le permitan construir centrales eléctricas, buscar petróleo o explotar gas natural.  ¿Ese es acaso el principio que guía en el negocio gasífero a la Empresa Nacional del Petróleo?
tentativas de integración energética
El primer esfuerzo importante  en esta materia es la IIRSA.  La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un foro de diálogo entre las autoridades responsables de la infraestructura de transporte, energía y telecomunica-ciones en los doce países sudamericanos. Como marco orientador para el trabajo, el Comité de Dirección Ejecutiva (CDE) de IIRSA definió un conjunto de siete Principios Orientadores para la formulación de la Visión Estratégica: regionalismo abierto; ejes de integración y desarrollo; sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional; aumento del valor agregado de la producción; tecnologías de la información; convergencia normativa; y coordinación público-privada.

En noviembre de 2004, el Comité de Dirección Ejecutiva del IIRSA aprobó una “Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010” que contiene treinta y un proyectos de integración acordados por los países sudamericanos. La mayoría están relacionados con la construcción o mejoramiento de carreteras y puentes.

Se incluyeron procesos sectoriales (transporte, comunicaciones, etc.), donde en el caso de energía se sostiene que su objetivo principal “es promover acciones tendientes a crear las condiciones necesarias para que se desarrollen eficientes interconexiones energéticas regionales, bajo un marco regulatorio que promueva la competencia y el libre comercio”. El proceso está orientado a suscribir una “agenda de consensos entre los gobiernos que permita la optimización de las interconexiones existentes y la integración energética regional”. El IIRSA identifica varios “ejes” que se corresponden con corredores comerciales de alta movilidad que generalmente conectan los diferentes centros productivos con los puertos de la región. El eje del IIRSA que se corresponde con la integración energética del Mercosur es el eje “Mercosur-Chile”.

Este eje abarca todo el Uruguay, el centro de Chile, el centro y noreste de Argentina, el sur de Brasil y el sudeste del Paraguay. Como puede apreciarse, es un área que comprende regiones económicamente muy significativas como San Pablo, la Región Metropolitana de Chile y Buenos Aires. El producto interno bruto de este eje en su conjunto se estima en quinientos mil millones de dólares, contiene a la mitad de la población y genera cerca de setenta por ciento de la actividad económica de América del Sur.

Pero este tipo de iniciativas incrementa la deuda externa pública de los países de la región en megaproyectos de infraestructura (las organizaciones sociales ya están llamando al IIRSA “giga-proyecto”) que van a servir a los intereses de las grandes compañías constructoras pero que no tienen un vínculo claro con el objetivo de la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la población. Se asume que la conectividad entre las regiones centrales y metropolitanas con los puertos marítimos de los países involucrados, va a resultar de por sí en un desarrollo humano sustentable, pero si los Estados implicados tienen legislaciones ambientales febles, como es el caso de Chile, entonces no hay garantías ambientales realmente sustentables. Se asume también que sacar más fácilmente la producción primaria (soja, productos forestales, mineros, etc.) supone una mejora para los países. En general puede observarse que es poca la ganancia nacional de estos productos, es pobre la cantidad y calidad de los empleos y son capitales extranjeros los que explotan cada vez mayores extensiones de tierra o explotaciones mineras.

Los arquitectos del IIRSA plantean que la industria, los gobiernos, los ecosistemas, y la gente se beneficiarán equitativamente del desarrollo de la infraestructura regional. Este planteamiento está basado en el supuesto de que el « regionalismo abierto » -una combinación de liberalización de comercio, la inserción en el mercado global y la infraestructura masiva- conducirá automáticamente al desarrollo sostenible. No obstante, hasta el ex presidente del BID Enrique Iglesias admite que la fuerza detrás del financiamiento para los nuevos grandes proyectos de infraestructura es “el exceso de liquidez” y no como plantea IIRSA el sueño bolivariano de integración regional. La solución fácil al problema de “demasiada plata con nada que comprar” está en financiar grandes proyectos de infraestructura. Así que mientras el discurso IIRSA es integracionista, su lógica es mayormente financiera.

En este sentido, en el marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones se firmó el Acuerdo de Complementación Energética Regional, con un texto muy general donde el motor de la integración sigue siendo facilitar la infraestructura para lograr el mayor suministro de energía al precio más bajo, aumentando la deuda externa de los países y sin llegar a los sectores que hoy no tienen -o tienen muy escaso- acceso a la energía.

 

la integración energética en el sur

Los Proyectos Energéticos del Eje Mercosur–Chile en el Marco del IIRSA son los siguientes: Sistema Itaipu; Hidroelétrica Corpus Christi; Hidroeléctrica Garabí; Yaciretá a cota 83; Gasoducto Aldea Brasilera–Uruguayana–Porto Alegre; Línea Transmisión Itaipú–Londrina–Araraquara; Línea Transmisión Yaciretá–Ayolas–Carabao; Línea Transmisión Yaciretá–Buenos Aires; Central Térmica de ciclo combinado de San José (Uruguay); Hidroeléctrica de Iguazú; Gasoducto Noreste Argentino (único incluido en la Agenda 2005–2010) Estos y otros proyectos no sólo son financiados por la banca multilateral de desarrollo, sino que están tomando más relevancia las empresas regionales latinoamericanas, con los casos más claros de las petroleras estatales de Venezuela y Brasil -PDVSA y Petrobras, respectivamente-, junto a los bancos nacionales de desarrollo, el venezolano BANDES y el brasileño BNDES.

La información sobre el total de los proyectos financiados o en estudio de estos bancos está todavía dispersa. Pero a modo de ejemplo, BNDES está participando en un proyecto hidroeléctrico en la Republica Dominicana, una represa en Venezuela (La Vueltosa), otra en Ecuador (San Francisco), financió turbinas en el proyecto Tres Gargantas en China y aportó mil millones de dólares para la represa de Capanda en Angola. Además, tiene en proyecto una represa en Vietnam y también se interesa en el gasoducto sudamericano y otros proyectos dentro del IIRSA. BANDES, en tanto, también ha prometido inversiones en varios países de la región como Bolivia, Argentina y Uruguay.

Paralelamente, los acuerdos binacionales de integración eléctrica entre los países del Mercosur son muy importantes. Muchos convenios tienen una larga historia, como el Acuerdo de Interconexión Energética firmado entre Argentina y Uruguay, que entró en vigor en 1974, o el Convenio de Interconexión Energética entre Uruguay y Brasil de 1968. Entre Brasil y Argentina, el primer Memorandum de Entendimiento sobre Desarrollo de Intercambios Eléctricos y Futura Integración Eléctrica data de 1997.

Pero como acuerdo regional, además de los documentos generales como el Tratado de Asunción (1991) y Protocolo de Ouro Preto (1994), el documento básico para iniciar el proceso de integración eléctrica en el Mercosur lo constituyó el Memorando 10/98. En él los países se comprometen a:

• Abrir la competencia en el mercado de generación.
• Declarar sujetas a reglas de libre comercio las transacciones que realicen los agentes de mercado reconocidos de los distintos países.
• Como parte de esas reglas, asegurar la reciprocidad y no discriminación de la demanda u oferta que provenga de otro país firmante del acuerdo.
• Prever la libertad para el tránsito, transporte y distribución de la energía de/para terceros países.
• Prever la institucionalidad para: la coordinación de los despachos, la prospectiva de la red de transmisión regional y la resolución de las controversias entre agentes o Estados.
• Perfeccionar las herramientas para la defensa de la competencia en el marco de la nueva economía.
• Asegurar el acceso a la información relevante para el funcionamiento del mercado.
En la actualidad, las interconexiones eléctricas existentes son las siguientes: • Argentina y Brasil (Rincón de Santa María-Garabí).
• Argentina y Uruguay, con la represa de Salto Grande (Central Hidroeléctrica, 1900 MW), y la conexión San Javier–Colonia Elía; • Uruguay y Brasil en Rivera–Livramento.

La integración gasífera

A esto se ha sumado más recientemente la integración gasífera. El documento de base en el Mercosur es el Memorando 10/99 aprobado en diciembre de 1999 en el Consejo del Mercado Común. Allí los países miembros del bloque acordaron las siguientes acciones: * Fomentar la competitividad del mercado de producción de gas natural, sin la imposición de políticas que puedan alterar las condiciones normales de competencia.

* Asegurar que los precios y tarifas de los servicios asociados a la compra y venta de gas natural, tales como transporte, distribución y almacenaje, respondan en sus respectivos mercados a costos económicos, sin subsidios directos o indirectos que puedan afectar la competitividad de los bienes exportables y el libre comercio de los Estados Partes.
* Asegurar que los precios y tarifas incluyan todos los costos, particularmente los ambientales y sociales, de forma tal que tiendan a maximizar un desarrollo sustentable.
* Permitir a los distribuidores, comercializadores y grandes demandantes de gas natural contratar libremente sus fuentes de provisión en el ámbito del Mercosur, de conformidad con la legislación vigente en cada Estado Parte y con los tratados vigentes entre los Estados Partes.
* Respetar el acceso a la capacidad remanente de las instalaciones de transporte y distribución, incluyendo también el acceso a las interconexiones internacionales.
* Poner en práctica mecanismos de acceso a la información relevante de los sistemas gasíferos, de los mercados y sus transacciones en materia de gas natural.
Los programas de integración gasífera se presentan recientemente como proyectos de futuros gasoductos, y hay varios de ellos en consideración.

 

anillo energético del cono sur
 

 

En octubre de 2005 los Ministros de Energía de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile (durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos), Paraguay, Perú y Uruguay acordaron trabajar el proyecto Gasoducto del Sur, que insumiría dos mil quinientos millones de dólares y un acuerdo de integración energética regional. Actualmente ya están conectados para la circulación de gas natural Bolivia con Brasil y Argentina, así como Argentina con Uruguay y Chile, faltando sumar al circuito a Perú y Paraguay. El proyecto consistía en construir un ducto de mil doscientos kilómetros desde el puerto peruano de Pisco -conectado al yacimiento de gas en Camisea- hasta la ciudad de Tocopilla en Chile, donde se conectaría con la red existente en el Cono Sur.

Pero las reservas peruanas de Camisea y Pagoreni se estiman en el orden de los once millones de pies cúbicos. En los próximos veinte años se espera que su propio mercado interno consuma cuatro millones y otros cinco millones sean exportados a México. De manera que poco llegaría a los países del Cono Sur, salvo que nuevas exploraciones aumentaran el volumen de reservas hoy conocido. Sin embargo, la construcción del tramo Pisco–Tocopilla podría asegurar la entrada de gas natural a Chile, liberando el gas boliviano con destino a los demás países.
Gasoducto Venezuela–Sao Pablo–Buenos Aires
Durante la cumbre del Mercosur desarrollada en Montevideo el 9 de diciembre de 2005, los ministros de Energía de Brasil, Argentina y Venezuela decidieron darle mayor vuelo al “anillo energético” y acordaron un nuevo memorando de entendimiento sobre interconexión gasífera. La nueva idea resultaba en un ambicioso gasoducto que llevaría gas natural desde Venezuela –cuyas reservas son las más importantes de América del Sur- hacia los países del sur, particularmente las áreas metropolitanas de Buenos Aires y San Pablo. Poco más de un mes después, el 12 de enero de 2006, se realizaba en Caracas la primera reunión del Comité Multilateral de Trabajo previsto en el memorando mencionado.

En esa reunión se estimó que el costo del proyecto estaría entre siete mil millones y veinticinco mil millones de dólares y se organizaron seis grupos de trabajo para dar seguimiento al tema: mercado, recursos y comercialización; diseño de tarifa; planeamiento de ingeniería, aspectos tecnológicos, investigación y desarrollo; financiamiento y modelo de negocios; autorizaciones gubernamentales, medio ambiente y aspectos sociales; aspectos regulatorios, legales, fiscales e institucionales.

El gasoducto, que sería administrado por una empresa formada por la estatal argentina Enarsa, la brasileña Petrobras y la venezolana PDVSA, partiría de la ciudad venezolana de Puerto Ordaz a la brasileña de Manaos, donde se dividiría en dos ramas, una hacia el noreste brasileño y otra hacia Brasilia y Río de Janeiro, desde donde seguiría hacia Uruguay y Argentina. A pesar del fuerte impulso inicial se esperaba que el proyecto de construcción de esta nueva versión del Gasoducto del Sur no comenzara antes de 2012, debido a problemas de suministro, rentabilidad e impacto ambiental.

Dudas sobre el proyecto

Para algunos analistas, un gasoducto de más de tres mil kilómetros (éste es de diez mil) deja de ser rentable ante la alternativa de transportar gas licuado en buques cisterna. Y en el Cono Sur, “los mercados del gas natural están regulados, mientras que los precios requeridos para justificar la inversión de veinticinco mil millones de dólares excederían los veinte dólares por millón de BTU, que no paga ni el mercado abierto”, según Luis Giusti, ex presidente del gigante estatal Petróleos de Venezuela (Brecha, Montevideo, 3 de marzo de 2006). Pero además, las reservas de gas natural venezolano son reservas de gas asociado, es decir que debe ser extraído junto al petróleo, lo que hace que los niveles de extracción no sean suficientemente grandes y no irían a cubrir las necesidades del proyecto. Venezuela llegó incluso a firmar un contrato con Colombia en 2002 para que este país le suministrara gas, pues no podía cubrir ni su propio consumo interno.

Desde el punto de vista de Guillermo Torres Orías, ex ministro de Hidrocarburos y ex Superintendente de Hidrocarburos de Bolivia, considera que este proyecto es imposible.  ¿Porqué?  Primero. Porque no existen mercados para el gas a lo largo de la ruta del gasoducto, y los mercados importantes están muy alejados, ubicados al extremo sur (San Pablo y Buenos Aires). Por lo tanto, todo el ‘excesivo’ costo de transporte tendría que ser absorbido por las ciudades del sur del Brasil y por Buenos Aires; las provincias del noreste de Argentina no son mercados importantes. Además, atravesar por un área ecológicamente sensible como es la Amazonia, considerada el pulmón del planeta, y recorrer 10.000 kilómetros con una inversión de 7.000 a 20.000 millones de dólares para 150 millones de metros cúbicos por día –5.300 millones de pies cúbicos- sería incoherente, se produciría el gas más caro del mundo por el costo de transporte. En tal caso, Brasil y Argentina tendrían que estar dispuestos a pagar un precio del gas muy por encima de lo que pagarían por importar gas natural licuado (GNL) de ultramar, ya que las instalaciones de la cadena para el abastecimiento de GNL (misma capacidad) requerirían de una inversión menor a la mitad de lo que se invertiría en el Gasoducto del Sur. La inversión en la planta de licuefacción para 150 millones de metros cúbicos por día sería de 3.000 millones de dólares. Si se estima, por ejemplo, entre treinta y cuarenta barcos metaneros para el transporte, cada uno a 150 millones de dólares, daría una inversión para el transporte entre 5.000 y 6.000 millones de dólares; a esto se agregarían las plantas de regasificación, con una inversión total de mil millones de dólares. La inversión total en la cadena de provisión de GNL estaría entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, la mitad de la inversión requerida para la construcción del Gasoducto del Sur.

En cambio Ildo Sauer, director de gas y energía de Petrobras, argumenta que con este proyecto su país podría ahorrar once mil millones de dólares anuales en importaciones de gas, al comprar el combustible con precios equivalentes a veintiséis dólares por barril gracias a una oferta venezolana de venderle gas a precio subsidiado para garantizar su adhesión al proyecto. Sin embargo esta versión fue rápidamente desmentida por el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo a la prensa que no se podía pensar que, con semejante inversión, el gas de Venezuela pueda costar más barato en Brasil: “Es algo absurdo que no se puede creer”. Para los bolivianos esta idea de construir un gasoducto desde Venezuela hasta Buenos Aires es un “globo de ensayo de las transnacionales”, creado exclusivamente para presionar a Bolivia a negociar a menores precios su gas. Con la llegada de Evo Morales al poder se comenzaron a renegociar todos los contratos de exportación de gas natural y esto sería una maniobra, sobre todo impulsada por Brasil, para mejorar sus posibilidades de obtener precios más convenientes para sus crecientes importaciones de gas natural.

Como puede apreciarse la información es por ahora contradictoria y no parece haber un proyecto viable y creíble.

Gasoducto “UruParaBol”

La última novedad en materia de proyectos energéticos la han aportado recientemente los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, Tabaré Vázquez, cuando acordaron a principios de abril de 2006 iniciar estudios para la construcción de un gasoducto entre ambos países e invitaron a Paraguay a sumarse al proyecto. De esta manera se intentaba retomar el memorandum de entendimiento original establecido en 2004 sobre el “anillo energético”. Como los dos países no tienen una frontera común, el gas debería pasar por territorio argentino, con lo cual lo más probable es que se amplíen los volúmenes de exportación de gas a Argentina y desde allí se pase a abastecer a Uruguay y Paraguay. Sin embargo, esto también dependerá de cómo evolucione el conflicto pendiente entre Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay.

Bolivia posee reservas por 48,7 billones de pies cúbicos de gas natural, la mayor parte en campos ubicados en el sudeste de su territorio, fronterizo con Argentina y Paraguay. Exporta actualmente al mercado argentino 7,2 millones de metros cúbicos diarios de gas y desde hace dos años el gobierno y empresas petroleras de Argentina estudian la construcción del Gasoducto del Noreste para adquirir una mayor cantidad del energético, que ha sido incluido en la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010 del IIRSA.

proyecciones y tendencias
 

Todos los pronósticos más realistas que pueden hacerse en este instante, auguran un incremento del consumo energético para la región y en particular para el Mercosur.  Ese aumento irá acompañando tendencialmente el crecimiento de las economías sudamericanas, pero también será arrastrado por la tendencia todavía en aumento a recurrir a hidrocarburos y menos a fuentes energéticas renovables.   No obstante los anuncios de aumento de los precios del petróleo y del gas como sucedió después de la nacionalización boliviana de sus recursos, de la capacidad de extracción decreciente, de las crisis climáticas recurrentes y de la necesidad de reducir emisiones provenientes del sector energía, a pesar de todo ello, América Latina estaría más que duplicando su consumo hacia el año 2020.

En el caso del Mercosur, los desafíos son diferentes para los seis países: unos son exportadores netos de energía mientras otros son deficitarios, tienen tasas diferentes de crecimiento y economías de dimensiones también diferentes. Las políticas energéticas en algunos casos han sido erráticas y no han mantenido un rumbo claro, como lo han demostrado las crisis de Argentina, Bolivia y Uruguay. La participación creciente de las empresas privadas enn una posición dominante en el negocio y la falta de un Estado regulador eficiente con normas claras puede ser uno de los factores. Desde un punto de vista político, la sucesión de gobiernos de signo ideológico contrario que no operan bajo una lógica de largo plazo sino por la inmediatez de los ciclos gubernativos puede ser otro. Los ejemplos de Chile y Brasil, en cambio, parecen dar cuenta de políticas energéticas de Estado, pero nada garantiza que no se de curso a comportamientos privatizadores según la fuerza de las presiones corporativas privadas y de la envergadura on cuantía de las reservas energéticas en cuestión.

Para Chile y para la región de Magallanes en la Patagonia, las alternativas energéticas se encuentran en su propio subsuelo (carbón, gas natural), en sus fuentes renovables (energía eólica y energía mareomotriz, ambas casi inexploradas), además de la energía hidráulica de la que dispone ampliamente el territorio nacional.  Pero las opciones energéticas de Chile no son solamente del tipo de fuente que debería utilizarse en el futuro de mediano plazo, sino la naturaleza del rol que el Estado o el mercado van a cumplir en esta materia.   Si se define como Política de Estado que  las fuentes energéticas disponibles en el territorio nacional constituyen recursos de interés nacional, entonces estamos definiendo como Estado que tienen un carácter estratégico y que su producción y todo el proceso exploratorio y extractivo, constituyen una función primordial y una responsabilidad geopolítica crucial del Estado,  en la que éste define las reglas esenciales del juego.

Un fenómeno político y geopolítico importante que se advierte en todos los países de la región, es la presión de los inversores por lograr que el Estado les otorgue una serie de beneficios para decidir la inversión, además de asegurar un margen respetable de ganancia y un rápido retorno. Es probable que la falta de inversión provenga, por un lado, de la falta de seguridad del negocio energético y, por otro, de la desconfianza en los pronósticos de desarrollo económico. En cualquier caso es claro que los inversores están presionando a los gobiernos para obtener mejores condiciones para su inversión con la amenaza del desabastecimiento.

referencias bibliográficas y documentales

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Honty, G. 2002: Energía, ambiente y desarrollo en el Mercosur. Montevideo, Editorial Coscoroba.

Honty, G.; Lobato, V. y Mattos, J.: Energía 2025: Escenarios Energéticos para el Mercosur. Montevideo, Editorial Coscoroba, 2005.

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OLADE, 2000: Informe energético de América Latina y el Caribe 1999 y prospectiva 2000–2020. Quito.

OLADE, 1996: Energía y Desarrollo Sustentable: una propuesta conceptual para América Latina y el Caribe. Quito, OLADE.
Procel, s/f.

UNFCCC, 2005: “Greenhouse Gas Emissions Data for 1990-2003 submitted to the UNFCCC”, Alemania, 2005.

los nuevos liderazgos políticos

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 20:08

prólogo

El Chile actual es una « producción del Chile dictatorial » sentencia T. Moulián en su libro « Chile actual: anatomía de un mito »  pero habría que agregar que, habida cuenta del tiempo de transición democrática transcurrido y de la persistencia del sistema económico y las políticas públicas neo-liberales que lo implementan, se trata ahora de una versión « remasterizada, aumentada y edulcorada » de aquel sistema capitalista neo-liberal desprovisto de controles que instaló “a sangre y fuego” el régimen dictatorial, poniendo en marcha un sistema económico-político que, parafraseando la clásica metáfora marxiana, comenzó siendo una tragedia, y ahora en su segunda parte, parece haber devenido una costosa farsa. 

Y decimos « sistema » o estructura sistémica neo-capitalista, para rechazar de antemano el uso masivo que se ha querido dar a la noción de « modelo »,  rasgo que dicha estructura no tiene. 

En este contexto, el proceso de mutaciones que experimentó el escenario político resulta una consecuencia del conjunto de transformaciones modernizadoras puestas en marcha en los últimos treinta años del siglo XX.  El marco de referencia estructural de estas reformas “liberalizadoras”, es la tendencia profunda que caracteriza a la evolución histórica de la sociedad chilena desde mediados del siglo XX, tendencia que se manifiesta en la forma de una transición gradual y prolongada desde una cultura  tradicional –que sería la predominante en Chile desde la colonia y el siglo XIX hasta mediados del siglo XX- hacia una cultura y una sociedad con rasgos modernos.

Manuel Luis Rodríguez U.  Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, primavera de 2005.

implosión de las grandes utopías
 y advenimiento de las ideologías light

Un segundo dato duro a retener durante este paso del siglo XX al XXI, es la implosión política, social y cultural de las grandes utopías ideológicas, de los « grandes relatos » que habían otorgado coherencia y sentido a la política de los siglos XIX y XX.  Uno de los efectos profundos de esta implosión de las « ideologías duras » parece  ser la correlativa dilución de los liderazgos basados en tales meta-relatos, de manera tal que las pertenencias ideológicas o político-ideológicas comienzan lentamente a dejar de ser el criterio fundamental y decisivo de selección de los líderes ciudadanos.  ( )

A la crisis de las utopías totalizadoras, se acompaña la crisis de la noción de « ciudadanía », característica de los procesos post-modernos que tienen lugar en la sociedad contemporánea. 

La ciudadanía había sido concebida históricamente como la condición política del individuo al interior del Estado moderno, en cuanto persona libre dotada de ciertos derechos y deberes.   La libertad del ciudadano estaba limitada por sus deberes y respaldada por los derechos que le confiere su propia condición y la del orden político a cuya construcción concurre.  

Pero, en las condiciones de un Estado nacional cuyas fronteras e instituciones entran en crisis -presionado tanto « desde arriba » por las entidades supranacionales e internacionales en un contexto de globalización, como « desde abajo » por los nuevos actores regionales y locales- la ciudadanía deja de ser una forma única y unívoca de « relación política » entre un individuo y una comunidad política, en la medida en que se manifiestan nuevas formas de relación y de adhesión entre ambas entidades.  Así, la ciudadanía parecería estar dejando de ser la forma principal como se expresa e institucionaliza la relación entre el individuo-ciudadano y el Estado o la nación, para dar paso a un proceso de retorno hacia ciertas identidades básicas, hacia otros universos simbólicos que permiten mejor hoy al sujeto disponer del sentimiento de pertenencia a una comunidad concreta, necesario para que ésta reciba su adhesión, lealtad y legitimidad.

En esta disolución de la ciudadanía política en la nebulosa de « otras ciudadanías » menos exigentes  y acaso más superficiales y sensitivas, el « ciudadano » deja de ser solamente un sujeto político  dotado de un estatuto jurídico determinado, para devenir también y sobre todo, « consumidor », « público objetivo » de estrategias comunicacionales y de marketing, adherente condicional y efímero de otras pertenencias. 

La condición ciudadana clásica había resultado demasiado exigente para los nuevos ciudadanos, quienes ahora buscan sentir y ofrecer adhesiones e integrar lealtades menos rigurosas, menos totalizadoras, que les permitan « estar con unos y otros » sin necesidad de sentirse inconsecuente o contradictorio consigo mismo y con su entorno social.   De paso, la conflictividad social y socio-política resulta conflictiva en sí misma dentro de esta nueva lógica, por cuanto el ciudadano se conformaría con reclamar su propia satisfacción, sus propios intereses y aspiraciones, postergando la dimensión social.

La toma de conciencia acerca de los derechos del ciudadano, lento proceso histórico que viene desde la época de la revolución francesa (1789) y la independencia americana (1776), ha venido a relativizar el valor de los deberes ciudadanos, en nombre de la primacía individual y colectiva de los derechos, de las libertades.   A los nuevos ciudadanos les agrada que les hablen de sus derechos y libertades, pero no desean oir sobre sus deberes y obligaciones sociales y políticas.
mercantilización de la política
Un tercer aspecto a considerar es el de la mercantilización formal y virtual de la escena política y de las prácticas políticas.  En efecto, los políticos dejan de ser políticos y gradualmente pasan a convertirse en productos. El espacio público deja de ser el ámbito privilegiado de debate ciudadano donde se discuten las agendas, para convertirse en el mercado real y virtual donde se ejecuta constantemente la compraventa de productos comunicacionales (imágenes, identidades corporativas, liderazgos, creencias soft, adhesiones, etc.).  La mercantilización de las  relaciones políticas y de la comunicación política  se acompaña de la mediatización de las prácticas y del discurso político.

Entonces, todo sucede como una secuencia  de « efectos de pantalla »: slogans e imágenes rápidas y, como las pertenencias ideológicas han  dejado de constreñir la conciencia individual del ciudadano-consumidor entonces puede elegir aquel liderazgo que mejor interpreta sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus aspiraciones y expectativas.

Hemos entrado a la « era de la política subjetiva », en la medida en que la época de la « política racional » parece estar concluyendo.  En este  contexto, los liderazgos deben responder a nuevas expectativas ciudadanas.  Hoy se parece tender hacia formas de liderazgos « situacionales »,  aquellos que dirigen en función del individuo y de la situación, de manera que una habilidad clave del líder debiera consistir en saber reconocer qué estilo utilizar según las diferentes circunstancias y desafíos.

Con la dilución de la « política de masas », propia de los dos siglos anteriores, entramos en la era del « ciudadano-consumidor » que ahora tiene la probabilidad de  relacionarse directa o virtualmente con los líderes y la clase política, sin necesidad de la « mediación » de otras instituciones del sistema representativo.  En la era del « ciudadano-consumidor » en curso, los liderazgos se configuran sobre la base de nuevas referencias en las que la representación política adquiere connotaciones distintas.  

Asistimos entonces a una personalización e individuación de las prácticas y  de las relaciones políticas, proceso que en sí mismo se multiplica ad-eternum… lo que favorece « la adopción de una concepción egocéntrica de  los problemas sociales en detrimento de una concepción social y además suscita apatía. » ( )

A su vez también cada hecho político se convierte en un evento, es decir, en un espectáculo organizado y planificado en función del impacto mediático que debe producir en los públicos-objetivos.

mediatización de la política y del discurso

La influencia de los medios de comunicación en la escena política es un tópico de larga data en las Ciencias Sociales del siglo XX y, en particular, hay una abundante literatura que relaciona críticamente la asociación entre marketing y política.  Desde los inicios del siglo XX, cuando la Escuela de Frankfurt subrayaba con pesimismo el desarrollo de la llamada “industria cultural”, las Ciencias Sociales contemporáneas, pasando por P. Bourdieu y su mordaz crítica a la “vacuidad creciente del discurso mediatizado”, o la metáfora de la “política como espectáculo” de Schwartzenberg y Guy Debord, o en el “Homo Videns” de Giovanni Sartori, donde afirma que “la televisión produce un efecto regresivo en la democracia”, la mayoría de las escuelas de pensamiento modernas analizaron bajo un prisma y un énfasis esencialmente negativo y crítico al binomio “marketing + política”.

Mas recientemente, a partir de algunas investigaciones de M. Scammell de la London School of Economics y otros investigadores, se re-argumenta la cuestión en el sentido que probablemente la relación entre “marketing y política” no sea tan negativa, simplista ni unívoca como ha sido analizada con anterioridad, en tanto en cuanto los usos intensivos de los medios y recursos audiovisuales, podrían servir como herramientas para volver a “re-encantar” a los ciudadanos desalentados de la participación política, y que en las formas personalizadas e individualistas de liderazgo y de práctica política, podrían potencialmente manifestarse nuevas modalidades, actitudes y conductas que permitirían un control ciudadano más efectivo sobre la clase política.

Desde esta perspectiva, la marketización de la política o más bien la politización del marketing, se orientaría a favorecer una relación más directa y cercana entre el líder y el ciudadano, por medio de los recursos de segmentación, informalización y focalización del discurso, con el propósito de  hacerlo más inteligible para los ciudadanos.

¿Y si lo que ocurre en realidad es que estos nuevos liderazgos políticos, aparentemente incomprensibles para los intelectuales y la clase política tradicional, están siendo el vehículo de expresión de segmentos ciudadanos despolitizados, desencantados, desocializados (y hasta desclasados!), que se sienten convocados en su universo simbólico por estas nuevas apelaciones a la movilización sectorial y grupal, por estas nuevas formas de creer en lo político?

Más que pretender ver solamente la mitad vacía del vaso de los partidos y liderazgos políticos tradicionales, probablemente habría que hacer un scanner sociológico y psico-social sobre esos públicos, que se sienten convocados por estas nuevas expresiones y formas de hacer política, lo que nos obligaría a comprender mejor la mitad llena del vaso de los públicos, las audiencias y los ciudadanos.

Lo que resulta evidente hoy es que la mediatización de la Política permite ahora el surgimiento de liderazgos más efímeros pero, a la vez, más persistentes dentro del cuerpo  social. Se ha escrito recientemente que « …la política suele asociarse con el espectáculo o un deporte… » ( ).  Esta  espectacularización del discurso y de la imagen política, va favoreciendo un gradual empobrecimiento de los términos de referencia del debate público y de la discusión política.   En efecto, la Política ha devenido una secuencia interminable de eventos.

Ante la ausencia o dilución de los « grandes relatos » explicativos, de las cosmovisiones referenciales o matriciales del pasado reciente, el discurso político en manos -o en boca- de los nuevos liderazgos que emergen, se « suaviza », se vuelve « soft », se superficializa, ya que lo que importa en la relación mediática entre el discurso del líder y los públicos-objetivos de los dispositivos comunicacionales, es la forma, la dimensión lúdica, el aspecto exterior, la sofisticación del decorado, la apariencia escénica, la presentación y la construcción de la imagen, la fuerza persuasiva de los recursos retóricos, más que la solidez o profundidad argumental de los contenidos. 

Segun esta lógica, mientras más habil, espontánea y persuasiva fuera la apariencia y la performance mediática del líder, más fácilmente estarían dadas las condiciones para que una apelación a los sentimientos, un recurso más o menos espontáneo a la emotividad del “individuo-ciudadano-consumidor”, produzca los resultados políticos buscados.   La “política-espectáculo” define y utiliza al ciudadano como espectador en un mercado pasivo, como un cliente expectante ante una “mercancía-política” o un “producto-candidato” bien preparado y adornado.  Todo es virtual, como el objeto ficticio que se crea en la mente del consumidor-ciudadano como resultado de la publicidad.

De acuerdo a esta perspectiva, los líderes políticos susceptibles de poder adquirir mayor « pregnance » o adhesión en la ciudadanía, serían aquellos cuya intuición y sentido práctico, se asocia con lo emocional y que, frente a la desconfianza ciudadana ante la racionalidad política,  aparecen revestidos de un estilo de mayor cercanía y capacidad de escucha con la gente.

Veamos el problema también no solo desde la perspectiva del “producto” que se les ofrece a los “ciudadanos-consumidores”, sino desde el punto de vista de estos propios individuos, de estos públicos. 

La cuestión no se reduce solamente al impacto –directo o retardado- de los “efectos de pantalla” ( ) que los dispositivos comunicacionales y de marketing político son capaces de desplegar para mantener, elevar, expandir y fortalecer la “imagen” del líder político actual; lo que importa analizar es que resulta cada vez más evidente que los públicos-objetivos prefieren esos efectos de pantalla, sofisticados, breves, de contenido en forma de slogan, que hacen referencia a los rasgos sensibles e incluso privados y domésticos del “líder” o del “candidato”, y no las viejas retóricas construidas mediante largos discursos, prolongados argumentos y programas políticos y de gobierno.

Y llevando la lógica del consumo hasta sus límites, será necesario reconocer que el ciudadano-consumidor, cada vez más consciente de sus derechos como consumidor, se siente cada vez más impulsado a exigir que la imagen del político se corresponda con la realidad del “producto-líder” que se le ofrece en el mercado de la Política.

En una sociedad que se mediatiza en todos los terrenos, el “espacio público” deja de ser la arena central y privilegiada del debate o el espacio de intercambio de discursos racionales (en la lógica de Habermas), para convertirse en un escenario fluido, simplista, veloz, donde se trata de capturar la imaginación y la subjetividad sensible de los votantes y los ciudadanos-consumidores, intentando recuperar las dimensiones emotivas del discurso y de las prácticas; y donde se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo elitista y lo popular. 

La comunicación política deviene entonces, un “complejo juego simplificado” de intersubjetividades que se encuentran y se comprenden mutuamente.  ( )

En este contexto socio-cultural emergente, necesariamente los nuevos liderazgos resultan potenciados por el hecho de que a estos nuevos  públicos, a estas nuevas audiencias les interesa menos el contenido de los programas políticos y se preocupan más de la integridad moral del candidato o del líder, de su coherencia y consecuencia de conductas, de su estilo de vida familiar  y de su cercanía con la cultura de los propios “electores-ciudadanos-consumidores”.  

No es que el “producto” tiene que ser inteligente o racionalmente eficaz; más bien tiene que ser atractivo, empático, afectuoso y afectivo, llano, cercano y alcanzable.

Esta tendencia resulta visible y evidente en las campañas electorales, aunque no solamente ocurre en ellas.  Escribe C. Crouch al respecto: “…aunque por supuesto las elecciones existan y pueden cambiar los gobiernos, el debate electoral público se limita a un espectáculo que está estrechamente controlado y gestionado por equipos rivales de profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que se centra solamente en una pequeña gama de  cuestiones escogidas por estos equipos.  La mayor parte de los ciudadanos desempeña un papel pasivo e incluso apático y responde únicamente a las señales que se le lanzan.  Más allá de este espectáculo del juego electoral, la política se desarrolla entre bambalinas…” ( )

emocionalidad, subjetividad,
femeneidad y liderazgo

¿En qué medida la femeneidad, como condición de algunos líderes, « juega » en el juego mediático y en la escena política, como un factor coadyuvante de este nuevo estilo de liderazgo?  Probablemente porque los rasgos emocionales, cotidianizados, subjetivos y prácticos que se aluden en estos liderazgos, se corresponden también en gran parte con la psicología femenina o con la dimensión femenina o sensible de la psicología humana.

Los enfoques de la llamada “inteligencia emocional” ( ) ponen el acento en contraponer los rasgos masculinos y los rasgos femeninos del liderazgo.  Así, mientras el liderazgo masculino pondría el acento en un estilo operativo competitivo y racional, a través de estructuras organizacionales jerárquicas y mediante un control detallado, estrategias operativas, actitudes no emocionales y razonamientos analíticos, el liderazgo femenino tendría un estilo operativo de cooperación, a través de estructuras organizacionales de equipo, con actitudes intuitivo-racionales y mediante  un menor control, el manejo de la empatía y la cooperación.    Este enfoque no deja de ser interesante para examinar el problema que nos ocupa.

En efecto, los componentes principales de la inteligencia emocional han sido definidos como el auto-conocimiento emocional o conciencia de uno mismo; el autocontrol emocional o autorregulación; la automotivación, el reconocimiento de las emociones ajenas o empatía; el desarrollo y despliegue de las relaciones  inter-personales o habilidades sociales.  Es a estas dimensiones de la subjetividad a las que se dirigen las nuevas retóricas y, como se puede apreciar, la racionalidad aparece como diluida o desprovista de connotación relevante.  Por lo tanto, lo que define a los individuos en su relación con los nuevos líderes y lo que permite a éstos lograr la adhesión de sus públicos, es precisamente la transversalidad del discurso, la sensación de ser escuchado en un clima de empatía, la entonación emotiva, la apología de la vida privada, el manejo del slogan y de las emociones.
 
Un aspecto importante de la nueva fenomenología del liderazgo político, es la constante y creciente apelación a la subjetividad individual.  La  apelación a la subjetividad, el recurso a la dimensión emocional del individuo, forma parte ahora del arsenal de herramientas mediáticas dirigidas a  asegurar la eficacia del discurso, en la perspectiva de lograr la proximidad y la adhesión de los ciudadanos.  

Este llamado cotidiano y  cotidianizado al individuo y a sus condiciones reales, fácticas, permite que el ciudadano aludido, se sienta llamado a encontrar en el liderazgo  una oportunidad de cercanía y calidez, la sensación de que se escuchan sus demandas y sobre todo, de que su natural crítica “al sistema, a los políticos o al gobierno” encuentra un eco que puede  llegar hasta las esferas del poder.

Si la modernidad es el reino del individuo, el retorno al individuo sucede ahora de la mano de liderazgos  capaces de articular el carisma -en  el sentido clásico weberiano- con una refinada « performance mediática » y una capacidad de empatía y proximidad con la vida cotidiana y las realidades concretas de los ciudadanos.

En el modo de producción capitalista y globalizado de los nuevos liderazgos post-modernos, las fuerzas productivas de la comunicación-información-imagen despliegan sus recursos de marketing y sus dispositivos comunicacionales, creando un mercado virtual-material de intercambio de percepciones, opiniones, identidades y pertenencias, en el que las relaciones de producción tienen por finalidad cautivar el universo simbólico y la sensibilidad subjetiva de los individuos-consumidores-ciudadanos. 

Escribe Marx en el capítulo II “El proceso del intercambio” del volumen I de “El Capital”: “Su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo: caso contrario no la llevaría al mercado. Posee valor de uso para otros. Para él, sólo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y, de tal modo, medio de cambio. De ahí que quiera enajenarla por una  mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga. Todas las mercancías son no-valores-de-uso para sus poseedores, valores de uso para sus no-poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso.” ( ). 

Si asumimos que en el proceso de producción comunicacional del liderazgo al que aludimos aquí, la imagen es la mercancía que se intercambia, podremos parafrasear esta cita marxiana en todos sus sentidos.

Así, la propia mercancía-imagen no tiene para el político ningún valor de uso directo: caso contrario no la llevaría al mercado de la política. Posee valor de uso para otros, es decir, para los públicos de ciudadanos-consumidores. Para el político o el líder, la imagen sólo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y, de tal modo, medio de cambio: “yo te vendo mi imagen y tu me das el poder…” De ahí que quiera enajenarla por una  mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga, es decir, el poder. Todas las mercancías-imagen son no-valores-de-uso para sus poseedores, valores de uso para sus no-poseedores. Por eso tienen todas que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio, y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías-imagen, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso por los ciudadanos electores.

En efecto, el valor de cambio de este complejo proceso cultural y político es la adhesión que otorgan los ciudadanos-consumidores y la imagen del líder es, a la vez, el capital político más cotizado, la mercancía sometida a precio más elevado y que se adquiere en un mercado altamente competitivo, imprevisible y cambiante.   Y la plusvalía final que resulta del manejo e intercambio de estos medios de producción mediático-corporativos es, en definitiva y como siempre, el poder.
referencias bibliográficas
y documentales

Augé, M.: Non-Lieux.  Introduction a une Anthropologie de la surmodernité.  Paris, 1992.  Seuil.

Certau, M.: L’invention du quotidien.  Paris, 1990.  Gallimard.

Chatelet, F., Duhamel, O., Pisier, E.: Histoire des Idées Politiques.  Paris, 1989.  P.U.F.

Crouch, C.: Post-Democracia. México, 2004.  Ed. Taurus.

Gauthier, G., Gosselin, A., Mouchon, J.: Comunicación y Política.  Barcelona, 1998.  Gedisa Editores.

Lefort, C.: Essais sur le politique.  Paris, 1986.  Ed. du Seuil.

Lijphart, A.: Las democracias contemporáneas.  Barcelona, 1987.  Ed. Ariel.

Marx, K.: El Capital. Tres vols. México, 1989.  Fondo de Cultura Económica.

Moulian, T.: Chile actual: anatomía de un mito.  Santiago, 2002.  LOM.

Quéré, L.: Penser la communication politique.  G.H. Mead – Habermas.  En la obra: L’interrogation démocratique. Paris, 1987.  Centre Georges Pompidou.

Veron, E.: Marketing y Política.  B. Aires, 2002. Eudeba.


 

incertidumbre y fluidez: tendencias y escenarios en america latina

Classé sous geopoliticas,hemisferio sur — paradygmes @ 19:40

prólogo


Este ensayo tiene por objeto examinar en forma esquemática, las principales tendencias que se manifiestan en la escena internacional de América Latina y en referencia a la posición de Chile en este contexto, desde una perspectiva multidisciplinaria mediante las categorías de análisis de la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales, la Geopolítica y la Teoría Estratégica.

Si hay dos conceptos que pueden sintetizar adecuadamente la escena política y geopolítica sudamericana para los años venideros, es decir, en el horizonte del corto y mediano plazo, son los de « incertidumbre » y de « fluidez ».

La noción de « incertidumbre » se refiere a la condición de imprevisibilidad general que parece dominar los comportamientos de los actores regionales latinoamericanos, ante la variabilidad de sus posturas políticas y geopolíticas; lo que es incierto, es aquello que no conocemos bien ni podemos precisar. Y la idea de « fluidez » expresa el carácter rapidamente cambiante que ha adquirido el escenario regional sudamericano, sobre todo desde el año 2000 en adelante; lo que es fluido, es aquello que se mueve y cambia de aspecto con rapidez.

La América Latina de la última década del siglo XX, ya no existe; vivimos hoy otro continente, otro espacio latinoamericano y sudamericano, con nuevos actores emergentes, con nuevas expectativas y visiones, con curso de acción menos previsibles; en general, formamos parte de un espacio mucho más complejo e indeterminado que a fines del siglo pasado.   Lo que dificulta la previsión y la prospectiva en este nuevo contexto, es precisamente la constatación de que las tendencias profundas que parecen manifestarse en América Latina, toman el curso impreciso e indeterminado del resto de los espacios geopolíticos mundiales, pero con un menor grado de conflictividad.

¿Qué América Latina nos espera en los próximos años?

Manuel Luis Rodríguez U., Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes,  otoño de 2006.
 

las tendencias dominantes en el actual período
 

Es posible constatar que a lo menos están operando en América Latina cuatro grandes tendencias, a saber:

1. Una tendencia o corriente favorable hacia la instalación de regímenes políticos populistas de signo nacionalista, como respuesta en cada caso a la crisis del sistema económico neoliberal y sus graves consecuencias sociales.

En efecto, el populismo nacionalista o de signo nacionalista, parece ser el rasgo distintivo que emerge en distintas naciones del continente. Se trata de populismos de distinto orígen histórico, vehiculizados por movimientos políticos y sociales de amplio y diverso espectro, que lograron romper –por abajo-  con los sistemas tradicionales de partidos políticos centralizados, rígidos y oligárquicos, y que han emergido desde las profundidades de crisis sociales prolongadas, en las que el hastío, la « bronca », la rabia, el cansancio definitivo ante las promesas incumplidas, han encontrado forma de canalizarse hacia el poder, a través de líderes carismáticos de amplia repercusión y protagonismo popular.

Estos populismos son portadores además, de un signo nacionalista, precisamente la respuesta nacionalista que nadie preveía mientras el mundo dominado por Occidente parece y parecía avanzar hacia el « horizonte luminoso » y triunfante de una globalización de signo capitalista; un nacionalismo que pretende rescatar los recursos naturales para los propios Estados evitando que se sigan beneficiando de ellos depredadores capitales extranjeros; un nacionalismo que pretende ejecutar políticas sociales más eficaces y directas en beneficio de los pobres y desheredados.

Mientras el mundo parece ir hacia la mundialización de los intercambios y la normalización del orden mundial bajo la « pax americana », en América Latina surgen múltiples esquemas nacional-populistas de respuesta alternativa al « modelo único », e intentando ensayar formas de mayor protagonismo económico del Estado en la recuperación de los recursos naturales propios, la preservación del medio ambiente y en las políticas sociales. Parece haber terminado la época de las políticas neo-liberales como panacea única e irrefutable, como receta indiscutible, precisamente porque las profundas desigualdades que produce y acentúa, desestabilizan a las democracias.

2. Una tendencia hacia la búsqueda de mayores niveles de autonomía en las políticas exteriores de los Estados sudamericanos, respecto de la política estadounidense hacia la región.

Las políticas exteriores en América del Sur no pueden y no podrán por mucho tiempo, evitar tomar en consideración el enorme peso económico, tecnológico, estratégico y geopolítico de los Estados Unidos.  El orden global ha entrado en una fase de hegemonía unipolar, no completamente aceptada pero que todavía no genera las reacciones de resistencia propias de la dominación imperial.   Al mismo tiempo que trata de instalarse y consolidarse la dominación imperial estadounidense, emergen actores internacionales y con capacidad global susceptibles de disputar la hegemonía americana en el mediano y largo plazo: la fase de redistribución de las hegemonías está en pleno desarrollo.

Pero, aun en este contexto de hegemonía uni-polar, muchas cancillerías sudamericanas intentan abrirse paso entre los intersticios de la dominación estadounidense, mediante la búsqueda de mayores grados de autonomía respecto a ésta y de articulación regional y subregional.  Lo que no está definido, es si la integración económica y política en América del Sur puede hacerse “a pesar” de los Estados Unidos o “con” los Estados Unidos. Mientras la actual Venezuela –teniendo detrás a Cuba- cree que hay que integrarse “a pesar” del gigante del Norte, otros actores como Chile, parecen creer que se puede generar integración con Estados Unidos.

Las políticas e instituciones de integración regional y subregional apuntan en esa dirección, pero ellas se enfrentan al embate de la política estadounidense que prefiere entenderse caso a caso con cada Estado sudamericano antes que negociar con estructuras regionales multinacionales.  El proyecto de unidad latinoamericana, de integración sudamericana, se enfrenta abierta o subrepticiamente con la tentativa de Estados Unidos de arrastrar a toda la región a un modelo de integración (tipo ALCA) basado en la apertura de mercados y el libre comercio…libre y abierto para los productos estadounidenses…

Pero además, se están configurando gradualmente en esta región nuevos ejes geopolíticos, respecto de los cuales Chile deberá definirse y posicionarse.

¿Hacia dónde va el Mercosur si se integran plenamente en él Bolivia, Perú y otras naciones, mientras Chile sigue vinculado casi desde los bordes exteriores de esta asociación? ¿Qué significado económico y geopolítico puede tener un nuevo eje energético entre Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia para las demandas energéticas de Chile, país en plena expansión y crecimiento? ¿Cómo se sitúa Chile en el cono sur de América, si se configura un eje geopolítico entre Bolivia y Perú a partir de sus nuevos gobiernos nacionalistas?

¿Es la integración regional y subregional la única política estratégica válida, para impedir el aislamiento de Chile en una escena sudamericana que no le aparece como propicia? ¿Es la alianza de Chile con Brasil, o incluso con Estados Unidos, como aliado extra-OTAN como ha sido sugerido, la mejor forma de contrapeso a los nuevos ejes geopolíticos que surgen a su alrededor?

3. Una tendencia hacia el mejoramiento gradual de las condiciones económicas de la región, de mayor inserción internacional en los mercados, pero en un contexto de creciente rivalidad hegemónica entre la potencia unipolar estadounidense y los nuevos polos de poder, Europa y China.

Paradójicamente, mientras América Latina parece entrar en una nueva fase geopolítica, las condiciones y las expectativas económicas futuras del continente parecen ser halagueñas. El futuro próximo en América del Sur será de economías que van a comenzar a salir de la depresión y a crecer, y de otras que van a insertarse internacionalmente en forma más o menos exitosa, mientras sus escenarios políticos producen una impresión de incertidumbre, de conflictividad y de inestabilidad hacia el mediano plazo.

Paradójicamente, América Latina puede devenir más estable en lo económico y más inestable en lo político, mientras el orden mundial se vuelve cada vez más imprevisible en un contexto de creciente rivalidad hegemónica entre Europa, China y Estados Unidos, por la dominación de mercados globales y zonas continentales del planeta.

4. Una tendencia hacia la crisis del modelo de Estado democrático-representativo post-dictaduras asociado a un esquema económico capitalista neo-liberal, generando desafección, apatía y descrédito cívicos, agravados por la acentuación de las desigualdades sociales, económicas y territoriales.

Todos los escenarios imaginables en el futuro próximo, no pueden olvidar que en general en la región latinoamericana asistimos a una crisis de estos Estados democráticos-representativos estrechamente asociados a políticas neo-liberales en lo económico y social.

Esta fue la herencia mas perniciosa dejada por las dictaduras militares ya pasadas en América del Sur: sistemas políticos regulados y vigilados por minorías y estructuras de facto, democracias formalmente democráticas, pero que llevaban en su seno, el virus fatal de la desigualdad social, de la corrupción y de la distribución asimétrica del poder.  Las dictaduras heredaron regímenes políticos en que las autoridades unipersonales siempre son más poderosas y tienen más atribuciones que las estructuras colegiadas o participativas.  ¿Qué ciudadanía digna y valedera puede realizarse en una estructura estatal secuestrada por oligarquías políticas, económicas y partidarias?

El Estado liberal y subsidiario con instituciones políticas representativas, articulado sobre la base de la centralidad del mercado y debilitado por las desigualdades sociales y económicas que el propio sistema produce, ya no puede resistir la desafección y el descrédito de los ciudadanos.

El mercado capitalista y sus desiguadades estructurales, económicas, sociales y territoriales, carcomen por abajo la estructura política e institucional del Estado, la debilitan y le quitan valor, sentido y eficacia a sus formas políticas representativas. ¿Qué sentido puede tener el voto -cada cuatro o cinco o seis años- en una democracia institucionalmente representativa, si ese voto político es ejercido por ciudadanos cesantes, con viviendas y salud precarias, en barrios marginales, excluídos de los beneficios del crecimiento y el desarrollo, mientras una clase política y empresarial, articulada como una estructura oligárquica dominante, ejerce lo esencial del poder y toma las decisiones fundamentales?

La exclusión social y las flagrantes desigualdades económicas son el más poderoso factor de debilitamiento de las instituciones democráticas y representativas.  No puede funcionar durablemente un Estado construído sobre la ficción jurídica de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, si esa ley la redactan y la aplican una minoría en el poder y si los ciudadanos –supuestos iguales jurídicos- solo ven desigualdad alrededor suyo y si los beneficios durables del desarrollo y del crecimiento, se concentran en la cúspide de la pirámide social, mientras en la base las mayorías reciben ocasionalmente y casi como dádivas, algunas escasas gotas del “chorreo”.

Es por eso, que allí donde las desigualdades sociales lograron romper la placa tectónica que constituyen las instituciones políticas representativas (Brasil con Collor de Melo, Argentina con De La Rua, Bolivia con Sanchez de Losada…) « todo salta por los aires » y las multitudes hambrientas salen a la calle exigiendo « que se vayan todos…! », asaltando supermercados, quemando vehículos, rompiendo vidrieras de bancos, personificando en la clase política y la clase empresarial más internacionalizada, a la forma visible y cercana de la causa de sus males.

¿Puede permanecer algún país sudamericano inmune a estas corrientes profundas que recorren el continente?
 

escenarios
 

A partir de las tendencias y variables analizadas, dos pueden ser los escenarios de horizonte en el mediano plazo y de mayor probabilidad de ocurrencia en nuestro continente sudamericano.

1. Un escenario tendencial de tendencia centrífuga, en que los Estados tenderán a la disociación y a generar formas de articulación que salgan de los límites de las estructuras internacionales y regionales actuales.  Es en esta perspectiva que es posible advertir la configuración de a lo menos dos ejes geo-políticos generales en la región sudamericana: un eje populista  y que podría denominarse un « eje atlántico » integrado por Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay y Paraguay, al cual se podría asociar Bolivia; y un « eje pacífico o andino » constituido alrededor de Chile, Peru, Ecuador y Colombia.  Ambos ejes no son mutuamente excluyentes, sino que presentan numerosas líneas de interdependencia.

Los Estados de mayor peso específico regional buscarán generar condiciones propias de una mejor y más ventajosa inserción internacional y en general, las estructuras de integración se verán afectadas y debilitadas por la creciente competencia intra-regional y por el resurgimiento de los conflictos territoriales y fronterizos pendientes desde el pasado.

2. Un escenario normativo de tendencia centrípeta, en que los Estados de la región tenderán en sus políticas exteriores hacia la articulación, la integración económica y física y la concertación de políticas.

En este escenario, América Latina verá el fortalecimiento de sus instituciones e instrumentos regionales y subregionales de integración y concertación, tendiendo a la regulación diplomática y política de los conflictos pendientes y hacia el fortalecimiento de la presencia y protagonismo internacional de la región en el mundo.

las transiciones democráticas – elementos para un análisis crítico

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 19:15

 

prologo
Desde finales de los setenta, en el cono sur de América Latina se comenzó a hablar de transiciones a la democracia. La emergencia y la crisis de las dictaduras militares, así como su reemplazo por gobiernos civiles, generó toda una discusión académica en torno a las vías y los mecanismos de reconstitución de la legalidad perdida durante los años de la hegemonía  militar. En un primer momento, la noción de transición democrática  significó el reestablecimiento de mecanismos institucionales  y legales que hicieran factible la instauración de una  democracia política, la cual debería estar fundada en  un sistema de partidos, que diera legitimidad al sistema  político emergente.

Se trataba de establecer un orden  jurídico político que posibilitara la  reconstitución del sistema de partidos como eje gestor de la transición hacia la democracia.

La reconstitución del sistema político y la creación de un sistema de partidos que fuese lo suficientemente estable y legítimo ocuparon la atención no sólo de los actores sociales y políticos comprometidos con la transición, sino de muchos cientistas sociales y políticos, que pretendían, esta vez  sí, decir la última palabra sobre el eterno problema de la democracia. Una vez agotadas las discusiones en torno a la reconstitución de la democracia política y estando ya en vigencia las instituciones básicas para que ésta se hiciera efectiva, la cuestión de la transición siguió siendo un problema sin resolver. Se cayó en la cuenta de que no era suficiente reconstituir el sistema de partidos y hacer mínimamente efectiva una praxis política anclada en el liberalismo, sino que ésta era sólo una de las dimensiones de la transición, la más urgente quizás, pero no la única ni la más importante.

Lo que se comenzó a percibir ya desde principios de los ochenta era que en América Latina se estaba operando un profundo cambio de su matriz socioeconómica, es decir, el paso de una « matriz Estado céntrica » -caracterizada por un relativo  equilibrio entre la economía y la política a través del Estado- a otra “mercado- céntrica” en la que predominaría el mercado y en la cual el Estado perdería la centralidad que antaño lo caracterizó como eje articulador de la economía y la política.        

En este sentido, las transiciones democráticas que aquí estudiaremos,  constituirían sólo un aspecto, una dimensión particular, de una transición más global y de más largo aliento, transición que implicaría el reemplazo de una matriz socioeconómica por otra y en la que se insertan las actuales tendencias a la mundialización y la globalización.

Es posible partir de la hipótesis de que la matriz Estado céntrica, se habría agotado como eje articulador del desarrollo económico y social. Sus mejores momentos se habrían producido cuando -tras el colapso de los regímenes oligárquicos en la primera mitad del siglo XX- logró impulsar, a nivel económico, un proceso de industrialización sin precedentes en América Latina y, a nivel político, la organización de los diversos sectores populares como actores políticos subordinados al Estado.

 El ascenso de los militares al poder en la década de los setenta, proceso que como se verá más adelante,  se inició en Brasil en 1965, constituye un signo inequívoco de las contradicciones políticas y económicas que se gestaron en el seno de esta matriz socioeconómica de dominación.  El modelo de industrialización y de sustitución de importaciones terminó revelando sus deficiencias estructurales más profundas, deficiencias que se tradujeron en costos sociales, los cuales debieron ser asumidos por unos sectores populares cada vez más insatisfechos y conscientes de su potencial organizativo y movilizador.   En la década de los sesenta, cuando el Estado y el sistema político democrático tradicional se volvieron incapaces de controlar las demandas sociales, de encapsular los conflictos sociales y políticos, de conciliar las exigencias del modelo económico con las demandas de estos sectores populares, los militares decidieron « restaurar el orden », estableciendo un “Estado burocrático autoritario”.       

 Esta restauración conservadora del orden supuso para los militares no sólo la desarticulación de las organizaciones populares, sino la abolición de todos los mecanismos legales e institucionales que posibilitaran la participación de la sociedad civil en la vida política. Es un retorno a la política del siglo XIX. ( ) Pero también supuso la restauración de los mecanismos del mercado como elemento desencadenante del desarrollo económico, ya fuese en la ruta del « reequilibrio económico » (Chile, México, Colombia) o ya fuese en la ruta del « ajuste caótico » (Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil).

      Fue en el terreno económico que los militares se creyeron anotar sus mejores logros. Evitaron, temporalmente, el colapso económico de la vieja matriz socioeconómica, pero eliminando uno de sus supuestos básicos de funcionamiento: la participación política de la sociedad civil.

 La crisis de las dictaduras en la década de los ochenta, obedeció más que a su fracaso en la gestión económica o a la movilización de la sociedad civil, a la insostenibilidad del modelo socioeconómico, en el cual los militares insertaron su proyecto. Estos, en efecto, inscribieron su proyecto de desarrollo económico en el marco de la vieja matriz, es decir, pretendieron potenciar al mercado desde el Estado, pero para debilitarlo y « reducirlo ». Es así como no lograron evitar la contradicción entre el mercado y el Estado, contradicción que habría llevado al colapso de los regímenes populistas, con el agravante de que el fortalecimiento del Estado pretendido por los militares, se hacía sin el soporte de la movilización popular, que habría servido a aquellos como instrumento para controlar las demandas empresariales. ( )

               La potenciación de las fuerzas del mercado, animada por el Estado burocrático autoritario, generó dinamismos económicos y políticos que hacían cada vez más innecesaria la presencia de un Estado fuerte o autoritario, al estilo del implantado por las dictaduras militares. Políticamente, los sectores populares no constituían ya una amenaza real ni para los empresarios capitalistas ni para los militares.

 Dos décadas de terror y represión institucionalizados habrían acabado con el potencial de movilización popular, generado por el anterior Estado populista, pero además habrían clausurado toda una cultura política anterior, que se guiaba por los patrones cívicos de la participación, el debate pluralista, el compromiso ciudadano y el respeto a la diversidad. Económicamente, el mercado había generado unos dinamismos no sólo en el interior de las economías nacionales, sino en relación a un orden económico internacional cada vez más globalizado, haciendo necesario redefinir las funciones del Estado en la economía. Fue en este contexto que las élites empresariales y militares menos reacias al cambio político-social -los civiles « blandos » y los militares « blandos »- decidieron pactar la transición de los años ochenta. Es decir, decidieron pactar el recambio de los militares por civiles en la gestión del poder político, pero a condición que el sistema político y la nueva matriz económica impuesta, no resulten alterados.

 Así se iniciaron las transiciones democráticas en América Latina.

Este ensayo, en la forma de Apunte de Clases presenta un análisis politológico de los procesos de transición hacia y desde la democracia.   Ciertas corrientes politológicas modernas hablan de “transitología” para referirse conceptualmente al estudio y análisis de los procesos políticos e institucionales mediante los cuales los sistemas pasan de un régimen autoritario o totalitario a un régimen democrático. 

Para ser exactos y rigurosos además, este tópico de las Ciencias Políticas debiera también examinar el “tránsito al revés”, es decir, la crisis y derrumbe de las democracias y el advenimiento de los regímenes autoritarios.   Este ensayo examina ambas grandes opciones de transición.

Los contenidos de este apunte se sitúan en el marco de la cátedra de Regímenes Políticos en la carrera de Ciencia Política de la Universidad ARCIS, sede Magallanes.
Punta Arenas, agosto de 2004.

 
los procesos de transicion: elementos para un marco teórico
 El tópico de las transiciones constituye un campo nuevo en la Ciencia Política, en la medida en que solo durante la segunda mitad del siglo XX se comenzó a prestar atención a ciertos procesos políticos de cambio.

 En términos generales se puede definir los procesos de transición como una secuencia de eventos políticos e institucionales que generan un cambio desde un régimen político a otro, a lo largo de un período variable de tiempo. ( )
Tipología
y categorías de análisis
 Las transiciones pueden ser analizadas desde varios puntos de vista.  Aquí hemos elegido un enfoque estructural  en el que se establece la relación con el régimen de origen y el régimen resultante; según este criterio, pueden clasificarse en transiciones hacia la democracia  y las transiciones desde la democracia.

 Las categorías de análisis politológico fundamentales que permiten comprender los procesos de transición son las siguientes:

a) la problemática de la gobernabilidad y estabilidad del sistema político, entendida como la suma de condiciones estructurales y funcionales que facilitan, aceleran, frenan o dificultan el proceso de cambio; en este sentido, todo escenario de cambio transicional debe ser comprendido como un escenario en el que se han de manifestar determinados grados de inestabilidad e ingobernabilidad, dependiendo de los actores políticos y del sistema, la capacidad para disminuir dichos márgenes de fluidez;
b) la cuestión de las inercias y resistencias que las estructuras institucionales instaladas en el sistema ofrecen a los cambios; aquí aparece relacionada la cuestión de la polarización de las arenas y de los actores, de manera que a una mayor polarización del cuadro político, mayores son las posibilidades que el sistema tienda a resistir al cambio, bajo la retórica que presenta la dualidad “orden- anarquía” como irreductible;  ( )
c) las crisis políticas e institucionales, como el o los escenarios en los cuales se producen los cambios que conducen hacia una transición;  toda transición hacia o desde la democracia tiene lugar en un contexto que se inicia o que incluye una o varias fases de crisis política e institucional; desde la perspectiva del estudio de las crisis, los cambios transicionales pueden ser comprendidos como coyunturas fluidas, en las que la secuencia de eventos sigue una trayectoria que se inicia con una fase de dispersión de los actores y de las arenas, continúa después con una fase de ingobernabilidad, en las que el sistema muestra cada vez mas indicios de incapacidad para resolver los conflictos que lo atraviesan; y finalmente se manifiesta una fase de rearticulación y resolución, en la que se reconfigura la correlación de fuerzas y emergen las nuevas instituciones y hegemonías;
d) el tempo y trayectoria del proceso de transición, entendidos como una secuencia de eventos políticos e institucionales cuyo ritmo es único e irrepetible; el proceso transicional impone un tempo al conjunto del proceso político, tendiendo a acelerar ciertas coyunturas o a retardar otras etapas, lo que constituye -en la realidad- la tensión existente de fuerzas que significa la lucha política entre las fuerzas conservadoras del sistema y las fuerzas transformadoras o del cambio. ( )

El punto de partida es el régimen político existente el cual se encuentra sometido a un escenario de presión social y de polarización política.

 Un determinado factor desencadenante, genera a continuación un escenario de crisis política e institucional, en el curso de la cual se pone de manifiesto tanto que la ciudadanía o la mayoría ciudadana se niega a seguir siendo gobernada como hasta ahora, mientras el gobierno o el régimen resultan cada vez más incapaces de seguir gobernando como hasta ahora.

  A partir de esta crisis se produce una fase de inestabilidad e ingobernabilidad, en la que se manifiesta una dispersión de los actores políticos, al mismo tiempo que el régimen político aparece como incapaz de otorgar gobernabilidad al sistema.  Hay además una crisis de credibilidad en el régimen político dominante, el cual no solo es rechazado por una parte de la ciudadanía, sino que además comienza a perder el respaldo social, político y cultural que recibía hasta entonces. 
Esta es acaso el rasgo cultural, ideológico y comunicacional más significativo que manifiestan estas coyunturas fluidas: la pérdida de cohesión política producida por la polarización de los actores, se acompaña con el creciente clima de descrédito y deslegitimación del sistema y sus virtudes, no solo entre la ciudadanía indiferente sino también entre los propios actores y los defensores de éste.
 
 La fase de inestabilidad e ingobernabilidad que se inicia con la crisis política e institucional, se caracteriza por la fluidez de las relaciones políticas entre los actores principales del sistema, por la dispersión que manifiestan estos actores y sus alianzas y por la posibilidad de que el conjunto de la crisis, pueda tener como una salida alternativa la disolución completa o el quiebre definitivo del sistema en los términos y normas como ha estado funcionando hasta el presente.

 Esta “salida intermedia” puede darse a lo largo de todo el escenario de crisis, salvo que la reconfiguración de la correlación de fuerzas pueda generar polos de poder y de hegemonía suficientemente fuertes, como para frenar la tendencia disociadora y reconstruir ejes de dominación que aseguren la implantación de nuevas arenas e instituciones.

La rearticulación de las fuerzas políticas y los nuevos consensos alrededor de nuevos factores de poder, conducen a una reconfiguración de la correlación de fuerzas, en términos tales que las fuerzas que inducen hacia el cambio prevalecen sobre las fuerzas que sustentan la mantención o preservación del régimen existente.

 Esta rearticulación de fuerzas y los nuevos consensos, van a conducir a la gradual o brusca implantación de las nuevas instituciones en las que se plasma el nuevo poder dominante y la nueva correlación de fuerzas.

 Las nuevas instituciones dan forma a un nuevo régimen político.

 En general, los procesos de transición de un régimen político a otro, aparecen con semejanzas con los escenarios de crisis, porque muy frecuentemente el tránsito desde un tipo de régimen político a otro, se manifiesta en el contexto de una crisis política o de una secuencia de crisis políticas e institucionales.  Dos de las diferencias mayores que es posible identificar entre ambos fenómenos reside en la duración en el tiempo de estas coyunturas fluidas y en el tempo  durante el cual se produce la implantación de las nuevas instituciones. ( )

 Ciertamente, esta descripción no da cuenta suficientemente de los grados de violencia implícitos en el proceso de tránsito, así como tampoco hacen referencia a los tiempos de la transición.

 Aquí cabría anotar que los fenómenos revolucionarios, las revoluciones, constituyen también una modalidad específica de transición desde un régimen político a otro.

 En efecto, las revoluciones –algunas de las cuales pueden ser consideradas como paradigmáticas, como la revolución americana de 1776, la revolución francesa de 1789, la revolución bolchevique de 1917, la revolución mejicana de 1917, entre otras- constituyen formas históricas específicas a través de las cuales un sistema político transita hacia otro sistema de ordenamiento, en las que han existido un importante ingrediente de violencia, en la forma de guerras civiles y de guerras exteriores.  Una revolución es históricamente la forma más aguda y extrema de utilización de la violencia como herramienta política para obtener el cambio de régimen y sistema político.

 Cualquiera de las etapas o fases de la transición aquí señaladas, puede tener una duración variable en el tiempo, dependiendo de la intensidad del conflicto político y social, de la envergadura de las fuerzas que impulsan el cambio como de la resistencia e inercia que ofrecen las instituciones y fuerzas del régimen anterior.

 

las transiciones hacia la democracia: de un régimen autocrático a un régimen democrático 

 
Tipología de los regímenes autocráticos
El punto de partida institucional de las transiciones democráticas, son ciertos regímenes políticos no-democráticos: se trata de los llamados regímenes autocráticos.

Dentro de los regímenes autocráticos se distinguen generalmente dos tipos de regímenes:

a) los regímenes totalitarios; y
b) los regímenes autoritarios.
Los regímenes totalitarios
Los regímenes totalitarios se caracterizan por:

a) la existencia de una ideología estatal única y omnicomprensiva;
b) la existencia de un partido político único y excluyente que domina todo el sistema político, toda la estructura social, económica y la cultura;
c) la organización y movilización permanente de la sociedad civil, para los fines del régimen;
d) la utilización de técnicas de propaganda mediante el control y uso exclusivo y excluyente de los medios de comunicación social;
e) la existencia de un aparato represivo del Estado sobre la sociedad que ejerce un control completo sobre los individuos; y
f) la utilización instrumental de la ciencia, la educación, la tecnología y la investigación, como instrumentos de perpetuación del régimen.

En síntesis, los regímenes totalitarios se distinguen por la concentración del poder en el Estado, el partido único y la ideología totalizante, los cuales operan interrelacionados entre sí.

Desde el punto de vista del partido único en el poder y en el Estado, sus funciones principales son desarrollar la politización de las masas, incorporar a éstas en los procesos políticos, desarrollar activos procesos de concientización  y formar la elite dirigente. ( )
Los regímenes autoritarios
 A su vez, los regímenes autoritarios presentan las siguientes características:

a) la existencia de una ideología justificadora, elaborada por una elite militar o burocrático-militar;
b) la ausencia de partido único, el cual es reemplazado por una o varias instituciones militares entre las cuales se configura un “bloque de poder” dominante  y único;
c) la existencia de un aparato represivo y policial de vigilancia y control sobre los individuos, que estigmatiza, frena y/o dificulta el desarrollo de tendencias opositoras;
d) la existencia de un líder carismático, a la vez lider militar y lider político, sobre el cual reposa la concentración del poder del Estado y de quién depende toda la estructura de poder;
e) la desmovilización y desorganización de la sociedad civil; y
f) la asociación más o menos estrecha entre la casta militar, una elite burocrática que desempeña funciones asesoras y de respaldo político e ideológico, y una elite profesional que controla los medios de comunicación.

Los regímenes autoritarios a su vez, se dividen en dos formas o modalidades:

a) los regímenes autoritarios de tipo burocrático-militar;
b) los regímenes autoritarios estatistas orgánicos; y
c) los regímenes autoritarios de predominio racial.

Los regímenes autoritarios de tipo militar-burocrático se definen porque constituyen una fuerte alianza y un núcleo de poder entre las fuerzas armadas, la elite burocrática y la clase empresarial.

Aquí, la lógica con la que funcionan estos regímenes es aglutinarse en torno a  un líder militar o una dirigencia militar, respaldado institucionalmente por las instituciones militares, por el empresariado que impone sus reglas al proceso económico y el funcionariado de la Administración que desempeña las tareas asesoras.

Estas dictaduras militares o burocrático-militares pueden organizar la cúpula de poder bajo dos modalidades:  un gobernante unipersonal o una “junta” o alianza de altos mandos castrenses, en ambos casos de duración indefinida en el tiempo, incluso considerando los reacomodos y modificaciones que puedan producirse en las correlaciones de fuerzas político-militares al interior del régimen.  ( )

Una de las formas específicas de regímenes autoritarios burocrático-militares son las llamadas “dictaduras militares de seguridad nacional”, que se establecieron en los últimos treinta años del siglo XX en América Latina y en Turquía siguiendo los principios inspiradores de una ideología de origen estadounidense.

Una vez comprendido el conjunto de los sistemas políticos en función de los cuales se producen las transiciones de régimen, analicemos precisamente dichas transiciones.

Los procesos de transición a la democracia constituyen un tópico relevante para el conocimiento de los sistemas políticos y sus especificidades.  En particular, su definición teórica requiere de un conjunto de categorías de análisis que aquí abordaremos en detalle.
El concepto
de transición democrática
No existen las recetas en materia de transición a la democracia.

Se define por la Ciencia Política moderna una transición democrática o transición a la democracia, como un proceso político e institucional complejo y ritmado a través del cual un sistema político transita desde un régimen autocrático hacia la instauración de un régimen democrático.

Se trata entonces de entender que se trata de un proceso, es decir, de una secuencia temporal de operaciones políticas e institucionales, mediante las que un determinado sistema político evoluciona, desde una forma de régimen político y de gobierno hacia otra.

Una primera atención debemos poner entonces en el régimen político-institucional que sirve de punto de partida de la transición.  En los casos de América Latina durante las décadas de los ochenta y noventa, se trataba de regímenes autoritarios de dictadura burocrático-militares, mientras que en los países de Europa oriental se trataba de regímenes totalitarios de inspiración comunista.

Ambos regímenes políticos presentaban diferencias sustantivas, como para poder establecer similitudes intelectualmente suficientes.

Un segundo objeto de atención deben ser los procesos mismos de transición y, en particular, la modalidad legal y extralegal de traspaso de los órganos fundamentales de poder desde la dictadura anterior al nuevo régimen democrático e incluso, los grados de violencia social y política implícitos en dicho proceso.  ( )   En este aspecto, cabe subrayar la importancia del hecho político e institucional que da inicio al proceso de transición –que podemos denominar el “hecho desencadenante” de la transición- ya que es precisamente este acontecimiento el que determina la forma y la trayectoria del resto del proceso.  ( )

En general se entiende –visto el proceso desde la perspectiva del sistema político en funcionamiento- que una transición de un régimen a otro, se debe políticamente a la creciente incapacidad del régimen dominante para seguir gobernando en las mismas condiciones como ha venido haciéndolo hasta el presente, y a la percepción cada vez más mayoritaria de los ciudadanos, de que no aceptan seguir siendo gobernados como hasta el presente.

Los sistemas políticos generan transiciones cuando se reúnen determinadas condiciones políticas, institucionales y socio-económicas, cuya conjunción hace posible que los regímenes en ellos instalados, opten por dejar paso a tendencias hacia el cambio, antes que perdurar inmóviles.  Desde una perspectiva dinámica, las transiciones a la democracia, como cualquier transición de régimen político, son procesos de cambio más o menos extensos en el tiempo, de una mayor o menor intensidad y velocidad, en los que las tendencias que empujan hacia el cambio, predominan durante un período más o menos prolongado de tiempo –precisamente el tiempo de la transición- sobre las tendencias al inmovilismo o a la conservación del sistema.

Hay un punto en el tiempo y en el espacio político en que la incapacidad para seguir gobernando se encuentra con la resistencia ciudadana.

Es en este punto donde se produce un “hecho desencadenante” que da el impulso inicial al proceso de transición.  Muchos de los pasos o momentos que transcurren en la transición democrática, presentan rasgos similares a los procesos de crisis política. ( )
El punto de partida de la transición:
un hecho desencadenante
Observemos más en detalle este acontecimiento.

El proceso de tránsito se origina en una decisión política que puede provenir del propio poder o de la presión insostenible de la ciudadanía.  En el primer caso, hablamos de una transición endógena originada en el poder, mientras que en el segundo caso es una transición endógena por presión social. 

Esta diferencia conceptual aparentemente teórica, tiene suma importancia a la hora de la legitimación de las instituciones anteriores establecidas por la dictadura: las transiciones originadas en el poder (como es el caso de la dictadura brasileña o chilena, española o griega), se desarrollan al interior de las instituciones que la dictadura ha dejado implantadas, es decir, se trata de procesos institucionalizados de transición democrática.  ( )

En cambio las transiciones democráticas originadas en la presión social y política de los ciudadanos, tiende generalmente a producir un derrumbe de las instituciones fundamentales de la dictadura anterior, de manera que la transición en estos casos ( ), consiste precisamente en el proceso de sustitución de las anteriores instituciones y reglas jurídicas dictatoriales por las nuevas instituciones y normas democráticas.

El “resultado democrático” en ambos tipos de procesos es diferente.

Cuando la transición se desencadena a causa de un hecho político exterior al sistema político: una invasión militar o una guerra, estamos hablando de una transición exógena.  En este caso, la invasión o la guerra y sus resultados en el campo de batalla, produce por un lado la desafección en torno a la elite dictatorial gobernante, el descrédito y la creciente repulsa ciudadana, y por el otro, genera una crisis de gobernabilidad y de cohesión al interior de dicha elite, abriéndose paso la perspectiva de transitar a la democracia.
La trayectoria de la transición
 La Ciencia Política no ha elaborado “recetas” ortodoxas ni siquiera “heterodoxas” acerca de la trayectoria típica de los procesos de transición.  El gráfico presentado más arriba describe la trayectoria más plausible que siguen todos los procesos de cambio de régimen político, pero el tempo de cada etapa o momento es siempre variable y casi imprevisible.  Del mismo modo, el componente de  violencia social y política puede ejercer un rol de acelerador o retardador de cada fase o momento del proceso. ( )

Los actores del proceso
 La dinámica de las transiciones viene dada por el complejo juego de los actores insertos en distintas arenas o escenarios políticos e institucionales, y por coyunturas en las que el comportamiento de un actor determina y produce el comportamiento de los demás actores.  

Las decisiones institucionales más relevantes, mientras tanto, generan cambios en la escena política, al producir movimientos, retóricas y gesticulaciones de los demás actores.

En este juego complejo y fluido, los actores relevantes son siempre el Gobierno, las fuerzas políticas opositoras que encabezan el movimiento opositor, las Fuerzas Armadas, algunos actores morales, los medios de comunicación y en ciertas coyunturas algunos actores internacionales.  Los roles que pueden cumplir cada uno de estos actores, pueden ir  -en un continuum siempre cambiante y fluido- desde el apoyo irrestricto al sistema de dominación en el cual funcionan y se benefician, hasta la franca rebeldía y oposición, pasando por diversas funciones mediadoras, amortiguadoras del conflicto o de indiferencia expectante a la espera que el conflicto principal se resuelva.
La naturaleza política
del proceso de transición
Desde el punto de vista del contenido político mismo y de su carácter, los procesos de transición se dividen básicamente en transiciones forzadas y en transiciones pactadas.

Las transiciones forzadas son aquellas que hemos definido como originadas en la presión social ciudadana o en algún hecho desencadenante exterior al sistema, que obliga al régimen gobernante a modificar y acelerar su itinerario y el traspaso.  Aquí generalmente hay derrumbe de la dictadura.

Las transiciones pactadas son aquellas en las que el escenario político general ha cambiado como consecuencia de un hecho desencadenante, obligando al régimen a cambiar su itinerario o a mantenerlo, pero en un contexto en el que el traspaso del poder se pacta entre las fuerzas políticas existentes, a fin de impedir o frenar la posibilidad de un quiebre institucional o con el propósito de que el régimen en el poder logre preservar las instituciones fundamentales del sistema.  Son, por ejemplo, los casos de las transiciones en Chile, Uruguay, Brasil y Turquía.

 Aquí no hay derrumbe, hay solo traspaso de los órganos fundamentales del poder, quedando la institucionalidad prácticamente intacta en los primeros tiempos de la transición.  Ese traspaso también puede presentar rasgos simbólicos de continuidad y permanencia, y producir señales e imágenes que hacen percibir a la ciudadanía que el cambio ha sido solo de actores, de figuras, de nombres, mientras que las instituciones son las mismas.  La transición así puede resultar interminable porque lo que se percibe es la continuidad de las estructuras de poder, mientras que los cambios se estiman formales, superficiales o casi imperceptibles.
El punto de llegada
de la transición
 El punto de llegada de toda transición puede ser un nuevo sistema político, resultante de una profunda crisis anterior, o un nuevo régimen político, resultante de una nueva correlación de fuerzas.  En ambos casos, lo esencial es que la nueva articulación de los poderes e instituciones, obedece a un nuevo clima político y a un nuevo escenario en el que las fuerzas actuantes se orientan por intereses distintos, aunque coincidentes en el propósito fundamental de lograr la estabilidad del nuevo sistema.

 El punto de llegada de la transición no es un punto de termino, no es un instante cronológicamente situado en la trayectoria del proceso, sino que se manifiesta en que todos los actores políticos actuantes –o la mayoría de ellos- reconocen más o menos explícitamente que el nuevo sistema o el régimen político instalado, satisface suficientemente sus intereses,  expectativas y demandas.

 De allí la importancia que tiene para la gobernabilidad y sustentabilidad futura del nuevo ordenamiento, que este cuente con elevados grados de legitimación otorgada por el consenso de las fuerzas políticas principales.

 La transición está terminada cuando todos los actores políticos e institucionales acuden a un diagnóstico común y compartido de que está concluida y de que el sistema instalado responde a las expectativas de todos o de la mayoría de los ciudadanos.
LAS TRANSICIONES DESDE LA DEMOCRACIA:
DE UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO
A UN RÉGIMEN AUTOCRÁTICO
El “camino a la inversa”, también debe ser estudiado y comprendido.

¿Cómo pasa un sistema político determinado desde un régimen democrático a uno no-democrático?

Los procesos de transición que van desde las democracias hacia formas autocráticas de poder y de gobierno, están relacionados directamente con factores internos –entre los cuales la ingobernabilidad y la polarización social y política son algunos de los más decisivos- como también por la influencia de factores externos.

El derrumbe de las democracias se origina principalmente por la existencia de un prolongado escenario de crisis de gobernabilidad, por la creciente e irreductible polarización social y política, y por el descrédito y deslegitimación de las instituciones democráticas.

La intervención de los militares en la escena política no es más que un ingrediente adicional del proceso de derrumbe de las democracias. Hobsbawm escribe al respecto: “En la segunda mitad del siglo, mientras el equilibrio de las superpotencias parecía estabilizar las fronteras y, en menor medida, los regímenes, los hombres de armas entraron en forma cada vez más habitual en política…” ( )

 De acuerdo con la tipología propuesta por el cientista político Samuel Huntington, el siglo XX asistió a tres oleadas democratizadoras, las cuales fueron seguidas por períodos en los que dichas democracias se derrumbaron dando paso a regímenes autocráticos de distinto tipo.  Así, mientras las oleadas democratizadoras se situaron alrededor de los años veinte, después de la segunda guerra mundial y en los años ochenta, los períodos autoritarios se sitúan en las décadas de los treinta y en los setenta.

 Nos interesa examinar aquí la oleada de dictaduras que se implanta en el mundo subdesarrollado desde fines de los sesenta y durante la década de los setenta.

 Dos  fenómenos históricos mayores permiten comprender el advenimiento de una oleada de dictaduras y regímenes autocráticos a fines de la década de los sesenta y durante la década de los setenta en el mundo: los procesos de modernización que comenzaban a experimentar numerosas sociedades del Tercer Mundo y el conflicto global que oponía a Estados Unidos y la unión Soviética denominado “guerra fría”.

 Numerosos países del Tercer Mundo de Asia, Africa y América Latina avanzaban en la década de los sesenta en esfuerzos de modernización en sus estructuras económicas (industrialización, migración masiva del campo a la ciudad) y se encontraban en los comienzos de una transición demográfica, cuyos efectos alcanzan hasta el presente.

 En América Latina el acceso creciente a la educación y a las universidades de los sectores medios y pobres, producía como efecto una toma de conciencia de las flagrantes desigualdades sociales y económicas, de la pobreza, el subdesarrollo y el atraso en que vivían estas sociedades.

 Las fuerzas políticas del sistema dominante (conservadores, liberales) resultaban cada vez más incapaces para responder a la presión social por cambios, mientras las fuerzas políticas contrarias o anti-sistemas proclamaban la necesidad y urgencia de pasar a nuevas formas de poder y de organización de la economía y el Estado.  La mayoría de los ciudadanos demandaban cambios y cambios profundos, estructurales.

A partir del ejemplo de la Revolución Cubana en 1959, se instala ideológicamente en América Latina el dilema político fundamental que dividiría a las sociedades latinoamericanas:  “capitalismo o socialismo”.

¿Cómo reaccionó el sistema de dominación a este dilema?

Con mayor control, vigilancia y represión social, y con un creciente protagonismo de los militares en el sistema político.

La oleada de golpes militares se inauguró en Brasil en 1964 con el derrocamiento de Joao Goulart y la instalación de una “dictadura de seguridad militar”.  Le seguirían Uruguay y Chile en 1973,  Ecuador en 1975 y Argentina en 1976: en menos de diez años se habían derrumbado las democracias más antiguas del continente latinoamericano. 

Desde la perspectiva de la Ciencia Política, un golpe militar o un golpe de Estado, constituyen complejas operaciones político-militares en las que las fuerzas militares institucionalizadas, se apoderan de los órganos fundamentales del poder del Estado, en cuanto portadores de un proyecto político.

Como operación político-militar, el golpe de Estado efectuado por militares supone siempre una prolongada planificación que generalmente se acompaña paralelamente a los escenarios de crisis social y política que el resto de la sociedad vive.  Como lo indica la experiencia histórica durante el siglo XX, los golpes militares no son tentativas improvisadas sino que obedecen siempre a una preparación ideológica, a un acondicionamiento doctrinal que puede durar  años, y en la que la oficialidad es objeto de una intensa penetración ideológica que los predispone a intervenir en el proceso político.

La intervención de los militares en la escena política es un rasgo característico de la historia de América Latina, pero también en otras regiones del mundo, dando cuenta este fenómeno de un cambio paradigmático que se produjo en la segunda mitad del siglo XX.
LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACION
EN EUROPA OCCIDENTAL
Y AMERICA LATINA
Se han observado por la Ciencia Política contemporánea diversas similitudes en los procesos de transición en Europa y en América Latina.

Son los casos de España y Portugal, los que realizaron transiciones graduales, legales e institucionales, sobre la base de pactos políticos de gobernabilidad más o menos explícitos entre el régimen dictatorial saliente y la nueva democracia.
Las transiciones a la democracia
en América Latina

Dos parecen ser los casos paradigmáticos de transición en América Latina: el de Chile ( ) y el de Brasil.
El mismo proceso de transición democrática vivieron diversos países de América Central y el Caribe, como Guatemala (que inició su transición en 1985 con las primeras elecciones presidenciales libres), Nicaragua (que pasa de una dictadura derechista –A. Somoza- de treinta años de duración  a un régimen izquierdista sandinista, entre 1976 y 1990) que inicia su transición a una democracia liberal en 1990 y El Salvador (que inicia su transición en 1982 con elecciones presidenciales libres).

¿Es posible descifrar continuidades o rasgos comunes en todos estos procesos de transición?

El primer de ellos es sin duda, el rol gravitante que desempeñaron los procesos eleccionarios y plebiscitarios en el desencadenamiento del proceso.

En efecto, no debe dejar de observarse que en todos los procesos de transición latinoamericanos, las elecciones (presidenciales y parlamentarias) constituyen el mecanismo principal a través del cual se da origen a un traspaso ordenado e institucionalizado del poder, desde dictaduras militares hacia regímenes democráticos.  Ello habla tanto de la importancia política que tienen los procesos electorales dentro del imaginario colectivo, en la medida en que éstas son asociadas por la ciudadanía como una manifestación explícita de democracia, como de que la tendencia principal de la aspiración democrática de la mayoría ciudadana iba por una vía intermedia, pacífica, en la que se excluían tanto la continuidad del régimen dictatorial instalado como la ruptura violenta del sistema de dominación.

Las transiciones latinoamericanas se caracterizaron por el clima social y político generalmente pacífico, aun cuando existían escenarios de movilización social masiva contra las dictaduras en declinación.  No hay un componente de violencia social o política masiva en estos cambios, lo que se asemeja muy notoriamente con las transiciones democráticas vividas por los regímenes comunistas de Europa Oriental, además de su cuasi coincidencia en el tiempo.

Un segundo rasgo característico de las transiciones democráticas en estudio, fue el carácter graduado y consensuado del propio proceso de transición.  Salvo en el caso de la dictadura militar argentina, deslegitimada rápidamente por la derrota militar en Malvinas, en todos los demás procesos el régimen militar imperante era lo suficientemente fuerte para ordenar el ritmo –el tempo- de la transición, es decir, eran fuertes para seguir administrando el sistema, pero eran cada vez más incapaces de proyectarse en el tiempo futuro, del mismo modo que las oposiciones democráticas eran insuficientes para administrar el presente, pero tenían indudable proyección de futuro.

El punto y el momento que disloca la dominación de cada régimen fue una elección (como en Brasil con Tancredo Neves) o un plebiscito (como en Uruguay y en Chile en 1988) el cual, aunque estaba situado en el cronograma institucional preestablecido por el régimen, no contaba con una salida en la que la oposición democrática triunfara: eso fue precisamente lo que sucedió.   Las elecciones y plebiscitos originalmente habían sido diseñados por el régimen para perpetuarse, para prolongarse en el tiempo, para mantenerse en el poder.

Como resultado de esta doble debilidad de los actores del proceso político, ambos debieron negociar, dialogar, concretar el cronograma de traspaso de manera de evitar un quiebre institucional, o de modo de preservar algunos componentes críticos del sistema político instaurado.

El resultado fueron transiciones pactadas.
Los desafíos de la gobernabilidad
en las transiciones democráticas de América Latina
 Analizemos ahora la problemática de la gobernabilidad. 
Si bien la gobernabilidad es una preocupación académica y conceptual antigua en el ámbito del ejercicio del poder, la palabra governability la utilizó por primera vez Samuel Huntington en la década de los setenta, para referirse a un concepto restringido del ejercicio de la democracia que evitaría el exceso de demandas ciudadanas. El término fue enriquecido posteriormente por varios autores y se legitima convirtiéndose en una categoría de análisis que adquiere gran importancia en la práctica política.
Existen muchas maneras de definir gobernabilidad: su expresión fundamental dice relación con la democracia. Los regímenes dictatoriales tienen en su esencia el germen de la ingobernabilidad, aun cuando utilicen la represión como recurso de dominio. En cambio la democracia dispone, entre otras ventajas, de mecanismos legitimados para resolver civilizadamente las discrepancias o las distintas opciones que se dan en la sociedad, recurriendo al acatamiento de las minorías a la opinión de las mayorías así como del respeto a las minorías por parte de las mayorías; todo ello, en el marco del Estado de Derecho. Democracia y gobernabilidad son, por consiguiente, términos complementarios.
Desde el punto de vista teórico, cconcebimos la gobernabilidad democrática como la capacidad de un sistema social y político democrático para autogobernarse enfrentando positivamente los retos y oportunidades que tenga planteados. La gobernabilidad democrática no se refiere, pues, tanto a los atributos de un régimen democrático cuanto a las capacidades de una determinada sociedad democrática para enfrentar los retos y oportunidades específicos que tiene planteados. Una estrategia de gobernabilidad democrática es, pues, una estrategia de construcción de capacidades.

Tales capacidades dependen de la interrelación entre el sistema institucional existente (« governance »), de las capacidades de los actores políticos, económicos y sociales presentes (« governing actors »), y, finalmente, de la cantidad y calidad del liderazgo transformacional disponible (Kooiman: 1993).

La gobernabilidad es, pues, un concepto distinto de la « governance » o sistema institucional -formal e informal- que enmarca la acción de los actores sociales -gubernamentales y no gubernamentales- relevantes para la determinación y asignación autoritaria de los bienes y los recursos públicos. Dichas determinación y asignación se realizan a través de la acción política y de la formulación e implementación de políticas públicas. La gobernabilidad es también un concepto distinto de la acción de gobernar o « governing », la cual comprende tanto la política propiamente dicha, como las políticas públicas y la gerencia pública (Kooiman: 1993).

Los conceptos de « governance » y « governing » se hallan íntimamente relacionados. Hasta el punto que la vieja palabra española « gobernación » (desprendida de sus connotaciones autoritarias recientes y recuperado su sentido genuino) denota ambos significados. En efecto, la gobernación es tanto el gobernar como el sistema institucional en que el gobernar se produce. Porque nunca se gobierna en el vacío ni con completa libertad, sino en el marco de constricciones e incentivos que son las instituciones de gobernación. Ellas (la « governance ») son el primer determinante de la gobernabilidad. Primero, pero no el único.

Sucede, en efecto, que, a igual sistema institucional, puede haber mayor o menor nivel de gobernabilidad (capacidad para enfrentar los retos y oportunidades colectivos). En tales casos la causa de la diferencia habrá que buscarla en la distinta capacidad de los actores de la gobernación (« governing »). Éstos se hallan limitados por el orden institucional, pero no plenamente determinados por él: poseen siempre un margen de autonomía en el que pueden y deben ejercer su competencia profesional y responsabilidad moral (Popper: 1982). Dichas capacidades abarcan hoy el trinomio política, políticas públicas y administración o gerencia pública. Las corrientes más actuales defienden su consideración integral.

En sociedades como los actuales, donde los actores son a la vez altamente autónomos e interdependientes, gobernar es cada vez menos producir bienes y servicios y cada vez más garantizar que los actores se comportan conforme a unas reglas de juego que incentivan su comportamiento eficaz frente a los retos y oportunidades del cuerpo social. Diversos autores subrayan que los desafíos de la gobernabilidad actual consisten no tanto en procurar mejor « gobierno » cuanto en conseguir mejor « governance » (Metcalfe: 1993; Osborne y Gaebler: 1992). Otros indican la misma idea señalando que el valor creado por los Gobiernos no es sólo la utilidad o satisfacción individual procurada por sus servicios, sino la arquitectura social en la que los individuos y los grupos buscarán su utilidad (Moore: 1995).

Finalmente, la gobernabilidad depende también de la calidad de los liderazgos. Ésta podría considerarse incluida en las capacidades de gobierno. Pero, a nuestro modo de ver, su valor añadido es tan considerable, que merece destacarse aparte. Al tema dedicamos el último epígrafe de este trabajo. Nos referimos obviamente a los liderazgos transformacionales, capaces de movilizar y orientar el proceso de aprendizaje colectivo a través del cual se desarrollan nuevos modelos mentales y las nuevas competencias de actuación requeridas para el enfrentamiento eficaz de los retos colectivos (McGregor Burns: 1979; Grindle, M.S. y Thomas, J.W.: 1989; Heifetz: 1994).
El concepto de gobernabilidad dice relación, además de la democracia, con el funcionamiento estable de las instituciones, la legitimidad de los gobernantes, la cohesión social, un proyecto de país mayoritariamente compartido, el bienestar de la población, el respeto a la diversidad y el respeto a los derechos humanos.
También gobernabilidad tiene que ser comprendida como la capacidad de acción del Gobierno; la eficacia de sus políticas públicas, particularmente aquellas orientadas en beneficio de los sectores más desprotegidos; la capacidad para disponer de un sistema de educación equitativo y de calidad; la transparencia de la gestión pública, la confianza de la ciudadanía, la capacidad para construir infraestructura; para desarrollar o incorporar ciencia y tecnología, para resolver los conflictos sociales, para lograr consenso en materias fundamentales, para impulsar un crecimiento sostenido, para cautelar el medio ambiente y para anticiparse a eventuales crisis.
Ahora bien, la noción de gobernabilidad no supone la mantención del sistema, al contrario, los sistema político-institucionales deben evolucionar para alcanzar una mejor democracia, mayor desarrollo y mayor equidad. Por lo tanto, la gobernabilidad es la capacidad de innovación, de prever escenario futuros y de anticipar soluciones.
Tampoco la gobernabilidad significa ausencia de conflictos sociales, menos la proscripción de los conflictos sociales a través de métodos coercitivos. La gobernabilidad democrática resuelve los conflictos a través de canales que permiten el diálogo, la negociación y, en última instancia, por la decisión que adopta la autoridad competente en el marco de sus atribuciones legales, nunca excediéndolo. La gobernabilidad conlleva la capacidad de rectificación.
La gobernabilidad tampoco puede significar prescindir de los derechos de los ciudadanos, entre ellos, de las libertades y de las condiciones que hacen posible la igualdad de oportunidades.
La gobernabilidad debe incorporar la participación y la organización de la sociedad civil para que ésta cumpla un rol más protagónico en la defensa de sus derechos y en la formulación de sus anhelos y propuestas. De esta manera puede participar en el diálogo nacional y en la toma de decisiones sobre los grandes temas nacionales.
América Latina superó en general el período de las  dictaduras militares que se prolongó entre las décadas del setenta y ochenta en la mayoría de sus países. Hoy existen regímenes democráticos después de un período de transición que significó superar anteriores estructuras de poder militar autoritario y represivo. Esta transición, aún inconclusa en países como Chile, ha requerido de un gran esfuerzo de gobernabilidad para evitar retrocesos.
En Chile el paso de la dictadura a la democracia se logró sobre la base de una gran coalición de centro izquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia, que elaboró un proyecto de país que ha permitido el triunfo democrático de tres gobiernos sucesivos. La Concertación ha logrado establecer condiciones de paz y de confianza social que ha permitido el funcionamiento de las instituciones en términos democráticos. El prolongado período de transición que el país ha vivido ha sido civilizado, los conflictos y las desconfianzas anteriores han tendido a normalizarse. Queda pendiente, sin embargo, reformar la Constitución Política y determinadas leyes que constituyen obstáculos para lograr una democracia más plena y más representativa.
Puede afirmarse que actualmente las democracias latinoamericanas son una realidad en proceso de perfeccionamiento, las que cuentan con una importante adhesión ciudadana. En muchos casos y en Chile en particular, no se trata de transiciones terminadas, completas.  No obstante, en la mayoría de los países subsiste una fuerte desconfianza frente a las instituciones y frente a los diversos liderazgos ejercidos, lo que es causa de ingobernabilidad.
Existe, asimismo, insatisfacción en todo el continente por el funcionamiento de la democracia. El Latinobarómetro recoge un índice promedio del 60% de insatisfacción con la democracia en el año 2002. Es en este fenómeno donde encontramos una de las causas de ingobernabilidad.
La insatisfacción social y política tiene origen, además, en los déficit de bienestar manifestadas a través de la pobreza, la mala distribución del ingreso, la mala calidad de los empleos, las altas cifras de desempleo, la precariedad del empleo informal y la falta de expectativas futuras. La inequidad y la exclusión forzada producen falta de credibilidad en los gobernantes y en las instituciones representativas.
En particular,  Chile tiene diferencias y similitudes respecto a los índices promedios de los países latinoamericanos. Por ejemplo, ha sido positivo que el país haya disminuido la pobreza a la mitad entre 1991 y el año 2000. Asimismo, en la década de los noventa Chile duplicó su producción, lo que le ha permitido alcanzar mayor equidad social. Ambos resultados han fortalecido la gobernabilidad. Entre las similitudes con los promedios de los demás países latinoamericanos están la falta de prestigio de instituciones como el Poder Judicial, el Congreso Nacional y los partidos políticos.
Sin embargo, afectan gravemente la gobernabilidad política en América Latina la marginalidad social y el crecimiento no planificado de las ciudades. También son factores que inciden en la ingobernabilidad el tráfico de drogas, la violencia, la corrupción – particularmente la corrupción política – y la desigualdad de oportunidades.
La gran variable externa a nuestros países es la globalización, proceso que si bien genera oportunidades, también produce inequidad y tiende a cristalizar y profundizar las diferencias sociales y económicas. El capital financiero especulativo es uno de los factores causantes de crisis en nuestros países. Hay dos efectos que son consecuencia de la globalización: por una parte produce una fuerte tendencia a la integración y la interdependencia y por otra produce procesos de fragmentación y conflictos culturales, de etnias, de nacionalidades y de clanes.
La gobernabilidad es una preocupación fundamental que puede permitirnos reflexionar sobre las condiciones o requisitos, que hacen posible crear condiciones proclives para lograrla. Entre tales condiciones mencionaremos las siguientes:
1. La democracia y sus instituciones son requisito fundamental de gobernabilidad. Es la democracia el sistema que permite alcanzar libremente acuerdos fundamentales entre los actores políticos y sociales, y facilita la formulación de un proyecto de país compartido. La democracia hace viable una relación armónica entre crecimiento y desarrollo y la solución de los conflictos a través del diálogo y la negociación, utilizando los procedimientos legitimados por las normas jurídicas propias de un Estado de derecho. La democracia tiene una connotación ética porque es la concreción de principios y valores. Los países deben plantearse el desarrollo de una cultura nacional democrática para que este concepto se internalice en la conciencia de las personas y se convierta en práctica cotidiana de vida.
2. Debemos mejorar la calidad de la política y de los partidos políticos. Es necesario que la política tenga un claro contenido ético, mayor rigor de análisis y mayor riqueza propositiva. El pragmatismo, la tecnocracia deshumanizada, la corrupción, la sobre oferta de promesas imposibles de cumplir, la pobreza del debate político, los recursos efectistas y meramente coyunturales de la política mediática y las prácticas populistas deben ser evitados. Ayudan a una mejor calidad de la política la transparencia y el límite del gasto electoral.
3. Los diagnósticos afirman que existe una crisis de representatividad. Los partidos políticos han perdido protagonismo y se han debilitado como mediadores de sectores ciudadanos Los partidos deben mejorar su democracia interna, su transparencia, la calidad y responsabilidad de su militancia y sus propuestas y proyectos para la sociedad. La creación de espacios de reflexión y de estudio aportan a eliminar la improvisación y la liviandad o generalidad de sus propuestas. Los partidos políticos deben ponerse a la altura de la sociedad del conocimiento, donde éste adquiere centralidad, y tener capacidad técnica y especialización, ya que de sus filas surge un número importante de quienes asumen roles de conducción del Estado o ejercen liderazgos nacionales.
4. Los partidos políticos son imprescindibles. El desarrollo de ONG, los gremios, los sindicatos y los imaginarios colectivos que surgen en la sociedad no tienen capacidad para sustituirlos. Los partidos pueden elaborar proyectos de país o de Regiones y representar tras sus propuestas a una diversidad de organizaciones y sectores sociales. Los partidos políticos deben abrirse y trabajar con la sociedad para nutrirse de ideas y estimular el debate político. Los partidos disciplinados, con normas y procesos electorales internos legitimados, con transparencia en sus procedimientos y con propuestas debidamente fundamentadas, tienen mayor posibilidad de representar a la sociedad civil. La sanción a los actos de corrupción que pueda cometer su militancia, el término del clientelismo y del reparto de prebendas ayudan a mejorar la imagen y calidad de la política y de los partidos.
5. Enfrentar la pobreza es un requisito de gobernabilidad, además de constituir un imperativo ético. Una modificación del modelo de desarrollo predominante se hace necesario por su incapacidad de respuesta a las necesidades y expectativas de la población. El Estado debe garantizar la equidad social, es decir, debe establecer niveles aceptables de igualdad de oportunidades que permitan la movilidad social. Es importante no enfatizar desmedidamente la importancia de los equilibrios macroeconómicos prescindiendo de los equilibrios macrosociales. Asimismo, soy partidaria de establecer una correspondencia entre democracia política y democracia social.
6. Los países deben estimular los procesos de regionalización y descentralización del poder. Les corresponde establecer formas de consulta y participación social, modernizar los gobiernos locales y dotarlos de condiciones adecuadas para que puedan impulsar, con el apoyo del Gobierno central, el desarrollo regional a partir de sus propias decisiones.
7. La calidad y la equidad de la educación es otro de los componente de la gobernabilidad. Esta permite el desarrollo humano integral, el acceso al conocimiento, el desarrollo de la creatividad, la innovación y ganar en competitividad.
8. Los regímenes políticos fuertemente presidencialistas se han vuelto relativamente ineficaces para establecer consensos y articularse positivamente con los Parlamentos. Un régimen político semipresidencial corregiría los excesos y las limitaciones de los Ejecutivos.
9. Como factor de gobernabilidad adquiere significación un nuevo concepto de seguridad hemisférica y seguridad en el ámbito planetario. El narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas no convencionales y las redes internacionales de delincuencia, se instituyen en nuevas modalidades de amenaza a la paz; estos fenómenos requieren de mejores normas e instrumentos internacionales para ser enfrentados y, particularmente, de la cooperación de todos los países. En este ámbito existe un amplia posibilidad de colaboración entre los países europeos y latinoamericanos.
10. También la colaboración entre nuestros países puede expresarse en aportar a un clima internacional de paz, donde predomine el respeto a las instituciones internacionales y al derecho internacional. Sabemos que los conflictos internacionales tienen múltiples causas, entre ellas, la pobreza, las injusticias, los regímenes autoritarios y la violación de los derechos humanos. La paz no se consolidará si continúan existiendo el hambre, la falta de libertades, las injusticias y la opresión. Para enfrentarlas es necesario que entre los países de Europa y de América Latina se establezcan relaciones de cooperación y de solidaridad.
11. Asimismo, la cooperación internacional entre nuestros países puede ampliarse al área de la educación y de la cultura.
12. En cuanto a la globalización, es necesario evitar el efecto desestructurante que ésta produce. Para ello se requiere darle gobernabilidad política y gobernabilidad al movimiento de capitales especulativos. Sólo un proceso de globalización humanizado tenderá a disminuir la brecha entre países ricos y países pobres y entre ricos y pobres al interior de los países.

Las transiciones democráticas
en Europa Occidental
 Tres países de Europa Occidental se pueden tomar como ejemplos de procesos de transición democrática, para los efectos de este estudio: España, Portugal y Grecia.

 En los tres casos, los regímenes políticos existentes (la dictadura de Salazar en Portugal y de Franco en España) eran de inspiración fascista y había logrado perdurar desde la segunda guerra mundial.  Se trataba de regímenes dictatoriales de carácter autoritario sin partido oficial y con un fuerte rol castrense de apoyo al sistema de gobierno, con un líder carismático y con la oposición democrática sometida al más estricto control y prohibición.

 En el caso de España, la muerte del dictador Francisco Franco (1975), da origen al proceso de transición. 

 La muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, señaló el final de cuarenta años de dictadura y abrió una nueva etapa en el desarrollo de España. El rey Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado. El nuevo Gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, se limitó a realizar unas reformas de escaso alcance. En esa etapa las fuerzas democráticas se pronunciaban contra la monarquía y el Gobierno considerándolos como una prolongación directa del franquismo.
Los partidos democráticos, que existían en una situación reconocida de semiclandestinidad, emergen nuevamente a la luz pública y organizan el proceso de transición, dentro del sistema y en una gradualidad que está respaldada por el retorno a la monarquía constitucional: el Rey Juan Carlos reasume sus funciones soberanas y favorece una transición democrática ordenada y dentro del marco de la Constitución.  Una tentativa fracasada de golpe militar (1978), reafirma la solidez de la vocación democrática de los actores políticos principales.

En España, donde el movimiento democrático era mucho más fuerte y estaba mucho mejor organizado que en otros países europeos, de manera que la monarquía y el Gobierno, temerosos de que la oposición les arrebatara la iniciativa, se vieron obligados a corregir su estrategia política y marcar una orientación más clara al abandono del franquismo. La jefatura del Gobierno recayó en Adolfo Suárez, ex secretario general del Movimiento Nacional (franquista). El primer paso importante del nuevo gabinete fue convocar, para el 15 de diciembre de 1976, un referéndum sobre el proyecto de Ley de Reforma Política, que estipulaba la creación de Costes bicamerales elegidas por sufragio general, igual, directo y secreto.

El 94,2% del electorado respaldó en las urnas del referéndum el proyecto de ley, y sólo el 2,6% votó en contra. Esta consulta reforzó las posiciones del Gobierno, porque demostró claramente que la inmensa mayoría de la población aspiraba a reformas por vía pacífica, pero al mismo tiempo temía perder los frutos del auge económico de los años 60. En el primer semestre de 1977 fueron legalizados todos los partidos políticos, incluido el PCE, así como los sindicatos hasta entonces clandestinos, se disolvió el aparato político del Movimiento Nacional, se establecieron relaciones diplomáticas con la URSS y otros países de Europa Oriental.

El 15 de junio de 1977 tuvieron lugar las primeras elecciones generales por sufragio secreto de los últimos cuarenta años. Es decir que apenas año y medio después de la muerte de Franco en España tuvo lugar un acontecimiento de alcance verdaderamente revolucionario, la celebración de elecciones democráticas. Con la particularidad de que España carecía entonces de tradiciones democráticas mínimamente definidas y, por tanto, le faltaba también experiencia de organización de comicios democráticos.

En el caso de Portugal, cuando el dictador Antonio Salazar está todavía en el poder comienza a experimentar un proceso de defección de sus fuerzas armadas, su principal sustento.  Al interior de las filas castrenses se incuba una corriente de oficiales que postulan un modelo político democrático y socialista, fenómeno que se asociaba además, con la demanda de independencia de Angola, la última colonia portuguesa en el continente africano.

 Los oficiales democráticos portugueses, se declaran en rebelión (la llamada “revolución de los claveles”) y al romperse la cohesión del bloque dominante en el poder, se abre la puerta para una transición gradual en la que la salida del dictador es requisito absoluto para una elección parlamentaria libre y abierta.
los procesos de democratización en europa oriental
 Los procesos de democratización en Europa Oriental, que afectaron a países tan disímiles como la Unión Soviética, Polonia, Hungría y Rumania, entre otros, tienen como punto de partida los regímenes políticos totalitarios establecidos en la primera mitad del siglo XX.

 Dos rasgos llaman la atención en estos procesos:

a) en primer lugar, la velocidad del proceso de derrumbe de los sistemas políticos socialistas, de manera que en pocos años, todos ellos desaparecieron bajo una oleada democratizadora que se inició en Polonia en 1987.
b) Un segundo rasgo característico es la elevada presencia masiva de la sociedad civil organizada, en el ejercicio de la presión social que derriba esos regímenes, de donde también se desprende lo acelerado de estos procesos de cambio.

El derrumbe de los sistemas comunistas se inició simultáneamente en varios países, pero tuvo su punto de partida en la presión democrática y social en Polonia a partir de 1985, liderada por el sindicato Solidaridad; en junio de 1989 el gobierno comunista accedió a realizar elecciones parcialmente libres, pero ante el triunfo de la tendencia Solidaridad, se produjo una rápida transición legal e institucionalizada, de manera que en septiembre de 1989 asume el gobierno Solidaridad a través de su líder Lech Walesa; en enero de 1990, se disuelve el Partido Comunista Polaco y en octubre de 1991 se convoca a las primeras elecciones parlamentarias libres.

Pero, simultáneamente en otras democracias populares ocurrían cambios: en Checoeslovaquia a partir de 1988 se registraban manifestaciones contra el gobierno generando una presión democrática que culmina en noviembre de 1989 cuando se retira el gobierno comunista del poder, en abril de 1990 se dicta una nueva Constitución y en junio de 1990 se realizan las primeras elecciones presidenciales libres. 

En Bulgaria, a partir de noviembre de 1989, la presión popular obligas a renunciar al presidente Zhivkov y en junio de 1990, se producen las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias libres, proceso que se ratifica en julio de 1991 con la dictaciónd e una nueva Constitución.

En Hungría la corriente democratizadora se inicia desde 1987, pero el punto de desencadenamiento de la presión se produce en septiembre de 1989, cuando el gobierno autoriza el paso de ciudadanos alemanes orientales hacia Occidente.  Se constituye este en el factor desencadenante del derrumbe del sistema socialista en Alemania Oriental y en la Unión Soviética.

En seis años, todo el sistema comunista de Europa Oriental colapsa y se abre paso a una de las corrientes democratizadoras más poderosas del siglo XX.

A este respecto, resulta pertinente transcribir el siguiente análisis comparativo efectuado por el politólogo ruso Zbigniew Iwanowski, de la Academia de Ciencias de Rusia refiriéndose a los rasgos comunes entre las transiciones democráticas latinoamericanas y rusa:   “Queda claro que, aunque existan notorias diferencias entre Rusia y América Latina, puede observarse también mucha semejanza. Al igual que la mayoría de los Estados latinoamericanos, nuestro país vive una doble transición simultánea (de la economía cerrada y regulada a la del mercado y del autoritarismo a la democracia liberal). En ambos casos, el rumbo a la economía abierta manifestó la incompetitividad de sectores económicos enteros en el mercado mundial y provocó un brusco descenso de la producción industrial, lo que en varias ramas se tradujo en una desindustrialización irreversible. Mientras que en América Latina muchos problemas se encuentran resueltos en una u otra medida, Rusia sigue permaneciendo en una situación de crisis, afrontando, hasta ahora, problemas como la privatización del sector público ineficaz, la modernización de la industria y agricultura y la integración a la economía mundial, la descentralización, etc. La crisis económica, por un lado, y las reformas, a veces mal pensadas y basadas en una aplicación mecánica de recetas neoliberales, por el otro, tuvieron consecuencias sociales muy negativas: la caída brusca del salario real, la polarización social y la desaparición de la clase media, la expansión del sector informal y el aumento del desempleo abierto, el descenso de la protección social, la criminalización de la sociedad y una corrupción desenfrenada. Como resultado, la situación económica y social en Rusia bien puede compararse con la de América Latina (aunque,a veces, es mucho peor).

En tales condiciones desfavorables, Rusia se ve obligada a realizar reformas políticas similares. Las experiencias latinoamericanas en este ámbito pueden resultar sumamente valiosas (aunque ya se dejaron perder muchas oportunidades para aprovecharlas). En el momento de elaborar los mecanismos del poder político, poseen relevante significado los procesos constitucionales, la formación y el afianzamiento de las instituciones democráticas, la superación de la fragmentación y de la polarización de los partidos políticos, las relaciones entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas… La mayoría de politólogos consideran que la aprobación de una nueva Constitución, que establezca elecciones libres y honestas, garantice el funcionamiento de instituciones democráticas y fije las reglas de juego, es un hito formal que culmina el período de transición y abre camino para estabilizar la democracia. A finales de los 80 y la primera mitad de los 90 entraron en vigor nuevas constituciones en Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Perú (1993) y Argentina (1994).

Se introdujeron enmiendas sustanciales en las Leyes Fundamentales de Bolivia (1994), Nicaragua (1995) y Brasil (1997). Las experiencias positivas de los procesos constitucionales en la mayoría de los países latinoamericanos incluyen la creación de comisiones especiales para elaborar proyectos de constituciones, integradas por diferentes fuerzas políticas y movimientos sociales, la enérgica participación de ciudadanos en la discusión, aprovechando ampliamente los medios de comunicación, la votación del texto, capítulo por capítulo,  por los miembros de Asambleas Constituyentes, especialmente elegidos con ese propósito, la aprobación de la Constitución por un referéndum nacional. La Constitución, como Ley Fundamental, no debe abarcar detalles que pueden incluirse en la legislación corriente. El texto de la Constitución no puede ser reflejo de intereses coyunturales o provisionales, de lo contrario, la Ley Fundamental queda sin efecto y requiere enmiendas. La aprobación de la Constitución tiene que ser fiesta de todo el pueblo que quede grabada en la memoria histórica de la nación.     En Rusia, el procedimiento de aprobar la Constitución por un referéndum popular formalmente parecía democrático, pero de hecho se pronunció por la Ley Fundamental una estrecha capa del electorado potencial. La prensa de oposición e independiente en reiteradas ocasiones expresó sus dudas en cuanto a la veracidad de los datos oficiales. Ese procedimiento permitió desatender por completo la gran labor preparatoria de la comisión constitucional y de la opinión pública; el proyecto presidencial de hecho fue impuesto sin discutir. En el transcurso del referéndum los partidarios de cambios democráticos tuvieron que apoyar el texto íntegro, incluso si estaban en contra de una serie de postulados clave, artículos o párrafos, ya que, de lo contrario, el país seguiría en una situación inestable. Según la legislación vigente, resulta muy difícil introducir enmiendas constitucionales.

El Día de la Constitución fue declarado fiesta nacional, sin embargo, la memoria del pueblo no lo asocia con el fin de la época del totalitarismo ni con la conclusión del período de transición, sino con los sucesos sangrientos del octubre de 1993. (En América Latina algo semejante sólo se observó en Perú, donde el conflicto entre el poder legislativo y ejecutivo se resolvió mediante una especie de golpe de Estado presidencial, mientras que la Asamblea Constituyente fue boicoteada por la mayoría de los partidos políticos. Durante el referéndum los electores apoyaron el proyecto de  Constitución por una estrecha mayoría, pronunciándose en contra del mismo 14 departamentos de los 25).   Para determinar el futuro avance de un país es muy importante crear nuevas instituciones estatales. Pese a que la mayoría de politólogos hablen sobre las ventajas del parlamentarismo, los arquitectos de reformas en distintas regiones del mundo se inclinan por el presidencialismo. Antes de las referidas transformaciones constitucionales, en todos los países latinoamericanos se observaba un gran desbalance en las facultades de las distintas ramas del poder en favor del presidente. Como dijera metafóricamente el politólogo argentino C.S.Nino, con el superpresidencialismo el jefe de Estado se convierte en una especie de rey electo, mientras que su cargo, democrático por origen, se hace absolutista en la práctica. Una vez aprobadas las nuevas constituciones, por lo común se mantuvo la forma presidencial de gobierno, sin embargo, los poderes de los jefes de Estado resultaron sustancialmente recortados. En rigor, puede hablarse de un paso del superpresidencialismo hacia un gobierno presidencial más moderado y equilibrado.” ( )

 Las similitudes entre ambos procesos de transición saltan a la vista, y se centran en el uso de los recursos constitucionales y en la gradualidad de los cambios que han introducido dentro de los sistemas políticos anteriores.
algunas conclusiones preliminares
La democracia en la región latinoamericana luego de los procesos de transición, enfrenta algunos riesgos que impiden una consolidación final. Tal vez lo más importante no sea seguir religiosamente las etapas del proceso de democratización, sino asumir la perspectiva que las desigualdades y limitaciones del proceso democrático convierten a nuestros sistemas políticos en estructuralmente inestables. La democracia es en buena medida un campo de lucha de proyectos y no exclusivamente un procedimiento o método cuantificable como lo propone buena parte de la ciencia política moderna.
El primer riesgo que enfrenta la democratización, es la acumulación de demandas sociales insatisfechas. Esto ha pretendido ser regulado a través de la teoría de la Gobernabilidad, que en su vertiente más conservadora impone una autolimitación a las demandas sociales y económicas excluyéndolas de la esfera política. Esta visión reduce la democracia a una búsqueda permanente de equilibrios despojándola de sus fines y valores. En ello están algunos núcleos dirigentes en México, Chile y Argentina.
Ello sin embargo implica otros problemas. La acumulación de demandas son deslegitimadas desde el Estado, pero están ampliamente legitimadas por los actores sociales y la sociedad civil. Si el estado y su élite dirigente insisten en negar la legitimación de las demandas sociales, entonces los riesgos para plantear reivindicaciones fuera del sistema político es muy grande. Movilizaciones de masas y grupos armados por un lado y el surgimiento de un discurso crítico de la democracia por otro entre los actores sociales, son desafíos reales.
La desilusión que trae consigo el fin del proceso de democratización, puede también llevar a fenómenos de despolitización, base real del neo autoritarismo.
El segundo riesgo que enfrenta la democratización, es la falta de eficacia en el logro de las metas de gobierno. La alternancia en el ejercicio del poder, renueva el proceso democrático, pero si ello no viene acompañado por cambios eficases en el diseño y ejecución de las políticas públicas y más concretamnente en las políticas sociales, surge la sensación lumpedusana que cambia todo para que no cambie nada. Ello se confirma cuando asistimos al espectaculo de relevos de técnicos y políticos que profesan la misma ideología surgida desde hace más de una década con el consenso de Washington, auspiciado por el FMI y el BM.
Existe una resistencia a devolverle al estado su rol promotor, sin que ello implique el regreso a los grandes déficits fiscales y a regulaciones extremas. Las llamadas  » políticas correctas  » están llevando al desastre a la Argentina, no sacan de la recesión a los países andinos, no reducen la pobreza en el Brasil, mantienen en el aletargamiento a Centroamerica y hacen descansar sobre los hombros de los más pobres el ajuste fiscal.
Se requiere que la tecnocracia y la clase política se  » renacionalicen  » en la valoración de las políticas sociales. Urge un cambio en las prioridades políticas de los gobernantes. La eficacia de las políticas de gobierno deben ser medidas en función de indicadores como el índice de desarrollo humano del PNUD, y menos vinculada a ideologías diseñadas para el ajuste de hace una década. La democracia debe ser eficaz por su capacidad de inclusión y cohesión sociales y no sólo por el logro de metas macroeconómicas, que en si mismas no deben ser un objetivo sino un medio para el desarrollo.
Un tercer riesgo para la democracia en América Latina es el incremento de la corrupción pública y privada. Este fenómeno socava las bases de legitimación del sistema político y su clase dirigente. A ello debe sumarse la impunidad en los delitos que dejan sin sanción a delincuentes de cuello blanco, militares, y políticos de lustre. No debe permitirse de una vez por todas que la corrupción consentida sea un mecanismo de estabilidad política, con el cual el poder asegura lealtades y complicidades.
Se requieren respuestas rápidas, eficientes y visibles ante la corrupción. No sólo una legislación ad hoc o la pura aplicación de la ley, sino elevar la conciencia ciudadana para que la sociedad civil participe directamente en la lucha contra la corrupción.
Debe considerarse la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y las inversiones, como el factor desestabilizante más peligroso para nuestros sistemas políticos. Y debe sancionarse la corrupción privada con la misma firmeza con la que se actúa frente a la corrupción pública. El binomio tecnocracia-empresarios debe ser auscultado también con lupa. La transparencia en las ofertas públicas y transacciones privadas debe ser un objetivo compartido entre el Estado y la sociedad civil.
En algunos países como el Perú y México, las redes cleptocráticas del poder han permeado a la sociedad y el mal ejemplo de la clase dirigente ha contaminado la conducta pública de los ciudadanos. Este comportamiento basado en la sospecha, el zarpazo y el aprovechamiento ajeno es sumamente pernicioso para el desarrollo de una cultura cívica democrática.
Un cuarto riesgo para la democratización en América Latina está referida a la ausencia de un discurso y propuesta de comunidad nacional por parte de los partidos o clase política. Frente a los viejos discursos basados en el nacionalismo que se apoyaba en el estado burocrático, y frente a los discursos globalizadores que todo lo reducen al espontaneísmo del mercado y oportunidades individuales, hay una carencia de discurso que ofrezca integración social, identidad y certidumbre frente al futuro.
El proceso de construcción de las naciones en América Latina no está concluido ni mucho menos.
Ello puede generar el surgimiento de fundamentalismos, populismos o neo autoritarismos que llenen el vacío de comunidad nacional. La democracia requiere de algo más que la pura participación para crear este sentido de pertenencia e identidad que, sin rechazar la modernidad, ofrezca seguridad ante el futuro.

Es uno de los principales retos de los partidos políticos, líderes y dirigentes el de construir este nuevo discurso democrático.
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panorama del movimiento hizbollah

Classé sous encrucijadas,estrategias — paradygmes @ 8:20

presentación

 

El siguiente recuento informativo sobre el movimiento de resistencia islámica Hizbollah, uno de los dos principales contendores de la actual guerra en el Líbano, junto con Tsahal, aparece en el sitio web www.globalsecurity.org/military.

« Hizballah is an Islamic movement founded after the Israeli military seizure of Lebanon in 1982, which resulted in the formation of Islamic resistance units committed to the liberation of the occupied territories and the ejection of Israeli forces. Hizbollah was established in 1982 during the Lebanon War when a group of Lebanese Shi’ite Muslims declared themselves to be the « Party of God » (Hizb Allah, which is clear in Hizbollah but progressively less so in Hizbollah / Hizbullah / Hezbollah). Upon the realization that the IDF was entrenching itself in south Lebanon, and influenced and assisted by 1,500 Iranian Revolutionary Guards in Lebanon, Hizballah cells began developing with the immediate desire to resist the Israeli invasion. Hizbollah began establishing its base in Lebanon in 1982 and has expanded and strengthened ever since, primarily due to its wave of suicide bombings and foreign support by Iran and Syria.

Description

Formed in 1982 in response to the Israeli invasion of Lebanon, this Lebanon-based radical Shia group takes its ideological inspiration from the Iranian revolution and the teachings of the late Ayatollah Khomeini. The Majlis al-Shura, or Consultative Council, is the group’s highest governing body and is led by Secretary General Hasan Nasrallah. Hizballah is dedicated to liberating Jerusalem and eliminating Israel, and has formally advocated ultimate establishment of Islamic rule in Lebanon. Nonetheless, Hizballah has actively participated in Lebanon’s political system since 1992. This radical Shia is dedicated to creation of Iranian-style Islamic republic in Lebanon and removal of all non-Islamic influences from area. It is strongly anti-Western and anti-Israeli.

A very important factor that developed Hizballah was the establishment of the Islamic Revolution in Iran that was led by the Imam Khomeini. This revolution consolidated new concepts in the field of Islamic thought mainly the concept of Willayat Al-Faqih. The revolution also generalized Islamic expressions against the west such as arrogance, the great Satan, hypocrites and the oppressed. Due to that it was only normal for the ideological doctrine in Iran to take root in Lebanon. This tie was very quickly translated on the ground by direct support from the Islamic Republic of Iran through its revolutionary guards and then to Hizballah that was resisting the Israeli occupation. This religious and ideological tie between Hizballah and Iran following the revolution with its stance towards the Zionist entity had a great effect on releasing vital material and moral support to Hizballah. Hizballah’s ideological ideals sees no legitimacy for the existence of Israel, a matter that elevates the contradictions to the level of existence. And the conflict becomes one of legitimacy that is based on religious ideals. The seed of resistance is also deep in the ideological beliefs of Hizballah, a belief that found its way for expression against the occupation of Lebanon.

 Activities

Once established as a militia, Hizbollah received acclaim and legitimacy in Lebanon and throughout the Muslim world by fighting against IDF and SLA troops. In fact, since 1988 Hizbollah replaced Amal (the other prominent Shi’ite organization in Lebanon) as the predominant force due to its activity against Israel. Over the years Hizbollah military operations have grown to include attacking IDF and SLA outposts, ambushing convoys, laying explosive devices booby-trapping cars, and launching long range mortar shells and Katyusha rockets at IDF outposts and into Israel proper.

Between the spring of 1983 to the summer of 1985 the Hizballah launched an unprecedented wave of suicide bombings which included an attack on the US embassy and at a US Marine base in Beirut. Known or suspected to have been involved in numerous anti-US terrorist attacks, including the suicide truck bombing of the US Embassy and US Marine barracks in Beirut in October 1983 and the US Embassy Annex in Beirut in September 1984. Elements of the group were responsible for the kidnapping and detention of US and other Western hostages in Lebanon. The group also attacked the Israeli Embassy in Argentina in 1992.

On 07 February 2000 Prime Minister and Defense Minister Ehud Barak ordered the IDF to act, in accordance with the decisions of the Political-Security Cabinet, against terrorist and Lebanese infrastructure targets. The Political-Security Cabinet’s decisions were in response to the serious escalation in Hizballah operations against the IDF and SLA, operations which are based in Lebanese villages – a violation of the « Grapes of Wrath » understandings. These operations were being neither prevented by the Lebanese government nor restrained by Syria.

The organization was very active against Israel during its stay in Lebanese territory, and since the IDF’s withdrawal from Lebanon in May 2000 it began focusing on increasing and expanding its activities within Israel with the aim of carrying out « quality » attacks in Israeli territory, thus disrupting any attempt at dialogue and any opportunity to return to the peace process. This became evident during earlier attempts to hold negotiations with regard to a ‘hudna’ (ceasefire), when Hizballah operators encouraged attacks aimed at causing these contacts to fail.

On Saturday morning, 7 October 2000, an armed and frenzied mob, numbering in the hundreds, attacked the border fence from Lebanese territory, immediately followed by heavy shelling of Israeli border positions by Hizballah terrorist elements from Lebanese territory, using explosives, rocket-propelled grenades, Sager missiles and border shells. During the course of this aggression, three Israeli soldiers were kidnapped by a Hizballah unit which had entered Israeli territory for this purpose.

The organization operates against Israel in four main ways:

Bringing terrorists and collaborators through the border crossings using foreign documents
Setting up a terrorist organization inside Israel and in Judea, Samaria and the Gaza Strip
Cross-border operations – smuggling weapons and terrorists
Financial support for Palestinian organizations and groups.
Since 2003 it has been possible to see a trend of increasing cooperation between Hizballah in Lebanon and operational entities among the other Palestinian terrorist organizations, with the accent on Tanzim, Islamic Jihad, Hamas and the Popular Front. This cooperation is particularly evident between Hizballah and the Tanzim and in practice, in recent months Hizballah has served as a kind of « external command » for most of the Tanzim organizations in the territories.

Hassan Nasrallah, the leader of Hizballah, admitted for the first time in public the existence of a Hizballah unit responsible for activities with the Palestinians. He said this on Almanar television on July 19, 2004, after the death of Ghaleb Awaleh, a senior Hizballah terrorist: « … the fallen Ghaleb Awaleh is like the fallen Ali Salah, from the group which dedicated its life in recent years to helping our brothers in conquered Palestine. We do not wish to conceal the truth. We declare it and glory in it. Ghaleb Awaleh today has fallen on the Palestine road. He is a Jerusalem martyr. He is an Al Aksa Mosque martyr. He is a martyr in the fight against the Zionist enterprise… and we will not to abandon this fight and have never abandoned it. We are in a position where we will fight openly and we will fight clandestinely. »

Hizballah’s methods of controlling terrorist organizations in the territories are similar to those characteristic of the involvement of the command centers of Palestinian terrorist organizations abroad (Hamas and Islamic Jihad) in the actions of their organizations inside the country. Striking in this framework are the instructions to carry out mass murder attacks within Israeli territory, mediation between terrorists at the different centers of action, the large-scale transfer of money, and finally, coordination of the effort to upgrade the terrorist capabilities of the organizations.

The most significant remaining armed group in Lebanon is Hizballah, which the Government refers to, not as a Lebanese militia, but as a “national resistance group”. Hizballah seeks to defend Lebanon from Israel and the removal of Israeli forces from Lebanese soil, namely, the Shab’a farms. Lebanon maintains that the Shab’a farms are Lebanese territory, not Syrian. In the Secretary-General’s report of 16 June 2000, however, he confirmed that Israel has fulfilled the requirements of Security Council resolutions 425 and 426 to “withdraw its forces from all Lebanese territory”. The Council endorsed that conclusion on 18 June 2000 in a presidential statement. Notwithstanding the Lebanese Government’s position that the Shab’a farms area lies within Lebanon, the Government has confirmed that it would respect the Blue Line as identified by the United Nations. The Council has called on Lebanon to respect fully its line.

United Nations Security Council Resolution 1559 (02 September 2004) called for the « disbanding and disarmament of all Lebanese and non-Lebanese militias ». The Government of Lebanon is responsible for the disbanding and disarming of the militias, including Hizballah, and preventing the flow of armaments and other military equipment to the militias, including Hizballah, from Syria, Iran, and other external sources. Lebanon basically rejected Resolution 1559, and by early 2005 this presented the risk of Israeli retaliation against vital Lebanese infrastructure to force action to disarm Hizballah.

A heavy exchange of fire between Hizbollah and the Israel Defense Forces (IDF) across the Blue Line took place on 21 November 2005, surpassing any activity level since Israel’s withdrawal from Lebanon in May 2000. The exchange began with heavy Hizbollah mortar and rocket fire from a number of locations against several IDF positions close to the Blue Line in the eastern sector of the UNIFIL area of operation. Simultaneously, a large group of Hizbollah fighters infiltrated Ghajar village and launched an assault on the Mayor’s office and the IDF position inside the village, south of the Blue Line, which was vacant at the time. The ensuing Israeli retaliation was heavy and included aerial bombing. The exchange of fire subsequently spread all along the Blue Line and lasted for over nine hours. Around 800 artillery, tank and mortar rounds and rockets were exchanged. The Israeli Air Force (IAF) dropped at least 30 aerial bombs.

In a written report to the Security Council 18 April 2006, Secretary-General Kofi Annan called on Syria and Iran to stop interfering in Lebanon. The report, which was written by the secretary-general’s special envoy Terje Roed-Larsen, said that Hizballah, the Lebanese militant group, « maintains close ties, with frequent contacts and regular communication » with Syria and Iran.

Resolution 1680 (2006), adopted by the Security Council on 17 May 2006, welcomed the decision of the Lebanese national dialogue to disarm Palestinian militias outside refugee camps within six months, supports its implementation and calls for further efforts to disband and disarm all Lebanese and non-Lebanese militias and to restore fully the Lebanese Government’s control over all Lebanese territory.

On July 12, 2006 members of Hizballah infiltrated the Lebanese-Israeli border near Shtula, an Israeli farming village, and claimed responsibility for an ambush conducted on two Israeli Army Hummvees. The attack resulted in the capture of two Israeli soldiers and the deaths of three others. Five more Israeli soldiers were killed in the ensuing pursuit of Hizballah members into Lebanese territory. The combined capture of two soldiers and the deaths of 8 others; was considered the worst loss for Israeli military forces in more than four years. Hizballah also claimed responsibility for two separate Katyusha rocket attacks on Israeli towns resulting in the death of 1 civilian and the injury of 25 others.

The kidnapping of Israeli troops by Hizballah came in the wake of a similar incident less than a month before, on June 25th, 2006, when Palestinian militants forcibly captured an Israeli soldier to use as leverage for bargaining with the Israeli government. The last time Hizballah carried out a similar operation against Israel was in October of 2000, when 3 Israeli soldiers were abducted by the Lebanese militants. All three victims died either by execution or wounds sustained during their capture. Their bodies were returned to Israel in exchange for the release of several Arab prisoners.

The 12 July 2006 attack resulted in immediate retaliation by the Israeli military, which responded to the hostilities against their troops and citizens by bombing roads, bridges, and power plants inside Lebanon. The specific targeting of al-Manar, the Hizballah controlled television station, and the Lebanese international airport as well as the blockading of Lebanon’s sea ports was an attempt to force the return of the captured Israeli troops and place greater pressure on Hizballah. These retaliatory actions by Israel resulted in the deaths of dozens of Lebanese civilians and threats of further rocket attacks by Hizballah.

Strength

The State Department’s 1993 report on international terrorism lists Hizbollah’s “strength” at several thousand. Hizbollah sources assert that the organization has about 5,000-10,000 fighters. Other sources report that Hizbollah’s militia consists of a core of about 300-400 fighters, which can be expanded to up to 3,000 within several hours if a battle with Israel develops. These reserves presumably are called in from Hizbollah strongholds in Lebanon, including the Bekaa Valley and Beirut’s southern suburbs. The number of members involved in combat activity in southern Lebanon is under 1,000. But it has many activists and moral supporters. After the Israeli withdrawal Hizballah reduced the number of full time fighters to about 500, though estimates range from 300 to 1,200. There are also several thousand reserves, but these lack training or experience. Hizbollah’s militia is a light force, equipped with small arms, such as automatic rifles, mortars, rocket-propelled grenades, and Katyusha rockets, which it occasionally has fired on towns in northern Israel. Hizbollah forces are shown on television conducting military parades in Beirut, which often include tanks and armored personnel carriers that may have been captured from the Lebanese army or purchased from Palestinian guerrillas or other sources.

Location/Area of Operation

Operates in the Al Biqa’ (Bekaa Valley), the southern suburbs of Beirut, and southern Lebanon. Has established cells in Europe, Africa, South America, North America, and elsewhere. Its training bases are mostly in the previously Syrian-controlled Biqa Valley, and its headquarters and offices are in southern Beirut and in Ba’albek.

External Aid

Hizballah was established by the Iranian Revolutionary Guards who came to Lebanon during the 1982 « Peace for Galilee » war, as part of the policy of exporting the Islamic revolution. It receives substantial amounts of financial, training, weapons, explosives, political, diplomatic, and organizational aid from Iran and Syria. Published reports that Iran provides hundreds million dollars of aid annually are probably exaggerated. Iran probably provides financial assistance and military assistance worth about $25-50 million.

Hizballah is closely allied with, and often directed by, Iran but has the capability and willingness to act independently. Closely allied with, and often directed by Iran, it may have conducted operations that were not approved by Tehran. Though Hizballah does not share the Syrian regime’s secular orientation, the group has been a strong ally in helping Syria advance its political objectives in the region.

The “Martyr’s Charity” (Bonyad-e Shahid) supplied charitable funds for the families of suicide bombers. In 2001, Paraguayan police searched the home of Hizballah operative Sobhi Mahmoud Fayad in the the Tri-Border Area where Brazil, Argentina, and Paraguay meet. Police found receipts from the Martyr’s Organization totaling more than $3.5 million for donations Fayad sent, though authorities believed Fayad had sent over $50 million to Hizballah since 1995.

Besides operating a worldwide network of fundraisers, funds are also raised through so-called ‘charity funds.’ Some of these are extremist Islamic institutions that, while not directly connected to Hizballah, support it, albeit marginally, in view of their radical Islamic orientation. While some of these funds undoubtedly pay for Hizballah’s military and terrorist operations, other funds enable the group to provide its members with day jobs, to drape itself in a veil of legitimacy, and to build grassroots support among not only Shi’a, but also Sunni and Christian Lebanese. In March 2005, Hizballah organized a large demonstration to protest American and other international pressure on Syria to completely withdraw from Lebanon. Syria did subsequently withdraw its military and intelligence forces. The Syrian withdrawal may have left a vacuum for Iran to expand its influence in Lebanon and on Hizballah.

In Israel’s view, Hizballah’s activities are part of Iran’s overall policy with regard to Israel, which is to fan the flames of the Israeli-Palestinian conflict and initiate terrorist activities against Israel, despite the fact that Hizballah is a Lebanese organization consisting entirely of terrorists from Lebanon, with no national connection to the Israeli-Palestinian conflict. In view of Iran’s interest in smudging its fingerprints with regard to direct control over internal terrorist activities, Hizballah’s status is significant as Iran’s front-line operative arm against Israel. »

otras fuentes sobre el actual conflicto en el Líbano

El portal www.globalsecurity.org ofrece información detallada sobre el potencial de los actores en pugna en este conflicto.  La principal fuente de Hizbollah en acción, es la página www.moqawama.net, donde se publican los comunicados diarios que emite la Resistencia Islámica en el Líbano.  A su vez, el sitio oficial de Tsahal, las Fuerzas Armadas de Israel es  http://www1.idf.il donde se encuentran recuentos históricos sobre los distintos conflictos en los que ha intervenido y completas referencias sobre la doctrina de empleo de las fuerzas.   El periódico israelí Yediot Ahoronot, presenta en su página web www.ynetnews.com una visión completa y diferente de los acontecimientos vistos desde la perspectiva israelí. 

24 juillet, 2006

el gas natural de magallanes… ¿es chileno todavía?…

Classé sous desarrollo regional,encrucijadas — paradygmes @ 23:31

Se avecina un conjunto de decisiones de importancia estratégica para el desarrollo de Magallanes.

En estos meses  y probablemente en estas semanas de fines de julio de 2006, ENAP debe adoptar decisiones respecto del futuro de la exploración y la explotación de las reservas de gas natural de Magallanes.

En primer lugar, debe partirse de un hecho absolutamente verídico acontecido hace un mes, cuando en una reunión del CONSEJO REGIONAL de Magallanes, y estando presentes los cuatro parlamentarios de la región, se manifestaron diversas aprehensiones sobre los derechos de explotación que conforman el FONDEMA.

 Esos temores y aprehensiones desgraciadamente se están viendo confirmados, por ejemplo en el caso de  la empresa GEOPARK, que explota el bloque Fell, desde hace 3 meses aproximadamente.  Esta empresa extranjera (www.geo-park.com)  (que se administra desde sus oficinas en Buenos Aires y Santiago y con oficinas de campo en Rio Gallegos y  en Punta Arenas) esta vendiendo el gas que produce directamente a Methanex, y lo mas grave aparte de todo lo que eso significa, el Estado de Chile no le cobra los derechos de explotación que si les cobra a ENAP.  Nos informa el sitio web de Geopark que desde 2006, se ha convertido en la « primera empresa privada extranjera en producir petróleo y gas en nuestro país ».  ¿Y la Constitución Política de la República de Chile no dice acaso que esos recursos son del Estado de Chile?

En este contexto,  próximamente se reunirá el Directorio de ENAP en Santiago, y existen sobradas aprehensiones de que este Directorio está ya absolutamente influenciado por el  Gobierno para determinar y decidir la entrega de bloques en los cuales existen verdaderas expectativas sobre descubrimientos de gas natural a estas empresas transnacionales, tales como British Petroleum y otras.

Además de todos los daños que van a significar el no pago de los derechos de explotación, resulta fundamental tomar consciencia de la diferencia  que la explotación la haga ENAP, que es una empresa comprometida y gravitante en la economía regional, en tanto que los inversionistas extranjeros cualesquiera sean, vendrán con la premisa de sacar el producto, bajo la lógica de   »sacar que el mundo se va a acabar », y terminarán embolsandose gigantescas ganancias pero con cero responsabilidad social con la región.

Queda la interrogante si como magallánicos vamos a entregar la concesión de los bloques, argumentando que el Estado no tiene los recursos para realizar una campaña exploratoria como la que se necesita, pero parece que nadie toma en cuenta qyue hoy en Latinoamérica el mejor negocio que invertir es en el neggocio de los hidrocarburos.  Por lo tanto, la gran intrerrogante es ¿porqué no seguimos incrementando los recursos que ENAP le entrega al erario nacional?.

De esta incógnita, que resulta incomprensible, solo puede salir una convicción muy grave: que los poderosos intereses económicos de que ya pusieron el ojo en las reservas de gas natural de Magallanes quieren explotarlas sin ENAP de por medio y que esos intereses tienen aliados hasta los mas intrincados laberintos de la sociedad chilena.  Vergüenza entonces que la mayoría de los ciudadanos de Chile y de Magallanes y que puede opinar, esta callada ante estos hechos graves, para no enfrentarse con los jefes o los que manejan el poder,

Lo mas grave de estos hechos es que en definitiva, durante este gobierno al parecer se pretende disminuir y jibarizar una empresa del Estado reconocidamente eficiente.  Podría afirmarse que  a ENAP esta siendo gradualmente enterrada por el Estado y por el gobierno y los poderosos intereses económicos que predominan en Chile y eso explica muchas decisiones que parecen tener una dudosa intención, por tanto el panorama no puede ser peor para Magallanes.

No obstante las declaraciones oficiales, no resulta claro para la ciudadanía cuál es el propósito de entregarle recursos de todos los chilenos  a ciertas transnacionales, de donde resulta que que parece  haber mucho interés en dejarle a ENAP lo peor, los trabajos exploratorios y cortarle  los financiamientos, puesto que se sigue privilegiando las inversiones de la filial SIPETROL.

Todo esto sin considerar el hecho evidente que los ejecutivos de Enap, de los cuales quedan varios durante años pedían que no se explore mas en Magallanes, han justificado la privatización abierta o encubierta de esta empresa.  Incluso se puede encontrar declaraciones de prestigiosos geólogos de ENAP que justificaban esta desvinculación de ENAP del proceso de exploración.

Lo que resulta inexplicable y altamente sospechoso es  que,  en el inicio de una nueva perspectiva de desarrollo para la industria gasífera en Magallanes, preciamente en este instante,  ENAP se desprenda de una inmensa cantidad de capacidad técnica y humana, y que obviamente estas empresas internacional  capturan ese capital humanlo sin ningún costo.  Es el caso de numerosos de los recientes desvinculados, quiénees cobran indemnizaciones y después trabajan con esas empresas.   Las empresas transnacionales interesadas en el negocio energético de Magallanes están funcionando como aspiradoras de capital humano, aspiradoras de profesionales y de conocimientos y de experiencia, experiencia que fue ganada en ENAP, y de la cual esas empresas se benefician a costo gratis.

ciudadanía y representación: la condición ciudadana en las post-democracias

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 3:38

 
prólogo
A medida que nos internamos en el siglo XXI llamado el siglo de la globalización, la interrogante acerca de la condición ciudadana dentro de los sistemas políticos democráticos, se vuelve cada vez más acuciante.

Los ciudadanos se nos presentan cada vez más ignorados, abandonados, individualizados, controlados, vigilados y aplastados por las nuevas maquinarias de poder que se instalan en las sociedades modernas y postmodernas. El creciente distanciamiento que los ciudadanos sienten, respecto de los aparatos de poder que su propio sufragio contribuye a instaurar y sus propios impuestos constribuyen a financiar, está en las raíces del actual desapego frente a la Política y los políticos.

¿Qué significa ser ciudadano hoy en nuestras democracias? ¿Tiene el mismo significado ser ciudadano hoy, para el individuo común y corriente, que hace treinta o cuarenta años atrás? ¿Cómo se relaciona el ciudadano con el sistema político, con los actores políticos o con el Estado? ¿Qué significados tiene hoy la representación de los ciudadanos en el orden político? ¿Tenemos hoy democracias más sólidas, más estables, más gobernables, más representativas, legítimas y abiertas que hace dos o tres decenios?
Para la Ciencia Política moderna y contemporánea, la cuestión de la condición ciudadana resulta crucial para entender el lugar y el rol de los individuos dentro del sistema político, de manera que someter a un cuestionamiento crítico profundo esta problemática, implica necesariamente poner en tela de juicio el conjunto del orden político e institucional de las democracias representativas, tal como ha venido siendo comprendido hasta el presente.

La evidente desafección y desapego que muestran los ciudadanos frente al sistema político, su relación casi instrumental con las autoridades, representantes y funcionarios, su visión desconfiada y demonizada de la clase política, son algunos de los inquietantes rasgos que hoy predominan en gran parte de las democracias y que nos hacen preguntarnos a los politólogos si no estaremos -en realidad- en presencia de una nueva época de desarrollo de los sistemas políticos en general.

La hipótesis central de este ensayo afirma que -en general en la época contemporánea y como consecuencia de una suma de factores estructurales- los sistemas políticos y particularmente los sistemas democráticos, habrían ingresado a un cambio de época post-democrática caracterizado por que las estructuras e instituciones políticas operan sobre nuevos paradigmas de gestión y donde la relación Estado-ciudadanos estaría siendo gradual y profundamente modificada por el surgimiento de nuevas lógicas, criterios y estilos de comportamiento.
Asistimos a un cambio de época de los sistemas democráticos representativos, que estaría caracterizado actualmente por una crisis general y estructural del conjunto del Estado que gobierna el sistema neoliberal capitalista. A la crisis del Estado liberal moderno, se acompaña una crisis general de la representatividad política. Sobre la base y en el contexto de un orden capitalista dominante y en plena tendencia globalizadora, los ciudadanos se enfrentarían de aquí en mas hacia el futuro a un conjunto de estructuras, normas e instituciones políticas dominadas por el espíritu mercantil, a un sistema político e institucional que secuestra real y virtualmente la soberanía popular y el poder constituyente de los ciudadanos.

El modelo tradicional de Estado republicano representativo organizado sobre la base de una economía capitalista liberal o neoliberal, propio del período iniciado con la Independencia de Estados Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789), constituye un marco de estructuras asociadas, articuladas, un sistema económico-político que opera como una maquinaria única de poder y hegemonía y que ha desplazado históricamente el centro del poder y su ejercicio, desde la ciudadanía hacia un conjunto de instituciones y estructuras de decisión y dominación. Es este modelo de Estado, es esta articulación económico-política la que ha entrado en crisis.

 

Manuel Luis Rodríguez U.  Cientista Político

Punta Arenas (Magallanes), verano de 2006.

 

ciudadanía y representación: los fundamentos teóricos

 

Históricamente, y en particular desde el siglo XVIII en adelante, las nociones de ciudadanía y de representación han aparecido asociadas estrechamente en el universo político, hasta el punto de considerárseles como indisolublemente ligadas. No nos debe engañar sin embargo, esta aparente modernidad de la idea de ciudadanía o de representación. Porque una arqueología del concepto de ciudadanía –y siempre situados dentro de la tradición intelectual de Occidente, que es la que nos concierne- podría rastrearse desde los albores de la edad media europeo-occidental, probablemente recogiendo sus raíces desde las doctrinas heredadas de la tradición jurídica de la República y el imperio romano, la que se fue fundiendo con la larga tradición de las primeras formaciones urbanas: villas, burgos, cités…

Por su parte, el concepto de representación cristaliza en el siglo XVIII estrechamente vinculado al de la formación de las primeras repúblicas modernas, cuando se concibe la idea de un poder constituyente o soberano que radicaría en la nación. De hecho, la formación intelectual y política del concepto de representación, encuentra algunos de sus basamentos fundacionales cuando -en el contexto de la doctrina iluminista de Rousseau y otros filósofos- la idea sobre el orígen de la soberanía se traslada más o menos gradualmente, desde la autoridad unipersonal y absoluta del rey hacia esa entidad colectiva denominada « nación ».

 

una arqueología intelectual
de la representación

Aún así, no puede negarse que una arqueología de la teoría de la representación moderna arranca en sus orígenes más remotos de la idea de que, salvo la experiencia asambleísta y de democracia directa de las polis griegas, para que haya un poder político sólido y estable, éste tiene que ser ejercido por ciertas autoridades que representan a algún tipo de colectivo.
Ya en la clásica polis ateniense del siglo V, el debate entre Sócrates y los sofistas contenía una preocupación por la cuestión de la representación: ¿no sería mejor acaso que el poder sea ejercido por un pequeño número de individuos elegidos entre los mejores? Pero, ¿cómo elegirlos: por la fuerza, por su orígen o nacimiento, o por el mérito de su virtud?

Platón y Aristóteles responderán de un modo sugestivamente similar a estas preguntas.

En efecto, el filósofo Aristóteles concibe la Política como lo que él define como una noble y razonable práctica de los más buenos y de los más expertos, un gobierno de los filósofos. El hombre en la visión humanista y aristotélica, es un animal político -zoon politikon- que se realiza en cuanto ciudadano dentro de la polis, la cual es una organización que se funda no en la fuerza bruta, ni en los intereses pasajeros, ni en las prescripciones de los dioses, sino en la razón que permite al ser humano actuar en el marco de la virtud. El Estado llega a ser así, la expresión ideal y real de las mejores cualidades de los mejores sujetos. Es el carácter « razonable y racional » de la política aristotélica, que después más tarde heredarán los humanistas europeos del siglo XV y XVI.

A su vez, en su obra política más importante « La República », el discípulo de Aristóteles, Platón, propone y estructura un tipo ideal de Estado dividiendo la población de la polis en tres clases sociales distintas y separadas según la actividad y rol que cada una de ellas debe desempeñar dentro de la organización política, a saber, la de los gobernantes, la de los guerreros y la de los artesanos y labradores o campesinos.

Según la visión platónica de la política, para el perfecto funcionamiento del Estado, entre cada grupo social debe existir una perfecta armonía, una verdadera sinergia social de manera tal que su actuación reciproca e independiente sea un medio eficaz para lograr y asegurar la convivencia social y el logro de la felicidad común de todos los integrantes de la sociedad y el Estado. Desde esta perspectiva, siempre los mejores hombres deben dirigir los destinos de la comunidad, tanto por sus cualidades intelectuales como por virtudes morales, como la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia.

 

la polis y el ágora,
el lexis y la praxis

La vida política griega estaba, por lo tanto, fundada social, económica y políticamente en la polis. La expresión griega « polis » significa a la vez, ciudad y ciudad-Estado. ()
La vida pública de los griegos –el koinon- se desarollaba siempre fuera del oikos, fuera del hogar. La acción pública, la acción política tenía lugar en un espacio donde no existía ni el aislamiento ni la individualidad: el ágora, espacio -a la vez físico- situado en el centro de la urbe, y virtual o mental, donde los ciudadanos se reunían cotidianamente para discutir, deliberar y decidir los asuntos de interés público y colectivo.

Lo esencial del contenido de la experiencia del ágora era entonces, el diálogo, (dia-logos… dos logos, dos palabras), la palabra de cada uno confrontada a la palabra de un otro. La pluralidad humana era entonces, una condición absoluta del actuar de los griegos en política; actuando en forma concertada, colectiva, los griegos generaban redes de relaciones entre ellos, en un proceso infinito de acción y reacción.

En el centro de la vida política griega estaban la palabra y la acción, el lexis y la praxis. En la experiencia política de la polis griega, lexis y praxis formaban parte indisolublemente de una misma vivencia: la palabra estaba destinada a la práctica y la práctica daba orígen a la palabra. En el espacio del ágora, por lo tanto, la experiencia del politikon supone dos elementos inseparables: el lexis y la praxis, de manera tal que, ni el lexis se entiende como pura reflexión desconectada de la realidad, ni la praxis se entiende como mera facticidad no reflexiva o carente de logos.

El ágora es el espacio central de la democracia ateniense, era el koinon, un espacio público e igualitario, y lugar privilegiado de la democracia, el ámbito soberano donde los asuntos públicos se someten a discusión, donde los ciudadanos toman la palabra, expresan sus divergencias y puntos de vista, sus intereses y aspiraciones y donde, actuando de consuno, deliberan y deciden de un modo colectivo. En el seno del ágora, todos son iguales, no hay jefes ni subordinados.

Subrayemos este aspecto igualitario.

La polis o la organización política de los ciudadanos era el dominio de la permanente actualización de la libertad entre los griegos. La libertad de los griegos, el surgimiento de la espontaneidad en el ágora, era estrictamente política. La condición de la experiencia de la libertad era la amistad. Esta invitaba a los griegos al ágora, a reunirse en la polis, para actuar y hablar en conjunto, de manera que al interior de la polis, cada uno de los ciudadanos expresaba su punto de vista, manifestando así su singularidad, develando su nombre, su ser propio. Así, la expresión de la individualidad, era tributaria de la realización colectiva de la ciudadanía.

Por tanto, había que ser ciudadano para ser libre, puesto que solo los hombres libres podían ser ciudadanos y entonces la pertenencia a la polis, daba identidad y personalidad política al individuo. La polis era la esfera de pertenencia y la esfera de apariencia del individuo-ciudadano, pero en la polis todos eran iguales y distintos. En la práctica política, en la acción y en la palabra en el ágora, la polis funcionaba sin una división entre gobernantes y gobernados. La polis era el ámbito de la isonomía, es decir, de la igualdad real y objetiva de todos los ciudadanos, dentro de un mismo estatuto político común: ciudadanos únicos, iguales y distintos.

Ser ciudadano griego libre, significaba no ser esclavo, es decir, no estar sujeto a las necesidades de la vida y además, no ser jefe ni tener jefe del cual recibir órdenes. En cuanto ciudadanos iguales, los griegos no tenían subordinados ni mandatarios, ni jefes ni súbditos. El poder político entre los griegos –el dynamis- surgía entonces desde el momento en que los ciudadanos se reunían en el dominio público, en el ágora dentro de la polis. Era precisamente esa reunión colectiva, esa asamblea de ciudadanos -la bulé o ecclesia- la que constituía el poder político entre los griegos en el seno de la polis. De este modo, acción, palabra y poder se sintetizaban cotidianamente en la experiencia política de la polis griega.

No había representación en la polis griega, no obstante lo cual se elegían anualmente tres arcontes, arkons, por ejemplo en la polis de Atenas. Tres arcontes que cumplían funciones específicas: el arconte eponymo que denominaba al año que venía a continuación de su nombramiento, el arconte basileus, encargado del ejercicio de los ritos religiosos y el arconte polemarcos, teóricamente encargado del liderazgo militar. Más tarde se agregaron otros seis arcontes o tesmotetes, jóvenes funcionarios relacionados con los tribunales. Los arcontes eran elegidos por la ecclesia, es decir, la asamblea de los ciudadanos y una vez que concluían sus funciones y sus realizaciones eran consideradas como positivas para la ciudad, pasaban a incorporarse al Aréopago, o consejo de ancianos.

Un aspecto notable a subrayar en esta visión de la democracia griega, es que la toma de decisiones estaba siempre fundada en el seno de la polis -y sólo en el ámbito público de la polis- sobre la base de la persuasión. De allí una vez más la importancia de la palabra en el ágora: el uso del lexis en la discusión pública y política, estaba destinado a producir un convencimiento razonado, un razonamiento por convicción. Para el ciudadano griego convencer a sus demás semejantes, de que su argumento era el mejor, era parte indisoluble de su ejercicio libre y cotidiano de la palabra en el espacio del ágora.

En la práctica de la democracia ateniense o de la polis griega clásica, entonces, la representación opera como una práctica autoreferente: yo, ciudadano me represento a mí mismo, porque en el espacio del ágora, nadie está ni subordinado ni por encima de mi. En la horizontal igualdad construida por la polis en el ágora, la representación es autorepresentación, poder en sí mismo, dynamos puro. ()

La cuestión volverá a aparecer bajo otras dimensiones, en la experiencia política y estatal romana.

 

roma:
Forus y Senatus,
magistratus e imperium

A diferencia de la experiencia igualitaria de los griegos en la polis, el desarrollo de la civitas romana seguirá una trayectoria diferente. La propia condición ciudadana en Roma difiere de la experiencia griega. El ciudadano romano es un individuo cuya voluntad es fundar con sus semejantes un edificio político estable en el cual reside un poder de acción colectivo.

Hay en la experiencia política romana una permanente búsqueda de construcción institucional, de realización de una arquitectura política y jurídica de instituciones estables y visibles, duraderas en el tiempo y en las cuales los ciudadanos se reconozcan y encuentren certeza, precisión, regularidad, seguridad… y hasta solemnidad.

En el foro romano, llegan los mejor dotados de la fuerza oratoria y de la capacidad persuasiva. Además, los asuntos que se resuelven en el Foro nunca van a tener la envergadura e importancia de aquellos que se deliberan en la noble asamblea del Senado. El poder de los patricios, de los pater-familias nobles que allí reside, se ha separado de la colectividad, de la masa del pueblo, y aunque se denomine Senatus Populusque Romanus (Senado del Pueblo Romano), nunca dejará de ser la asamblea de los señores patricios propietarios de la tierra y dedicados a la cosa pública, a la res pública. En el Senado, como institución fundamental de la república hasta los inicios del imperio, se produce el punto de encuentro entre otium, el ocio facilitado por la riqueza de la propiedad agrícola y terrateniente de que gozaban los pater conscripti, y negotium que son los asuntos públicos objeto de su deliberación.

La arquitectura institucional del Estado durante la República descansaba en dos instituciones: el Senado (entre 300 a 500 miembros) proveniente directamente de las familias patricias y los dos Cónsules designados anualmente, cuyo nombramiento era senatorial. En casos excepcionales de peligro exterior, se elegía por los Cónsules a proposición del Senado, un « dictator » hasta por 6 meses máximo. Cónsules y dictadores poseían « imperium », es decir, supremo poder ejecutivo. En síntesis, los dos órganos fundamentales del poder político en la República romana, Senado y Cónsules, no eran representativos, eran designados.
Jerárquicamente dependientes del Senado, existían además los Comicios Tribunados o asambleas que nombraban a los Tribunos de la Plebe, órganos políticos surgidos de la presión ejercida por la plebe para acceder a puestos de poder dentro del Estado. Los Cónsules a su vez, nombraban al Pretor Urbanus (encargado de administrar justicia), al Censor de Costumbres e Impuestos, al Edil Curul (que vigilaba los mercados urbanos) y a los Cuestores (quienes administraban el tesoro o finanzas del Estado).

En el centro de la noción o pre-noción romana de la representación encontramos el concepto de magistratus. En la República « …el término magistratus, que no es en sentido estricto más que la expresión abstracta correspondiente al término concreto magister, se confunde primitivamente con éste. Pero, el poder de los magistrados se refiere siempre en la constitución romana a un mandato del pueblo, y designa, en el período reciente de la República, sea en sentido abstracto en el que alterna con honor, la magistratura política regular, sea, en sentido concreto, al individuo investido de esta magistratura regular, en tanto que emana de la elección popular… » como escribe Mommsen en su « Historia del Derecho Público Romano ».

La presión de los plebeyos entre el siglo II y I incorporó nuevas instituciones a la estructura estatal romana. Como sabemos, en la Roma republicana y antes de la crisis final del Consulado y los Triunviratos, ciertos magistrados eran electos por las curias o asambleas populares de ciudadanos, del mismo modo como los cónsules eran designados por el Senado.

Sin embargo, en ninguno de estos procedimientos de elección de autoridades, esa representación era concebida como un mandato, sino solamente como una forma específica y limitada de designar ciertas autoridades que, al instituirse en órganos del Estado romano, independientes de los individuos o asambleas que los habían elegido, no tenían en estricto rigor un mandato representativo vinculante.

Evidentemente, en sus lejanos orígenes intelectuales, la cuestión de la representación hace referencia a cuatro problemáticas interrelacionadas: quién representa a quién, es decir, qué carácter tienen los individuos que intervienen en esta relación; cómo se elijen los representantes; qué funciones desempeñan los representantes y, qué relación existe entre los representados y los representantes.

En síntesis, entendemos que la antigua representación -propia de la experiencia griega y romana- estaba limitada por su alcance. El poder monárquico absoluto no incluía ninguna forma expresamente representativa. En cambio, lo que se plantea la moderna cuestión de la representación, se refiere tanto a la forma cómo son elegidos los gobernantes, como a la naturaleza y alcances de la relación gobernantes-gobernados que supone el mandato.
El hundimiento del imperio romano y el advenimiento del cristianismo en la Europa occidental como el poder instituido dominante, no solo hace desaparecer hasta el recuerdo de estas formas de ciudadanía y de práctica política provenientes de la polis y de la Roma republicana, sino que sobre todo traslada la libertad humana fuera de la esfera política, cívica –aparece la sujeción servil feudal- y la sitúa en la esfera religiosa del individuo: el ser humano no es libre en la tierra, solo será libre en un futuro cielo.

Al civitas romano se le reemplaza por el creyente o fiel, el sujeto individual llamado a adorar la divinidad, pero bajo la dominación espiritual y la intermediación del sacerdote o el iman. Ahora, en la edad media, la cruz cristiana o la medialuna islámica, son el pasaje obligado para alcanzar la libertad.

 

la representación moderna

 

La representación política moderna puede tener tres significados diferentes. Veamos cada uno de ellos.

Primero, como mandato o acción en cuestiones que conciernen a otras personas. Se originó por analogía con la representación en el derecho civil romano, que permite a una persona (representante o mandatario) ocupar el lugar de otra ausente (representada o mandante) para efectos de asumir derechos o contraer obligaciones, de modo que su actos jurídicos producen efectos directa e inmediatamente para la ausente, como si esta persona los celebrara.
De esta manera en la teoría política moderna, un gobernante es un representante o mandatario que actúa en nombre de los intereses del pueblo, de la ciudadanía, con un grado de libertad que varía en cada caso, lo mismo puede ser un ejecutor carente de iniciativa y autonomía (mandato imperativo), lo cual ya es imposible en la política actual y fue prohibido en el pasado para romper vínculos feudales, o por el contrario, tener como su única guía para la acción el « interés » de los representados (mandato representativo o fiduciario), en cuyo caso, el problema es identificar cuáles intereses deben servirse, sobre todo cuando no existe una mayoría absoluta que pudiera orientar al respecto y los representados son heterogéneos y carecen de opiniones frente al cúmulo de asuntos públicos, salvo quizás en los grandes temas políticos en los cuales sí podría hablarse de un mandato.
En consecuencia, la cuestión no resuelta es saber ¿cuáles intereses sirve el representante dentro del electorado que lo eligió, de la nación en su conjunto, de los particulares o el interés general, o lo que le dicte su conciencia? La teoría francesa responde que es la nación, pues de lo que se trata con la representación política es de superar la fragmentación particularista que se manifiesta en el juego político. Pero, el interés de la nación puede ser concebido de modo distinto por representantes y representados, por lo que debe existir un elemento de control sobre el comportamiento de los representantes.

Hay un segundo significado de la representación, en cuanto semejanza, espejo o afinidad, o definida « como un exacto retrato en miniatura del pueblo » (al decir de John Adams, uno de los padres fundadores de la democracia estadounidense). Es decir, como una reproducción de ciertas propiedades y peculiaridades: el representante debe cristalizar en su persona, ciertos rasgos característicos del grupo, clase o profesión de los que procede. Esta concepción de representación trasciende cualquier selección voluntaria e incluso consciente, ya que los diversos grupos que componen la sociedad (de edad, género, clase, etnia, etc.) deben estar representados en igual proporción que la que mantienen en la realidad. Por esto, se define a un representante como « un fiduciario controlado, que en algunas de sus características o atributos refleja las de sus electores ».

Se dice que uno se siente mejor representado, si el representante es alguien como uno mismo. Pero la primera cuestión que plantea este tipo de representación, es cuáles características son las que deben estar representadas; los sistemas electorales proporcionales consideran sólo las políticas e ideologías expresadas en los partidos. Respecto a las demás, los representantes (diputados, senadores, etc.), individualmente o en grupo, no comparten las otras características de la población que representan, no son estrictamente una muestra del electorado, existiendo siempre grupos y segmentos de la ciudadanía que resultan sub-representados. Además, la profesionalización de la política impide que pudiera darse esta correspondencia, pero es innegable la importancia simbólica y psicológica que puede significar para los grupos marginados.
Además, esta modalidad de representación, a pesar de su composición, puede no actuar como los electores lo desean, y al revés, puede comportarse conforme a la voluntad de los electores sin ser un microcosmos representativo del electorado. De ahí, de nuevo, la necesidad de control.

Y finalmente existe un tercer significado de la representación, entendida como responsabilidad. No puede haber representación si los representados carecen de alguna forma de protegerse a si mismos, porque estarían a merced de sus presuntos representantes. La representación política es voluntaria, por lo que los representados son perfectamente capaces de actuar y por lo tanto, titulares de un poder de control y de un derecho de revocación. En esto radica la esencia de un régimen representativo: la institución de un poder de control de los ciudadanos sobre el funcionamiento del régimen político.

El principal mecanismo estructural de garantía de la representación política son las elecciones libres y competitivas, en las cuales, periódicamente, los ciudadanos eligen representantes y juzgan a priori o a posteriori, intenciones y realizaciones de gobierno. Desde esta perspectiva, se puede definir a la representación política como un sistema institucionalizado de responsabilidad política, realizada a través de la designación electoral libre de ciertos organismos políticos fundamentales (principalmente los órganos del poder ejecutivo y legislativo). De esta manera, en la representación política moderna el núcleo de su contenido reside en el proceso de elección de los gobernantes y de control ciudadano de su accionar, mediante elecciones libres y competitivas.

Como se sabe, para que las elecciones sean libres y competitivas se requieren varios elementos: que se respeten los derechos políticos (libertad de asociación, propaganda, imprenta, etc.); que se dé espacio a la formación y la manifestación de la voluntad política de los ciudadanos en condiciones de pluralismo y libertad (acceso a los medios masivos de comunicación); que la ciudadanía desarrolle una cultura democrática y tolerante, en especial la clase política dirigente; que las elites políticas alternativas sean capaces de ofrecer un recambio viable a las que detentan el poder y asegurar así la dinámica competitiva.

La revocación, la iniciativa popular y el referéndum son algunos instrumentos de la democracia directa. La revocación es un recurso legal de origen anglosajón que consiste en dar opción a los electores de que puedan, mediante una nueva votación, anular el mandato político otorgado electoralmente a sus representantes, antes de que se cumplan los periodos para los cuales fueron elegidos. Es un derecho de destituir a quien incurra en faltas de capacidad o de probidad, no necesariamente ilegales, en el ejercicio de las funciones encomendadas, y su propósito es asegurar y mantener la responsabilidad de los gobernantes.

La revocación requiere ser solicitada por un determinado número de ciudadanos para que proceda y consiste en una nueva elección en la cual se presenta el representante cuya destitución se pide y los otros candidatos que quieran competir. Si la vuelve a ganar el impugnado, ya no puede volver a emplearse la revocación durante el resto de su periodo.
Estos tres significados de la representación política no se encuentran en forma pura en la realidad.

No deja de ser curioso que en la Utopia de Tomás Moro, publicada en 1516, la ciudad ideal elige a sus representantes por tiempo limitado. Dice al respecto el famoso texto:: « Todos los años cada grupo de treinta familias eligen un magistrado, que en su idioma antiguo llamaban Sifogranto, y en el moderno Filarco. Cada diez de estos Sifograntos, de acuerdo con las familias, eligen otro magistrado superior, que antes llamaron Traniboro, y actualmente denominan Protofilarco. Finalmente, todos los Sifograntos (que son en número de doscientos) hacen juramento de que elegirán por Príncipe, con voto secreto, a uno de los cuatro propuestos por mayoría de votos por el pueblo. Cada cuarta parte de la ciudad elige un senador. La dignidad de príncipe es vitalicia, a no ser que se venga en sospecha de que trata de tiranizar el Estado. Los Traniboros se eligen por un año, y no los deponen sin causa justificada. Todos los demás Ministros y Oficiales también los eligen por un año. »
la representación desde los iluministas:
Rousseau y Hobbes

J. J. Rousseau va a plantear la cuestión desde otra perspectiva.
Al constituirse el contrato social como un convenio del individuo consigo mismo, a través de la colectividad a la que pertenece, el sujeto se convierte en ciudadano. Este acto de asociación produce en consecuencia un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos integrantes como individuos componen la sociedad toda.

Dentro de este pacto, la libertad de cada uno no es sumisión sino que es consentimiento voluntario e igual para todos, de manera que el individuo deviene en dueño de sí mismo. De aquí resulta para Rousseau, que al ser voluntario el contrato social, el cuerpo político no es la suma de las voluntades individuales o particulares, sino que es la constitución de una voluntad general que no aliena aquellas.
Es la voluntad general la que induce los caracteres esenciales de la soberanía: ella es inalienable, indivisible, infalible y absoluta, y escribe Rousseau al respecto: « … digo por lo tanto, que la soberanía, que no es más que el ejercicio de la voluntad general, no puede alienarse jamás y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo: el poder puede transmitirse, pero no la voluntad. »

En Rousseau por lo tanto, la voluntad general no se representa (no podría representarse porque implicaría el poder omnímodo del representante sobre sus representados) sino solo el poder que emana de dicha voluntad. De aquí deriva que el poder político de los representantes es una emanación, es una expresión o manifestación particular de la voluntad general que se expresa provisoriamente a través de ellos. Y la voluntad general, siempre en la perspectiva de Rousseau, reside en el conjunto de los individuos que componen la ciudadanía.

El realista Thomas Hobbes buscará, en cambio, otra salida al tópico.

Con Hobbes, el artificio estratégico consistente en el estado de naturaleza, caracterizado tan sólo por la noción de los individuos y de su derecho a todo, permite no reconocer ninguna dimensión colectiva como natural y originaria. Pese a ello, es necesario encontrar por medio de otro artificio una dimensión social para impedir que las fuerzas opuestas de los individuos impliquen su recíproca negación y la muerte. La única solución es –como surge de la célebre construcción que se obtiene con el contrato social- un acuerdo garantizado por una fuerza enorme e incontrastable, constituida por todos. Y todos se someten voluntaria y racionalmente a esta fuerza común, precisamente para que no se produzcan atropellos de unos sobre otros. Por tanto, para Hobbes, la subordinación se debe al cuerpo político considerado en su totalidad. Precisamente aquí radica la legitimación de la condición del súbdito. De hecho, ésta ya no es sumisión frente a un solo individuo, en base a sus cualidades o su fuerza, sino frente al cuerpo que todos han querido construir.
Lo que caracteriza la posición de Thomas Hobbes, y posteriormente a la propia dimensión moderna del poder político, es la idea de que la voluntad de esta persona civil no puede ser la de ningún individuo particular, en la medida en que todos los individuos nacen iguales, ni tampoco la suma de las múltiples voluntades de los individuos singularmente considerados, porque no se trata –como destaca Hobbes- de un simple acuerdo, sino de una persona.
Tal cuerpo político no puede, por tanto, poseer voluntad o movimiento si no surge una nueva teoría de la actuación, según la cual una persona (y aquí el término posee un significado preciso ligado a su raíz etimológica) no actúa por sí misma, sino en base a la totalidad del cuerpo político.
Así, el cuerpo político adquiere voz propia y la posibilidad de actuar tan sólo por medio de alguien que recoja sus partes, es decir, que le represente. Ya no hay ahora espacio para la imagen de un cuerpo político en que las diversas partes tengan funciones diversas en su interior, en el modo en que a menudo se representaba la respublica, sino que resulta más bien emblemática la figura que caracteriza el frontispicio del Leviathan, la del soberano, constituido por muchos hombres pequeños, todos iguales, que se reconocen en todas las partes de su cuerpo. Pero sobre todo, lo que ha desaparecido es la posibilidad de que el cuerpo político de individuos, es decir, la ciudadanía, pueda ejercer por sí mismo ese poder constituyente que le ha sido atribuido en los orígenes de la democracia y de las repúblicas.

No sólo no hay partes diversas, sino que quien ejerce el poder del cuerpo político ya no es la cabeza, la guía, frente a las otras partes del cuerpo, sino que es tan sólo la máscara, el actor que actúa por todo el cuerpo político. Lo que es necesario comprender y puede incluso sorprender, es el hecho de que es precisamente en la naturaleza representativa en la que se basa al mismo tiempo la legitimidad de la actuación del soberano, pero también su carácter absoluto y la imposibilidad -según Hobbes- o en cualquier caso, la extrema dificultad -en los pensadores posteriores a él que se inspiran en el Derecho Natural- de pensar en controlarlo.

La razón de la dificultad de controlar el ejercicio representativo del poder, que atormentará a los pensadores y filósofos que le sucedieron, consiste en el hecho de que la representación ha venido a convertirse en la condición indispensable para poder imaginar el cuerpo político, esto es, el sujeto colectivo. Siendo así, resulta extremadamente difícil pero no imposible, imaginar el sujeto colectivo en su función de control frente a y contra aquél que lo representa.

 

el umbral de las revoluciones
americana y francesa

A partir de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución Francesa, sin embargo, lo que surge es una nueva doctrina de la representación, entendida y puesta en práctica como un mandato más o menos vinculante entre los mandantes y sus mandatarios, según el cual los mandatarios son elegidos para el ejercicio de ciertos cargos en cuanto representantes de la voluntad general de la nación y, en particular, de los intereses de los ciudadanos que les confirieron dicho mandato al elegirlos.
Como se verá más adelante, este segundo aspecto del mandato tenderá a desaparecer de la doctrina clásica, pero pasará a convertirse en la realidad concreta de la representación: los representantes son elegidos por los mandantes –es decir, por los ciudadanos- para que expresen jurídica y políticamente el interés general de la nación pero, a través de los intereses particulares y sectoriales provenientes de las realidades territoriales, económicas y socio-culturales de donde provienen ciudadanos y mandatarios.

De esta representación clásica deriva el fundamento de las democracias modernas.

La nación cuenta con la soberanía primera y última, cuyo ejercicio pasa por la formación de una Constitución que define los órganos de le legislación y el gobierno, las autoridades judiciales y que garantizarán la libertad y la igualdad de los ciudadanos y la plenitud de sus derechos.
La doctrina democrática clásica concibe al pueblo, en quién establece el fundamento del poder, no como un dato inmediato y no elaborado como es la masa de individuos sino como una entidad política y social obtenida por la « decantación » de una realidad sociológica. De aquí se desprende que, en tanto elemento del pueblo –dato social- el individuo es un sujeto, mientras que en tanto pertenece al pueblo –construcción jurídica- es ciudadano. Volveremos sobre este punto, cuando se analice la condición ciudadana.

No podemos perder de vista el hecho de que el acto constitutivo del principio de la representación, el acto fundacional de la república moderna, es un acto de fuerza: así, en Francia por ejemplo, el acto de la revolución de 1789, mediante el cual la nación se da a si misma la condición soberana, decapitando al rey y construyendo la nueva Asamblea, fue un poderoso y gigantesco acto de fuerza, tan legítimo como el acto de fuerza con el cual Bernardo O’Higgins proclama la Independencia de Chile en 1818, pocos meses después de la victoria militar en el campo de batalla de Chacabuco.

La representación –como concepto político- podemos definirla como el mandato provisorio y vinculante que los ciudadanos de una nación entregan a determinados ciudadanos de su elección, para que los representen y gobiernen en su nombre. Mediante la aplicación del principio de la representación, los ciudadanos en cuanto depositarios del poder constituyente de la República, confieren a ciertos representantes un mandato que otorga a éstos la facultad y la autoridad para ejercer un poder (ejecutivo o legislativo). Según esta noción, el Estado como órgano político y de poder, emana de la Nación y la representa.
Por lo tanto, el orígen de la representación es un poder: el poder soberano y constituyente de la nación, un poder inicial, definitivo, permanente y inalienable mediante el cual la nación, es decir, el cuerpo de los ciudadanos políticamente constituido decide lo esencial del ejercicio de la autoridad y de la ley.

¿Dónde se radica la representación en las democracias modernas?

En términos generales, la representación se radica en determinados órganos (instituciones e individuos), legal o constitucionalmente establecidos y validados, que operan como mandatarios de la ciudadanía.
Por lo tanto, la representación emana de un poder superior -el poder soberano y constituyente del pueblo- el que es otorgado por éste a un conjunto de ciudadanos, sobre quienes delega la facultad de ejercer el poder, de gobernar, de legislar, de producir y realizar la ley, delegación que contiene un mandato. La representación es así, una forma política e institucional de relación vinculante entre dos grupos ciudadanos distintos pero unidos indisolublemente por su condición política y jurídica: la relación entre mandantes y mandatarios, entre representados y representantes.

Así, la representación constituye e instituye una relación vinculante en tanto en cuanto, los ciudadanos-mandantes están vinculados a los representantes, por la entrega del mandato representativo y, a su vez, los ciudadanos-mandatarios no pueden desprenderse de su dependencia relacional con los mandantes, en virtud de la extensión y contenido del mandato que han recibido. De este modo, el pueblo es el mandante, es la entidad representada, y las autoridades son los mandatarios, son los órganos representantes.

En la representación política sin embargo, se contraponen en una dialéctica, la permanencia de la relación vinculante « representados- representantes », con la temporalidad del mandato que unos confieren a otros. En este caso, la temporalidad se asocia con la periodicidad de la renovación del mandato representativo, por obra del ejercicio ciudadano del sufragio. En las democracias representativas, cada cierto tiempo, la democracia y su poder constituyente parecen volver por breves instantes al propietario legítimo de ese poder soberano: el pueblo, la ciudadanía. Cada vez que la ciudadanía ejerce el derecho a sufragio –con todas las limitaciones y restricciones que pueden rodearle- lo que en realidad está haciendo es validar y materializar por un momento, la naturaleza constituyente de su poder soberano y proceder a traspasar el mandato representativo a los ciudadanos de su preferencia.
En efecto, en relación con la vigencia o duración del mandato, es de la esencia de la democracia el que la ciudadanía confiere a sus mandatarios un mandato limitado en el tiempo y en el espacio.

El mandato representativo que confiere el pueblo soberano a sus representantes, es limitado a un determinado período de tiempo durante el cual dicho mandato tiene plena vigencia y que solo puede realizarse dentro del ámbito de atribuciones que la norma confiere a esa autoridad.

No sería democrático el que el pueblo se despoje de un mandato para no volver a recuperarlo nunca más, mandato que los representantes entre sí autoregularían y traspasarían en su vigencia, como una herencia espúrea y por esencia, ilegítima.

Por último, cabe definir la responsabilidad del mandatario frente al mandante en el orígen y el ejercicio de la representación. La teoría clásica establece que el mandatario, es decir, el receptor del mandato ciudadano, es política y moralmente responsable ante sus mandantes, es decir, ante los ciudadanos que lo eligieron, de manera que éstos tengan siempre la certeza de que está siendo representado –en los órganos representativos y gubernamentales- el interés general de la nación.

 

la evolución histórica
de la representación política

Como se puede apreciar la idea de la representación es antigua y se encontraba subyacente en otras formas de poder político anteriores a las monarquías europeas.
En la alta Edad Media, la representación fue un mecanismo comúnmente utilizado en algunas órdenes religiosas que la usaron para elegir a sus priores.

En el ámbito de la política, comenzó a surgir cuando los reyes solicitaban consejo de nobles, clérigos y plebeyos importantes que escogían a su discreción, por la aptitud que les veían y la confianza que les merecían, a quienes también utilizaban para que comunicaran sus órdenes y demandas de impuestos a todos sus territorios y les informaran de los acontecimientos suscitados. Pero se representaban grupos de interés, no individuos, que eran llamados « estados »: la iglesia, los nobles y los comuneros; asambleas de estos tres estados existieron en Francia e Inglaterra.

Durante las crisis (pestes, guerras, invasiones normandas), cuando el rey demandaba más cooperación de sus súbditos, estos concejales aprovechaban la circunstancia para obtener derechos, establecer convenios, discutir problemas, presentar peticiones colectivas y hablar en nombre de todo el pueblo, de modo que el Rey que había sido considerado representante natural del pueblo, paulatinamente sólo se representó a sí mismo. La experiencia de Juan Sin Tierra y su Carta del Habeas Corpus es paradigmática al respecto.

En Escocia, por ejemplo, autores humanistas del siglo XVI como Georges Buchanan afirmaban, desde la cultura religiosa presbiteriana que les era propia, que el poder aun siendo ordenado desde Dios, pero que era investido a los reyes por el pueblo. (Herman, A.: The Scottish Enlightenment. The Scots Invention of the Modern World. London, 2003. Fourth Estate.)

La formación gradual de los parlamentos (los Parlements franceses o Etats Generaux convocados por el Rey una o dos veces por siglo o el Parliament inglés), desde la época del absolutismo constituyeron prefiguraciones de las nuevas formas de representación política que surgirían más tarde en Francia e Inglaterra.
La democracia representativa contemporánea ha sido el resultado de una evolución gradual desde un modelo concebido en el siglo XVIII por oposición al modelo de la democracia griega. Se configuró así un régimen político donde las decisiones colectivas no son tomadas directamente por quienes forman la colectividad, la nación o la ciudadanía en su conjunto, sino por un conjunto de personas elegidas para este propósito mediante el principio representativo.

Además de las elecciones a intervalos regulares o periódicos de los gobernantes por parte de los gobernados, otros tres principios definitorios han caracterizado a la democracia representativa desde su instauración: primero, el proceso de toma de decisiones de los gobernantes conserva un importante grado de autonomía, respecto de los deseos y aspiraciones de los gobernados; segundo, los representados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos, sin estar sujetos al control de los representantes, del mismo modo como los representantes prácticamente no son controlados por los ciudadanos representados; y tercero, las decisiones se alcanzan tras un proceso de discusión en el cual los ciudadanos-representados prácticamente no toman parte, lo que ha sido calificado como la « opacidad del poder ».
A estos factores pueden añadirse otros tales como la división del gobierno en órganos institucionales separados que se controlan recíprocamente, y la limitación del ejercicio del poder dentro de un marco normativo fijado por una Constitución.
De resultas de su evolución, históricamente se ha producido una virtual « metamorfosis » del gobierno representativo desde un modelo de regímenes representativos liberales o parlamentarismo, en los que los parlamentarios se constituyen en el eje articulador del sistema, hacia un modelo de democracias representativas de partidos, que es la fase actual, en la que los partidos han concentrado lo esencial de las riendas de decisión política para que el sistema democrático funcione. Lo que afirmamos en este ensayo, es que la crisis de las democracias representativas actuales, conduce hacia una nueva forma de modelo democrático, y que ambos modelos representativos han constituido en la práctica formas distintas pero eficaces de secuestro y distorsión del poder soberano del pueblo.

En la fase de los regímenes representativos parlamentaristas, la selección de los representantes se asentaba sobre el principio de distinción de donde surgía una elite de notables. La relación del representante con su circunscripción era directa y no había intermediarios. Estos notables empezaron a articularse en partidos, denominados partidos de cuadros o « partidos de representación individual », con el objetivo de cooptar y reunir personal político necesario para preparar las elecciones a partir de su prestigio, habilidad técnica o importancia de la fortuna.

Los partidos de cuadros no tenían miembros ni aspiraban a ello: el predominio del sufragio censitario durante el período de vigencia de estos partidos, no requería la organización ni movilización de las masas. Además, el ingreso al partido se hacía sin procedimientos oficiales y más bien por cooptación y mientras los donativos reemplazaban a las cuotas.
Su organización en comités y en asambleas masivas presentaba un carácter descentralizado y una articulación débil ya que el partido « dormía » entre una elección y la siguiente. Los representantes se caracterizaban por que operaban bajo el principio del « libre mandato », ya que éstos no eran responsables sino ante su propia conciencia.

En el sistema de representación democrática parlamentarista, los representantes no eran portavoces de sus electores, sino sus « fideicomisarios », lo que significaba que los procesos de toma de decisiones surgia del intercambio de argumentos y retóricas discursivas, generalmente en el seno de asambleas; es decir, no existía la disciplina del partido porque el candidato aportaba su propio capital político y las agrupaciones de parlamentarios eran inestables.
A partir de las primeras décadas del siglo XX, se produce la emergencia e incorporación gradual a la vida política de nuevos grupos sociales surgidos del desarrollo de la industrialización –primeramente las clases obreras y a continuación las clases medias- período donde se observó la formación de un nuevo tipo de partido: el partido de masas o partido de integración democrática.
Al mismo tiempo, con la ampliación del electorado por la instauración del sufragio universal (primero las mujeres, después los analfabetos y finalmente los jóvenes) promovida por este tipo de partidos, la relación personal entre el ciudadano-militante y los representantes se hará más ideológica, de manera que los partidos políticos –ahora convertidos en aparatos organizacionales complejos y estructurados territorialmente- pasaron a ejercer una función de intermediación entre los electores y las instituciones del sistema político.

Los representantes eran seleccionados ahora al interior de las estructuras partidarias existentes y sus atributos distintivos eran su activismo y sus dotes organizativas. A través de la función de socialización, los partidos de masas tratan de reclutar a los dirigentes políticos y a miembros permanentes ya que éstos son doblemente funcionales desde un punto de vista político y económico.
A través de las cuotas que pagan los miembros pueden financiarse las elecciones y, por otro lado, los miembros extienden el mensaje del partido a los sectores sociales de interés y, por lo tanto, esos líderes y militantes resultan vitales para el proceso de movilización. Con la consolidación de los partidos, todas las opiniones pasan a estar estructuradas siguiendo divisiones partidistas, incluso la prensa está relacionada con alguno de los partidos, de manera que la confianza de los votantes derivaba principalmente de la pertenencia e identificación con el partido y el programa ideológico que éste sustentaba.

 

la problemática
de la representación

Sin embargo, por poco y superficialmente que escrutemos en la realidad de los sistemas políticos democráticos, nos sorprende la brutalidad de la constatación de que la representación política –tan racionalmente definida- aparece distorsionada, cuando no burlada o relativizada, por un conjunto de fenómenos o mediaciones que alteran su esencia.

Volvamos al concepto de mandato provisorio y vinculante. ¿Qué sentido tiene la representación, cuando no obstante el carácter provisorio del mandato representativo, éste resulta mediado por grupos, oligarquías, burocracias, estructuras y redes de intereses y poderes que terminan asegurando su reproducción al interior del sistema político? ()
Hablamos de « máquinas de poder »: estructuras más o menos visibles que detentan la realidad del poder de decisión, del poder de controlar y asignar recursos (humanos, materiales y sobre todo, financieros) y que mediante su acción, lo que podríamos denominar « prácticas secuestrativas », tienen la capacidad de alterar la representación política de los ciudadanos… sin que los ciudadanos perciban que su propia representación ha sido políticamente modificada.
Estas « máquinas de poder », estos « aparatos-redes de poder » (), por lo demás disponen de la capacidad de ejercer presión y de lograr decisiones, desde fuera de los límites del aparato del Estado y de la Administración y también desde su interior. ¿Qué capacidad de decisión real, efectiva, tiene un servicio público regional o nacional, frente a la presión aplastante y multiforme de una corporación transnacional o de un conjunto de corporaciones globales coaligadas en favor de un proyecto legislativo, de una opción política estratégica o de una inversión determinada?
¿A quién representa en realidad y en última instancia un gobierno, un partido político, un parlamentario o una asamblea legislativa que renuncia o se pliega frente a la poderosa capacidad disolvente y a las « prácticas secuestrativas » de una corporación financiera internacional?
En su libro « El futuro de la democracia » Bobbio observa algunas características negativas de las actuales democracias: subordinación de los individuos a los grupos organizados que luchan por intereses particulares en detrimento de la representación política general; permanencia del poder invisible que actúa a espaldas y sin el conocimiento de la colectividad (negociaciones secretas); creciente poder de los técnicos y las burocracias e ingobernabilidad derivada de la incapacidad de las autoridades nacionales para procesar el conjunto de demandas sociales (entre otros problemas).
La condición ciudadana

Veamos ahora la problemática desde la perspectiva de la condición ciudadana. Cuando se habla de condición ciudadana se hace referencia al conjunto de atributos que el orden democrático presume en cada individuo y que, personificados en éste, le confieren la calidad de ciudadano.

El ciudadano es en primer lugar un sujeto de derechos y de deberes. Las libertades políticas y cívicas concebidas por las doctrinas de los filósofos iluministas del siglo XVIII, atribuían al individuo las nobles virtudes del desprendimiento, de la solidaridad, de la fraternidad, reconocían en él la búsqueda permanente de la libertad y de la igualdad, como formas de vida que debían inscribirse en las instituciones.
Habíamos subrayado anteriormente que en tanto elemento del pueblo –dato social- el individuo que constituye nuestras sociedades es un sujeto, mientras que en tanto pertenece al pueblo –construcción jurídica- es ciudadano. Existe entonces en la condición ciudadana, una dualidad no resuelta, entre el individuo –socialmente considerado, históricamente determinado y económicamente dominado- y el ciudadano –política y jurídicamente regulado- dualidad que ninguna forma de poder político, que ninguna institucionalidad política resuelve. De aquí resulta que desde que la democracia -y en particular la democracia representativa- emerge desde una entidad denominada « pueblo » o « nación » o « ciudadanía », entidad que es el fundamento del orden político, el individuo no participa de las libertades en la medida en que se integra dentro de esa totalidad orgánica.

 

la crisis de la ciudadanía

 

La crisis de la ciudadanía viene tanto de la crisis de las democracias tradicionales representativas, que han terminado en definitiva condicionadas y en cierto modo secuestradas por las mismas estructuras e instituciones que le dieron origen –los partidos políticos, las asambleas, los órganos institucionalizados de poder- que han llegado a hacer de la condición ciudadana un connjunto semivacío de derechos escritos pero siempre no realizados y un conjunto de deberes nunca escritos pero siempre realizados.
¿Qué poder real, efectivo, realizable, tiene el ciudadano dentro de las estructuras de poder político que las propias democracias representativas instituyen? El poder de pedir, de demandar, de reclamar, de protestar, hasta de indignarse, de solicitar, de exigir, pero todo ese poder queda circunscrito a la esfera individual privada del ciudadano « de a pié » frente a la máquina institucional de poder que es cada institución.
Para que el ciudadano sea en definitiva ciudadano con la plenitud de sus capacidades de ejercicio del poder que le ha sido conferido por las normas de la democracia, tiene que asociarse, tiene que organizarse, debe abjurar voluntariamente de una parte de sus libertades individuales y sacrificarlas en el altar de la organización colectiva.
Mientras tanto la crisis de la ciudadanía, es también una parte sustancial de la crisis de los Estados democráticos. En el desarrollo histórico real, objetivo de las democracias representativas, mientras el Estado crece en tamaño, en poder de decisión y hasta en poder de coacción, el ciudadano aparece cada vez más empequeñecido frente a la gigantesca maraña de normas y leyes que le fijan prácticamente todos los límites y fronteras dentro de las cuales puede moverse.
En definitiva, por más que la ley sea teóricamente una declaración de la voluntad soberana del pueblo, el pueblo en realidad solo ha declarado mediante el voto ciudadano su intención de otorgar un mandato a los representantes, pero no le ha conferido a éstos su propia voluntad de ser y de estar, su propia e inalienable voluntad colectiva.
Por eso, hay crisis en la condición ciudadana, cuando los ciudadanos son constreñidos a cumplir decisiones que otros ciudadanos adoptaron práctica y jurídicamente sin consultarles. Hay crisis de la condición ciudadana, cuando se impone un pensamiento único, cuando una minoría en forma de oligarquía toma las decisiones fundamentales, mayores, estratégicas, y el resto de los ciudadanos son restringidos a decidir apenas de sus vidas cotidianas y particulares.
Es en la esfera de las competencias que permiten tomar decisiones, donde se mide y manifiesta de la manera más flagrante esta crisis de la ciudadanía en las democracias representativas. Mientras más alta sea la ubicación de una autoridad dentro de la pirámide jerárquica del poder, sobre todo del poder del Estado, más amplia y comprensiva es la esfera de las decisiones que puede adoptar y que de hecho adopta… y mientras mas abajo uno va descendiendo en la jerarquización del poder, llega al ciudadano « común y corriente » cuyo ámbito de decisiones públicas es simplemente estrechísimo, por no decir mínimo, por no decir nulo e intrascendente.
En la práctica real, el ciudadano de las democracias representativas modernas es ciudadano durante los escasos minutos y segundos que dura su ejercicio del derecho a voto. Recibe el sufragio, camina hacia la cámara secreta, se queda unos minutos solo con su conciencia, marca, cierra el papel, sale, camina a la urna, deposita su voto secreto y unipersonal y asunto terminado: después y a lo largo de varios años, otros ciudadanos, sus representantes, tomarán las decisiones fundamentales en virtud del mandato que ese sufragio contiene.
Y sin embargo, a esa ciudadanía, a ese pueblo, le ha sido conferido y posee un poder constituyente del que muy raras veces hace uso…

 

democracias y post-democracias

 

Las democracias modernas se distinguen de los antiguos sistemas llamados democráticos, propios de la antiguedad, por la forma en que el pueblo ejerce el poder: directamente, en la plaza o « ágora » entre las polis de los griegos, en los « concilia » de los romanos en tiempos de la República, en el « arengo » de las antiguas ciudades medievales europeas, o indirectamente, a través de representantes elegidos, en los Estados modernos, después de la Revolución Francesa.
Todavía Montesquieu, a mediados del siglo XVIII, en sus páginas dedicadas a la democracia, citando a Atenas y Roma como ejemplo de esa forma de gobierno, escribía que el pueblo que goza del poder supremo debe hacer por sí solo todo lo que pueda efectuar bien y confiar a sus ministros únicamente lo que no pueda realizar por sí mismo. Más adelante, J.J. Rousseau, al exaltar la democracia de los antiguos, rechazaba el gobierno representativo prevaleciente en la Inglaterra de su época, afirmando que los ingleses eran un pueblo libre sólo el día en que votaban. Hoy, en cambio, los Estados democráticos están, si bien en diferente medida y matiz, gobernados bajo la forma de la democracia representativa, sólo en algunos casos combinada con elementos de democracia directa, como el referéndum.

 

máquinas, pirámides
y oligarquías

Al interior de las democracias representativas se manifiestan, como hemos visto anteriormente « máquinas-redes de poder » susceptibles de secuestrar no solo las libertades sino también el poder de decisión de los ciudadanos. Probablemente una de las estructuras más visibles en la aplicación de estas « prácticas secuestrativas » son los partidos políticos, los que operan –sociológicamente hablando- como estructuras piramidales y oligárquicas. ()
Lo menos representativo que puede encontrarse en las democracias partidarias son los procedimientos mediante los cuales se adoptan las decisiones cruciales: la cooptación de dirigentes, la selección final de candidatos al sistema político, el nombramiento de los militantes que accederán a la administración pública, son algunas de las negativas y tradicionales prácticas partidarias, donde el clientelismo se acompaña del caciquismo y donde las bases partidarias no son consultadas, o si son consultadas, ocurre que la decisión final no se adopta en las instancias de base sino en algún órgano partidario superior que, en realidad y en la práctica, concentra el poder final de decisión.
El conjunto del edificio político democrático representativo –en las sociedades contemporáneas- funciona como una gigantesca pirámide oligárquica, en la que la ciudadanía constituye la base política de legitimación y validación periódica del sistema y en cuya cúspide se instala, tras esa legitimación, una capa de dirigentes y líderes –la así llamada clase política y gobernante- cuyas prácticas y decisiones terminan siendo –no obstante su orígen innegablemente democrático- de contenido y esencia oligárquico.
En cuanto al concepto de oligarquía, se refiere a « un régimen político y social que implica el control riguroso del poder político por parte de una minoría que posee también el poder económico ». Recoge algunas características oligárquicas planteadas por el sociólogo argentino Waldo Ansaldi, entre ellas, una base social angosta; reclutamiento cerrado de los que se nombran para desempeñar las funciones de gobierno; exclusión de los disidentes o de la oposición; mecanismos de lealtades familiares o grupales, para señalar algunas.
Se trata entonces de un edificio democrático en cuya base reside –en potencia- un poder soberano y en cuya cúspide opera una forma oligárquica de poder decisional. No hay que perder de vista sin embargo, que el hecho de que una resolución haya sido adoptada por mayoría absoluta de la asamblea o por un referéndum acreditado, no convierte tal resolución en una resolución democrática, porque no es tanto por su origen (por sus causas), sino por sus contenidos o por sus resultados (por sus efectos), por lo que una resolución o decisión puede ser considerada democrática.
Trasladada la tesis del mandato que sustenta la democracia representativa al interior de las estructuras o instituciones democráticas, ocurre que se ha producido una separación no solo entre la « base ciudadana » y la « cúspide política y gobernante », sino que se ha producido un quiebre en el contenido esencial del poder político implícito en toda democracia: el poder constituyente de los ciudadanos, se ha separado del poder decisional de las elites políticas, burocráticas y gobernantes, fractura que se encuentra en la base misma del distanciamiento, apatía y deslegitimación ciudadanas que afecta a la clase política en las actuales democracias.

 

la radicalidad de la nueva democracia

 

Los fundadores de las repúblicas modernas, aquellas que se enorgullecen de haber sido las primeras en iniciar la experiencia democrática representativa, en realidad no imaginaron nunca el destino que tendrían las instituciones que vieron nacer.
¿Cuál es la raíz de la democracia? ¿En qué o en quienes reside el fundamento de la democracia?
¿Qué diría Jean Jacques Rousseau () de su « contrato social », concebido inicialmente como un pacto legítimo entre todos los individuos de una comunidad para que todos recuperen su libertad, y que se proponía « encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado y por la cual cada uno al unirse a todos no obedece más que a sí mismo… »? ()
¿Adónde encontramos en realidad ese pacto social? ¿Es el contrato social fundante de estas democracias, un pacto realmente igualitario construido sobre la igualdad jurídica de todos, o en realidad, asistimos a la instauración de poderes abiertos y ocultos que reducen las libertades, distorsionan los derechos, cristalizan las desigualdades y dan sello de legitimidad al ejercicio oligárquico del poder?
¿Qué sentido tiene la igualdad jurídica de todos, cuando la inequidad social produce -en realidad y en la realidad- una desigualdad política prácticamente insalvable?
La voluntad del pueblo es el fundamento de la república.
Pero, ¿cómo se materializa políticamente la voluntad del pueblo? ¿Porqué el pueblo ha de despojarse de su propia voluntad individual y colectiva -que es siempre voluntad general de la nación- para concederle a ciertos ciudadanos políticos-profesionales la facultad exclusiva y casi excluyente de realizar la voluntad del pueblo, en su nombre y con frecuencia a su pesar?
Pero, ¿es la misma ciudadanía la del indigente que la del gerente? En una democracia ejemplar como las democracias representativas que encontramos perfectamente descritas en los libros de texto, ¿a quién representa el representante: al gerente o al indigente? ¿Qué haría una enorme multitud de desheredados, de descamisados, de pobres e indigentes, de sin casa o allegados, entrando en la solemne sala de sesiones de un Senado de nuestras democracias?
No es necesario profundizar mucho en el ejercicio analítico para constatar que esas democracias « ejemplares » viven hoy encadenadas al imperio del dinero, al imperio de las minorías oligárquicas, al imperio fáctico de los poderes institucionalizados que, en una combinación intrincada de prácticas abiertas, virtuales, reales y subrepticias, generan decisiones y enclaustran el ejercicio del poder y de la soberanía, bajo las limitadas cuatro paredes de un conjunto de instituciones semi-cerradas o semi-abiertas.
Por cierto, una de las « cajas negras » más difíciles de penetrar en los sistemas políticos actuales, sobre todo en los sistemas democráticos, son los procesos de toma de decisiones que se suceden en el aparato estatal y en la maquinaria de la administración en particular. ¿Quién toma las decisiones, sobre todo las decisiones fundamentales? Pero, acaso la pregunta de respuesta más inquietante y esquiva es ¿cómo se toman las decisiones en nuestros Estados y democracias?
La cuestión de la condición ciudadana y de la representación que ésta funda, se devela en toda su desnudez cuando nos interrogamos cobre los ámbitos de decisiones que tienen unos y otros. ¿Qué poder de decisión tiene el ciudadano común y corriente de nuestras ciudades? ¿Sobre qué materias de la vida pública tiene capacidad de decisión el ciudadano común y corriente de estas democracias? Y, alternativamente ¿qué poder de decisión, qué ámbito de decisiones tienen cada una de las autoridades y representantes que gobiernan estas democracias?

Entonces aparece la metáfora de la imagen invertida: si las democracias representativas modernas son pirámides de instituciones donde una ancha base de ciudadanos otorga poder a una minoría de individuos para que gobiernen, a esta pirámide de las instituciones se contrapone esa extraña pirámide de las decisiones, cuya angosta base de mínimas facultades y poder de decisión radicadas en el ciudadano común, se contrapone a la ancha cúspide donde los gobernantes, políticos y funcionarios disponen del poder de decisión más amplio, omnipotente y comprensivo, como para determinar la casi totalidad de las vidas de los ciudadanos y del destino de nuestras sociedades y nuestros Estados.

He aquí graficada una de las contradicciones más profundas y estructurales que caracterizan a estas democracias modernas: el poder de decisión o poder decisional se concentra principalmente en la cúspide superior de la pirámide, mientras que el poder constituyente, el poder fundante, se radica principalmente en la base ciudadana, pero su ámbito de decisiones ha sido restringido. Ahora bien, ¿el problema se reduce solamente a una cuestión de esferas o ámbitos de decisión? ¿Bastaría para la construcción de una nueva democracia, radicalmente distinta y acaso más democrática que las actuales, el que invirtamos la pirámide de las decisiones, de manera que éstas se radiquen predominantemente en la base ciudadana?
La cuestión central para las nuevas democracias, para las postdemocracias, reside entonces, en el desafío de volver a invertir la pirámide de las decisiones, de manera que vuelva a coincidir con la pirámide de las instituciones.
El ideal de las futuras democracias es el concepto de que el ágora se disuelve en toda la sociedad. Desaparece el espacio público como lugar específico y semi-abierto de encuentro político, porque todos los espacios sociales serán espacios públicos. No hay agora central, toda la ciudad es agora, el hogar, el barrio, los lugares de convivencia, el trabajo, la comuna…

 

la nueva condición ciudadana

 

En la base de toda democracia, se encuentra el fundamento que le otorga legitimidad y sentido: los ciudadanos. Para que sea posible construir nuevas democracias, abiertas, plurales, será necesario levantar una arquitectura política en la que los ciudadanos vuelvan a experienciar por sí mismos y en tanto sí mismos colectivos, la vida democrática, cotidianizándola, experimentándola desde la esfera del microcosmos social y cultural al que pertenecen. Siendo la vida democrática un « nosotros juntos », una vida política en común basada en un proyecto común y compartido, toda la experiencia democrática se enriquece desde que los ciudadanos toman en sus manos esferas crecientes de decisión, ámbitos de asuntos que les conciernen en su totalidad compleja.
En su sentido profundo, la democracia desconoce la existencia de asuntos públicos que no conciernen a los ciudadanos: toda la vida pública, todos los asuntos públicos conciernen a todos los ciudadanos.
Pero, ¿quiénes serán los ciudadanos de las postdemocracias?
Ciudadanos despolitizados, pero vigilantes, en el sentido de ciudadanos cuyas preocupaciones principales no son políticas sino que se orientan a la vida del trabajo, a la vida doméstica, al espacio barrial y al círculo social de su entorno, pero que estando informados de lo político, se desentienden de ello aunque manteniendo alguna forma de vigilancia lejana sobre las prácticas de la política a través de la intermediación de los medios de comunicación.
Ciudadanos informados pero desinteresados, en el sentido de ciudadanos que estando informados de muchas manifestaciones de la vida pública, funcionan en general desconectados y desinteresados de la vida política en cuando la consideran distante, técnicamente no comprensible y centrada en el quehacer de la clase política.
Ciudadanos cotidianizados pero desconectados, en el sentido de ciudadanos cuyas referencias sociales y políticas están centradas en la vida cotidiana (trabajo, entorno social, barrio, familia), y que, por tanto, funcionan menos conectados con la vida social y política.
Estos atributos del nuevo ciudadano conducen a una nueva funcionalidad en la relación entre ciudadanos y políticos, relación que puede denotarse como una suerte de instrumentalización de doble sentido: los ciudadanos utilizan la ayuda de los políticos en la medida en que puede obtener de él ciertos beneficios, y el político utiliza a los ciudadanos como fuente de legitimación y popularidad.
Es posible pensar entonces que el hecho principal que caracteriza a las nuevas democracias del futuro es el establecimiento de un nuevo contrato social entre los ciudadanos y el Estado, entre ciudadanos y clase política y gobernante.

Los ciudadanos de las nuevas post-democracias del futuro acceden al espacio público en tanto individuos despolitizados, que se encuentran con una clase política y gobernante cada vez más profesionalizada y especializada, cuyos códigos y lenguajes se alejan de las preocupaciones y vivencias cotidianas que suceden en el microcosmos social de los ciudadanos. No solo es una despolitización de la ciudadanía, sino también y sobre todo, es una desciudadanización de la política, que ahora se centrará en las prácticas, estrategias, retóricas y dispositivos de una clase política profesionalizada: los ciudadanos son requeridos y consultados –de múltiples formas- pero solo en momentos puntuales de la experiencia democrática, en breves « instantes de democracia pura », y el resto del prolongado tiempo, del tempo político y estatal, gobiernan y administran los políticos y los funcionarios.

¿Habremos entrado en la era de los ciudadanos-consumidores?
referencias bibliográficas
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Herman, A.: The Scottish Enlightenment. The Scots Invention of Modern World. London, 2003. Fourth Estate Edit.

Skinner, Q.: The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge, 1978. Cambridge University Press.

 

multitudes inteligentes en el siglo xxi

Classé sous ciencia política — paradygmes @ 3:19

prólogo

El problema de la multitud como sujeto de la acción pública y de la práctica política, había sido un tópico al interior del estudio de las revoluciones, en las nacientes Ciencias Sociales del siglo XIX y principios del siglo XX.  Sin embargo, cuando  a fines del siglo XX surgió una Antropología de los No-Lugares y cuando Toni Negri puso de relieve en Multitudes que las masas desagregadas podían poner en tela de juicio los sistemas políticos tradicionales, tenemos que pueden construirse nuevas categorías de análisis para comprender los nuevos fenómenos societarios masivos; es la línea que ha seguido -entre otros- Howard Rheingold con sus « smart mobs ».

Históricamente, el sujeto multitudinario ha sido objeto de un tratamiento político e ideológico variado, desde la adhesión incondicional del marxismo clásico -y sus vertientes revolucionarias y anarquistas- que consideraban a las masas y en particular, a las masas proletarias como el arma política per se de las transformaciones sociales que iban a terminar con el capitalismo y el Estado burgúes, hasta el temor cervil de las ideologías conservadoras frente a esas turbas ignorantes y peligrosas compuestas de lumpen, pasando además, por el amor-odio que han expresado los nacionalismos y fascismos frente a las multitudes serviles y dóciles.   ¿Es posible nombrar hoy a las multitudes y en nuestro caso, a las multitudes inteligentes con la apelación de sujetos históricos entendidos como movimientos protagonistas de la resistencia y del cambio social?

En la época contemporánea, puede simplificarse la contradicción en términos de una hipótesis de trabajo según la cual toda forma de poder tiende a utilizar el recurso a la multitud ccomo arma socio-política y cultural de conquista de la dominación y hegemonía, hasta que dicha dominación se institucionaliza y deviene aparato de poder y de control, momento a partir del cual la multitud solo puede desempeñar un rol funcional al ejercicio del poder, una suerte de apoyo explícito necesario, pero cuando la multitud expresa la resistencia y la pone en juego, la multitud deviene un enemigo mortal y vandálico a evitar y destruir.

¿Estamos asistiendo en los inicios del siglo XXI a un renacimiento de las demandas sociales manifestadas masivamente frente a la aparente intangibilidad monolítica del sistema de dominación capitalista?   No podemos negar que la multitud sin embargo, es una realidad social que trasciende lo político, para extenderse como forma de expresión de la sociabilidad humana en dimensiones y arenas tan diversas como el deporte, la cultura, el entretenimiento, el ocio…

Este ensayo se interroga desde una perspectiva teórica de la Ciencia Política acerca de esta problemática, como una contribución intelectual al análisis de los sujetos y procesos sociales emergentes en el nuevo milenio que se abre.

Manuel Luis Rodríguez U.      Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, junio de 2006.

las ciencias sociales frente a la multitud

El nacimiento del Estado moderno estuvo acompañado por la aparición de su gran correlato: el número, la cantidad de población que puede ascender hasta el infinito.  Junto con la modernidad y el Estado como aparato central de dominación y poder, surgió la masa, el número casi incontable.  Desde el surgimiento de la política moderna, encontramos una variedad de discursos que intentan teorizar el lugar de las masas en la sociedad civil y política. A las teorías del siglo XIX dominadas por un temor más o menos abierto del número, les sucederán las del siglo XX que lo presentan a la inversa como el gran tema de la dominación. La valoración de esta inversión de la problemática puede ayudar a entender la evolución de la política moderna.

Incluso antes de la existencia del Estado moderno, la tradición intelectual europea conservaba y parece conservar aún en el presente un profundo reflejo inconsciente de temor ante la turba, ante la masa incontrolada, ante la muchedumbre inpredecible, probablemente como un resabio no reconocido de los ancestrales miedos a las invasiones bárbaras que asolaron el Imperio Romano.   En nuestra América, ese reflejo inconsciente vino acompañado en la conquista y la colonia con la retórica cristiana y católica que propiciaba el orden, la paz, la sumisión y el respeto a la autoridad y a dios.   Aun se conserva en la historiografía tradicional latinoamericana la idea que los « momentos multitudinarios » mas importantes de la vida colonial solo consistían en las procesiones religiosas, los parlamentos con los aborígenes para apaciguarlos, los autos de fe inquisitoriales para quemar herejes y brujas, y los pomposos recibimientos al nuevo Gobernador recién nombrado.  Es decir que en la colonización hispana de América, la multitud nació sometida, controlada y regulada.

¿Cómo entender el Estado como una unidad que va más allá que los individuos? Por ejemplo, Hans Kelsen parte de esta pregunta metodológica para mostrar los límites de una génesis psico-sociológica del Estado. En comparación con las tendencias «interaccionistas» de una sociología inspirada en Georges Simmel, la teoría de las multitudes (Sighele, Gustave Le Bon), según la profundiza después S. Freud, presenta ciertamente la ventaja de pensar la «unidad» de una colectividad sin caer en la figura de una conciencia supraindividual. Sin embargo, el Estado es una realidad distinta de la de la multitud, aun cuando, según Mc Dougall, se distinguen las «multitudes inorganizadas» de las «multitudes artificiales» que serían estables y no se identificarían con una unidad encarnada por el jefe. En realidad, el Estado solamente podría diferenciarse de los demás sistemas, como la religión o la Nación, gracias a sus supuestos contenidos espirituales. Se trata de un complejo teórico que deriva de una reflexión orientada hacia la validez normativa y no hacia la eficacia positiva. Esto supone una aproximación jurídica completamente opuesta a la aproximación sociológica de Durkheim.

A su vez, el uso de los simbolismos elementales por parte de los partidos políticos de masas es una característica de las formas modernas de la propaganda política. Estos símbolos (las tres flechas socialistas, la hoz y el martillo o la esvástica nazi) tienen por fin producir una suerte de reflejo pavloviano de identificación por parte de las masas, actuando sobre los mecanismos psíquicos elementales. A partir de allí, si se considera que la propaganda sólo se puede combatir con la propaganda y no con la argumentación, se ha propuesto la posibilidad de una propaganda racional basada precisamente en el conocimiento psíquico y en una gestión racional de los recursos de la comunicación política.

Una explicación temprana de las Ciencias Sociales respecto de la multitud es la llamada «teoría del contagio», cuyo origen se rastrea hasta los trabajos del sociólogo francés Gabriel Tarde, quien inició el uso de la idea de la «mente grupal», también explorado por el psicólogo social Gustave LeBon. Según LeBon, las multitudes ejercerían una influencia sobre sus miembros a través de la sugestión colectiva. Escudados en el anonimato de la multitud, las gentes abandonan la responsabilidad personal y se rinden al contagio de las emociones del grupo, el cual parece tomar vida propia, acelerando las emociones y conduciendo a los individuos en situación de masa a actos irracionales e incluso violentos. Sin embargo, según Gabriel Tarde, los líderes juegan un papel fundamental en la organización de las multitudes en «corporaciones», grupos más organizados como sectas, partidos políticos y otros. Así, tanto los grupos espontáneos como los institucionalizados tienen un vínculo con figuras carismáticas, líderes o ideas a los que se sigue más por emoción que por razonamiento.   Pero, en todas estas visiones, la lógica subyacente sería que la masa es un colectivo indeterminado cercano al caos, que en algún momento va a transformarse en partido, en movimiento, en organización, en definitiva, en aparato, lo que conduce a convertirla en un dispositivo controlable.

La mas reciente «teoría de la convergencia», en cambio, sugiere que el comportamiento de la multitud no nace en ella, sino que es imbuida en ella por individuos particulares. Así, el comportamiento de la masa es debido a que ella es la unión de gente con las mismas motivaciones, o sea, que gente que quiere hacer lo mismo se junta. Y la aun contemporánea «teoría de la norma emergente» de Ralph Turner y Lewis Killian afirma que en un grupo de intereses similares surgen comportamientos similares -como prender un encendedor en un concierto de rock o hacer la «ola»- cuando alguien hace algo, y los demás imitan, creando así la multitud sus propias reglas sobre la marcha, es decir, durante el ejercicio del movimiento.

La política de masas es un fenómeno político mayor de las sociedades occidentales modernas. Tradicionalmente, se considera que es una amenaza para los sistemas democráticos. Es posible mostrar que no sólo esta política no pone en cuestión fatalmente el funcionamiento de la democracia sino que por el contrario una teoría de las masas puede establecerse con el objetivo de definir las condiciones de una política de masas democrática.

la problemática política y sociológica de la multitud

La problemática de la multitud es a la vez, sociológica y política.  La Sociología hace apelación a la naturaleza extensiva y extensible de la sociabilidad efímera de las multitudes y muchedumbres, para entender sus dinámicas y repliegues, mientras la Ciencia Política se interroga acerca del impacto que  este fenómeno ocasiona en las esferas del poder, tanto desde el punto de vista del propio poder que una multitud contiene en sí misma, como del poder institucionalizado al que se enfrenta o con el que se relaciona.

Nos vemos en la necesidad de distinguir conceptualmente a la masa de la multitud.  Mientras la masa sería la realidad subjetiva de un aglomerado de sujetos anonimizados y movidos por una pulsión motivadora, en dirección a un objetivo visible, la multitud y en particular, las multitudes inteligentes serían la realidad objetiva de una red de individuos-consumidores-ciudadanos auto-activados por una razón convocante, en dirección a un objetivo no-visible.

Y nos vemos en el imperativo de subrayar el surgimiento de una nueva categoría: las llamadas multitudes inteligentes.  La multitud inteligente es a la vez una realidad sociológica y comunicacional.  Se trataría de un enjambre diferenciado de individuos que se autoactivan en función de una razón que los mueve, pero, al mismo tiempo, es un cardúmen aparentemente caótico cuya racionalidad es básicamente individual y fronteriza con las lógicas del consumo, pero que presenta una interconexión virtual que la relaciona y la desplaza.

La multitud inteligente es a la vez, una realidad sociológica (dispersa y latente dentro del universo social) y comunicacional (abierta y conectada) y que puede asemejarse a un enjambre diferenciado de sujetos, cuya racionalidad individual los sitúa en la frontera difusa entre la ciudadanía y el público consumidor.  La latencia de la multitud reside en la posibilidad de reunirse según la intensidad convocante de los impulsos comunicacionales e informacionales que puede recibir como sugestiones-estímulos y que pueden (o no) cristalizar según el contexto y la atmósfera socio-política en que se incubaron los conflictos y las arenas.   El grupo, la familia extensa, la banda, residen dentro de una multitud inteligente, pero no en cuanto grupo aislado sino como una célula primaria de interconexión e interacción, susceptible de desencadenar sinergias, movilizaciones y dinámicas hacia el resto de una red invisible pero materializable en cualquier momento y en cualquier arena.  Así, el grupo no domina, impregna y se impregna del espíritu o la atmósfera multitudinaria y de la red…

Desde una perspectiva marxiana, la multitud inteligente puede ser considerada como un componente estratégico o táctico de las luchas, de la resistencia anti-sistema y de la construcción protagónica de la alternativa frente al sistema de dominación actual, en tanto en cuanto la movilización consciente y constructiva es capaz de diseñar, formular y problematizar un marco referencial político, social, cultural e ideológico en el que se incuban las nuevas formas de la sociabilidad humana del siglo XXI.  La multitud inteligente es aquí factor pensante y factor actuante, pero además, es un factor de poder multiclasista que se despliega en las luchas, en los movimientos, en las arenas, a partir de un propósito táctico que apunta hacia una voluntad estratégica: la construcción de una sociedad nueva.

C. Marx escribía en el Manifiesto Comunista de 1848: « Hasta ahora, todos los movimientos sociales habían sido movimientos desatados por una minoría o en interés de una minoría.  El movimiento proletario es el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa.  El proletariado, la capa más baja y oprimida de la sociedad actual, no puede levantarse, incorporarse, sin hacer saltar, hecho añicos desde los cimientos hasta el remate, todo ese edificio que forma la sociedad oficial. »   En los inicios del siglo XXI, ese movimiento autónomo y mayoritario susceptible de transformarse y transformar el desarrollo de la sociedad, pueden ser las multitudes inteligentes.

En la configuración de este nuevo modelo de lucha social, Toni Negri postula que se debe evitar la intermediación de una vanguardia que « tira del carro » (y que al final siempre adquiere privilegios) y la creación de dinámicas jerárquicas y burocráticas: « …los nuevos movimientos sociales, deben apostar por una militancia de la diferencia, organizada a modo de retícula descentralizada y en la que la toma de decisiones se hace de forma colectiva ».  Hay por lo tanto en el contenido y la forma de estos nuevos actores socio-políticos una horizontalidad democrática y participativa que le da legitimidad al movimiento.

En la configuración de este nuevo modelo de lucha social, Toni Negri postula que se debe evitar la intermediación de una vanguardia que « tira del carro » (y que al final siempre adquiere privilegios) y la creación de dinámicas jerárquicas y burocráticas. « Los nuevos movimientos sociales, deben apostar por una militancia de la diferencia, organizada a modo de retícula descentralizada y en la que la toma de decisiones se hace de forma colectiva ».

En un mundo actual en el que la principal fuente de producción de riquezas es el intelecto, la inteligencia deviene un producto capital y la nueva fuerza social que hereda la misión histórica del proletariado es una difusa y heterogénea « intelectualidad de masas » (una especie de « cognitariado ») que Negri denomina multitud y que define como una « multiplicidad de singularidades individuales independientes, pero interconectadas en red ». Esta noción de multitud, cuya energía surge de la confluencia de las singularidades individuales que la componen, supone una re-elaboración crítica del concepto clásico de clases, el que se opone tanto a la idea de pueblo -una supuesta unidad indivisible y natural- como a la de masa, en sí un todo indiferenciado en el que se diluyen  acríticamente las diferencias individuales.

A su vez, frente a la noción clásica de clase social -un concepto heredado de la primera Revolución Industrial europea- la idea de multitud de Negri se basa en el supuesto de que la mayor parte del esfuerzo-trabajo ya no depende de una acumulación de horas, como la jornada laboral fija; no es el fruto de una actividad mecánica, como sucedía con la producción en cadena; ni se circunscribe a un territorio único, autónomo y cerrado, en la forma de la clásica fábrica o la oficina, ámbito claramente diferenciado del espacio de ocio. Por esto Negri afirma: « …en la etapa actual del capitalismo el trabajo es fundamentalmente inmaterial, está ligado a la inteligencia y a los afectos y se caracteriza por una precariedad estructural: temporalidad, flexibilidad, adaptabilidad continua… ».  (Artículo en portal web:  http://multitudes.samizdat.net)

Evidentemente, el componente masivo y transformador de la multitud como sujeto histórico del cambio, y de las multitudes inteligentes como protagonistas contemporáneos de la resistencia y la contestación anti-sistema, depende, como se analiza mas adelante de que esas multitudes sean portadores de un proyecto-país y de una consciencia transformadora capaz de plasmarse en nuevas estructuras de poder y de democracia.

Para la Ciencia Política tradicional, la multitud es un problema de poder, de liderazgo y de contestación frente a las estructuras institucionales.  La multitud podría ser analizada -desde una lectura politológica- como un componente coyuntural del escenario político-social que cristaliza en un momento del proceso político, en respuesta a determinadas decisiones o no-decisiones de las autoridades y como expresión y poder colectivo de ciertas demandas y aspiraciones vehiculizadas a través de ciertos liderazgos.   Sin embargo, las recientes experiencias de movimientos sociales en distintos lugares del mundo, están indicando que las categorías politológicas tradicionales como « liderazgo » y « poder » resultan insuficientes para dar cuenta de las nuevas multitudes, no solo porque los liderazgos parecen diluirse en la individualidad dominante, sino también porque se trata de un poder difuso que tiene una capacidad de cristalización y una organicidad horizontal que no responde a la lógica vertical de la relación masa-lider de los liderazgos weberianos, por ejemplo.  
 

notas para una microsociología de la multitud inteligente

Para entender la lógica que subyace a la multitud inteligente, necesitamos internarnos en su dinámica situacional.  Desde el punto de vista del individuo situado en multitud, hay una asociación entre los microprocesadores, el acceso generalizado a la red de internet y a las tecnologías móviles (SMS, teléfonos celulares, Palms, i-Pods, etc.) con soportes mediante objetos nómades.  Y es ésta nueva asociación « individuo-tecnología » la que podría estar en las bases de una nueva sociabilidad: la de individuos que se comunican sin estar presentes de uno hacia muchos y de muchos hacia muchos, y que interactúan sin conocerse. 

Al interior de la multitud inteligente el individuo no se desindividualiza; en realidad lo que sucede es que se vuelve a reindividualizar en la medida en que su individualidad es reconocida como constitutiva de lo colectivo en que se sumerge.  El individuo despliega su individualidad en la multitud a través de los objetos-nómades que lo relacionan y lo atan a ésta mientras funciona.

Y en el seno de la multitud, el rasgo más característico que permitiría explicar la sociabilidad difusa que allí tiene lugar, sería la noción de atmósfera identificatoria y propiciatoria, para referirse a un fenómeno de identificación instantánea anterior al momento multitudinario pero que cristaliza al interior de la multitud y que impulsaría comportamientos colectivos en sintonía con los intereses comunes de los individuos que la componen.   Los individuos se mueven « en una dirección » desde que hay en el horizonte un objetivo que los convoca, pero el horizonte y el objetivo son no-visibles, tal como la red que subyace al movimiento-desplazamiento de la multitud.

En la masa lo que hace al movimiento es el desplazamiento, mientras que en las multitudes inteligentes lo que hace al movimiento es el objetivo.   En la multitud inteligente, asistimos a una temporalidad común y a una espacialidad compartida.

Pero, además, la multitud inteligente viene a recordarnos que en su orígen más remoto, « lo público » se encuentra en la calle, en la plaza, en los espacios donde se encuentra el público.  Eso eran básicamente el « agora » y el « foro » en la Antiguedad.  Las multitudes inteligentes del presente y del futuro predecible nos retrotraen a la memoria que el primer lugar público, el primer espacio que constituye lo público, es la calle.

Pero, hay además otro rasgo característico de la multitud inteligente: mientras la masa « opera » como una ola en la superficie de los acontecimientos, la multitud inteligente del siglo XXI « opera como una corriente profunda.  Y esta metáfora (que no puede ser más chilena!) nos sugiere que mientras la masa se desplaza como un temblor social o político con réplicas decrecientes, la multitud inteligente se manifiesta como el desplazamiento de placas tectónicas.

multitudes inteligentes y comunicación

La lógica y la hecto-estructura comunicacional de la multitud inteligente es la red: una malla de densidad diversa que conecta infinitos puntos a través de incontables líneas.  Aquí sin embargo, la malla, los puntos y las líneas suceden -al mismo tiempo- en el espacio cibernético, en el espacio territorial y en el espacio social y por lo tanto, se trata de una virtualidad instantánea y comunicante.  De aquí se deriva que la multitud inteligente no reside, no tiene territorio ni territorialidad: es, pero no está; existe, pero no ocupa.  Es un punto del tiempo y del espacio, pero se dispersa instantáneamente, para reaparecer en otro lugar o no-lugar (a la manera de Marc Augé), sin que cristalize de una vez para siempre en dominación física o territorial.  Este género de mulitudes vendría a cristalizar en instantes-lugares efímeros, fluídos, cambiantes y dispersos.

Como resultado de la emergencia de esta nueva forma de manifestación físico-comunicacional de la sociabilidad y de la contestación, la protesta, la « manifestación », el evento se manifiestan en la forma de dispositivos comunicacionales y retóricos, en estrategias de símbolos, en tácticas de significado, en políticas de apropiación de la imagen, en presencia efímera pero constante y repetitiva en los medios, a través de pulsiones instantáneas de aparición y desaparición, de concentración y dilución.  Esta multitud entonces no domina, cautiva.   Sobre todo, porque esas redes y esa comunicación, cada vez más inhalambricas, permiten separar la interacción de la comunicación, y la comunicación del conocimiento entre los individuos comunicantes: hoy cualquier internauta puede comunicarse e interlocutar con otro internauta, produciendo comunicación, pero sin conocerse.

Los códigos de la multitud inteligente son los de la comunicación instantánea, generando slangs y dialectos urbanos de infinita variedad, son aproximaciones lúdicas y desagregadas a un universo no visible de retóricas, significados e imágenes que pueden materializarse.

En las multitudes intelitgentes del siglo XXI, subyacen dos dinámicas potencialmente desestabilizadoras para el poder político tradicional: la deslocalización de la red que le da sustento, y la instantaneidad de la comunicación que la pone en movimiento.

Hay deslocalización como forma de existir de las multitudes inteligentes porque no obstante la corporeidad inevitable de los seres humanos que la componen e integran, pueden desplazarse en el territorio urbano, en « orden disperso » y producir una « concentración de fuerzas » instantáneo en un inesperado « centro de gravedad » espacio-temporal (utilizando la terminología clausewitziana…), pero que por su misma naturaleza fluida, puede diluirse al cabo de pocas horas o en instantes.   Tal una ágil bandada de miles de golondrinas desplazándose por la atmósfera, o un vasto cardumen de peces moviendose en la profundidad oceánica, la multitud inteligente del presente siglo cambia de trayectoria a cada instante, pero siempre manteniendo la mínima cohesión masiva y comunicacional necesaria y suficiente para que todos se muevan en distintas direcciones pero hacia un mismo objetivo, o en distintas direcciones y hacia distintos objetivos.  El desplazamiento de las multitudes inteligentes ocurre como consecuencia de efectos comunicacionales y psico-sociales, de modo que la geografía urbana es no solo un espacio de cuadras en damero y avenidas rectas, sino otra red física y espacial sobre la cual se desplaza la red física y espacial de la multitud, dispersándose o concentrándose, acelerando o retardando los tempos.

Rheingold dice al respecto: « Las tecnologías anteriores permitían a los usuarios comunicarse de uno a uno (los teléfonos) o de unos pocos a muchos (radioemsiroas y prensa escrita).  Los celulares y otros soportes como los blogs permiten ahora la comunicación de muchos hacia muchos.  Esto proporciona oportunidades y problemas para los activistas políticos en tres áreas claves: la obtención y la diseminación alternativa de noticias, la creación de esferas publicas virtuales donde los ciudadanos debaten los problemas que conciernen a la sociedad democrática y organizar la acción colectiva. »  (Rheingold, H.: FROM THE SCREEN TO THE STREETS. 2003.  En portal web: www.inthesetimes.com)
Pero, además, hay instantaneidad en el modo de existir de estas multitudes.  La instantaneidad comunicacional es la otra dinámica  articuladora de los nuevos fenómenos masivos del siglo XXI: todo se transmite  a la velocidad instantánea del tiempo real y con la temporalidad del presente, acicateado por los efectos multiplicadores de las tecnologías en uso.  Si un correo electrónico puede ser enviado al mismo tiempo y en mismo  instante a 100 ó 200 destinatarios simultáneos, cada uno de esos 200 receptores pueden a su vez « clicar » en « reenviar » a otros 200 destinatarios nuevos, dando forma a una arborescencia interminable de miles de receptores por un solo mensaje.   Se trata entonces de una instantaneidad multiplicable exponencialmente: la multitud inteligente puede producir y reproducir comunicación ad-infinitum.

La comunicación instantánea y multiplicable en las nuevas multitudes inteligentes que emergen, derriban las barreras de los poderes institucionalizados, disuelven las fronteras entre lo público y lo privado, descolocan las estrategias e intereses en juego en las esferas de poder y dominación, trasladan poder a su propia movilidad disolvente y hacen volver a los ciudadanos, solos y conectados dentro de una realidad reticular efímera pero eficaz, la posibilidad de construir y ejercer formas de poder que les habían sido arrebatadas por la representación clásica.

En la comunicación de red que tiene lugar al interior de la red multitudinaria, se rompen a la vez, los bordes limítrofes entre la comunicación interpersonal y la comunicación masiva y tienden a disolverse los procesos de encodificación, interpretación y descodificación, asumidos por la comunicación política tradicional.   La multitud inteligente es susceptible de crear su propia agenda y superponerla a las agendas del poder sistémico.

La nueva multitud y el nuevo « individuo- sujeto- consumidor- ciudadano », se comunica interpersonalmente dentro de una red multitudinaria, porque está en ella pero sigue siendo él mismo.    En la encodificación de las nuevas formas de comunicación virtual del siglo XXI, intervienen elementos propios del sistema político, pero tambien elementos de la subjetividad individual, irrepetibles e incomprensibles para el sistema.  Así, el mensaje encodificado puede no cumplir con las reglas semánticas conocidas (porque puede estar significando que se están construyendo nuevas semánticas)  o con las exigencias formales del discurso político, pero su poderosa politicidad se expresa mediante códigos, símbolos y significados que trascienden las fronteras del discurso político y las desconocen, porque están dotadas de una carga de significados válidos y comprensibles para los individuos comunicantes, con lo que esta comunicación deslocalizada desempeña un rol de fortalecimiento de los sentidos de pertenencia.

visibilidad e invisibilidad

La multitud existe antes que se haga visible, solo que su visibilidad se nos aparece como sorprendente y equívoca.  Tanto se ha insistido en los medios y en la bibliografía política del peligro de la multitud, del anonimato de la muchedumbre, que existe un natural temor ancestral a la multitud desde la optica del poder y del ciudadano común.

La multitud existe en su invisibilidad, cuando las redes comunicacionales virtuales de hoy permiten que los individuos, los líderes, los grupos, las unidades celulares que integran la multitud, pueden interconectarse « en vivo y en directo » y desplazarse invariadamente por la geografía urbana en direcciones deseadas.

La visibilidad de la multitud y de las multitudes inteligentes del presente y el futuro previsible está en relación directa con su cristalización física en el lugar y el tiempo, del mismo modo como su invisibilidad da cuenta de la furtividad con que pueden desplazarse los individuos, a través de los límites, las delimitaciones, las fronteras, los controles, los check-points.

El individuo y la multitud es visible cuando desea hacerse visible, lo que nos habla de la racionalidad que puede gobernarla, asi también como de la capacidad no deliberada de la masa multitudinaria para acontecer en latencia.

multitudes inteligentes como actores

¿Son las multitudes actores relevantes en la escena pública?  Primero interesa analizar la instrumentalidad de la multitud.  Desde una perspectiva realista, cabe notar que lo multitudinario es un factor implícito en las relaciones políticas y de poder, más bien es también una herramienta, un recurso, un arma política o socio-política de la que pueden valerse los actores cuando consideran pertinente y útil hacerlo en función de juegos de intereses contrapuestos.

La instrumentalidad de la masa tradicional sin embargo, se opone a la usabilidad de las multitudes inteligentes.  La multitud inteligente, en la medida en que está constituida por individuos cada vez más conscientes e informados, se aleja de la masa anónima cuya brutalidad había sido asemejada a la animalidad desencadenada. 

La multitud no es per se un factor constitutivo o desencadenante de cambio, sino en la medida en que la inteligencia comunicacional e ideológica de los individuos que la componen, es capaz de cristalizar e instalar una red activadora que se despliega resistiendo, desmantelando, desarticulando, jugando, haciendo happening, descolocando las estructuras-fuerzas de poder y dominación existentes evocando simbologías y significados asociados al saber y al hacer cotidianos, e instalando nuevos estilos de comunicación, de articulación socio-cultural y de hegemonía política.   Hay por lo tanto una potencialidad movilizadora, transformadora y revolucionadora en la multitud inteligente, en cuanto se escapa formal y virtualmente de los cánones tradicionales del comportamiento político incluso masivo, pero sobre todo, en cuanto los individuos que la componen son conscientes del cambio que son capaces de suscitar.

La flexibilidad y espontaneidad del despliegue del actor multitudinario en el territorio urbano se asemeja en este pasaje de Sun Tzu de su « Arte de la Guerra » a la elasticidad de un ejército en la batalla: « Ahora, un ejército puede ser semejante al agua, pues al igual que el agua que fluye evita las alturas y se dirige al llano, un ejército debe evitar la fuerza y atacar sobre la debilidad. Y al igual que el agua fluye y toma forma de acuerdo con el terreno, así un ejército se dirige a la victoria de acuerdo con la situación del enemigo. Igual que el agua no tiene una forma constante, no hay condiciones constantes en la guerra. Al que es capaz de conseguir la victoria modificando sus tácticas de acuerdo con la situación del enemigo, bien puede llamarsele divino.   De los cinco elementos (agua, fuego, metal, madera y tierra), ninguno predomina siempre; de las cuatro estaciones, ninguna dura para siempre; de los días, algunos son largos y otros cortos, y la luna crece y mengua. Esta es también la regla que rige en el empleo de tropas. » (Sun-Tzu: EL ARTE DE LA GUERRA. Cap. VII.)
La acción colectiva opera entonces, desde las multitudes inteligentes -aunque no se agota ni reduce a éstas- como un vasto, flexible, espontáneo e inesperado despliegue más o menos espontáneo de redes en y desde los espacios y territorios urbanos para ocupar y desocupar, avanzar y retroceder, para saber y entender, para dialogar y forzar, para empujar y retroceder, para conquistar y disolverse, para acelerar y retardar.

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la problemática del sujeto histórico

Classé sous alfondoalaizquierda — paradygmes @ 3:01

 prólogo

 

¿Quiénes constituyen -en los inicios del siglo XXI- el sujeto histórico susceptible de desplegar los cambios históricos capaces de transformar el sistema capitalista de dominación actualmente imperante?

Este ensayo tiene por objeto examinar esta problemática desde una óptica política y prospectiva, y como una contribución teórica a un debate intelectual y político de la mayor significación, en el contexto de la reconstitución de una izquierda plural y protagonista de los cambios sociales en el transcurso del siglo XXI.

Manuel Luis Rodríguez U.  -  Cientista Político.

Punta Arenas – Magallanes, junio de 2006.

la definición del sujeto histórico

La definición del sujeto histórico constituye una de las tareas intelectuales políticas mayores en la perspectiva del cambio social presente y futuro, en la medida en que permite identificar a aquellos sectores sociales que estarían llamados a impulsar y a protagonizar los cambios.  Esto implica que el sujeto histórico, como lo visualizamos es a la vez un constructor de la historia y un agente de transformación en la historia.

Por lo tanto, el concepto de sujeto histórico hace referencia a una articulación históricamente determinada y constitutiva de sujetos sociales, políticos y culturales específicos que, en función del estado actual y futuro previsible del desarrollo del sistema de dominación imperante, logra poner bajo su articulación y en función del proyecto histórico que da sentido a su propia articulación, tanto a los sujetos con intereses y proyectos contrapuestos, como a las corrientes y tendencias espontáneas que resultan de la compleja combinación de proyectos y visiones de sentidos diversos. El sujeto histórico no es por eso un ente homogéneo, sino que está compuesto por la rica y compleja diversidad que genera la vida social y política, pero que confluyen temporal y parcialmente en un proyecto, en una plataforma, en un punto de acuerdos.

Sus componentes por tanto, están condicionados por la dinámica de la propia realidad de la que forma parte cada actor y el sujeto histórico en su conjunto.

Por eso, teóricamente, la definición del sujeto histórico solo es posible en función del cambio social, es decir, del cambio de las estructuras de dominación.  En el contexto del actual estadio de desarrollo de la sociedad contemporánea, el sujeto historico se define y se moviliza social y políticamente, en función de su postura cultural, política e ideológica contraria al sistema capitalista de dominación y en cuanto actor protagonista del cambio social y portador de un proyecto de transformaciones que apunta hacia una nueva sociedad.

En síntesis, el sujeto histórico es aquel campo de fuerzas y de movimientos organizados que apuntan hacia el cambio social.

Hay por lo tanto, en la definición del sujeto histórico actual, tres dimensiones interrelacionadas entre sí, a saber:

a)  que se sitúa en el campo político-ideológico y social contrario y alternativo al sistema capitalista de dominación;

b) que es portador de un propósito estratégico de cambio social; y

c) que es portador de un proyecto de nueva sociedad.

Lo que caracteriza a los sectores sociales que constituyen hoy el sujeto histórico, es el hecho de que se encuentran en una posición subordinada, alienada y dependiente dentro de la estructura de dominación y dentro del sistema de producción capitalista.  las clases sociales, en las condiciones de la actual etapa de desarrollo capitalista globalizado, se han diversificado y complejizado, pero el vasto campo de los trabajadores (urbanos y rurales, empleados, técnicos,  obreros y profesionales) siguen constituyendo uno de los ejes articuladores del nuevo sujeto histórico.

Las nuevas contradicciones que caracterizan a la actual fase de evolución del capitalismo global, hacen más amplio y diverso el campo de los sectores sociales y culturales golpeados por la dominación capitalista.

Tres serían -desde esta perspectiva- los segmentos sociales y culturales susceptibles de constituirse en el nuevo sujeto histórico. Proponemos definir esos actores como campos socio-culturales y políticos cuya articulación permite constituir al sujeto histórico a través del tiempo:

a)  el campo del trabajo, o de los productores-creadores de la riqueza material y económica;

b)  el campo de la intelectualidad, o de los creadores de la cultura, la ciencia y el arte; y

c)  el campo de las diversidades culturales, étnicas, territoriales y de género.

El campo de los trabajadores incluye la vasta diversidad de sectores socio-económicos caracterizados por el hecho de que son los principales creadores de riqueza y plusvalía para la clase poseedora.  El trabajo ha experimentado y continúa experimentando cambios estructurales de fondo que están modificando sustancialmente las condiciones de la producción material y de información, por lo que toda definición del nuevo sujeto histórico supone repensar el trabajo y sus resultados.

A su vez, el campo de la intelectualidad representa a ese amplio sector social  transversal constituido por quienes crean pensamiento, transmiten conocimientos, producen ideas, desarrollan crítica y crean cultura, en cuanto contra-cultura, pensamiento crítico, ideas anti-sistema y conocimientos que develan los mecanismos de alienación y dominación del sistema.  

Si entendemos la cultura como los procesos de producción y transmisión de sentidos que constituyen el universo simbólico de los individuos, los grupos sociales y la sociedad en su conjunto, entonces las izquierdas y el sujeto histórico que buscamos desarrollar, deben desplegar sus capacidades, creatividad e imaginación para configurar contraculturas y espacios culturales anti-sistema y alternativos al sistema que contribuyan a producir y transmitir sentidos y bienes simbólicos que apunten hacia la realización, desde las relaciones cotidianas y hasta las relaciones sociales, económicas y políticas estructuradas en torno a los valores de la libertad, la diversidad, la pluralidad, la justicia, la igualdad y la dignidad del ser humano.

Finalmente el campo de la diversidad, está constituido por ese vasto universo de organizaciones, redes y culturas urbanas y rurales que se sitúan en las fronteras del sistema de dominación, grupos y tendencias minoritarias excluidas, rechazadas y discriminadas a causa de su origen étnico, religioso, cultural o de sus opciones sexuales y de género.  El surgimiento de aspiraciones y demandas territoriales, provenientes de las especificidades regionales y locales, abre además una nueva arena de confrontación entre los ciudadanos  de regiones y comunas, frente a la centralización política, económica y administrativa del Estado capitalista dominante, generando así un campo de tensiones entre los ciudadanos y el Estado del sistema.

En síntesis el sujeto histórico es un vasto campo transversal de organizaciones, actores políticos y redes de pensamiento-información-acción que se definen por su oposición al sistema capitalista de dominación y por ser portadores de proyectos históricos de transformación de este esquema de dominación.

el nuevo sujeto histórico en acción

Lo que define al sujeto histórico es su proyecto y su vocación política.  No hay sujeto histórico sino en cuanto sujeto histórico en movimiento.  Las multitudes inteligentes también constituyen un elemento de acumulación de fuerzas en la medida en que ponen en cuestionamiento las formas excluyentes y clasistas de dominación y poseen la virtualidad de alterar visiblemente la normalidad de la dominación.

La construcción del sujeto histórico -tarea de largo plazo que se materializa en la realidad inmediata de la resistencia multiforme al sistema capitalista de dominación- es a la vez un proceso de acumulación de fuerzas y de acumulación de ideas-experiencias.  El sujeto histórico se construye en la gradualidad cotidiana de las luchas sociales y políticas insertas en la realidad regional, nacional, continental y mundial, pero al mismo tiempo, implica una construcción también progresiva de una cultura alternativa, caracterizada por la democracia, la horizontalidad de las alianzas, el pluralismo y el fortalecimiento enriquecedor de las identidades de pertenencia.

El proceso de construcción del nuevo sujeto histórico para el cambio social, que exige la realidad presente, requiere necesariamente de una lógica de las mayorías, de una estrategia de las multitudes inteligentes y de una táctica de unidad de objetivos y dispersión de recursos y medios, ya que en esa diversidad reside su novedad.  Se trata de un proceso tendiente a producir permanentemente la  inclusión de todos los consecuentes movimientos y colectivos anticapitalistas y anti-imperialistas, en cada momento o fase de desarrollo del movimiento.

También el nuevo sujeto histórico tiene que librarse de lo que en el pasado constituyó en un determinado contexto, el sujeto revolucionario (identificado como pueblo—sujeto, vanguardia—masas) o el vanguardismo—protagonismo natural del proletariado como punta de lanza excluyente del cambio.   En la construcción del nuevo sujeto histórico, la radicalidad no excluye la diversidad sino que la enriquece, la unidad no excluye el pluralismo, sino que la fortalece, por lo que las vanguardias y los liderazgos existen y se despliegan como resultado de la legitimación política y moral de las multitudes, las bases organizadas y los colectivos.

Lo que pone en movimiento al sujeto histórico es la organización y la generación de redes de vinculación que sumen cuantitativamente las demandas y aspiraciones grupales y sectoriales, dentro de un movimiento cualitativamente superior de demandas que apuntan a las estructuras del sistema de dominación.   En el reconocimiento de la diversidad, de la alteridad de cada sector con respecto a los demás, de la integración de las diversas visiones y reclamos sectoriales, hacia una plataforma común está el punto de partida y la trayectoria del movimiento hacia la liberación.

Pero la red en movimiento no es una sola manifestación, una sola multitud inteligente, una sola plataforma, sino que la dinámica del movimiento reside en la construcción sucesiva de distintas y cada vez más amplias plataformas -de contenido cada vez más estructural- susceptibles de apuntar a las bases económicas y políticas de sustentación del sistema capitalista, mientras se constituye además, un campo cultural e ideológico donde la cultura individualista, materialista, alienante y banalizada del sistema, es cuestionada por una mentalidad crítica con un profundo contenido humanista, ético y liberador.

La naturaleza liberadora del movimiento conducente hacia una nueva sociedad, pasa necesariamente por el despliegue de una profunda crítica intelectual, política, ideológica y cultural de las condiciones de dominación predominantes.  El papel político de la crítica reside en su capacidad  para develar la relación existente entre los problemas, realidades y demandas cotidianas y sectoriales en que se debate el sujeto histórico, con las condiciones estructurales de funcionamiento del conjunto del sistema de dominación.  Se trata de pasar ideológica y políticamente, desde la cotidianeidad a la institucionalidad, desde las condiciones de la realidad inmediata a las estructuras de dominación-alienación que posibilitan y justifican tal realidad.

La experiencia del movimiento liderado por el sujeto histórico y sus actores socio-políticos y culturales constitutivos, se manifiesta en la diversidad compleja de luchas contra el sistema capitalista y su forma imperial de dominación, se construye desde la base social, desde las organizaciones y sus problemáticas particulares, se teje en una red de intercambios experienciales, de aprendizajes sociales y de formación de liderazgos que se legitiman por su consecuencia y su alcance político, social y cultural.

referencias bibliográficas

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